Esquizofrenia gubernamental

Una especie de esquizofrenia aqueja a las autoridades gubernamentales de España a la hora de administrar la gestión de la pandemia que nos atenaza. Se debaten entre la protección a la salud de los ciudadanos y la protección de la actividad económica, como demandan los sectores afectados. Y no saben qué hacer sin molestar a unos y a otros. A los gobiernos regionales les era más fácil criticar cualquier medida que adoptara el Gobierno central cuando detentó el mando único del primer estado de alarma sanitaria, al inicio del brote pandémico. Desde las autonomías se cuestionaba, según ellas, la tardía reacción en decretar el confinamiento de la población y el parón subsiguiente de la actividad no esencial; la excesiva duración de tales medidas por, según sospechaban, ejercer un control único que evidenciaba la tendencia al autoritarismo del Gobierno de la nación; cuando por fin se confió las últimas etapas de la desescalada a la cogobernanza con las autonomías, se tildó al Ejecutivo de lavarse las manos y no asumir su responsabilidad; y cuando estas deben decidir las restricciones que se han de imponer en función de la evolución de la pandemia en cada territorio, empieza una competición entre ellas por ver quien atiende mejor las exigencias de los ciudadanos sin castigar paralelamente a la economía, culpando, eso sí, al Gobierno de no concretar medidas, en cada Consejo Interterritorial celebrado con el Ministerio de Sanidad, comunes para todo el mundo. En definitiva, se ha exhibido una porfía entre gobiernos, en la que cada cual se cree más preparado y eficaz, mientras que los demás son considerados manipuladores o sobrepasados por los contagios, sobre todo el central.

La cosa se complica a la hora de organizar un plan para las fiestas de navidad para que los ciudadanos puedan celebrarlas y los negocios apuren la última oportunidad del año para hacer caja. Cada uno exige ser compensado tras tantas restricciones y pérdidas como han sufrido, lo que agrava la actitud esquizofrénica de los gobernantes. Y estos, a su vez, pretenden contentar a todos, sin cometer graves errores que comprometan su continuidad política. Por eso se miran unos a otros y exigen del Gobierno de España medidas a la carta para cada uno de ellos. Madrid quiere que las farmacias realicen test de autodiagnóstico de anticuerpos, Andalucía pide ser ya, si no la primera, de las primeras en vacunar a la población, cuando la Agencia Europea del Medicamento aún no ha autorizado ninguna vacuna; otras anuncian autorizar reuniones familiares de hasta diez personas, entre convivientes y allegados, mientras otras las limitan a seis miembros, sólo de convivientes; y, así, hasta 17 propuestas de cara a las próximas fiestas, incluyendo, claro está, las distintas normas de aforo, horarios comerciales y movilidad ciudadana que cada una quiere adoptar en su respectiva comunidad.  

La segunda ola de la pandemia evidenció la imprudencia del relajo social permitido durante el verano. Los expertos epidemiológicos advierten de que repetirlo ahora en navidad supondría facilitar la llegada de una tercera ola, cada vez más aguda en contagios, aunque no en mortandad, pero que puede a volver a saturar los hospitales y las ucis. La crisis económica derivada de la pandemia no deja de hacer estragos en el empleo, las empresas y hasta en las cuentas del Estado, a pesar de las ayudas -Ertes, aplazamientos de impuestos y tasas, subvenciones, préstamos con aval estatal, etc.- implementadas para amortiguar su impacto en la actividad económica. Tal generosidad, que resulta insuficiente y no contenta a nadie, sólo se explica por el ingente apoyo acordado por la Unión Europea para la recuperación de los estados miembros.

Entre tantas improvisaciones y contradicciones, pensadas más para la confrontación política que para la solución del problema, lo único que perciben los ciudadanos es, simplemente, la apelación constante a la responsabilidad individual para que se respeten las normas generales que exige la situación, es decir, que se consuma pero que no se salga, que se guarde la distancia interpersonal que no se mantiene en muchos bares ni en el transporte público, que no se quite la mascarilla pero que se coma y beba para contribuir a recuperar la economía, que se mantenga el confinamiento perimetral del municipio, provincia o comunidad, incluso la de la zona básica de salud que alguna comunidad contempla como unidad territorial, mientras prolifera la publicidad institucional promocionando el turismo de cada región, etc.

En definitiva, esta esquizofrenia en la actuación gubernamental genera desconfianza e inseguridad en la ciudadanía y alimenta la tendencia hacia el negacionismo y la incredulidad en crecientes sectores de la población sobre autoridades, leyes y el conocimiento científico. La confusión que crea es peligrosa y dañina para el comportamiento social. Porque, mientras los expertos recomiendan este año no lanzarse a celebrar la navidad, los gobiernos regionales todavía discuten si aumentar las restricciones o evitar castigar aún más la economía, siendo conscientes, además, de que el Gobierno central propone endurecer las medidas, pero deja en manos de las autonomías cualquier decisión al respecto. Una auténtica esquizofrenia gubernamental.