Época de monstruos

No he vivido época peor, salvo cuando España era una dictadura o guerras mundiales arrasaban Europa, que la actual, cuando gobiernan verdaderos sátrapas, delincuentes y asesinos como Netanyahu, Putin o Trump, los más destacados, despiadados y despreciables, verdaderos monstruos que han ascendido al poder en sus países, enfrentando y polarizando a la población y los países, ejerciendo una nefasta influencia internacional que destroza el mundo regido por normas, leyes, derechos y democracia que conocíamos. Contemplo estupefacto los acontecimientos que protagonizan estos tiranos, leo lo que provocan con sus desvergüenzas y soy testigo de las desgracias que causan, y no puedo ser indiferente con lo que está pasando. Porque me enerva y asquea ser coetáneo de semejantes bestias negras, sobre todo después de haber participado, asumiéndolos y defendiéndolos cívicamente, para que las libertades y los derechos fueran guías de mi conducta y del país, instrumentos irrenunciables con los que dejar atrás, de una vez por todas, las negruras de un pasado de intolerancias, cainismo e injusticias.

Y cuando los considerábamos erradicados definitivamente, retornan los autoritarismos fascistas, los actos de fuerza de los poderosos, las imposiciones sectarias y totalitarias, la marginación cuando no la eliminación política y hasta física del adversario u oponente de dentro y fuera de las fronteras, la falta de respeto a cuantas normas, leyes, tratados, convenios, constituciones, instituciones o gobiernos parezcan obstaculizar los intereses de los privilegiados o plutócratas, e, incluso, el desprecio absoluto a la dignidad y la vida humana, consideradas sacrificables por mor de la ambición o el beneficio. Es decir, la totalidad de “el mundo de ayer” está siendo barrido y hecho añicos por las garras de esos monstruos desaprensivos que gobiernan el planeta a su antojo y capricho.

Lo frustrante es que esto suceda después de un breve resplandor de esperanza que parecía alumbrar un mundo de progreso, tolerancia, igualdad y ansias de libertad, en el que no cabía el racismo ni el machismo cavernícola, ni los abusos a las minorías, los desfavorecidos o los distintos. Entonces un ciudadano negro podía ser presidente de EE UU. y hasta una mujer también podía aspirar a serlo. Era cuando un sarpullido democrático recorría el planeta despertando una primavera en el mundo árabe, la protesta en los jóvenes y no tan jóvenes insatisfechos del 15M de España, la ira en los hastiados de la plaza Sintagma de Atenas, el resurgir de nuevas promesas progresistas en líderes como Sanders en EE UU, Corbyn en Gran Bretaña y Mélenchon en Francia. Cuando una izquierda revitalizada y una nueva derecha civilizada brotaban en este país y combatían un bipartidismo esclerótico y corrupto. 

Pero fue solo un sueño del que salimos cuando se despertaron los amigos de la oscuridad, los chantajes y la corrupción. Los que no toleran que se pongan en juego sus privilegios ni se cuestionen sus ambiciones y egoísmos en nombre de ningún bien común e interés general. Desalmados que ya no necesitan golpes de estado ni tanques para reconducir situaciones adversas a sus intereses, sino que se valen de la democracia de la que desconfían para acceder al poder y ponerlo a su disposición y exclusivo beneficio, mediante mentiras, exageraciones, teorías conspiratorias, manipulaciones e intoxicaciones mediáticas, judiciales y políticas.

Ya lo avisó Donald Trump durante su primer mandato como presidente de EE UU, pero se ha encargado de demostrarlo en el segundo que comenzó hace casi un año. Y lo hace sin disimulos, sino con voluntad expresa de ponerlo todo boca arribas, exhibiendo un compendio de despotismo, menosprecio, soberbia e ignorancia en su conducta, desde la poltrona de la primera potencia mundial, que aterra a las almas sensibles y sensatas, puesto que actúa más por prejuicios que por motivos racionales. Como si quisiera confirmar, si acaso la conociese, aquella máxima de Marx de que los grandes hechos y personajes de la historia aparecen dos veces, pero, en su caso, invirtiendo los términos: la primera vez como farsa y la segunda como tragedia.

Porque desde el primer día ejerce con despotismo y vulgaridad. Desprecia los derechos humanos y cualquier miramiento ético cuando criminaliza la migración y la combate con redadas generalizadas para deportar sin contemplaciones incluso a hijos de esos migrantes nacidos en EE UU. No los quiere por su origen familiar. Piensa que todos los males de su país son siempre culpa del “otro” -tanto individual como colectivo, migrantes o estados-, que impide “Hacer América grande otra vez”. Así, no solo ordena a su Ejército asesinar extrajudicialmente a 87 personas -hasta la fecha- que viajaban en lanchas por aguas del Caribe y el Pacífico por supuestamente transportar una droga de la que nunca se presentan pruebas, sino que consiente que se remate a los supervivientes de un ataque después de haber hundido su embarcación, demostrando estar dispuesto a perpetrar crímenes de guerra sin estar siquiera en guerra alguna. Para él cualquier medio es válido en su repugnante populismo excluyente para insultar, humillar y criminalizar, tachándolos de basura, violadores o delincuentes. a las personas que han emigrado a Norteamérica en busca de un futuro mejor, como hicieron los que poblaron aquellas tierras, desde las originales trece colonias británicas, hasta convertirla en la nación que es hoy. Incluso como hicieron sus propios antepasados familiares.

Sus métodos, intolerables y violentos, no persiguen un supuesto bien superior, como es la lucha contra las drogas, puesto que, movido por intereses inconfesables, al mismo tiempo que inicia una escalada con Venezuela por una supuesta lucha contra el narcotráfico, presiona y consigue la puesta en libertad de un condenado a 45 años de cárcel por traficar con drogas por un tribunal estadounidense, cual es el expresidente de Honduras, del que sí quedó acreditado haber introducido 400 toneladas de cocaína en el país.

Esta es la hipocresía y catadura moral del actual presidente de EE UU. El mismo que apoya, arma y tolera la expulsión y el genocidio de los palestinos por parte de Israel; justifica y defiende la agresión rusa de Ucrania mientras humilla y marea a Zelenski, presidente del país, por no capitular ante el invasor; relega y desconfía de Europa por no plegarse servilmente a sus oscuros tejemanejes, y amenaza abiertamente a Groenlandia, Canal de Panamá y Canadá con un intervencionismo militar, si fuese necesario, por consolidar afanes imperialistas con los que sueña el plutócrata de la Casa Blanca.

Donald Trump se cree providencialmente legitimado para hacer que su país y el resto del mundo se amolden a sus exigencias. De ahí que no dude en pisotear la libertad de expresión, restringiéndola incluso en las universidades; que propague la intolerancia hacia la diversidad de género, raza y creencia; que persiga a sus oponentes o detractores, favoreciendo la polarización política, las tensiones sociales y la desconfianza hacia las instituciones no controladas por él; que destruya el multilateralismo y renegocie acuerdos y tratados unilateralmente, imponiendo aranceles arbitrarios que trastocan el comercio mundial; en definitiva, que cuestione los principios básicos del pluralismo y la legalidad internacional, poniendo en peligro la propia democracia y un orden mundial regido por reglas que obligan a todos.

Así es el personaje, prepotente y hortera hasta en pijamas, que hoy gobierna el mundo por la fuerza, que cree resolver los conflictos mundiales (aunque en realidad no resuelva ninguno, ni en Gaza ni en Tailandia) de los que saca tajada que lo enriquecen aún más, exigiendo por ello recibir el premio Nobel de la Paz. Y que elabora una Estrategia de Seguridad Nacional que hace temblar a Hispanoamérica, por una política de cañoneras, y Europa, a la que percibe como el principal adversario de EE UU, lo que justifica, a su turbio entender, sus esfuerzos por interferir en esos países y apoyar a las formaciones ultras, euroescépticas y reaccionarias del Viejo Continente. Así es como él trata a los aliados.   

Pero no es el único. Hay otros dirigentes, anteriores incluso a Trump, que hacen lo mismo y practican idéntico populismo manipulador que exacerba las pulsiones emocionales e irracionales de la gente para seducirlas con soluciones simples para arreglar de un plumazo problemas complejos. Vladimir Putin es todo un experto en ello, con menos escrúpulos, si cabe, pero mucho más inteligente y taimado. De hecho, su carisma como rocoso líder autoritario es un faro que ilumina a Trump, quien lo admira y respeta con inaudita veneración. Y no solo por su dirigencia política cuasi dictatorial, sino con mayor atracción aun por la economía oligárquica que ha implantado en Rusia, donde predomina un “capitalismo de amiguetes” con el que posiciona a sus incondicionales en las más altas instancias y empresas estratégicas. Ambos comparten ambiciones de antiguas épocas imperiales.

Este exespía de la KGB, que aun mantiene los expeditivos métodos para deshacerse de sus enemigos u oponentes que cuestionen su forma de gobernar, es todavía más peligroso y letal que Trump. Es lo que evidencia la extraña muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny, preso con cargos prefabricados; el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, que había denunciado las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las tropas del Kremlin en Chechenia; el asesinato del exviceprimer ministro Boris Nemtsov, cometido cerca del edificio donde Putin tiene su despacho; el envenenamiento con polonio del exespía Alexander Litvinenko, quien fallecería en Londres; y el de los disidentes rusos Sergéi Skripal y su hija Yulia, también envenenados en Reino Unido; la oportuna muerte de Ravil Maganov, presidente de la petrolera rusa Lukoil, que falleció tras caerse por una ventana del hospital donde estaba internado; las extrañas muertes, al estilo del Chicago de los gánster, de los diputados Vladimir Golovliov y Serguéi Yushenkov, tiroteados en distintas fechas en Moscú; e incluso Yevgeny Prigozhin, fundador del famoso grupo de mercenarios Wagner, que perdió la vida después de exigir más medios a Putin en un siniestro accidente aéreo cerca de Moscú; y otros muchos casos de convenientes desapariciones de opositores y críticos del mandatario ruso.

Este mismo energúmeno es el que ordenó en 2022 invadir militarmente Ucrania, después de anexionarse en 2014, también por la fuerza, la península ucrania de Crimea, estratégica para la flota rusa del Mediterráneo. Desde entonces, no para de bombardear con misiles y drones ciudades, edificios de viviendas, centrales eléctricas, hospitales, teatros, zonas densamente pobladas y cuantas instalaciones civiles y militares puedan desmoralizar a la población y castigar la resistencia de los ucranianos en defenderse. No le importó tomar una decisión unilateral y arbitraria que viola frontalmente la Carta de las Naciones Unidas, cometer un crimen de agresión, contraviniendo la legalidad internacional y el respeto a la soberanía e integridad de los estados.

Y por si fuera poco, también ha autorizado atrocidades que incluyen el secuestro, la tortura, el asesinato de civiles, las deportaciones forzadas, incluida la de niños, y el asesinato y tortura de prisioneros de guerra. Y, por supuesto, crímenes de guerra, como la masacre de Bucha, un suburbio de Kiev, donde las tropas rusas dejaron al menos 420 civiles asesinados a quemarropa, algunos con las manos atadas a la espalda, unas ejecuciones sumarias que pudieron conocerse gracias a evidencias fotográficas.   

Con tales métodos de desatada violencia militar, la Rusia de Putin ha logrado conquistar cuatro regiones del Este de Ucrania, limítrofes con la frontera que separa a ambos países: Dombás, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, cuyo control sigue en disputa y que el supuesto plan de paz de Trump considera que deberían cederse si se desea alcanzar un alto el fuego que premia, de este modo, la agresión rusa. Un plan que premia anexiones por la fuerza, dado que además del Dombás, donde en unas elecciones ganó el candidato prorruso, Zaporiyia y Jersón votaron mayoritariamente a Zelenski. Se premia lo que no se consigue con los votos.

Sin embargo, tal capitulación de Ucrania no asegura la paz, puesto que no satisface las ansias de Putin por aumentar su influencia y control sobre antiguos territorios que pertenecían a los dominios soviéticos tras el Telón de Acero. Y a tenor de las últimas palabras del mandatario ruso, la desconfianza hacia Rusia está plenamente fundada, ya que el líder ruso ha desafiado a los países europeos, afirmando que si Europa quiere combatir (ayudando a Ucrania), él está listo para hacerlo ahora mismo. Hay que creerlo capaz, cuando la invasión militar de Ucrania consiga sus objetivos, de que no parará ahí, máxime si al parecer cuenta con el respaldo y la comprensión de EE UU, desde donde advierten que en 2027 retirarán sus defensas de los países del Este de Europa.

Los monstruos, por lo que se ve, se entienden entre ellos, haciendo de este mundo un lugar en el que impera la razón de la fuerza y la ausencia de la ley, un solar lleno de escombros y ruinas, como diría Walter Benjamin, que estos desalmados han provocado con sus miserables actos de ambición y poder.

Esta cuadrilla de miserables no estaría completa sin otro impresentable déspota en tierras bíblicas, el genocida Benjamin Netanyahu, quien, aprovechando un atentado del grupo terrorista Hamás, lleva más de dos años bombardeando y destruyendo, precisamente hasta reducirla a escombros, la desafortunada y mísera Franja de Gaza, donde se apretujan poco más de dos millones de palestinos, último resquicio de lo que eran sus tierras. Una población civil e inocente que trata de sobrevivir en condiciones carcelarias a causa del asedio al que Israel la somete.

Esgrimiendo legítima defensa, Netanyahu ha desatado una guerra que ha causado la muerte de más de 70.000 palestinos, la mayoría de ellos civiles, y una crisis humanitaria en Gaza de dimensiones espeluznantes. No ha tenido empacho en atacar por tierra, mar y aire un territorio en el que los habitantes están cercados y sin posibilidad de refugio, destruyendo más del 90 por ciento de sus edificaciones e infraestructuras. Además, ha impedido toda ayuda humanitaria y la entrada de suministros básicos, utilizando el hambre de la población como método de guerra.

Tan desproporcionada y violenta ha sido esta respuesta de Israel que, más que un ejercicio de legítima defensa, lo que allí practica el Ejército judío es una intencionada destrucción física de los palestinos con la clara finalidad de vaciar el territorio para poblarlo de israelíes. Tal ha sido siempre el sueño que parece está a punto de conseguir el ínclito Netanyahu: ocupar toda Palestina para construir el Gran Israel que los sionistas ambicionan. Una limpieza étnica que afecta no solo a Gaza, sino también a Cisjordania, infiltrada por colonias de judíos muy violentos que destruyen y arrebatan a los palestinos sus tierras y posesiones, sin que las fuerzas del orden intervengan.

Es así como el mandatario israelí está ejecutando en realidad, con la guerra de Gaza, un auténtico crimen de guerra, un acto genocida a la vista de todo el mundo. Tan evidente es su intención que Sudáfrica presentó en 2023 una denuncia contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre Estados. En su informe, la CIJ constata que las autoridades y fuerzas israelíes han cometido en Gaza cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, consistentes en matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que acarrean la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad. Según la presidenta de la comisión, “es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”. Y aunque la sentencia oficial tardará en conocerse, la Corte avanzó medidas cautelares que obligaban a Israel evitar cualquier acto genocida y permitir la entrada de ayuda humanitaria, cosa que Netanyahu ha obviado olímpicamente.

Por su parte, la Corte Penal Internacional, que juzga a individuos por crímenes graves cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo, emitió en 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. Solo EE UU desoye estas órdenes.

Protegido e impune ante ambos tribunales, el sanguinario líder israelí ha continuado con su exterminio de la población palestina tanto en Gaza como en Cisjordania. Y es que Benjamin Netanyahu es otro de los monstruos que han convertido este mundo en un campo de batalla sin ley ni orden, y en el que los poderosos pueden agredir, chantajear e invadir otros Estados sin que se les castigue por ello. Ya se han ocupado previamente de desprestigiar y anular a los organismos internacionales que velan por el cumplimiento de la legalidad internacional, como la ONU y los tribunales internacionales arriba citados, cuya autoridad servía para impedir veleidades expansionistas, hegemonistas o imperialistas de los poderosos.

Es lamentable que, a pesar de los esfuerzos por conseguir un mundo en paz y armonía, hoy los monstruos de toda ralea campen a su antojo, rampando con ese anhelo pacifista y de progreso. Es lo que me hace sentir que nunca había vivido una época peor, en la que nos despeñamos por un abismo de caos, injusticia y fascismo. Como si camináramos hacia atrás, desde la civilización hacia la barbarie. ¡Qué asco!       

Vuelve December

Soy predecible porque soy fiel a mis gustos y aficiones. Por eso hoy, a la entrada de diciembre, vuelvo a referirme a un disco que desde hace años hace que esta estación del frío y las lluvias sea la más apropiada para dejarse balancear con sus notas y melodías. Ya en diciembre de 2010 comencé a reseñarlo en Lienzo de Babel con estas palabras:

No es vanidad de falso políglota, sino el pensamiento que brota de pronto ante un invierno que adelanta sus días llorosos, grises y fríos, como las melodías de ese disco de George Winston, pianista americano que acaricia las teclas con una delicadeza exquisita hasta conseguir unas melodías tan íntimas y sensuales como la luz que acompaña a estos días que te obligan a refugiarte en ti mismo.

December es un disco antiguo (1982, Widham Hill Records) que se mantiene fresco cuando el invierno empieza a golpear los cristales de las ventanas con la niebla húmeda de la tristeza. Contiene la música que transporta la soledad cuando se libera de las entrañas que la aprisionan en lo más hondo del alma y se convierte en el susurro de unas notas que logran verbalizar lo que en las gargantas se hace un nudo cada vez que nos impresiona un momento, un afecto o una pena. Es December el disco que siempre me reclama cuando los días me predisponen a encontrarme conmigo mismo.

El Gobierno pierde la senda, pero conserva la voluntad

El Gobierno de España vuelve a tropezar con la misma piedra que algunos de sus socios le ponen para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sería la tercera vez que esto sucede. Es lo que preconiza la no aprobación, con los votos en contra de Junts, Podemos y Compromís -socios de investidura del Gobierno-, unidos a los de la oposición (PP, Vox y UPN), de la senda de déficit y techo de gasto con que se fijan lo objetivos de gasto y crecimiento de las cuentas macroeconómicas del país, paso previo para la elaboración de los Presupuestos.

La senda de déficit es una norma obligatoria, como establece la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre la que se asienta el proyecto de presupuestos. En ese documento, que lo presenta el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, se fijan los objetivos de saldo presupuestario (déficit o superávit) y de deuda pública para los próximos años.

Y el techo de gasto es la previsión de cuánto pueden gastar el Gobierno y las distintas Administraciones durante el próximo ejercicio; es decir, un mecanismo que establece cuánto pueden subir los desembolsos del Estado a partir de las previsiones de crecimiento de los ingresos. Ambos documentos han de ser aprobados cada año por el Congreso. Y en función de ellos se elaboran y cuadran los Presupuestos del Estado.  

Este año, esas cuentas se basaban en una previsión del crecimiento económico que pasaba del 2,7 al 2,9 por ciento, lo que permitía que el techo de gasto también se incrementase en un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Estamos hablando de 212.026 millones de euros, 16.673 millones más.

La no aprobación de estos límites de déficit y gasto supone que las Comunidades Autónomas perderían unos 5.400 millones de euros de capacidad de gasto en los próximos años. Y que tampoco podrían aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La no convalidación de esas leyes evidencia la incapacidad del Gobierno para diseñar las sendas de déficit y, por ende, la imposibilidad de actualizar las cuentas del Estado, lo que conllevaría la prórroga automática de los presupuestos vigentes.

Sin embargo, desde el Gobierno se presume de optimismo y voluntad para agotar la legislatura, aunque sea la tercera vez que se enfrenta a un ejercicio con unas cuentas diseñadas originalmente en 2022 y para una realidad muy distinta de la actual. Encarar una tercera prórroga es algo que nunca ha sucedido en democracia y, de confirmarse, supondrá que la legislatura se completaría con las cuentas de solo un ejercicio, porque es inimaginable que las de 2027, en caso de llegar, tampoco serían aprobadas con la actual correlación de fuerzas parlamentarias y por ser año electoral.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura sentirse con fuerzas para completar su mandato, incluso aunque no hubiera presupuestos, dado que los datos del crecimiento económico y el fructífero balance legislativo conseguido hasta la fecha, con 24 leyes aprobadas en esta legislatura, dan pie para el optimismo. Según Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, el Gobierno seguirá gobernando hasta 2027 como hasta ahora, votación a votación. Reconoce que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, cada vez que presenta una iniciativa, tendrá que hablarla, debatirla y negociarla. Hay voluntad, pues, de continuar hasta 2027, máxime si no se avista en el horizonte una moción de censura exitosa que logre sacar a Sánchez de la Moncloa.

Con todo, aunque el Gobierno conserve esa voluntad optimista de permanencia, resulta paradójico que, con las mismas cuentas de 2023, prorrogadas durante tres ejercicios consecutivos, puedan afrontarse los retos económicos del presente, como son, por ejemplo, subidas salariales de los funcionarios, actualización de las pensiones conforme al IPC o los gastos en servicios y prestaciones públicas que conllevan los inevitables incrementos por la inflación.

Sin presupuestos actualizados, también las comunidades autónomas y ayuntamientos se verán obligadas a ajustar sus cuentas en equilibrio, con iguales ingresos y gastos, sin contar con las previsiones de incremento en estas partidas que contemplaba el proyecto de Presupuestos.

El Gobierno admite que ha perdido la senda, pero no la voluntad de continuar, De hecho, tras el rechazo de ambos documentos, el Consejo de Ministros está decidido presentar, como recoge la normativa, otro proyecto de senda y lo hará con con la misma senda de estabilidad rechazada, con la intención de votarla en el último Pleno del año. No cabe duda de que conserva una sorprendente voluntad de agotar la legislatura que desespera a la oposición. La duda es: ¿lo conseguirá?

Un juicio muy, muy raro

He de reconocer, antes de nada, que soy profano en Derecho, pero eso no es óbice para que, hasta un lego como yo, perciba que el juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos haya resultado ser raro, muy raro. Y el fallo de culpabilidad hecho público antes de que se publique la sentencia, sea más extraño aún, por su contenido y la celeridad inaudita con que se ha darlo a conocer. Así que, por mucho que indague en expertos y columnistas supuestamente entendidos en la materia, no alcanzo a comprender cómo un acusado de defraudar a Hacienda puede llevar a juicio -y ganarlo- a todo un fiscal general del Estado por presuntamente revelar el secreto de sus delitos y las negociaciones que llevaba a cabo para lograr un pacto de conformidad que suavizara la multa. Ningún contribuyente hasta ahora, que yo sepa, ha podido denunciar al fiscal que investiga sus delitos, salvo este defraudador confeso que, al parecer, cuenta con apoyos y recursos sumamente poderosos.

Solo así se explica que un alto cargo público, como es el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se prestase a colaborar con el demandante y desde su despacho oficial difundiese el bulo de que era el fiscal quien había propuesto el citado pacto al defraudador, pero que había sido boicoteado “desde arriba”, insinuando con ese “desde arriba” al fiscal general o a instrucciones del presidente del Gobierno. Y que ese alto cargo se permita reconocer, cuando testificó en el juicio, que se inventó y propagó esa falsa noticia porque le parecía la evolución lógica de las actuaciones, sin disponer de ninguna prueba para ello. Es decir, que divulgó una mentira de la que no necesitaba ninguna “compulsa”, como los notarios.

Para aclarar tal falsedad que desprestigiaba al ministerio público, el fiscal general del Estado promueve y se responsabiliza de la nota informativa que hizo pública la fiscal jefe de Madrid para desmentir un bulo que ya había sido reproducido por el diario El Mundo y tres medios digitales.

Es entonces cuando el defraudador, junto a la desinteresada adhesión a su causa del decano del Colegio de Abogados de Madrid, se querella contra la fiscal jefe de Madrid ante la Audiencia Provincial por revelación de secretos. Pero ante la participación del fiscal general del Estado avalando la nota informativa, el caso se eleva al Tribunal Supremo que, en principio, concluye que no pudo existir delito de revelación de secretos, puesto que el secreto ya no existía cuando se hizo pública la referida la nota informativa, pues había sido revelado antes por la prensa.

No obstante, la causa no se archiva. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo decide, por iniciativa propia, que se puede plantear la posibilidad de acusar de revelar secretos al fiscal general del Estado por haber dado a conocer el correo electrónico, remitido el 2 de febrero de 2024 por el abogado del defraudador, en el que se reconocían los delitos fiscales y se proponía el pacto de conformidad.

Hay que señalar que dicho correo electrónico se envió a un buzón colectivo de la Fiscalía de Madrid, puesto que no se sabía quién llevaría el caso, y proporcionaba un número de teléfono para que se pusiera en contacto con el abogado aquel en quien recayera la investigación. 

Curiosamente, a pesar de tan endebles indicios, un juez admite el caso e inicia una investigación rocambolesca, en la que ordena a la OCU, la unidad de la Guardia Civil famosa por sus informes policiales, efectuar un registro en el despacho del fiscal general del Estado que, por su duración y el material requisado -se volcó el contenido de todos los dispositivos electrónicos que había en esa sede sin limitación temporal-, podría considerarse lesiva de los derechos fundamentales del investigado.

Esa actuación de la OCU fue calificada de arbitraria por las defensas por cuanto sólo se centró en el fiscal general del Estado, apuntalando la tesis de su culpabilidad, a pesar de que centenares de personas funcionarias de la Fiscalía tenían acceso al correo electrónico objeto de la denuncia. Es decir, obviando la presunción de inocencia la investigación policial se decantó desde el principio por la autoría, basada en sospechas, conjeturas e hipótesis subjetivas, del fiscal general del Estado. Curioso.

Otra rareza del juicio es que, desbaratando los “indicios” sobre los que se basaba el caso, testificaron diversos periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo electrónico antes incluso de que lo tuviera el fiscal general. Es más, uno de ellos declaró albergar un dilema moral puesto que sabía quién realizó la filtración del correo, pero no podía revelar su identidad debido al secreto profesional. Y que su fuente no era el fiscal general del Estado. Con todo, ya había quedado demostrado en la vista oral que quien reveló primero el contenido secreto del correo, alterándolo a su conveniencia, había sido el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, sin que fuera objeto de reproche penal alguno.

Por ello, ante la inexistencia de pruebas irrefutables de cargo que confirmen los indicios más allá de toda duda -salvo para la parte acusatoria que estima que el vaciamiento o borrado de los teléfonos móviles del acusado, a pesar de que esté reglamentado como medida de seguridad, como testificó el responsable de ello, y la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, quien declaró sentir “sospechas” desde el primer momento en el fiscal general, contra el que era conocida su animadversión, son pruebas sobradas de ello-, nadie esperaba una sentencia condenatoria.                 

Pues bien, para completar la extrema rareza de este proceso, desde la instrucción hasta el juicio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adelantado el fallo por el que considera probado, con dos votos particulares en contra, que el fiscal general del Estado cometió un delito de revelación de secretos de datos reservados, y lo condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, más una indemnización de 10.000 euros al denunciante, el defraudador confeso, por daños morales.

Tanta celeridad en comunicar el fallo de una sentencia que está pendiente de escribir es inusual, pues apenas había transcurrido una semana desde que el juicio quedó visto para sentencia. Pero más inaudito es que el fallo se haga coincidir con una fecha simbólica, la del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. ¿Casualidad?

En cualquier caso, es evidente la dimensión política del proceso, puesto que el denunciante no es un simple ciudadano particular, sino la pareja sentimental de una persona, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ejerce uno de los liderazgos más influyentes de la derecha política de España y la que mayor confrontación practica contra el Gobierno. De ahí que su Jefe de Gabinete se haya involucrado activamente en “desinformar” sobre la causa que afecta a una persona -el denunciante: novio de la presidenta- que se enriqueció obscenamente con la venta de mascarillas durante la pandemia, obteniendo una comisión de dos millones de euros, e intentó, según la Agencia Tributaria, defraudar a Hacienda 350.000 por impuestos no declarados mediante facturas falsificadas, como reconoció su abogado en el correo electrónico cuyo secreto ha sido objeto de este juicio rarísimo.      

No ha sido, pues, un juicio ordinario, sino que puede considerarse un juicio político, ya que condenar al fiscal general del Estado con tan pocas pruebas es inducir la interpretación de que el Tribunal Supremo ha sido favorable a los intereses de la derecha política en su afán por derribar al Gobierno progresista. Máxime cuando el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado recientemente a favor de la ley de Amnistía que precisamente esos mismos jueces no quieren aplicar.    

De hecho, destacados magistrados y fiscales de Alemania, Portugal, Italia y Francia, junto a juristas de prestigio españoles, ya lo habían advertido, cuando manifestaron su temor de que se puedan estar cruzando intereses particulares en procesos “oportunistas” disciplinarios, tendentes a “judicializar el enfrentamiento político y partidista”. Y que en tales procesos se niegue credibilidad a periodistas que se amparan en el secreto profesional para no citar sus fuentes, como ha sucedido en este caso, en el que falta por conocer, hasta que no se haga pública la sentencia, los argumentos jurídicos que han permitido invalidar el testimonio de testigos de descargo directos. Cosa rarísima.

En definitiva, con este juicio se ha pretendido, al parecer, golpear al Gobierno, condenando al fiscal general del Estado sin pruebas de que haya cometido delito alguno. A vista de este precedente, no es descartable una escalada judicial, que continuaría con el hermano del presidente del Gobierno y su esposa, ambos imputados por diversos delitos, hasta obligarle abandonar el Palacio de la Moncloa. Lo que no resultaría tan raro, tal y como se las gastan la derecha política, judicial y mediática de este país. “Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”.

Aquel 20 de noviembre

Nunca he olvidado dónde estaba y lo que hacía aquel 20 de noviembre de hace cincuenta años. Fue una fecha que se quedó grabada en mi memoria de forma indeleble. Por varios motivos. Uno fue porque me hallaba en casa de un amigo donde había pasado la noche en vela. Él era el único casado de un grupo jóvenes que nos reuníamos en su casa cada vez que apurábamos la noche para preparar algún examen de la carrera que cursábamos. También recuerdo quiénes estábamos allí estudiando, no más de cuatro personas. Todavía, cuando paso por allí, levanto la vista para mirar las ventanas de la vivienda que en aquel tiempo pertenecía a quien sigue siendo mi amigo.

La segunda razón es que, cuando bajé, al amanecer, a tomar café antes de irme a mi casa, escuché por la radio de un bar cercano que Franco había muerto. Aquella noche, mientras estudiaba, se dio por fin muerto a Franco, después de una larga agonía. Debo reconocer que, en cualquier caso, estos son motivos circunstanciales.

Otras razones han contribuido a que jamás haya olvidado esa fecha. Son políticas, de compromiso, que han servido para configurar mis convicciones. Yo no era “apolítico”, como se definen los que se resignan con lo establecido, sino que me gustaba estar “enterado” de la política del país. Tenía mis inquietudes. Será porque, por emular a mi padre, leía la prensa asiduamente y todo cuanto caía en mis manos. Siendo bachiller, devoraba el ABC que entraba en mi casa o adquiría de vez en cuando el sabanero diario Pueblo. Luego, en la universidad, me acostumbré al efímero Informaciones y, desde su nacimiento, a El País. También compraba en los quioscos la revista Cambio16 o Triunfo. Y la humorística Por favor. Más tarde, cuando empecé a trabajar me suscribí a Cuadernos para el Diálogo. Había tomado, por tanto, consciencia de lo que existía en España, de lo que era este país. Y aquel 20 de noviembre yo estaba del lado de la democracia, desde hacía tiempo.

Quizás por eso no entiendo a los que, hoy en día, ignoran, no recuerdan o no se creen que en España hubo, desgraciadamente, una dilatada dictadura (de 1939 a 1975) hasta que el dictador Francisco Franco, un militar golpista que promovió una guerra civil (1936/1939), murió, sin que nada ni nadie lo apeara del poder, un 20 de noviembre de 1975, a los 82 años de edad. Su fallecimiento en una cama hospitalaria, sin remordimientos y librándose de la justicia, con el cuerpo cubierto de sondas, catéteres y electrodos que intentaban retrasar lo biológicamente inevitable, llenó a muchos de alegría y a unos cuantos de rabia y preocupación. Los primeros llevaban mucho tiempo expectantes por descubrir la democracia y vivir en libertad, y los segundos temían perder sus privilegios y fortunas conseguidos al amparo de la dictadura.

Tras su muerte, al dictador lo enterraron en el mausoleo que se mandó construir en el Valle de los Caídos, donde sus restos serían exhumados en 2019, después de 44 años de exaltación de su figura y apología de la dictadura, con misas, concentraciones y saludos brazo en alto, incluso en plena democracia.

Por aquellos años soplaban aires esperanzadores en España. La otra dictadura de la Península Ibérica hacía poco que había sido barrida pacíficamente de Portugal por la Revolución de los Claveles, dando fin a los 48 años de la de Oliveira Zalazar y Marcelo Caetano, su sucesor. Y también había desaparecido, prácticamente al mismo tiempo, la dictadura de los coroneles de Grecia, tras ocho años de tiranía impuesta por un golpe militar. Como todas.

España era, pues, hace cincuenta años, una anomalía política en Europa que, salvo a los inquebrantables del “movimiento nacional”, nadie deseaba que continuara. Pero no fuimos capaces de quitárnosla de encima, sino que hubo de esperar a que la dictadura desapareciera de muerte natural. Los que estábamos a favor de la democracia llevábamos mucho tiempo aguardando el fin de la dictadura, tras lo cual emprendimos una historia, la de la Transición a la democracia, que aun hoy presenta sombras que nadie ha querido iluminar ni explicar. Tal vez sea porque no todos se atreven a especificar de qué lado estaban y cómo asumieron aquel 20 de noviembre.

Porque es difícil explicar por qué se prefería un régimen fascista caracterizado por la opresión y la represión de los disidentes, aislado y repudiado internacionalmente, a cuyo frente figuraba una persona autoritaria, reaccionaria y sectaria, jefe del único partido autorizado, que accedió al poder mediante un golpe de estado contra una República democrática legalmente elegida y constituida, y después de iniciar con su rebelión una guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y un país destruido, dividido, atrasado y paralizado por miedo a las purgas, las torturas, las represalias y los fusilamientos de los vencidos, de cualquier sospechoso que no mostrara la obligada adhesión a la “cruzada” del Caudillo o pensara distinto.

Era un régimen que suprimió todas las libertades democráticas individuales y colectivas, que no reconocía derechos ni a las mayorías (votar) ni a las minorías (la homosexualidad era delito), que derogó la Constitución republicana de 1931, decretó la abolición de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, impuso el nacionalcatolicismo como religión oficial, la cual correspondió paseando bajo palio al dictador, que no permitió la prensa libre y adoctrinó a los ciudadanos mediante un informativo cinematográfico de proyección obligatoria en todos los cines, conocido como el NO-DO, cuyo contenido exhibía, sin ningún disimulo, la ortodoxia ideológica del régimen. E impuso (1939/1977) la obligación de un servicio social a todas las mujeres solteras, de entre 17 y 35 años, que debían prestar a través de la Sección Femenina, imprescindible para acceder a un trabajo remunerado, obtener un título académico u obtener el carnet de conducir o el pasaporte, y que, en realidad, suponía un instrumento de control y adoctrinamiento de la mujer en el ideario del régimen.

Es difícil justificar -y menos hoy día- haber sido partidario de una dictadura cuando no has querido saber ni reconocer sus crímenes y abusos. Tan difícil como comprender a quienes en la actualidad, desconociendo cómo era vivir bajo un régimen semejante, muestran sus simpatías y apoyos a formaciones nostálgicas de aquella dictadura y el período nefasto que supuso para nuestra historia, y que reivindican el legado franquista mientras aborrecen la Memoria Democrática que pretende fomentar el conocimiento de la democracia y honrar a todas las víctimas, no solo las de un bando, de la Guerra Civil y la dictadura.

Por eso es oportuno recordar y hacer memoria. Por los olvidadizos y por los ignorantes. Es conveniente conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco y la restauración de la democracia en España. No para celebrar la muerte de un dictador, sino para difundir, analizar y, desde el conocimiento histórico del pasado, rememorar con espíritu crítico la profunda y dolorosa huella que dejó la dictadura en nuestro país y, así, poder apreciar y valorar la democracia que se conquistó cuando aquella pesadilla desapareció. Sin conocer sus vínculos con el pasado, no se puede comprender ni defender con criterio fundado el presente. Porque desconocer el pasado resta importancia a lo alcanzado: la recuperación de derechos y libertades que creemos asegurados, pero que nos pueden volver arrebatar.

De hecho, desconocer el pasado significa ignorar que nuestra democracia no pudo nacer hasta que el dictador falleció. Y que nació en las calles y por voluntad expresa del pueblo. Porque los aires que soplaban desde mucho antes de aquel 20 de noviembre inflaron las velas de nuestro país hacia horizontes de libertad y democracia, ilusionando a la gran mayoría de la población. Y aunque contradiga el relato establecido, esa democracia, la que disfrutamos hoy, no fue una concesión de seres providenciales y mentes esclarecidas, sino fruto de la presión de las masas, de las movilizaciones de los estudiantes, los trabajadores, las asociaciones de vecinos, las mujeres, los partidos y sindicatos semiclandestinos, de una prensa combativa, de colectivos profesionales, de determinados sectores minoritarios de la judicatura y el ejército, y de un largo etcétera.

Es verdad que no era la democracia “perfecta” que se anhelaba, pues venía lastrada por una monarquía no sometida a elección y por mantener en las instituciones a los que no creían en ella, pero al menos fue la democracia que devolvió las libertades que la dictadura había eliminado y que nos han permitido elegir a nuestros gobernantes, divorciarnos cuando el desamor rompía matrimonios, abortar si la mujer lo decidía, negociar convenios colectivos, conquistar nuevos derechos sociales, económicos y de protección frente a la discriminación y las desigualdades, así como poder expresar lo que se opina o profesar cualquier creencia sin miedo a la policía ni a la excomunión.

Considero pedagógico celebrar el medio siglo de nuestra democracia. Y más, ahora, cuando precisamente resurge el peligro real de involucionismo y de un neofascismo disfrazado de populismo que seduce a ignorantes y desmemoriados. Y cuando, encima, aquellos que continúan en las instituciones o sus herederos, sin renunciar del pasado, reaparecen para revertir el resultado que les desagrada de las urnas con operaciones torticeras desde el ámbito político, judicial y mediático, incluido el ámbito social a través de las redes digitales, desde donde propagan bulos y mentiras.

En definitiva, es terapéutico celebrar y recordar dónde estábamos aquel 20 de noviembre y de qué lado estamos hoy. Yo siempre lo he tenido muy claro. Por eso no me importa recordar y conmemorar el 50º aniversario de la muerte de un dictador que comparte con Hitler, Mussolini, Pinochet, Lenin, Stalin, Mao y tantos otros las páginas más negras de la historia. Porque recordar sirve para evitar caer en los mismos errores. Y ni así estamos seguros.