Los políticos catalanes presos por delitos de sedición y
malversación, que promovieron en 2017 una ruptura con la legalidad constitucional,
celebraron un referéndum ilegal y declararon fugazmente la república en Cataluña,
llevaban más de tres años en prisión por sentencia del Tribunal Supremo. El
máximo representante de aquel Govern secesionista del que formaban parte,
el expresidente Carles Puigdemont, decidió fugarse a Bélgica para eludir la
Justicia, junto a algunos de sus acólitos. No quiso correr la misma suerte que
sus consejeros encarcelados y ahora indultados. La existencia de estos políticos
entre rejas entorpecía cualquier abordaje desde la política del conflicto
catalán. Ninguno de ellos renuncia a sus ideas soberanistas, pero en una carta
pública del líder del histórico partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
Oriol Junqueras, se anuncia el rechazo a procedimientos unilaterales y
contrarios a las leyes vigentes para lograr sus objetivos políticos. Recuperar
la confianza, el diálogo y la tranquilidad en las relaciones entre Cataluña y
España ha sido el principal motivo que el Gobierno ha esgrimido para conceder unos
indultos que les perdona los años de cárcel pendientes de cumplir, pero no los
libra de la pena de inhabilitación a que fueron condenados. Además, la medida
de gracia está condicionada a no cometer nuevos delitos graves en un período variable
de años, en función de cada indultado. También es verdad que el Gobierno ha contado
con el apoyo mayoritario de los partidos, entre ellos la propia ERC, que posibilitaron
la investidura del presidente socialista Pedro Sánchez y el total rechazo de la
oposición conservadora, integrada por el Partido Popular, Ciudadanos y el
ultraderechista Vox. Por otra parte, Europa consideraba excesivas las penas de
reclusión que el delito de sedición, sin graves alteraciones públicas y sin
ejercer la violencia, tiene tipificados en el Código Penal español. La libertad
de esos presos, con la condición de no volver a cometer los mismos delitos, era
una exigencia unánime para encarrilar las relaciones entre Cataluña y España por
vías políticas, pacíficas, de lealtad institucional, de diálogo y confianza,
aunque los indultos, por sí solos, no garanticen ni ese resultado ni la
normalidad en la mutua y obligada convivencia.
Más complicado parece hallar una solución al coste de la
energía eléctrica, siendo como es un bien de consumo de primera necesidad. Ante
la última escalada injustificada de los precios, establecidos mediante un
enrevesado sistema que relaciona fuentes de abastecimiento, derechos de emisión
de CO2 y picos de demanda para fijar diariamente un coste medio, el
Gobierno ha optado, para reducir el importe del recibo, suspender el impuesto
de generación eléctrica y reducir temporalmente el tipo del IVA, del 21 al 10 por
ciento. Es decir, adopta una solución transitoria, un parche temporal, que no
resuelve el problema del alto coste de la energía eléctrica en España, tanto
para familias como para empresas, que en los últimos años se ha incrementado en
más de un 50 por ciento, mucho más que en cualquier otro suministro básico. En
un mercado regulado, las compañías productoras, distribuidoras y comercializadoras
de electricidad gozan de amplios márgenes para obtener beneficios, además de
exenciones, compensaciones y ayudas para la evolución hacia tecnologías
renovables, que en ningún caso están dispuestas, no a perder porque nunca
pierden, sino a que mermen en absoluto. De ahí que trasladen al consumidor
cualquier incremento del coste industrial. Queda, por tanto, pendiente una
reforma en profundidad del actual Sistema Eléctrico que impida estos abusos que
las eléctricas cometen gracias a su posición dominante en el mercado,
prácticamente de monopolio. Por ello, este parche no es más, por su admitida
temporalidad coyuntural, que un apaño momentáneo en unas circunstancias de
especial dificultad para la población, que sigue siendo cautiva ante los
desmanes avariciosos de las compañías eléctricas. Un parche que, en este caso,
ni siquiera apunta a la buena dirección, aunque se sume a los aplicados durante
esta semana en otros ámbitos. Lo dicho, una semana de parches.