El damero de la investidura (y III)

Al fin se ha completado el damero. Había comenzado a completarse cuando Pedro Sánchez admitió por primera vez la amnistía en una reunión del Comité Federal del PSOE. Ha transcurrido algo más de un mes entre la investidura fracasada del candidato conservador  Alberto Núñez Feijóo y la exitosa del socialista. Tal ha sido el tiempo que ha necesitado este último para rellenar las casillas que le permitirían resolver el damero de su investidura. Pero no ha sido sin dificultades y obstáculos, como corresponde a la política de altura: negociar, ceder, exigir y pactar hasta lograr consensos.

El juego comenzaría el pasado 23 de julio, cuando el Partido Popular cosechó mayor número de votos en las elecciones, pero no consiguió ni los escaños suficientes ni los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno de coalición con VOX. Tal imposibilidad permitiría al candidato del PSOE optar a la investidura, iniciando negociaciones y alcanzando acuerdos con las formaciones que no apoyaron al candidato conservador, haciendo depender su éxito al pacto con partidos nacionalistas e independentistas más pequeños, además de Sumar, que agrupa a Podemos y un rosario de formaciones izquierdistas.

Conforme sellaba pactos con todos esos partidos, aumentaba  el enfado de la derecha derrotada en las urnas que, con la excusa de la amnistía que se barruntaba, incendiaba las calles con manifestaciones, concentraciones y mítines. Una reacción exagerada y a veces violenta destinada a abortar la investidura del socialista con la finalidad de que se convoquen nuevas elecciones. Sólo en dos ocasiones se han tenido que repetir elecciones en España, en el período democrático, ante la imposibilidad de investir un candidato, y tal era el objetivo de las movilizaciones convocadas por el PP y Vox. Núñez Feijóo no dudó en expresarlo de manera meridiana: “no nos vamos a callar hasta que hablen las urnas”, haciendo caso omiso a que las urnas ya habían hablado, dando como resultado el rechazo a su investidura. Una reacción nacida de la frustración por no detentar el poder. Su enfado no era, pues, por la amnistía, sino por un poder se les vuelve a escapar. A las derechas les enerva que vuelva a gobernar Sánchez, como explicaba The Economist a sus 27 millones de lectores.

De este modo, las manifestaciones semanales por toda España y las concentraciones diarias frente a la sede madrileña del PSOE, muchas de las cuales acabaron en enfrentamientos violentos con la Policía, han servido de prolegómeno y acompañamiento al debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.  Un debate que arrancaba con el pacto previo suscrito por el PSOE con ERC, Junts per Catalunya (independentistas y nacionalistas catalanes), PNV (soberanista vasco) y CC (nacionalista canario) que garantizaba el éxito, por 179 votos, a la investidura del socialista. Había una enorme expectación ante el discurso de Sánchez por su promesa de promover una amnistía a los encausados del procés, es decir, a los autores (políticos, civiles, funcionarios) que promovieron un referéndum ilegal y una declaración fugaz de independencia en Cataluña, incumpliendo la legalidad, alterando la convivencia entre catalanes y el resto de España y deteriorando profundamente las relaciones políticas e institucionales entre aquella comunidad y el Estado.

Para las derechas la amnistía, en vez de ser contemplada como una medida excepcional para superar el profundo desencuentro que nunca debió de judicializarse y como una oportunidad para encauzar el problema territorial con Cataluña a través del diálogo, la negociación y la política, basados en el respeto a la legalidad y la Constitución, la apreciaban llanamente como una traición a la patria y una ruptura, una vez más, del país. Máxime cuando el pacto entre el PSOE y Junts incorpora el término lawfare (persecución judicial), referido a las comisiones parlamentarias que prevé sobre los casos `Pegasus¨ (escuchas telefónicas a políticos catalanes e, incluso, al presidente del Gobierno) y el denominado  `policía patriótica´ (utilización de la policía durante los gobiernos de Mariano Rajoy para criminalizar a políticos catalanes, entre otros), pero que nada tiene que ver con controles parlamentarios sobre decisiones judiciales. Las derechas ven en la amnistía una extinción del Estado de Derecho y un ataque a la igualdad de todos ante la ley. Esta crítica se ha visto acompañada por toda clase de políticos conservadores, togados corporativistas y demás partidarios del enardecimiento callejero por cualquier motivo. Es sorprendente que jueces y magistrados se concentren exigiendo la independencia del Poder Judicial en protesta por una iniciativa política del Poder Ejecutivo, que se coinvertirá en ley de acuerdo con el procedimiento legal del Poder Legislativo. Tal es el batiburrillo que las derechas han organizado en las calles.      

Descontado, por los acuerdos previos, el éxito de la investidura, lo que más expectación suscitaba del debate eran las explicaciones y argumentos que ofrecería el candidato sobre la cuestión que más recelos y críticas ha generado y que ha polarizado a buena parte de la sociedad: la amnistía. Pero en la primera sesión, de once horas de duración, Pedro Sánchez defraudó. La amnistía sería abordada fugazmente y sin convicción. Se limitó a ofrecer dos razones, a su juicio, nacidas de una necesidad convertida en virtud: atender el resultado de las urnas, que otorgaron mayoría a un gobierno progresista  frente a otro sostenido por la extrema derecha.  Y en la conveniencia de apostar por la convivencia y el cierre de heridas, gracias al perdón de la medida de gracia, para finalizar la situación anómala de la representación política en Cataluña, donde cerca de la mitad de la población respaldó las iniciativas ilegales promovidas por los independentistas. Que estos pacten, a partir de ahora, la defensa de sus ideas con sujeción a las leyes y dentro del marco de la Constitución, comprometiéndose con la gobernabilidad del país y renunciando a la unilateralidad, es una medida que medios como Finanfcial Times, The Econoimist o The Guardian, relevantes en sectores económicos moderados y liberales, estiman muy positivo para resolver el conflicto.  

Sin embargo, esas razones no convencieron ni al PP ni a Junts, tampoco, por supuesto, a Vox. El primero exhibió su rechazo frontal al próximo Gobierno de Sánchez y a la ley de amnistía. Y el segundo expresó las dudas que le merecían lo expuesto por el candidato durante su intervención. Núñez Feijóo avisó de emprender una batalla contra la amnistía en todos los frentes, incluyendo el filibusterismo en el Senado. Acusó al presidente del Gobierno en funciones de cometer “fraude electoral” y “corrupción política”, a cambio de ambiciones personales,  por impulsar una medida que no figuraba en su programa electoral. Y se erigió defensor de esa España supuestamente  humillada y traicionada por el candidato socialista. Al menos reconoció, después de que  el candidato le enumerase las veces que la derecha ha esgrimido la amenaza de ruptura de España cuando la izquierda asume el poder. que la mayoría parlamentaria que sustentará al Ejecutivo es legítima, aunque esos votos, añadió inmediatamente, no los consiguió limpiamente, “sino que los ha comprado firmando cheques que pagarán todos los españoles”.  La extrema derecha, por su parte, calificó al futuro Gobierno de Sánchez de ilegal y comparó al candidato con Hitler: “Hitler también llegó al poder mediante elecciones y después maniobró para liquidar la democracia”. Y acusó a Sánchez de preparar un golpe de Estado en connivencia con las minorías separatistas. La presidenta del Congreso le conminó a rechazar las alusiones antidemocráticas y, al negarse el portavoz, ordenó que se retiraran del diario de sesiones. Tras la furibunda intervención de su líder, los integrantes de Vox abandonaron sus escaños y no esperaron siquiera la respuesta del candidato.

Pero quien se mostró más contrariada con los mensajes de Sánchez, que consideraba como un perdón a la medida de gracia para los autores del procés, fue la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras. Esta le recordó al candidato desde la tribuna que el pacto suscrito entre PSOE y Junts no era para iniciar ningún diálogo, sino para entablar negociaciones de igual a igual, como dos naciones, para resolver un conflicto político. Y que si no se cumplían todos los acuerdos firmados, la legislatura no estaría garantizada. Por unos instantes,  los votos de Junts para la investidura parecieron estar en el aire, y de hecho se celebraron reuniones por los pasillos del hemiciclo para restablecer la confianza. La portavoz reclamó a Sánchez el compromiso de cumplir las 1.486 palabras firmadas en el pacto de Bruselas, cosa que hizo Sánchez en su respuesta.

Con los apoyos garantizados, a pesar de las desconfianzas y las dudas, el candidato sólo tuvo que esperar la votación nominal de los 350 miembros del Congreso de los Diputados, que le nombraron presidente por mayoría absoluta, con 179 votos a favor y 171 en contra. Era la tercera vez que el líder socialista ganaba una investidura, iniciando una legislatura que se espera complicada y en tensión. El damero, al fin, se había completado.