Una Andalucía irrespirable

Nos encaminamos hacia el verano más irrespirable que se recuerda en Andalucía, comunidad que se aprestan a gobernar la derecha “moderada” del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla -Juanma para los “amigos”- y la extrema derecha de Vox, representada por su delegado regional Manuel Gavira, mediante un acuerdo de coalición que hará posible aquel “gobierno imposible” al que temía en campaña electoral el candidato y reelegido presidente que desea ser identificado por su apelativo coloquial, como si eso “moderara” su imagen y objetivos políticos.

Se trata del `Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía´, el segundo que suscribe el PP de Andalucía con Vox desde que en 2019 Moreno Bonilla se convirtiera en el primer presidente andaluz de derechas, pacto que confirma, como ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, la voluntad de las derechas de gobernar juntas cada vez que los votos lo permitan, obviando preventivos “cordones sanitarios” contra los ultras. Antes, al contrario, se les facilita el acceso al poder en tanto en cuando el pacto conlleva la entrada al Gobierno andaluz del candidato de Vox como vicepresidente de la Junta de Andalucía y titular de la macrocartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración local. 

Todo hace presagiar, pues, un verano irrespirable, que se extenderá a lo largo de toda la legislatura que ahora se inicia, no solo por la temperatura que marquen los termómetros a causa de un cambio climático que el propio acuerdo califica de mero “fanatismo climático”, sino también por el retroceso que supondrán las 150 medidas recogidas en el citado acuerdo de gobierno, de 60 páginas, algunas de las cuales inculcan leyes en vigor o son fraudulentas por tratar materias, como la inmigración, que son competencia exclusiva del Estado.

Entre ellas, el desarrollo de la llamada “prioridad nacional” que la extrema derecha consigue imponer allí donde sus votos son imprescindibles. Una iniciativa segregacionista que excluye el acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes no demuestren “arraigo” en Andalucía -discriminación por origen-, y que plantea, además, la supresión de ayudas, subvenciones, convenios y conciertos a ONG u otras entidades que, según el texto, contribuyan al denominado “efecto llamada” por trabajar sobre el problema de la inmigración ilegal. Prevé, incluso, “revisar” las funciones y la composición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Inmigrante.

Es, sin duda, la principal palanca legal contra la inmigración que obsesiona a la ultraderecha, y que se acompaña, como recoge el pacto andaluz, de acuerdos para rechazar y confrontar la política inmigratoria del Gobierno e impedir que Andalucía participe en la acogida de “menas” (menores extranjeros no acompañados) como solución a la saturación que soportan las Islas Canarias con la llegada ilegal de inmigrantes. Al mismo tiempo, se prohíbe el uso del burka y nicab en espacios públicos autonómicos (al parecer, un peligro de seguridad mayúsculo), así como dejar de impartir la lengua árabe y la cultura marroquí en los centros educativos de Andalucía.

El “moderado” Moreno Bonilla ha asumido sin rechistar, porque, según dice, lo mismo se ha firmado en “otros sitios”, tal planteamiento xenófobo que responde a prejuicios ideológicos que criminalizan la inmigración. Es su forma de “normalizar” políticas racistas a pesar de estar demostrado que la diversidad cultural no diluye ninguna identidad, sino que la enriquece, ni tampoco perjudica la convivencia, puesto que favorece la tolerancia pacífica en cualquier sociedad plural y democrática.

Otras medidas ponen en la diana los avances en la igualdad y protección de la mujer. En ese sentido, el pacto recoge que se derogará toda norma basada “en el criterio de ideología de género”, como la Ley Trans, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y, en definitiva, todo lo que la ultraderecha califica de “ideología” feminista.

Y es que los rancios “ultras” posfascistas están convencidos de que cualquier iniciativa por equiparar en derechos a la mujer con el hombre y aquellas otras tendentes a luchar por protegerlas contra la violencia machista, no son más que rémoras de una peligrosa ideología feminista que socava la sociedad y la relación entre hombres y mujeres, tal y como ellos la entienden.

Tanto es así que hasta la existencia del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuyas iniciativas sociales persiguen la defensa de esos avances en derechos de la mujer, será objeto de revisión y nueva definición, sea lo que sea lo que eso signifique, seguramente a peor, para ellas.

Quiere decirse, por tanto, que se espera a partir de verano en Andalucía un mazazo contra las políticas de solidaridad y respeto a la dignidad de hombres (inmigrantes) y mujeres (víctimas del machismo) hasta ahora vigentes. Para combatirlas, la obsesión racista y antifeminista de la extrema derecha busca insistentemente limitarlas o derogarlas, como propugna su reaccionario ideario, mediante compromisos que pacta en los gobiernos a los que accede. Y lo grave es que, cada vez que resulta necesario, la derecha “convencional” asume sin pudor tal ideario para conservar o acceder al poder, incluso compartiéndolo con Vox, como se ha evidenciado allí donde gobierna gracias al apoyo de los ultras.

Es previsible que este ambiente asfixiante se agudice todavía más conforme se vaya aplicando el resto de las medidas que recoge el citado acuerdo. Porque, aparte de las comentadas, se contempla la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, lo que obstaculizará, más si cabe, la exhumación de restos óseos de las personas asesinadas y enterradas sin identificar en fosas comunes durante la Guerra Civil, así como  el estudio y conocimiento -para evitar repetir los mismos errores- de ese pasado ignominioso que continúa influyendo en el presente, junto a la valoración crítica y rigurosa de lo que supone la restauración de la democracia en nuestro país tras las secuelas de una sangrienta dictadura de cuatro décadas. Se nos niega, así, que tengamos memoria de las páginas más negra de nuestra historia.

Asimismo, el pacto de PP y Vox cuestiona la Política Agraria Común (PAC), rechaza el acuerdo UE-Mercosur, discrepa de la condicionalidad climática, del Pacto Verde y la Agenda 2030 sobre sostenibilidad medioambiental que, en opinión de los ultras, perjudica al sector primario. Sin embargo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) muestra sus reservas a esas medidas pactadas porque, a su entender, no afrontan los principales retos del campo andaluz y contienen planteamientos que contradicen la realidad del sector, que sufre las consecuencias del cambio climático que en ellas se cuestiona y que afectan de forma directa a las cosechas andaluzas.

Incluso, para colmo, se reducen las ayudas a la cooperación internacional y las subvenciones a las organizaciones sindicales y la patronal, imprescindibles en cualquier política de concertación social.   

En cambio, como no podía ser menos, el Acuerdo de Gobierno para Andalucía señala la promoción de nuestras más acrisoladas tradiciones, como son la tauromaquia, la caza y la pesca, tan denostadas por esos conservacionistas que se abochornan de sus raíces culturales más hondas y viriles, prometiendo la reducción de todas las tasas autonómicas relacionadas con estas actividades. Coherentemente, se eliminarán tributos ligados a cuestiones medioambientales, como los impuestos a las bolsas de plástico, las emisiones de gases contaminantes y los vertidos a aguas litorales. Todo un ataque a las políticas de sostenibilidad del Medio Ambiente y del aprovechamiento racional de los recursos naturales.

En fin, lo que este resumen pronostica es que el verano en Andalucía será cualquier cosa menos agradable y tranquilo. Muchos, los más desafortunados y débiles, sudarán la gota gorda por ese sol implacable de la falta de derechos y ayudas que genera insolación por la discriminación racial y cultural, por la desigualdad y las injusticias que privilegian a una parte -dominante, eso sí- de la población y por el rechazo, la falta de solidaridad y de empatía con que se abordan los problemas sociales que a todos nos afectan.

Si todo eso no hará de Andalucía un lugar insoportablemente irrespirable, que venga dios y lo vea

El lío de Andalucía

Juanma Moreno, como quiere que le llamen, se ha metido en un lío que le avinagra su indiscutible y robusta victoria en las elecciones autonómicas de Andalucía, dejándole un desagradable sabor de boca. Porque, como anunciaban todos los pronósticos, Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato conservador y actual presidente de Andalucía, ha revalidado el cargo y continuará sentándose en el Palacio de San Termo, sede de la Junta de Andalucía, pero sin haber conseguido la ansiada mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario.

Ese era su mayor reto, el propósito sobre el que basó toda su campaña electoral, llegando a calificar de lío cualquier otra posibilidad (en realidad, la única a la que se enfrentaba: tener que necesitar apoyos para gobernar). Y, en ese sentido, su triunfo le sabe a derrota porque no lo ha conseguido. Por poco, pero no logró la mayoría absoluta, quedándose solo a dos escaños de conseguirlo. Así, él solo se ha metido en el lío que tanto temía. Su dilema, el lio de Juanma, consistía en tener que recabar los apoyos de la ultraderecha para gobernar, con lo que ello supone, y ha fracasado en el empeño. Va a necesitar a Vox para asegurar su investidura y formar gobierno.

Todo un desastre para el Partido Popular, que se ha visto abocado a esa dependencia en todas las elecciones realizadas hasta la fecha (Extremadura, Castilla y León y Aragón) y que, con ésta de Andalucía, evidencia lo que, en caso de elecciones generales, podría suceder en España: que gobernase con la ultraderecha. Esa percepción de que sólo en unión con los ultras se podría derrotar al Gobierno socialista del PSOE, coaligado con Sumar, más que fortalecer la alternativa al sanchismo, robustece a los socialistas en unas elecciones generales.

De ahí el temor de Juan Manuel Moreno Bonilla por ver también ligado su mandato con la ultraderecha de Vox, el ejemplo definitivo de lo que cabe esperar en una futura convocatoria electoral de carácter general. Y no por miedo a los ultras, sino porque restan votos a la propuesta conservadora.

Aunque peor está el PSOE, que sigue cavando su tumba en lo que era su feudo electoral. Si ya había llegado a su suelo, del que creía no poder descender más, con estas elecciones ha obtenido el peor resultado histórico en Andalucía, perdiendo aun dos escaños por el camino. Una derrota amarga para un partido que fue hegemónico durante décadas y que mantuvo el poder en la Junta de Andalucía durante 36 años. Ni la todopoderosa exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha logrado frenar el descalabro de los socialistas, pendientes aún de pasar página de los escándalos que empañaron sus gobiernos y de presentar un candidato regional que trabaje el territorio e insufle ilusión y confianza al votante socialista.

Las izquierdas alternativas al PSOE, divididas como siempre, no son suficientes para construir un bloque ideológico que equilibre al de la derecha. Restan más que sumar, puesto que se reparten entre ellas el voto de una izquierda huérfana de representación sólida y determinante en el Parlamento de Andalucía.

El enésimo invento de los comunistas (IU), agrupados ahora con Sumar y lo que queda de Podemos bajo el liderazgo de Antonio Maíllo en Por Andalucía, no arranca más escaños que los cinco que ya tenía, viéndose superada por la izquierda soberanista y anticapitalista de Adelante Andalucía, dirigida por José Ignacio García, que suma seis escaños a los dos que tenía en el Parlamento de Andalucía. En su conjunto, renuevan caras, pero mantienen estrategias y fórmulas que apenas atraen a la gente dispuesta a luchar por un mundo mejor y modificar las estructuras económicas que perjudican a los más desfavorecidos.

En fin, con un Parlamento de 109 escaños, en el que el Partido Popular consiguió 53, el PSOE 28, Vox 15, Adelante Andalucía 8 y Por Andalucía 5, el futuro de Andalucía continúa marcado por gobiernos de la derecha que impondrán sus políticas liberales en lo económico y conservadoras en lo social, cultural y moral. Es lo que hemos elegido y será lo que nos merecemos.      

Lo que nos jugamos el 17 de mayo

Nada a lo que nos expongamos el próximo 17, con las elecciones en Andalucía, será nuevo. Los proyectos o programas de las formaciones en liza son de sobra conocidos, tanto por su literalidad como por su materialización no solo en el pasado, sino por lo acordado e impulsado en el presente. Sabemos, por tanto, lo que nos aguarda tras los resultados de estos comicios en los que nos jugamos la Andalucía en la que nos gustaría vivir.

Porque la disyuntiva es clara: o un gobierno conservador de derechas, en solitario o en coalición, liderado por el Partido Popular (PP), o uno progresista de izquierdas en coalición, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No hay más opciones, sin que ninguna de ellas represente el “lío” del que nos advierte ladinamente el candidato popular y actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el fin de aglutinar el voto en sus siglas para conseguir la mayoría absoluta.

Y es que, con él como favorito en los sondeos, es fácil predecir las iniciativas que impulsaría un Gobierno andaluz bajo su batuta, tanto si lo hace en solitario como en compañía de la ultraderecha, representada por Vox. Ya dio muestras en su primer mandato de su capacidad para sumar los votos de todas las derechas que permitieron el refrendo parlamentario a su investidura.

Aunque ahora haga ascos a firmar acuerdos con Vox, ya lo hizo cuando ganó las elecciones de 2018 y formó coalición de gobierno con Ciudadanos. Pero sin el apoyo parlamentario suscrito con Vox, no hubiera sumado los votos necesarios para ser presidente de la Junta de Andalucía. Posibilitaba así que, por primera vez, se produjera la alternancia política en Andalucía, gobernada durante 36 años por el PSOE, pero también el acceso de la ultraderecha a las instituciones y que pudiera ejercer su influencia en los ejecutivos que precisan de su apoyo.

Fue la primera vez, en efecto, que, en España, la extrema derecha conseguía influir en las políticas de los gobiernos del Partido Popular. Una “novedad” que se inició en Andalucía de la mano de Moreno Bonilla. Y lo hizo sin despeinarse y con la sonrisa con la que desde entonces intenta aparentar ser amable, moderado, simpático y fiable.

Y si ya entonces no tuvo reparos en firmar un pacto por escrito con Ciudadanos y Vox, hoy también lo suscribiría desde el primer minuto en que se conozca el resultado electoral, si fuera necesario y salieran las cuentas. Además, por si hubiera dudas, es justamente lo que está haciendo su formación en todos los lugares en que ha necesitado el apoyo de la ultraderecha para formar gobierno.

En Andalucía no será, pues, diferente la estrategia de pactos del PP del que forma parte Moreno Bonilla. Y asumirá, llegado el caso, todas las políticas que le imponga su socio de extrema derecha, como han hecho los gobiernos del PP en Extremadura, Aragón, Castilla y león, Valencia y Murcia. Es decir, criminalizar al inmigrante, cuestionar la violencia machista, negar el cambio climático, aumentar la desigualdad social con el nuevo reclamo de “prioridad nacional”, adelgazar y deteriorar los servicios públicos (sanidad y educación, fundamentalmente) en beneficio de la iniciativa privada y, en definitiva, imponer progresivamente un modelo neoliberal de sociedad que abandona a los más desfavorecidos o necesitados a su suerte.

Aunque lo temamos, es lo que sabemos que hará si, como en aquellas comunidades, necesitara a Vox para gobernar. Pero lo que calla es que lo haría de cualquier forma porque su ideario es coincidente con el de la extrema derecha y solo se diferencian en la gradación a la hora de aplicarlo.

De ahí que un gobierno en solitario del PP en Andalucía no ofrezca ninguna posibilidad de políticas distintas a las que implementaría en coalición con la extrema derecha, salvo en su inmediata contundencia y sin la máscara de la hipocresía.

El de Moreno Bonilla sería semejante, en su ejecutoria y objetivos, al gobierno de Ayuso en Madrid, donde se aplican recortes a la sanidad pública mientras se aprueba la creación de nuevos hospitales privados y se concierta con ellos la prestación de los servicios más rentables. Y donde se ahoga a universidades y colegios al reducirles la financiación, aparte de otras medidas de igual talante.

O al del gobierno de Valencia, que inauguró el modelo fracasado de la privatización de hospitales, con el de Alzira en 1999, como sistema de colaboración público-privada, que aumentó la deuda y empeoró la asistencia sanitaria.

Y es que el programa que comparten todos ellos es el mismo: el del Partido Popular, cuyo objetivo ideológico es la implantación de una sociedad regida por el neoliberalismo económico, el libre mercado y la libertad individual (para sufragarse sus propias necesidades), sin que el estado regule o intervenga en nada, ni siquiera en defensa de los más débiles, los que carecen de oportunidades.

Su mantra es la reducción de impuestos, que beneficia fundamentalmente a los más pudientes, y la eliminación de “gastos” de la Administración, que perjudica a los que no pueden costearse ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni la dependencia, ni el desempleo, ni la seguridad, ni la cultura, aparte de otras muchas carencias. Y la defensa a ultranza de los valores tradicionales de España, como la familia, el matrimonio heterosexual, la religión católica, la lengua castellana y la unidad homogénea de España, lo que lo enfrenta a la diversidad cultural y social del país, a las lenguas que se hablan en determinadas comunidades autónomas (euskera, gallego y catalán), a la libertad sexual y religiosa y, en definitiva, a la pluralidad de la sociedad española y el respeto al diferente.

Unas políticas que tienen consecuencias para los ciudadanos, a veces letales. No es casual que haya sido en Madrid donde se registró la mayor mortalidad en las residencias de ancianos por la pandemia de la Covid-19 en 2020. 7.291 ancianos murieron sin asistencia médica porque el protocolo que estableció la Comunidad impedía trasladarlos a los hospitales, excepto los que tuvieran un seguro médico con clínicas privadas. Al parecer, los viejos pobres podrían colapsar unos hospitales públicos, ya de por sí desbordados, no solo por la pandemia, sino por los recortes que sufrieron con las políticas que desmantelan la sanidad pública.     

Con idénticas medidas restrictivas, junto a la incapacidad para gestionar una crisis, en la Valencia gobernada por el PP murieron 238 personas a causa de una dana que provocó las peores riadas de la historia de este país. Se priorizó confrontar con el Gobierno a procurar la actuación coordinada entre las distintas administraciones para hacer frente a la catástrofe. Por eso, no es casualidad que estos desastres golpeen con mayor intensidad en territorios que regatean recursos a los servicios públicos.  

Es lo que sucedió en Castilla y León y Galicia, en el verano de 2025, donde la falta de recursos y de inversiones en la prevención de incendios forestales facilitó que se registren en esas comunidades una oleada de incendios histórica en Europa, con más de 403.000 hectáreas quemadas. La alta temporalidad con que se contratan los agentes forestales, con un modelo laboral precario, la externalización del servicio y el abandono de las zonas rurales, a causa de políticas de reducción del gasto, hicieron posible la voracidad inaudita de esos incendios.

Y es lo explica que en Andalucía más de 2.317 mujeres (4.000 según otros cálculos) estén afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama y el consiguiente retraso en los diagnósticos. El servicio de radiodiagnóstico del mayor hospital de la comunidad no daba para más -a pesar de haberlo denunciado a la consejería de Salud en repetidas ocasiones-, dado la reducción de personal al que se vio sometido por unas políticas que recortan recursos a la sanidad pública. Según la asociación AMAMA, al menos cuatro mujeres han muerto y decenas de ellas han desarrollado tumores debido a tales retrasos en el diagnóstico y falta de tratamiento.   

No hay que ser, pues, ningún adivino para saber a lo que nos exponemos a partir del próximo 17 de mayo. Y la única manera de afrontarlo es con nuestro voto, si votamos con la cabeza en vez de con las emociones, a las que tanto apelan los partidos en liza. Nunca antes había sido tan decisivo. Nos jugamos la Andalucía que anhelamos, ni más ni menos.  

La maldición del mosquito

Tras el brote por listeriosis en carne mechada que dejó cuatro muertos y la posterior pandemia de la covid, ahora surge otro problema de salud pública a causa de la fiebre del Nilo, una infección vírica que se transmite a través del mosquito y que es capaz de desarrollar, en personas vulnerables e inmunodeprimidas, graves patologías neurológicas como meningitis, encefalitis o parálisis cerebral. Ya se han producido decenas de casos por esta infección endémica en zonas de Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva, donde los humedales favorecen la proliferación del insecto. Y aunque los casos graves se circunscriben al 1 % de los infectados, la población de estas zonas exige medidas efectivas contra el mosquito, transmisor de la enfermedad, a las autoridades sanitarias y responsables políticos. Incluso han llevado a cabo concentraciones en algunas localidades, como Coria del Río, la Puebla del Río e Isla Mayor, promovidas por la Plataforma Ciudadana Lucha Contra el Virus del Nilo, para reclamar cambios en la estrategia de prevención de la Junta de Andalucía que eviten con más eficacia la proliferación de mosquitos portadores del virus. Pero, hasta la fecha, las administraciones concernidas no ofrecen una respuesta ni rápida ni satisfactoria para combatir con éxito los enjambres de mosquitos que cada año invaden estos pueblos y sus alrededores. La alarma e inquietud de la población no deja de crecer al conocerse, otra vez, el goteo de muertes causadas este verano por la picadura del insecto. No quieren sentirse víctimas de una especie de maldición faraónica por un mosquito.

Y no es extraño que se sientan así porque, durante los dos últimos años, los casos de infección por el Virus del Nilo (VNO) han aumentado de manera progresiva. De hecho, este 2024 es ya el segundo peor año de la enfermedad, después de 2020, cuando se produjo el brote más grave, con ocho fallecidos y 80 casos positivos detectados. Según la Consejería de Salud, las víctimas mortales notificadas este verano por infección del VNO se elevan ya a seis: en concreto, tres en Coria del Río,  junto a otras en Dos Hermanas, La Puebla del Río y Utrera, localidad esta última donde se infectó una mujer que falleció después en Navarra. Además, se ha contabilizado más de medio centenar de infecciones asintomáticas en otras zonas de Andalucía. Y por si fuera poco, el brote de la enfermedad se ha adelantado esta temporada, pues se han producido casos mucho antes que otros años. Concretamente, “algo más de un mes antes de lo normal”, como reconoce Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana y miembro del Grupo de Ecología y Evolución de Zoonosis en el CIBER de Epidemiología y Salud Pública, una de cuyas líneas de investigación es, precisamente, la vigilancia del Virus del Nilo Occidental.

Con todo, no se trata de algo desconocido. La Fiebre del Nilo Occidental (FNO) se considera endémica en España desde al menos 2003, con brotes esporádicos en equinos y humanos. Es una enfermedad zoonótica causada por el Virus del Nilo, perteneciente a los Flaviviridae, un virus que circula normalmente entre  las aves y los mosquitos. Las aves migratorias se comportan como reservorios que propagan el virus, siendo los mosquitos los agentes que transmiten el contagio a humanos, équidos y a otras aves sanas. Tanto los humanos como los équidos son huéspedes finales de la infección; es decir, la padecen pero no la transmiten. Sólo un 1% de personas infectadas presenta un cuadro de afección neurológica, gastrointestinal y renal. El patrón de transmisión es estacional, comprendido entre el verano y principios de otoño, con pequeñas variaciones según el clima local, cuando el calor y las charcas y humedales favorecen la proliferación del mosquito Culex, el principal vector de una enfermedad que constituye, a pesar de su limitada incidencia, un riego para la salud. Y, sobre todo, un problema de salud pública que al parecer no se aborda con la debida diligencia.

Y eso es, justamente, lo que reclaman las poblaciones afectadas, que acusan a las administraciones de incompetencia o desidia por no actuar contra la proliferación de mosquitos con la intensidad y la antelación necesarias. Por ello se sienten víctimas de una especie de maldición faraónica, pero no solo por culpa del mosquito sino por la falta de coordinación entre ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía y Gobierno central para aunar esfuerzos en esta lucha. Tal incompetencia es toda una maldición que imposibilita resolver un problema cuya solución es conocida.    

Porque, aunque no existe un tratamiento específico ni una vacuna para curar la fiebre del Nilo, sí se pueden emprender acciones de prevención eficaces para controlar las poblaciones de mosquitos y minimizar que piquen a la gente, única vía de transmisión del virus al ser humano. Es decir, es factible resolver esta crisis de salud pública si se toma en serio. Bastaría con fumigar las larvas del mosquito en invierno y primavera, antes de que eclosione el insecto, llevando un control de larvas en arrozales y otros humedales. La sustancia con la que fumigar es también de sobra conocida, pues se trata de una toxina muy eficaz para eliminar dichas larvas e inocua para los humanos. Es lo que se hace en otras zonas de España, como el delta del Ebro, donde no  se registran casos mortales de la enfermedad.

¿Por qué no se hace lo mismo en Andalucía? Por recelos políticos, dejadez institucional y lentitud burocrática. La falta de acuerdo entre administraciones hace que se actúe tarde y sin la contundencia debida. Al valorar de escasa relevancia la incidencia de la infección, no se agilizan las medidas necesarias que podrían mitigarla. De ahí que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, recomendara a la población tener “calma”, recordando que el 80 % de los infectados son asintomáticos y asegurando que “engrasarán” las relaciones con los ayuntamientos afectados. Es como decir, con otras palabras, que por el virus del Nilo mueren menos personas que por accidentes de carretera, por lo que no hay que preocuparse, pues ya se engrasarán los cauces de colaboración entre administraciones cuando se pueda.

La Consejería de Salud, por su parte, se limitó a recordar a los alcaldes de los pueblos afectados su obligación de cumplir con sus competencias en relación a las actuaciones de salud pública que deberían poner en marcha según lo previsto en el Programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de Fiebre del Nilo Occidental. Así se tiran la piedra unos a otros. Pero  a los alcaldes no les parece suficiente. Ante la apelación a la calma, estos responsables municipales aseguran que no pueden tenerla. Tampoco alarmismo, pero calma no, tras varios años con el mismo problema, ya que desde 2020  no hacen más que solicitar ayudas que no llegan o lo hacen tarde. Y es que cada municipio por su cuenta no puede abordar de manera  integral la respuesta que requiere una crisis de salud de esta naturaleza. Se pelean para que se hagan fumigaciones en febrero o marzo, y no les hacen caso. O fumigan cuando el mosquito es adulto y es imposible, por su movilidad, eliminarlo. Así, no es extraño que los vecinos estén alarmados e inquietos ante el temor de morir a causa de una picadura de mosquito en cuanto llega el verano. Ante el consejo del presidente de la Junta, se preguntan quién, mirándolos a la cara, les pide calma a los vecinos. Y menos aun sabiendo que el problema tiene solución, pero que quien tiene que hacerlo no toma la decisión conveniente.

Al parecer, no se trata de un asunto lo suficientemente grave. De hecho, muere más gente cada semana por otras causas. Hasta que la infección de la fiebre del Nilo se extienda de manera incontrolada no se afrontará como es oportuno. Entonces, los titulares de todas las administraciones correrán a ponerse medallas por sus actuaciones tardías. Pero, mientras tanto, lo aconsejable es mantener la calma y comprar repelentes. Es lo que hay. Así de fácil.

Me ratifico en mi tristeza.

Ayer se hizo público el fallo del Tribunal Supremo, que ratifica en su mayor parte la sentencia de la Audiencia de Sevilla, por la que se condena en firme a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, cinco exconsejeros y otros altos cargos por el fraude continuado cometido con los ERE bajo gobiernos socialistas del PSOE. El asunto, que la derecha se encarga de airear como el “saqueo” cometido por un “régimen” (marcas -deíxis- que delatan la presunta objetividad de cierta prensa) y restregar a la cara de los dirigentes actuales del partido socialista, es de suma gravedad, gran trascendencia y enorme letalidad para el prestigio de una formación que, sin embargo, no ha sido como tal inculpada de delito alguno. Tanto se ha hablado del fraude de los ERE, maximizándolo unos y minimizándolo otros, que hasta yo mismo no encuentro nada nuevo qué decir, como no sea ratificarme en la frustración que me producen estas actuaciones reprochables y la tristeza que empaña lo conseguido, que no ha sido poco, por unos dirigentes que no han sabido, querido o podido impedir que la hierba de la corrupción creciera bajo sus pies. Por eso, me ratifico en lo que ya expresé en su tiempo y que sigue entristeciéndome todavía con más razón, aunque me mantenga firme en mis convicciones ideológicas y lealtades políticas. Hoy es triste leer los periódicos.

Andalucía se enfría.

No por esperado, no ha dejado de sorprender el giro radical consumado en Andalucía con las últimas elecciones autonómicas. De una región que votaba predominantemente a la izquierda se ha pasado a que la derecha sea hegemónica en todas y cada una de sus provincias, incluida la icónica Sevilla, cuna de los “padres” del socialismo moderno de España, Felipe González y Alfonso Guerra, dirigentes que auparon el PSOE al Gobierno.

Durante casi cuatro décadas, el mapa andaluz aparecía teñido de rojo en su mayor parte. Y, de buenas a primeras, tras las últimas elecciones, ha amanecido de azul, el color que simboliza el frío. Es como si Andalucía se hubiera enfriado rápidamente. Un hecho que puede lo explique la sociología electoral, pero no la coherencia y el interés de una inmensa mayoría de votantes.

Con una población que mayoritariamente trabaja por cuenta ajena, con escasez de trabajo y en sectores productivos como el turismo o los servicios y la agricultura, condicionados por un mercado que impone reglas que priman la rentabilidad en detrimento de los derechos, cuesta entender ese voto masivo a los representantes del Capital, de las tradiciones y de las clases dominantes que históricamente han mantenido Andalucía anclada en el subdesarrollo económico, cultural y social. Un trabajador, por ignaro que sea en política e ideologías, no debería depositar su confianza en quienes siempre han oprimido a los obreros y los desfavorecidos con sus ideas sociales y sus recetas económicas, a pesar de que situaciones coyunturales derivadas de complejas crisis mundiales -guerras, pandemias, energéticas, etc.- parezcan aconsejar el voto a los conservadores más simpáticos y populacheros. Los intereses neoliberales que estos representan jamás coincidirán con los de los trabajadores, ni en una empresa, una finca, una diócesis o un ayuntamiento. Siempre serán opuestos y perjudiciales para la parte más débil, la que ocupa el obrero y el humilde que carece de oportunidades.

Es cierto que los que deberían representar a las clases menos favorecidas también defraudan, cometen abusos y practican la corrupción. Aún así, procuran repartir la riqueza disponible, ofrecer protección y ayuda a los menos pudientes, corregir desigualdades e injusticias, evitar atropellos del mercado y de los poderosos y ofrecer oportunidades a quienes ni por apellidos ni por recursos pueden disponer de ellas. Eso es fácil de constatar, desde el punto de vista de los trabajadores, comparando la gestión de los últimos Ejecutivos a la hora de afrontar las crisis a que han tenido que enfrentarse.

El Gobierno conservador presidido por Mariano Rajoy aplicó una austeridad suicida a la hora de combatir la crisis financiera de 2008, cargando sus costes sobre el empleo y el salario de los trabajadores, quienes soportaron los mayores sacrificios para reducir lo que se consideraba “gasto” en beneficio de empresas y bancos. La destrucción de empleos, los bajos salarios, el empeoramiento de las condiciones laborales, la pérdida de derechos laborales, el abaratamiento del despido, la reducción de funcionarios, la práctica congelación de las pensiones y los recortes aplicados a las partidas presupuestarias que conforman el Estado de Bienestar demostraron claramente lo que defiende un gobierno conservador: al Capital. Y por si quedaba alguna duda, el préstamo millonario solicitado a la Unión Europea para combatir la crisis se destinó, no a la población que sufría las consecuencias de una crisis de la que era ajena y víctima, sino a los bancos y financieras que la provocaron con sus irregulares prácticas avariciosas. Ninguna ayuda a los trabajadores, a quienes se los condenó a una precariedad absoluta. Ninguna ayuda a las familias, a las que se las estranguló con recortes y recargos en servicios públicos esenciales, como el de salud y el farmacéutico, entre otros. Ningún socorro a la Fuerza del Trabajo ni a los indefensos. Pero ayudas, subvenciones, préstamos y cancelación de deudas a la Fuerza del Capital, a las empresas y los inversionistas, cuyos más acaudalados representantes aumentaron, en medio de la crisis, su riqueza, mientras se empobrecían aún más los pobres.

Nuevas camadas de dirigentes del mismo partido, autor de tales medidas, han sido agraciadas con el favor electoral de las clases explotadas y exprimidas, que olvidan con facilidad quienes los han pisoteado, en virtud de una desinformación convenientemente extendida y por el magnetismo publicitario de una sonrisa amable. Porque, saturados de mensajes, bulos, exageraciones, tergiversaciones y mentiras, no sólo acaban desmemoriados, sino que parecen ciegos a la conveniencia de sus intereses, por muy desencantados y desclasados que se sientan.

Que un gobierno progresista, como el actual de Pedro Sánchez, haya elevado el Salario Mínimo Interprofesional de 600 a 900 euros, debería ser un signo de apoyo y confianza entre los menos afortunados. Si ha aplicado una subida salarial a los funcionarios con el compromiso de recuperar en varios años el poder adquisitivo perdido, también podría ser, cuando menos, motivo de esperanza. Si ese gobierno no hace recaer sobre los trabajadores el trauma económico de la pandemia, gracias a los ERTES, quizá sería de agradecer si eres trabajador, pero también si eres empresario que mantiene su actividad, ahorrándose las cuotas a la Seguridad Social. Y si perteneces a esa población vacunada con pauta completa en tiempo récord y tras un esfuerzo ímprobo y colaborativo entre Administraciones -al menos entre las que no usaron de confrontación política la crisis sanitaria-, alguna señal cabría deducir sobre quienes protegen tus intereses y tu vida. Sin contar si eres perceptor del Salario Mínimo Vital o Renta Básica por tu situación de extrema necesidad, abocado a la pobreza y la exclusión, un socoro que ningún gobierno precedente había facilitado. Del mismo modo si disfrutas del bono social de la Electricidad. O si fuiste un trabajador eventual que, gracias a una modificación de la Reforma Laboral, has conseguido estabilidad al convertirte en indefinido, debería haber supuesto un indicio de lo que te interesa. Tampoco debiera olvidarse si tu pensión tuvo un ligero incremento y va a ser revalorizada, a partir de ahora, en función del IPC, a la hora de ir a votar por lo que te conviene. Pero si nada de lo anterior te incumbe porque perteneces a esos trabajadores que mantuvieron empleo y sueldo a pesar de las dificultades, la ayuda por la gasolina y el tope al gas para disminuir el precio de la electricidad también han contribuido -aunque no lo suficiente- a paliar el encarecimiento de la energía, beneficiándote de ello como trabajador.

Votar a los que persiguen no dejarte en la cuneta de los sin suerte, a los partidos que buscan cambiar las condiciones que te impiden prosperar y progresar, a quienes luchan por que las personas y su dignidad prevalezcan sobre las reglas y los beneficios del mercado, a aquellos cuyos ideales están orientados hacia la igualdad, la justicia y la libertad de todos, sin excepción, debería ser la guía de los que carecen de recursos para sufragar sus propias necesidades, de los que necesitan de un Estado de Bienestar que les permita acceder a la educación, la sanidad, la seguridad, la justicia y a una vejez digna y protegida.

Por ello es triste tener que aguardar años para comprobar qué política es la que ofrece a los trabajadores mayor seguridad y garantías de prosperidad. Ahora que ha cambiado el color de la piel de Andalucía, podremos valorar los intereses de clase que cada partido representa y a quienes sirve cada vez que precisa, con una sonrisa de oreja a oreja, de tu papeleta.              

La Andalucía del cambio tranquilo.

A finales de 2018, el PSOE, que llevaba gobernando Andalucía desde hacía más de 35 años, volvió a ganar las elecciones (33 escaños), pero perdió el poder. Las derechas, encarnadas en varias propuestas que se diferenciaban sólo en matices, lograron sumar más votos que los partidos de izquierdas (59 vs 50). Una nueva formación populista de ultraderecha lograría el milagro de posibilitar con su apoyo parlamentario el primer Ejecutivo conservador que en democracia tomaría el timón de la Junta de Andalucía. Un hecho sin precedentes desde la restauración de la actual democracia en España. Casi cuatro años después, con las elecciones de mañana domingo, las derechas andaluzas, lideradas por el Partido Popular, se prestan a convalidar el giro perpetrado en una Comunidad que era considerada feudo histórico -o voto cautivo- de los socialistas. La única incógnita que esta ocasión presenta es si el Partido Popular conseguirá alcanzar la mayoría absoluta o, como la vez anterior, deberá contar con los votos de sus aliados ideológicos, que ya ofertan con mano tendida tal opción a cambio de compartir sillones en el Palacio de San Termo, sede del Gobierno andaluz.

Esta primera legislatura conservadora en Andalucía no ha desatado la oleada de cambios de signo contrario que se presagiaban, al menos de la magnitud que anunciaba el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Su “cambio” ha sido discreto y moderado, como la imagen que se esfuerza transmitir su líder, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Ni las auditorías han sido de infarto, ni el adelgazamiento de la Administración, si es que se ha acometido, ha sido tan draconiano, ni las rebajas de impuestos se han notado en el bolsillo de los contribuyentes, excepto en los que manejan o heredan más de un millón de euros. Los cambios más notables ejecutados por el Ejecutivo conservador se han limitado a cuestiones nominales y estéticas, como la estilización del logo de la Junta de Andalucía hasta casi hacerlo confundir con el de un refresco energético, o la modificación del nombre de algunas consejerías para satisfacer a unos socios intransigentes que se conforman con nuevos rótulos que hagan olvidar los heredados de la etapa socialista.

Por lo demás, el PP de “Juanma” Moreno no ha querido o no ha podido emprender la “revolución” conservadora que se temía, salvo en lo superficial y anecdótico, limitándose a implementar políticas que intencionadamente han procurado no alarmar ni hacer perder la confianza de la ciudadanía que lo ha votado. Ha evitado, por lo tanto, emprender la privatización del sector público de forma masiva y desmantelar aquella administración “paralela”, plagada de funcionarios enchufados, que tanto denunciaba cuando hacía oposición. Pero ha hecho “cosas” indiciarias del ideario neoliberal que abraza.

Y aunque el cambio operado en Andalucía ha sido posible, antes que las maneras suaves y tranquilas del líder regional del PP, por el hartazgo con unos sempiternos gobiernos socialistas que agotaron su entusiasmo transformador de la sociedad para enredarse en turbios escándalos de corrupción y clientelismo, la verdad es que se materializa en la aceptación sin recelos de gobiernos de derechas. Tanto es así que se prevé un resultado espectacular del PP en estas elecciones, sin temor a que gobierne en coalición con la ultraderecha envalentonada de Vox.

Mientras tanto, las carencias crónicas que aquejan a los servicios públicos que se prestan en Andalucía siguen sin resolverse. La Sanidad continúa con su déficit de personal y recursos del que siempre ha adolecido, aunque esta situación se haya visto agravada por la aparición de la pandemia del Covid-19. Según un estudio elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Andalucía figura en la cola del ranking de médicos y camas por habitante y entre los últimos puestos por gasto sanitario. Sólo Murcia presenta peores indicadores. Ello explica el deterioro de la Atención Primaria y el aumento de las listas de espera quirúrgica y diagnóstica, situación que no ha podido paliarse ni aumentado la inversión con los conciertos privados ni con las ayudas extras recibidas para enfrentarse a la crisis del coronavirus.

En Educación aparece idéntico problema de falta de medios materiales y humanos. Se ha preferido fomentar la educación privada en detrimento de la pública, detrayendo recursos de esta última para incrementarlos en conciertos con la privada, lo que ha provocado ya una huelga en el sector. Las iniciativas legislativas con las que se persigue aplicar el concepto de “libertad de elección” de centro implican más inversiones para conciertos. En cambio, se cierran unidades de la escuela pública y centros rurales, además de suprimirse servicios de comedor escolar.

Y es que con “suavidad” y discreción, poco a poco, se adoptan medidas que deterioran servicios esenciales públicos que inmediatamente son sustituidos por los ofertados por el sector privado. Sin revoluciones y con moderación, se proclama que se garantiza una educación de “calidad y desideologizada”, cuando lo que se persigue es todo lo contrario. Al menos, no se implanta el “pin parental” como en Murcia, hasta la fecha.

Las elecciones este domingo supondrán, por tanto, si no se produce un terremoto, un triunfo indiscutible para la derecha en Andalucía y, lo que es peor, un ensayo sociológico sobre cómo no alarmar a la población con políticas “duras” para lograr el relevo del Gobierno de la nación, al que están decididos desbancar tanto el Partido Popular como su réplica ultra, Vox, gracias al “cambio tranquilo” con el que actúan Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo. Es por ello que no es poco lo que se dilucida en Andalucía. 

Un poema molinero

 Hace un mes dije adiós, y hoy traigo un vídeo-poema sobre esta tierra bendita y su gente, con la que me identifico absolutamente. Gracias España, gracias Andalucía, gracias Sevilla.