La cara del rey

Pedro Sánchez, tras merecer la confianza por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para ser proclamado presidente del Gobierno, prometió ante el rey Felipe VI, en un acto celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, “cumplir con las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros”. 

Era la tercera vez, desde que promovió la moción de censura contra Mariano Rajoy en julio de 2018, que el líder socialista protagoniza este trámite protocolario sobre un ejemplar de la Carta Magna, asistido por la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, como notaria mayor del Reino. Y del que fueron testigos la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y el del Consejo General del Poder Judicial por suplencia, Vicente Guilarte.

Aunque se trata de un acto de escasa duración, de poco más de dos minutos, indistinguible de los anteriores, esta vez destacó por un detalle que a nadie pasó inadvertido: el semblante excesivamente serio y circunspecto del rey. El monarca mantuvo una expresión de ceño fruncido desde que recibió a la presidenta del Congreso con la comunicación del resultado del proceso de investidura y durante el acto del juramento constitucional del presidente del Gobierno. Una expresión inédita, entre enfado y preocupación, que se presta a ser relacionada con alguna circunstancia que no parece ser de su agrado.

A falta de una explicación oficial, es plausible especular con que al rey le disgustase la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. Si ese fuese el motivo, su gesto delataría una reacción inoportuna que contrasta con la que lució en enero de 2020, cuando la entonces presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, le informó también que Sánchez había sido investido. ¿Qué le molesta, hoy, al rey para poner esa cara?

Ante la ausencia de aclaraciones fidedignas, y siguiendo el hilo argumental arriba expuesto, cabría suponer que el rey se sentiría contrariado con la concesión de una amnistía a quienes él mismo había amonestado de manera expresa, en alocución televisada en octubre de 2017, por el “inaceptable intento de secesión en una parte del territorio nacional”, en la que advirtió, además, que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”.

Si tal fuera el caso, sería comprensible que Su Majestad se sintiera especialmente molesto con un Gobierno que nace llevándole la contraria y que, en cierto modo, premia a los que él recriminó por su conducta inaceptable y condenable. Un enfado comprensible pero injustificable, por cuanto, como Jefe de Estado de una monarquía parlamentaria, su función se limita a ejercer un papel moderador y tasado, en el que todos sus actos han de ser refrendados por el Gobierno. Mostrar disconformidad con una decisión gubernamental no cabe entre sus atribuciones  ni es acorde con una democracia que establece que la soberanía reside en la ciudadanía española, que es la que elige a quienes la gobernarán. De ahí que el rey reine, pero no le está permitido gobernar.

Con todo, lo más grave sería que el rictus facial del rey ponga en evidencia sus simpatías ideológicas, legítimas a título personal para depositar su voto secreto en unas elecciones, pero en modo alguno para insinuar públicamente sus preferencias políticas, coincidentes o no con los postulados o actuaciones de cualquier formación representada en el Parlamento. Al rey no se le está permitido evidenciar ni adoptar decisiones políticas. Si así lo hiciera, el régimen de España no sería una democracia, pues la soberanía popular dejaría de estar en el pueblo español sino en el rey, y el rey no es elegido. Es un símbolo, sin más, y así ha de comportarse: absoluta y escrupulosamente neutral.

Por eso la Constitución establece que el rey “no tiene responsabilidad” sobre lo que firma, incluido, si se le presentase, la futura ley de amnistía. Su función se limita a “sancionar las leyes con su firma”, puesto que esas leyes llevarán consigo el refrendo del cargo político competente y del Gobierno surgido de la voluntad popular.

Poner caras que denoten su estado anímico durante un acto oficial, más allá de las que diplomáticamente sean pertinentes y hasta aconsejables, no entra en su cometido como rey ni en el ejercicio profesional de su alta magistratura como Jefe de Estado. Esas caras han de reservase para el ámbito privado de su intimidad. A menos que, como sugiere Javier Aroca en un comentario publicado en elDiario.es, el rey sea incapaz de disimular una dolorosa situación, la del estreñimiento. En ese caso, tiene suerte Su Majestad de vivir en Madrid, la ciudad que dispone de la mejor fruta de España. Sería aconsejable que el rey coma fruta, como pregona Isabel Díaz Ayuso desde la galería de invitados del Congreso, porque la fibra de las frutas ayuda a evitar esa calamidad intestinal que le tuerce el rostro.  

El damero de la investidura (y III)

Al fin se ha completado el damero. Había comenzado a completarse cuando Pedro Sánchez admitió por primera vez la amnistía en una reunión del Comité Federal del PSOE. Ha transcurrido algo más de un mes entre la investidura fracasada del candidato conservador  Alberto Núñez Feijóo y la exitosa del socialista. Tal ha sido el tiempo que ha necesitado este último para rellenar las casillas que le permitirían resolver el damero de su investidura. Pero no ha sido sin dificultades y obstáculos, como corresponde a la política de altura: negociar, ceder, exigir y pactar hasta lograr consensos.

El juego comenzaría el pasado 23 de julio, cuando el Partido Popular cosechó mayor número de votos en las elecciones, pero no consiguió ni los escaños suficientes ni los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno de coalición con VOX. Tal imposibilidad permitiría al candidato del PSOE optar a la investidura, iniciando negociaciones y alcanzando acuerdos con las formaciones que no apoyaron al candidato conservador, haciendo depender su éxito al pacto con partidos nacionalistas e independentistas más pequeños, además de Sumar, que agrupa a Podemos y un rosario de formaciones izquierdistas.

Conforme sellaba pactos con todos esos partidos, aumentaba  el enfado de la derecha derrotada en las urnas que, con la excusa de la amnistía que se barruntaba, incendiaba las calles con manifestaciones, concentraciones y mítines. Una reacción exagerada y a veces violenta destinada a abortar la investidura del socialista con la finalidad de que se convoquen nuevas elecciones. Sólo en dos ocasiones se han tenido que repetir elecciones en España, en el período democrático, ante la imposibilidad de investir un candidato, y tal era el objetivo de las movilizaciones convocadas por el PP y Vox. Núñez Feijóo no dudó en expresarlo de manera meridiana: “no nos vamos a callar hasta que hablen las urnas”, haciendo caso omiso a que las urnas ya habían hablado, dando como resultado el rechazo a su investidura. Una reacción nacida de la frustración por no detentar el poder. Su enfado no era, pues, por la amnistía, sino por un poder se les vuelve a escapar. A las derechas les enerva que vuelva a gobernar Sánchez, como explicaba The Economist a sus 27 millones de lectores.

De este modo, las manifestaciones semanales por toda España y las concentraciones diarias frente a la sede madrileña del PSOE, muchas de las cuales acabaron en enfrentamientos violentos con la Policía, han servido de prolegómeno y acompañamiento al debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.  Un debate que arrancaba con el pacto previo suscrito por el PSOE con ERC, Junts per Catalunya (independentistas y nacionalistas catalanes), PNV (soberanista vasco) y CC (nacionalista canario) que garantizaba el éxito, por 179 votos, a la investidura del socialista. Había una enorme expectación ante el discurso de Sánchez por su promesa de promover una amnistía a los encausados del procés, es decir, a los autores (políticos, civiles, funcionarios) que promovieron un referéndum ilegal y una declaración fugaz de independencia en Cataluña, incumpliendo la legalidad, alterando la convivencia entre catalanes y el resto de España y deteriorando profundamente las relaciones políticas e institucionales entre aquella comunidad y el Estado.

Para las derechas la amnistía, en vez de ser contemplada como una medida excepcional para superar el profundo desencuentro que nunca debió de judicializarse y como una oportunidad para encauzar el problema territorial con Cataluña a través del diálogo, la negociación y la política, basados en el respeto a la legalidad y la Constitución, la apreciaban llanamente como una traición a la patria y una ruptura, una vez más, del país. Máxime cuando el pacto entre el PSOE y Junts incorpora el término lawfare (persecución judicial), referido a las comisiones parlamentarias que prevé sobre los casos `Pegasus¨ (escuchas telefónicas a políticos catalanes e, incluso, al presidente del Gobierno) y el denominado  `policía patriótica´ (utilización de la policía durante los gobiernos de Mariano Rajoy para criminalizar a políticos catalanes, entre otros), pero que nada tiene que ver con controles parlamentarios sobre decisiones judiciales. Las derechas ven en la amnistía una extinción del Estado de Derecho y un ataque a la igualdad de todos ante la ley. Esta crítica se ha visto acompañada por toda clase de políticos conservadores, togados corporativistas y demás partidarios del enardecimiento callejero por cualquier motivo. Es sorprendente que jueces y magistrados se concentren exigiendo la independencia del Poder Judicial en protesta por una iniciativa política del Poder Ejecutivo, que se coinvertirá en ley de acuerdo con el procedimiento legal del Poder Legislativo. Tal es el batiburrillo que las derechas han organizado en las calles.      

Descontado, por los acuerdos previos, el éxito de la investidura, lo que más expectación suscitaba del debate eran las explicaciones y argumentos que ofrecería el candidato sobre la cuestión que más recelos y críticas ha generado y que ha polarizado a buena parte de la sociedad: la amnistía. Pero en la primera sesión, de once horas de duración, Pedro Sánchez defraudó. La amnistía sería abordada fugazmente y sin convicción. Se limitó a ofrecer dos razones, a su juicio, nacidas de una necesidad convertida en virtud: atender el resultado de las urnas, que otorgaron mayoría a un gobierno progresista  frente a otro sostenido por la extrema derecha.  Y en la conveniencia de apostar por la convivencia y el cierre de heridas, gracias al perdón de la medida de gracia, para finalizar la situación anómala de la representación política en Cataluña, donde cerca de la mitad de la población respaldó las iniciativas ilegales promovidas por los independentistas. Que estos pacten, a partir de ahora, la defensa de sus ideas con sujeción a las leyes y dentro del marco de la Constitución, comprometiéndose con la gobernabilidad del país y renunciando a la unilateralidad, es una medida que medios como Finanfcial Times, The Econoimist o The Guardian, relevantes en sectores económicos moderados y liberales, estiman muy positivo para resolver el conflicto.  

Sin embargo, esas razones no convencieron ni al PP ni a Junts, tampoco, por supuesto, a Vox. El primero exhibió su rechazo frontal al próximo Gobierno de Sánchez y a la ley de amnistía. Y el segundo expresó las dudas que le merecían lo expuesto por el candidato durante su intervención. Núñez Feijóo avisó de emprender una batalla contra la amnistía en todos los frentes, incluyendo el filibusterismo en el Senado. Acusó al presidente del Gobierno en funciones de cometer “fraude electoral” y “corrupción política”, a cambio de ambiciones personales,  por impulsar una medida que no figuraba en su programa electoral. Y se erigió defensor de esa España supuestamente  humillada y traicionada por el candidato socialista. Al menos reconoció, después de que  el candidato le enumerase las veces que la derecha ha esgrimido la amenaza de ruptura de España cuando la izquierda asume el poder. que la mayoría parlamentaria que sustentará al Ejecutivo es legítima, aunque esos votos, añadió inmediatamente, no los consiguió limpiamente, “sino que los ha comprado firmando cheques que pagarán todos los españoles”.  La extrema derecha, por su parte, calificó al futuro Gobierno de Sánchez de ilegal y comparó al candidato con Hitler: “Hitler también llegó al poder mediante elecciones y después maniobró para liquidar la democracia”. Y acusó a Sánchez de preparar un golpe de Estado en connivencia con las minorías separatistas. La presidenta del Congreso le conminó a rechazar las alusiones antidemocráticas y, al negarse el portavoz, ordenó que se retiraran del diario de sesiones. Tras la furibunda intervención de su líder, los integrantes de Vox abandonaron sus escaños y no esperaron siquiera la respuesta del candidato.

Pero quien se mostró más contrariada con los mensajes de Sánchez, que consideraba como un perdón a la medida de gracia para los autores del procés, fue la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras. Esta le recordó al candidato desde la tribuna que el pacto suscrito entre PSOE y Junts no era para iniciar ningún diálogo, sino para entablar negociaciones de igual a igual, como dos naciones, para resolver un conflicto político. Y que si no se cumplían todos los acuerdos firmados, la legislatura no estaría garantizada. Por unos instantes,  los votos de Junts para la investidura parecieron estar en el aire, y de hecho se celebraron reuniones por los pasillos del hemiciclo para restablecer la confianza. La portavoz reclamó a Sánchez el compromiso de cumplir las 1.486 palabras firmadas en el pacto de Bruselas, cosa que hizo Sánchez en su respuesta.

Con los apoyos garantizados, a pesar de las desconfianzas y las dudas, el candidato sólo tuvo que esperar la votación nominal de los 350 miembros del Congreso de los Diputados, que le nombraron presidente por mayoría absoluta, con 179 votos a favor y 171 en contra. Era la tercera vez que el líder socialista ganaba una investidura, iniciando una legislatura que se espera complicada y en tensión. El damero, al fin, se había completado.

El damero de la investidura (II)

En una entrega anterior hacíamos la comparación del resultado de las elecciones generales de julio pasado con un damero por el número de palabras (siglas) con las que debía jugar la partida política quien desease ser investido por el Congreso de los Diputados presidente del Gobierno. En aquella ocasión expusimos las dificultades a las que se enfrentó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para completar un resultado del damero que le fuera favorable, fracasando en el intento. A pesar de considerarse vencedor de las elecciones, gracias al número de votos cosechados en las urnas, no pudo reunir las palabras (siglas) suficientes para conseguir ser investido, y salió derrotado. Tenía más votos, pero no más apoyos para su investidura. Y, como estaba anunciado, resultó fallida.

A los pocos días, otro contrincante con posibilidades lo intentaría, convencido de que, aunque con un millón menos de votos, obtendría mayores apoyos parlamentarios para conseguir la investidura. Y desde entonces, Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente en funciones del Gobierno, está negociando los favores de las siglas que podrían permitirle mantenerse en el poder, reeditando un gobierno de coalición con Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, su actual vicepresidenta en funciones y con quien acaba de acordar un programa para toda la legislatura.

Sin embargo, el asunto más controvertido para lograr la investidura es la exigencia,  por parte de los partidos independentistas catalanes, de una amnistía para los encausados –políticos y funcionarios- en el caso del procés, el “conflicto” judicial catalán derivado de la consulta no autorizada, y por tanto ilegal, realizada a los ciudadanos de aquella comunidad y, a tenor de sus discutibles resultados (pues carecían de las debidas garantías), declarar, para dejarla acto seguido en suspenso, una República catalana, contraviniendo en fondo y forma la Constitución española, que no contempla más nación que España.

Se  trata, para contextualizar, de un histórico problema (no conflicto) territorial que afecta a las nacionalidades vascas y catalanas, las cuales, por sus aspiraciones soberanistas, no acaban de encontrar acomodo en la construcción del Estado en España. La última solución, el Estado autonómico -prácticamente federal- diseñado por la Constitución de 1978, con comunidades autónomas de ocho provincias, cuatro uniprovinciales, unas con fueros especiales y otras sin fueros pero con distinta intensidad por razones lingüísticas, no termina de cuajar definitivamente. De ahí los “conflictos” que todavía surgen en el mapa autonómico español a causa de aquellas regiones a las que la autonomía no les parece suficiente porque no garantiza su singularidad lingüística o identitaria (hecho diferencial) que pretenden distinguir y preservar.

Un problema que, en el caso de Cataluña, la amnistía que se debate en las negociaciones intenta devolver al ámbito de la política y canalizarlo a través de los cauces pacíficos y legales que contempla la Constitución. Tal es el nudo de las negociaciones que está desarrollando el candidato socialista para su investidura y sobre las que impera un atronador y sospechoso silencio. Un mutismo que se acompaña, además, de la parálisis casi absoluta del funcionamiento de un Congreso formalmente constituido que debería ejercer el pertinente control del Gobierno cuando, precisamente, España ostenta la presidencia rotatoria de la UE y se enfrenta, para si fuera poco, al estallido de otro conflicto bélico entre Israel y la milicia armada palestina de Hamás en la Franja de Gaza. Además, a ello  habría que añadir los compromisos políticos, económicos y militares que el Gobierno mantiene con Ucrania en la guerra que libra dicho país contra la invasión rusa. Y las medidas que implementa para garantizar los suministros energéticos y comerciales afectados por el boicot impuesto por la UE a Rusia. ¿Qué iniciativas está tomando el Gobierno en relación con estos y otros asuntos? Y es que, por muy en funciones que esté el Gobierno, el poder legislativo no puede quedar al margen de la acción del Gobierno. Y menos aun, precisamente, cuando el Poder Ejecutivo se halla en funciones y con sus prerrogativas limitadas.

En este interregno entre una investidura y otra, el candidato conservador, derrotado en la primera investidura, ha continuado tratando de impedir o, al menos, desprestigiar no sólo esas negociaciones que con él no fructificaron, sino la probabilidad de que el candidato socialista pudiera coronar con éxito la suya. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Esta ofensiva contra Pedro Sánchez  y sus negociaciones con los independentistas comenzó incluso antes de que se celebrase la sesión de investidura de Núñez Feijóo, congregando en Madrid a más de cuarenta mil personas para protestar contra quien todavía ni siquiera era candidato al segundo proceso de investidura.

Previamente habían ensayado con otro mitin en Santiago de Compostela, que también contó con el protagonismo del candidato conservador en la tribuna de oradores, desde donde profirió su habitual retahíla de amenazas y admoniciones contra el socialista y sus pretensiones gubernamentales. Esta campaña callejera de rechazo tuvo su momento álgido durante la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, convocada por la Societat Civil Catalana, que congregó a la flor y nata del conservadurismo patrio que no acepta su derrota electoral. Hasta la Ciudad Condal se desplazaron sus más egregias figuras, como Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal y el mismo Núñez Feijóo, entre otras.

Pero no se resignan. Continúan organizando actos y manifestaciones en contra de un probable Gobierno progresista. Es por ello que el mitin que no pudieron celebrar en Málaga, por estar ocupado con antelación el espacio previsto, lo trasladaran a Toledo, donde Feijóo, acompañado de la plana mayor de su partido, ya dio por superada la investidura de Sánchez, advirtiendo de que tal Gobierno nacería muerto, puesto que “los españoles no están dispuestos a perder la dignidad”. Los demás oradores abundaron en la misma sintonía catastrofista. Pero, por si alguien no se había enterado, el mismo cartel que arropa al derrotado candidato conservador no descarta retomar la organización del mitin de Málaga y, a primeros de noviembre, celebrar otro en Valencia.

Con todo, el acto más contundente contra de la amnistía y un probable Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por nacionalistas e independentistas, tuvo por escenario institucional el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta. Los conservadores convocaron la comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, a la que todos los presidentes autonómicos están invitados por sistema. Como era patente que se trataba de una sesión forzada por el PP para hacer oposición al Gobierno en funciones a cuenta de la amnistía, los presidentes autonómicos socialistas evitaron la encerrona y no asistieron, como también hizo el lehendakari vasco, Urkullu. No obstante, el que menos esperaban, el presidente de la Generalitat de Catalunya, se presentó.

 Pere Aragonés acudió a la comisión senatorial e intervino, hablando en catalán, para defender la Catalunya de todos. Y también advirtió que la amnistía y un referéndum  de autodeterminación serían las metas que culminarían el conflicto que enfrenta aquella comunidad con el Estado. Acabada su intervención, el presidente catalán abandonó la Cámara sin escuchar al resto de intervinientes. Y ese resto de presidentes se despachó a gusto contra la posible amnistía y en denostar al futuro Gobierno aun no constituido.

Llama la atención que tal uso partidista e instrumental del Senado fuera posible porque su presidente es un hombre fiel al Partido Popular, es decir, un disciplinado militante fiel a su líder, por lo que participa, como un engranaje más, de la estrategia conservadora para torpedear la investidura de Pedro Sánchez o complicarle la legislatura, si resulta investido. De hecho, este altísimo senador ha reconocido que el Senado será, en manos de los `populares´, una trinchera idónea contra un Gobierno al que consideran inmoral, indigno e ilegítimo, y al que procuran obstaculizar de tal modo que se vea obligado a convocar nuevas elecciones, como desearía Núñez Feijóo, el líder que designó a tan obediente afiliado para ocupar la presidencia de la Cámara Alta. Y así se porta.

Claro que también el Congreso de los Diputados no está exento de los manejos de los partidos que hacen prevalecer sus mayorías. Tanto es así que, si al candidato conservador se le concedió el plazo de poco más de un mes para reunir apoyos a su investidura, al candidato socialista no se le limita plazo alguno para articular las negociaciones que podrían facilitarle la suya. De hecho, sólo está concernido por la norma que regula que, tras una primera investidura fallida, al cabo de dos meses se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones. Esto es, el 27 de noviembre. El  tiempo, por tanto, transcurre sin que nadie sepa cuándo se convocará  el pleno para el debate de investidura  de Pedro Sánchez ni el contenido de las silentes negociaciones que mantiene para conseguir dicha investidura. Tal mutismo, reconocido por los propios negociadores, es sepulcral, aunque prometen transparencia con sus  resultados. ¿Cuándo será eso?

Hay que reconocer que quien disfrutó de una mayor interinidad en el Gobierno fue Mariano Rajoy. Este se mantuvo durante 314 días en funciones (más de 10 meses), desde los comicios de diciembre de 2015 hasta su investidura en octubre de 2016. Y causó una parálisis parlamentaria semejante, hasta el extremo de que el Tribunal Constitucional dictaminó, en una resolución de 2018, que “el hecho de que el Gobierno –el del PP en aquel entonces- estuviera en funciones no impedía la función de control de las Cámaras”.

Como se ve, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo ese inesperado elogio de Núñez Feijóo a la sinceridad de Puigdemont (aquel “fugado” catalán, ¿se acuerdan?), a quien dice ahora respetar. ¡Qué misterios aparecen en este damero de la investidura!  

El damero de la investidura (I)

En julio se celebraron elecciones generales anticipadas cuyo resultado parece más un damero que una sentencia dictada por las urnas. En vez de un claro mensaje de la decisión popular, lo que surge de los comicios es un complicado crucigrama de letras o siglas con las que se deberá formar la cita que permita, a quien lo consiga, ser proclamado candidato para una investidura exitosa. Si nadie logra resolver el damero, se deberán convocar nuevas elecciones que ofrezcan otro damero con combinaciones de siglas similares. Así es el juego.

En principio, aunque a sabiendas de que no había completado el damero con la cita a descubrir, el líder conservador intentó, sin mucho interés, rellenar las casillas que le permitiesen ser investido. Para ello, reclamó, sin tener todavía resuelto el damero, que lo propusieran como candidato, mientras cuestionaba a los demás jugadores por no ayudarle a descubrir la palabra oculta y por no dar como válido su incompleto crucigrama. Incluso pretendió crear normas nuevas que le permitieran proclamarse ganador por reunir el mayor número de puntos o votos, siendo perfecto conocedor de que no son los puntos sino el número de casillas completas o apoyos parlamentarios los que dan la victoria, pues permiten armar la cita oculta que hace ganador a un candidato. El jugador conservador sólo había podido descubrir las siglas de tres casillas: Vox, CC y UPN. Pero eran insuficientes para elaborar la frase `mayoría parlamentaria´ con la que se resolvía el damero y se ganaba el juego. Y se enfadó. Se enfadó muchísimo desde que vio el damero surgido de las urnas y al que tenía que enfrentarse.

Con todo, se le dio una oportunidad para que resolviese el damero con algo más de tiempo. Pero en vez de dedicarse a ello, ha empleado ese plazo en cuestionar y boicotear a otro competidor que podía presentar un damero mejor rellenado. Como jugador, no soportaba que nadie le ganase la partida. No se había preparado para ser derrotado. Y menos aun cuando creía que el juego estaba hecho a su medida, que iba a ganarlo de carretilla. Pero se equivocó: sobrevaloró sus fuerzas. Y desde entonces anda refunfuñando y haciendo advertencias apocalípticas y descalificando a todo el mundo que no admite su victoria por puntos.

Así, en vez de asumir su derrota y renunciar a cantar una victoria que nadie le reconocía, se dedicó a armar mucho alboroto, mediante amenazas y movilizaciones de sus seguidores, para que su competidor no pudiera ser propuesto o, si lo conseguía y ganara, deslegitimar su probable éxito. Es la triste reacción de un mal perdedor que no es nueva en su equipo, pues se trata de una  estrategia, algo chapucera pero bastante eficaz, que ya habían empleado en otras ediciones del juego, consistente en propalar infundios e insidias con mucho ruido para poner nervioso al público con el fantasma del rompimiento de España.

Fue justamente lo que hicieron,  en 2004, cuando se enfrentaron a Zapatero, un jugador novato recién ascendido en su equipo, que consiguió completar, contra todo pronóstico, aquel damero a pesar de batirse con otro jugador conservador, otro gallego apellidado Rajoy, todo un veterano que creía, como su paisano Feijóo actualmente, que la victoria estaba cantada. Y como hoy con el pretexto de una amnistía, aquellos perdedores de 2004 se emplearon a fondo entonces para deslucir la victoria del ganador mediante una agria campaña de movilizaciones, manifestaciones, mesas petitorias, boicots a productos catalanes, acusaciones de atentar contra la democracia y la igualdad de los españoles, con la excusa de una oportuna y aprobada legalmente reforma del Estatut de Catalunya, cuyo articulado era calcado al de Andalucía.

En aquella ocasión, como hoy, los perdedores vocearon indignados que aquel novel contrincante había incurrido, para completar el damero, en el uso de siglas de partidos independentistas y de herederos del terrorismo, como si tales siglas no formaran parte del juego y no fuesen representativas de la pluralidad parlamentaria que ampara la Constitución, siendo sus votos y apoyos igual de válidos que cualesquiera del Parlamento. ¿Les suena la argucia?

Se trata del mismo argumentario e idéntica reacción del actual perdedor ante un resultado que no ha salido como esperaba. Pero exhibiendo mayor hipocresía, porque hoy reconoce la validez de los apoyos de los nacionalistas catalanes y vascos si sirven para que el jugador conservador gane la partida, pero que considera inadmisibles si contribuyen a que el contrincante progresista complete el damero, como se prevé. De ahí esa reacción visceral y exagerada, basada en mentiras, bulos, tergiversaciones y descalificaciones, del actual perdedor, quien niega  legitimidad y hasta considera indigno cualquier acuerdo o resultado que no le favorezca.

Es así como, de aquellos barros, estos lodos que hoy enfangan y judicializan las relaciones de Cataluña con el resto de España. Y también la polarización, los enfrentamientos y la desconfianza que tensionan no solo la política, sino la convivencia entre catalanes y el conjunto de España. Sin embargo, esos perdedores enrabietados no escarmientan y continúan con el mismo proceder, como acostumbra el equipo que abandera el nacionalismo español intolerante, excluyente y antidemocrático. Por eso salen en tromba a demonizar a cualquiera que gane el damero si no pertenece a su equipo.

Todo lo que consiguió el candidato conservador fue perder el tiempo, obtener el fracaso previsto de su investidura, verse identificado con su único socio, la ultraderecha irredenta, lo que le granjea el aislamiento de todos los demás jugadores, y consolarse con un mitin callejero de autoestima donde pudo arengar a los suyos con sus manidas amenazas y aspavientos. Ni tan siquiera el apoyo senil de incorruptas “momias del 78” –no solo de su equipo, sino también de las del contrario- permitió que completara con éxito el juego. Su actuación fue todo un lío de contradicciones y bandazos que de nada sirvieron para que reuniese las siglas necesarias. El damero, al parecer, se le atragantó y no supo, no pudo o no quiso resolverlo como establece la normativa.

Porque, en vez de presentar al jurado parlamentario las casillas perfectamente rellenadas del damero, pretendió poner en cuestión las de su adversario, a pesar de que este todavía no podía competir, ni siquiera se había presentado a jugar. Buscó desesperadamente un cuerpo a cuerpo que el otro rehusó e ignoró ostentosamente. Consciente, al fin, de su inevitable derrota, sólo pudo intentar achacarla a supuestos principios que le impedían ganar a cualquier precio. Es decir, adoptó la actitud del zorro ante las uvas: no las cogía porque no estaban maduras, no porque no podía alcanzarlas. No se daba cuenta de que había asumido los postulados de su único socio ultra, y que lo alejan del resto de jugadores, cuando rechazaba el “adoctrinamiento en las escuelas”, las “visiones apocalípticas” del cambio climático, la “dictadura del activismo” de la transición ecológica, el “karaoke” del Congreso por el uso de las lenguas oficiales de España, y tachaba de “inmoral” a Pedro Sánchez por pactar con los independentistas. También por hablar del “encaje de Cataluña” sin explicar nada al respecto y demostrar, así, su evidente imposibilidad de entendimiento con los nacionalismos periféricos, incluidos los de su ideología conservadora, como son el PNV (vasco) y Junts per Catalunya (catalán).    

Fue de este modo como Alberto Núñez Feijóo, para desconsuelo en su equipo y seguidores, no consiguió las uvas que pretendía. Las 172 que logró arrancar, en las dos tandas en que pudo intentarlo, eran insuficientes para llenar el cesto de su ambición presidencial. No completó el damero, como estaba cantado. Tanto presumir, con paseíllo teatral a la entrada del palacio de juego, para acabar como un mal perdedor que sigue creyendo que le hacen “estafa electoral” y que su contrincante es un "cobarde", como le gritó su bancada en el Parlamento, porque no participa de su estrategia de enfrentamiento personal, a quien acusa de ganar -cosa que aun no se sabe- por plegarse a los “chantajes” de sus socios.

Fue, en fin, la crónica de una derrota anunciada. A ver qué hace ahora el contrincante progresista y actual campeón del juego en funciones. Todavía está en el aire el título.