“P´adelante”, como sea

Cierto sector del poder judicial está ejecutando aquel llamamiento genérico “el que pueda hacer, que haga” que verbalizó el expresidente José María Aznar hace unos meses. La orden se está cumpliendo a rajatabla por todos a los que iba dirigida, tanto en el ámbito político, mediático y, como vemos, también el judicial, sin que siquiera los togados guarden las formas y se preocupen en maquillar sus sentencias, ajustándolas al derecho.

Existe una cacería contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez desde el primer minuto en que accedió al Poder Ejecutivo y, especialmente, desde que concedió, en 2021, el indulto a los líderes independistas catalanes encarcelados por sentencia del Tribunal Supremo, entre ellos al expresidente del Govern Oriol Junqueras, y por la Ley de Amnistía que aprobó en 2024 para la normalización institucional, política y social de Cataluña, que, según cálculos, afectará a más de trescientas personas inmersas en procesos judiciales a causa del procés.

La derecha, tanto política como judicial, no perdona la política conciliadora del Gobierno con Cataluña, ni que rebaje la consideración de delitos de sedición y rebelión a los desórdenes públicos acaecidos en aquella comunidad a causa de las manifestaciones por la independencia y el posterior referendo ilegal. La extrema violencia policial con la que se trató de impedir la consulta y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en octubre de 2017, para “suspender” la autonomía en Cataluña, fueron las armas con las que se combatió un problema político. Hay que recordar que con aquellas medidas se disolvió el Parlament, el Govern quedó destituido y el Gobierno central asumió temporalmente la gestión de las consejerías de la Generalitat.

Por todo ello, existe una ofensiva judicial por parte de un número reducido de jueces, con el apoyo tácito o implícito de parte del colectivo, contra el Gobierno de Sánchez por motivos que solo pueden hallarse en la política, como advierte Carlos Elordi en un artículo publicado en noviembre de 2025.

Ese contexto, junto al apoyo que el Gobierno cuenta en el Congreso de partidos nacionalistas o independentistas del País Vasco y Cataluña, cuyos votos permitieron la investidura del líder del PSOE, es lo que explica la radical virulencia de la derecha contra Pedro Sánchez, a quien no le reconocen los indiscutibles éxitos alcanzados, durante sus mandatos, en el plano económico, laboral, internacional y social.

Es llamativo, si no fuera preocupante, encuadrar en esa ofensiva aquella manifestación de jueces y fiscales, con sus togas a las puertas de Palacios de Justicia, contra la ley de amnistía que entonces aun se estaba elaborando. A pesar de estar obligados a que sus opiniones políticas no influyan en el ejercicio profesional como jueces, no se recatan de exhibir su ideología y, lo que es peor, que esta impregne sus sentencias.

Tanto es así que el destino del actual Gobierno está en manos de estos jueces, algunos de los cuales se comportan con un componente de soberbia apenas disimulado y que genera desconfianza, cuando no estupefacción, en la ciudadanía. Es la que muestra el juez Juan Carlos Peinado con su instrucción prospectiva -expresamente prohibida en el proceso penal- contra la esposa del presidente del Gobierno, en su búsqueda desaforada de algún indicio delictivo que permita condenarla. Se trata de un ejemplo palmario de utilización de la justicia con fines políticos: lo que se conoce como lawfare.

Fue también el caso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez Rodriguez, que perdió su escaño en el Congreso por una condena, en 2021, de inhabilitación que tres años después anuló en Tribunal Supremo. Para entonces, ya estaba fuera de la institución, por lo que el castigo era irreversible.

Y es también el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz -utilizado como pieza para asediar y obligar dimitir a quien lo nombra, el presidente del Gobierno-, a quien ha condenado el Tribunal Supremo a la pena de inhabilitación por revelación de datos reservados, sin pruebas irrefutables y basado en argumentos voluntaristas y en un bulo calumnioso, que reconoció falso, su propio autor, el “Rasputín” de la líder de la derecha y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un acoso al Gobierno al que ese colectivo conservador de jueces y magistrados del Poder judicial se ha sumado mediante la última, que no definitiva, sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación en la plaza que consiguió para dirigir el conservatorio de música de Badajoz. Únicamente los funcionarios y la autoridad pueden cometer prevaricación en sus funciones, no los ciudadanos candidatos a cubrir una plaza. Y su hermano, Pedro Sánchez, ni siquiera era líder de su partido ni había accedido a la presidencia del Gobierno. No era nadie para influir en ninguna administración. Pero para el tribunal, el imputado cometió delito de prevaricación, aunque no haya prueba de cargo directa, aunque sí indicios de irregularidades en la creación de la plaza y en su adjudicación, algo que resuelven diariamente en nuestro país la jurisdicción contencioso-administrativa, no los tribunales penales. Pero como no puede ser condenado por prevaricación, se le condena por “colaborador necesario” por presentarse a la plaza siendo quien es, el hermano del futuro presidente del Gobierno.

Y como estos, incluido el de Mónica Oltra en Valencia, muchas otras actuaciones del conservadurismo reaccionario que aun anida en la judicatura y que no hacen ascos al uso espurio de la justicia con fines políticos. Cosa que se explica, pero no justifica, si atendemos a la procedencia de esos jueces o de sus descendientes, pues se trata de una judicatura que transitó directamente desde la dictadura a la democracia sin la debida “modernización” ni actualización al régimen democrático. De ahí la abrumadora derechización que sufre la justicia y su tendencia al lawfare, al que concurren actores del ámbito político, mediático, económico, social y hasta religioso.

La primacía de la derecha en el Poder Judicial se evidencia en cifras: de sus 5.500 jueces, solo dos fueron candidatos progresistas para 118 plazas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia autonómicos, según recoge el exjuez Baltasar Garzón en su libro La democracia amenazada (Planeta, 2026).

Es patente, por tanto, que asistimos a una campaña de “acoso y derribo” contra el actual Gobierno de España en la que participan individuos sumamente poderosos del mundo de la judicatura, empeñados en acabar como sea con un Gobierno al que consideran ilegítimo desde que fue nombrado por el Congreso de los Diputados. Jueces y fiscales que responden al mandato “del que pueda hacer, que haga”. Y no se paran en consideraciones legales o morales para, en connivencia con sectores de la política y los medios de comunicación, lograr sus propósitos sin esperar al resultado de las urnas. Tampoco les detiene el deterioro de las instituciones ni la desconfianza y la desafección que generan en la ciudadanía. El ambiente de crispación y polarización que provocan con sus exageraciones, denuncias y manipulaciones maniqueas favorece sus objetivos de alterar el normal desenvolvimiento político. Aunque asqueen y desmotiven al votante.

Pero si la situación es tensa y grave, no me quiero imaginar lo que podría pasar si, por malicias del destino, Pedro Sánchez vuelve a ganar las próximas elecciones, contra todo pronóstico y a pesar de la presión judicial que soporta en su entorno familiar, con su hermano y su mujer condenados. No soy capaz de pensar lo que harían estos que creen que la única España posible es la que ellos representan, que la única Patria es su patria. Dios nos coja confesados.

Una Andalucía irrespirable

Nos encaminamos hacia el verano más irrespirable que se recuerda en Andalucía, comunidad que se aprestan a gobernar la derecha “moderada” del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla -Juanma para los “amigos”- y la extrema derecha de Vox, representada por su delegado regional Manuel Gavira, mediante un acuerdo de coalición que hará posible aquel “gobierno imposible” al que temía en campaña electoral el candidato y reelegido presidente que desea ser identificado por su apelativo coloquial, como si eso “moderara” su imagen y objetivos políticos.

Se trata del `Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía´, el segundo que suscribe el PP de Andalucía con Vox desde que en 2019 Moreno Bonilla se convirtiera en el primer presidente andaluz de derechas, pacto que confirma, como ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, la voluntad de las derechas de gobernar juntas cada vez que los votos lo permitan, obviando preventivos “cordones sanitarios” contra los ultras. Antes, al contrario, se les facilita el acceso al poder en tanto en cuando el pacto conlleva la entrada al Gobierno andaluz del candidato de Vox como vicepresidente de la Junta de Andalucía y titular de la macrocartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración local. 

Todo hace presagiar, pues, un verano irrespirable, que se extenderá a lo largo de toda la legislatura que ahora se inicia, no solo por la temperatura que marquen los termómetros a causa de un cambio climático que el propio acuerdo califica de mero “fanatismo climático”, sino también por el retroceso que supondrán las 150 medidas recogidas en el citado acuerdo de gobierno, de 60 páginas, algunas de las cuales inculcan leyes en vigor o son fraudulentas por tratar materias, como la inmigración, que son competencia exclusiva del Estado.

Entre ellas, el desarrollo de la llamada “prioridad nacional” que la extrema derecha consigue imponer allí donde sus votos son imprescindibles. Una iniciativa segregacionista que excluye el acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes no demuestren “arraigo” en Andalucía -discriminación por origen-, y que plantea, además, la supresión de ayudas, subvenciones, convenios y conciertos a ONG u otras entidades que, según el texto, contribuyan al denominado “efecto llamada” por trabajar sobre el problema de la inmigración ilegal. Prevé, incluso, “revisar” las funciones y la composición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Inmigrante.

Es, sin duda, la principal palanca legal contra la inmigración que obsesiona a la ultraderecha, y que se acompaña, como recoge el pacto andaluz, de acuerdos para rechazar y confrontar la política inmigratoria del Gobierno e impedir que Andalucía participe en la acogida de “menas” (menores extranjeros no acompañados) como solución a la saturación que soportan las Islas Canarias con la llegada ilegal de inmigrantes. Al mismo tiempo, se prohíbe el uso del burka y nicab en espacios públicos autonómicos (al parecer, un peligro de seguridad mayúsculo), así como dejar de impartir la lengua árabe y la cultura marroquí en los centros educativos de Andalucía.

El “moderado” Moreno Bonilla ha asumido sin rechistar, porque, según dice, lo mismo se ha firmado en “otros sitios”, tal planteamiento xenófobo que responde a prejuicios ideológicos que criminalizan la inmigración. Es su forma de “normalizar” políticas racistas a pesar de estar demostrado que la diversidad cultural no diluye ninguna identidad, sino que la enriquece, ni tampoco perjudica la convivencia, puesto que favorece la tolerancia pacífica en cualquier sociedad plural y democrática.

Otras medidas ponen en la diana los avances en la igualdad y protección de la mujer. En ese sentido, el pacto recoge que se derogará toda norma basada “en el criterio de ideología de género”, como la Ley Trans, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y, en definitiva, todo lo que la ultraderecha califica de “ideología” feminista.

Y es que los rancios “ultras” posfascistas están convencidos de que cualquier iniciativa por equiparar en derechos a la mujer con el hombre y aquellas otras tendentes a luchar por protegerlas contra la violencia machista, no son más que rémoras de una peligrosa ideología feminista que socava la sociedad y la relación entre hombres y mujeres, tal y como ellos la entienden.

Tanto es así que hasta la existencia del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuyas iniciativas sociales persiguen la defensa de esos avances en derechos de la mujer, será objeto de revisión y nueva definición, sea lo que sea lo que eso signifique, seguramente a peor, para ellas.

Quiere decirse, por tanto, que se espera a partir de verano en Andalucía un mazazo contra las políticas de solidaridad y respeto a la dignidad de hombres (inmigrantes) y mujeres (víctimas del machismo) hasta ahora vigentes. Para combatirlas, la obsesión racista y antifeminista de la extrema derecha busca insistentemente limitarlas o derogarlas, como propugna su reaccionario ideario, mediante compromisos que pacta en los gobiernos a los que accede. Y lo grave es que, cada vez que resulta necesario, la derecha “convencional” asume sin pudor tal ideario para conservar o acceder al poder, incluso compartiéndolo con Vox, como se ha evidenciado allí donde gobierna gracias al apoyo de los ultras.

Es previsible que este ambiente asfixiante se agudice todavía más conforme se vaya aplicando el resto de las medidas que recoge el citado acuerdo. Porque, aparte de las comentadas, se contempla la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, lo que obstaculizará, más si cabe, la exhumación de restos óseos de las personas asesinadas y enterradas sin identificar en fosas comunes durante la Guerra Civil, así como  el estudio y conocimiento -para evitar repetir los mismos errores- de ese pasado ignominioso que continúa influyendo en el presente, junto a la valoración crítica y rigurosa de lo que supone la restauración de la democracia en nuestro país tras las secuelas de una sangrienta dictadura de cuatro décadas. Se nos niega, así, que tengamos memoria de las páginas más negra de nuestra historia.

Asimismo, el pacto de PP y Vox cuestiona la Política Agraria Común (PAC), rechaza el acuerdo UE-Mercosur, discrepa de la condicionalidad climática, del Pacto Verde y la Agenda 2030 sobre sostenibilidad medioambiental que, en opinión de los ultras, perjudica al sector primario. Sin embargo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) muestra sus reservas a esas medidas pactadas porque, a su entender, no afrontan los principales retos del campo andaluz y contienen planteamientos que contradicen la realidad del sector, que sufre las consecuencias del cambio climático que en ellas se cuestiona y que afectan de forma directa a las cosechas andaluzas.

Incluso, para colmo, se reducen las ayudas a la cooperación internacional y las subvenciones a las organizaciones sindicales y la patronal, imprescindibles en cualquier política de concertación social.   

En cambio, como no podía ser menos, el Acuerdo de Gobierno para Andalucía señala la promoción de nuestras más acrisoladas tradiciones, como son la tauromaquia, la caza y la pesca, tan denostadas por esos conservacionistas que se abochornan de sus raíces culturales más hondas y viriles, prometiendo la reducción de todas las tasas autonómicas relacionadas con estas actividades. Coherentemente, se eliminarán tributos ligados a cuestiones medioambientales, como los impuestos a las bolsas de plástico, las emisiones de gases contaminantes y los vertidos a aguas litorales. Todo un ataque a las políticas de sostenibilidad del Medio Ambiente y del aprovechamiento racional de los recursos naturales.

En fin, lo que este resumen pronostica es que el verano en Andalucía será cualquier cosa menos agradable y tranquilo. Muchos, los más desafortunados y débiles, sudarán la gota gorda por ese sol implacable de la falta de derechos y ayudas que genera insolación por la discriminación racial y cultural, por la desigualdad y las injusticias que privilegian a una parte -dominante, eso sí- de la población y por el rechazo, la falta de solidaridad y de empatía con que se abordan los problemas sociales que a todos nos afectan.

Si todo eso no hará de Andalucía un lugar insoportablemente irrespirable, que venga dios y lo vea

La prioridad del primate

La última parida de la extrema derecha es priorizar los recursos (sanidad, educación, prestaciones, etc.) a nuestros compatriotas, a los que forman parte de nuestra “tribu”, los nativos nacionales que pertenecen a nuestro grupo social. Se creen estos ultras que han descubierto el más moderno invento de convivencia en sociedad, segregando por origen a la hora de repartir los frutos obtenidos entre todos en el territorio que habitamos. Y no saben que lo que hacen es dejarse llevar por el instinto que hemos heredado de nuestros “parientes” animales que nos son más cercanos, los primates. Es decir, se dejan llevar, como los monos, por impulsos primitivos antes que por decisiones racionales. Se comportan como animales más que como seres humanos.

Y la verdad es que no es algo extraño en el comportamiento del humano, en el que se mezclan instintos innatos con respuestas elaboradas desde el análisis racional y la previsión de consecuencias. Es algo que no podemos evitar, entre otras cosas, porque, como demostró Darwin, no es que vengamos del mono, sino que somos monos, mal que nos pese. Y la actitud de la extrema derecha viene a confirmarlo, por si los terraplanistas, creacionistas y demás “ultristas” tenían dudas.

Tanto es así que hasta la especie más pacífica de homínido solo se muestra cooperativa dentro del grupo, pero intolerante y hasta agresiva frente a otros grupos. Lo que parece, a nuestros ojos, un comportamiento generoso de fraternidad tribal, como es compartir las piezas cazadas y ayudar a otras madres con sus crías, no es más que una apuesta fruto de la evolución para con el grupo, dentro del cual es posible la existencia del individuo. No se trata, pues, de solidaridad o justicia distributiva, sino simplemente de un instinto de preservación de la especie, por encima de la del individuo, para garantizar la perpetuación o continuidad de los genes. Un instinto que induce a estos animales “pacíficos” a “priorizar” sus recursos: a los nuestros de todo, para los otros, nada de nada.

Y tal comportamiento es el que anima a los impulsores de la iniciativa de la prioridad nacional: primero los nuestros a la hora de recibir ayudas, prestaciones y derechos; los demás, que allá se las compongan. Como conducta animal, no está mal y en ciertas especies está justificado como estrategia de conservación y garantía de perpetuación y continuidad. Pero como decisión política del homo sapìens, la del vertebrado, mamífero, placentario, primate, simio y humano más inteligente del planeta -como diría juan Luis Arsuaga-, es una boutade racista, una auténtica burrada irracional, se mire como se mire, incluido desde el punto de vista económico.  

Porque, aunque en la naturaleza no existe la maldad ni la bondad, ni ninguna intencionalidad moral, los seres humanos, en cambio, nos relacionamos desde premisas éticas racionales y de justicia. Regulamos nuestros instintos primarios más primitivos mediante convenciones morales, normas de urbanidad y leyes de variado ámbito que procuran que la convivencia entre humanos sea pacífica, tolerante, equitativa y justa: lo más alejada posible de los irracionales instintos animales que aun condicionan nuestra conducta. Procuramos controlar esos instintos mediante la coacción educativa y cultural que vamos asimilando desde niños y la coacción de la fuerza que impone el marco legal en el que actuamos. En vez de instintos, elaboramos leyes y normas que eviten las discriminaciones y privilegios entre los individuos que conforman nuestra sociedad, el colectivo de lo que llamamos españoles. Y, de hecho, así queda expresamente recogido en la Constitución, al declarar el marco legal que nos ampara como un Estado social y democrático de derecho. Una ley de leyes que protege al individuo de cualquier discriminación por razón de raza, sexo, creencia, color de piel o lengua. Y que considera a toda persona, independientemente de su condición y del lugar de nacimiento, poseedora del valor intrínseco e inalienable de la dignidad, que distingue a cada ser humano por el simple hecho de existir.

Diferenciar a los habitantes de España, a la hora de merecer derechos, prestaciones y ayudas, por su origen o por un “arraigo” que no se exige a los nacidos aquí, es lo más semejante a la actitud hostil y violenta de los monos con sus parientes de otros grupos. Es un reflejo de nuestra procedencia simiesca (cuyo origen es, para colmo, africana) que reproduce la prioridad del primate. Una actitud que demuestra cuán lejos están algunos de comportarse como auténticos homo sapiens.

No todo vale

Resulta que los votos no son la única manera de tumbar a un gobierno cuando sus adversarios están decididos a desalojarlo del poder sin aguardar al veredicto de las urnas. El respeto a los procedimientos democráticos que los ciudadanos consideraban sagrados no siempre se cumple por los impacientes dispuestos al “todo vale” con tal de acceder al poder, por quienes se valen de atajos mediáticos, judiciales, policiales y de manipulación política para conseguir desgastar y obligar a renunciar a un gobierno, sea de mayoría absoluta o minoritario con apoyos parlamentarios, surgido de unas elecciones.

La lealtad política, institucional y democrática brilla por su ausencia cada vez que se recurren a tales métodos espurios de ejercer oposición. Y en España, desde hace tiempo, esta deslealtad irrespetuosa e irresponsable viene empleándose para desbancar al Gobierno desde que, en 2018, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, presentó una moción de censura al Gobierno conservador del Partido Popular (PP), presidido por Mariano Rajoy, que fue apoyada por la mayoría del Congreso de los Diputados, siendo la primera moción que tiene éxito desde la restauración de la democracia en España.

Aquella moción victoriosa venía motivada porque el PP, a tenor de las investigaciones del llamado caso Gürtel, mantenía una estructura de contabilidad “paralela” (caja B) de financiación ilegal, con la que también retribuía a altos dirigentes de la organización (entre otros, figuran apuntes a “M.Rajoy” en dicha contabilidad), mediante un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, según sentencia de la Audiencia Nacional. Es decir, se debió a la corrupción del PP confirmada por sentencia judicial. Y se justificó, como señaló Sánchez en el debate, porque “la corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aun en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad”. 

Se inicia, entonces, una campaña por deslegitimar, con razones o sin ellas, al nuevo Gobierno por parte del partido que fue desalojado abruptamente del poder, en 2018, mediante aquella moción que permitió a Sánchez ser presidente de Gobierno. El socialista se convertía, de este modo, no solo en el primer presidente que resulta investido gracias a una moción de censura, sino además en el primero que lo consigue sin ser diputado desde que existe la democracia de 1977, pues había renunciado al acta de diputado en 2016 para no compartir la decisión de “abstención técnica” que su partido había adoptado para facilitar la investidura de Rajoy. También sería el primer presidente español que domina el idioma inglés. Muchas, quizá demasiadas, novedades para el “presidencialismo” español.

Hay que recordar que el PP había ganado por mayoría simple las elecciones de 2016 y Mariano Rajoy, tras cuatro meses de negociaciones, fue investido con los apoyos de Ciudadanos y otras formaciones de la derecha, más la abstención del PSOE, en una segunda sesión de investidura. Ese gobierno conservador duró hasta 2018, cuando le fue retirada la confianza del Congreso con la cuarta moción de censura registrada en la historia de la democracia y la segunda de la XII legislatura, una de Podemos y otra del PSOE, ambas contra Mariano Rajoy.

Y con su final se ponía en marcha una campaña de desprestigio y desgaste que Rajoy exhibió ausentándose de su escaño para no reconocer con su presencia la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, legitimidad avalada por los votos del Congreso. Rajoy abandonó su escaño durante horas, ofreciendo aquella imagen del bolso de la vicepresidenta ocupando su lugar, mientras se debatía la moción y jamás volvió a sentarse en él como expresidente. Se limitó asistir dos minutos durante la segunda sesión del debate de la moción para ser el primero en felicitar al nuevo presidente, al que se acercó corriendo a estrechar la mano antes de desaparecer del hemiciclo. Fue un escueto acto de cortesía parlamentaria. Desde ese momento empezaron en el PP las acusaciones de que “el Gobierno de Sánchez es ilegítimo y se lo debe a los populistas, los viejos amigos de ETA y los enemigos de España”.

Se iniciaba, así, la campaña de “acoso y derribo” al Gobierno socialista, antes incluso de que el expresidente José María Aznar, que ejerce de oráculo del PP, solicitara aquello de que “el que pueda hacer que haga”, frase con la que llamaba a un ataque por cualquier medio contra el Gobierno con las armas que cada cual tenga (mediáticas, judiciales, policiales y políticas). Y es que, para él y los suyos, el presidente Pedro Sánchez representa “un peligro para la democracia”. Y no han parado en el empeño por todos los medios posibles (legales, alegales e ilegales) para tumbar al Gobierno. La derecha, históricamente, siempre ha tenido muy mal perder porque tiene un sentido patrimonialista del poder y considera que le pertenece por “la gracia de Dios”. Piensan que lo normal es que ellos gobiernen, y lo anormal y peligroso sería que lo haga la izquierda.

Así se ha comportado siempre la derecha de este país. Las malas artes, la mezquindad, la mentira y la marrullería han sido herramientas usuales de la derecha a la hora de enfrentarse con el adversario político. Ejemplo palmario fue la acusación de fraude de unas elecciones, en 1993, que tachó de "pucherazo". También en Andalucía, donde Javier Arenas no consiguió, pese a ganar en votos, la presidencia de la Junta. Acariciaba su sueño dorado después de intentarlo como cabeza de lista en múltiples ocasiones. Incluso la CEOE, que apoyó a sus cuates andaluces (CEA), diseñó un cartel que reproducía la imagen de una manzana y un gusano para aquellas elecciones andaluzas. Como se ve, la derecha, tanto política como económica o mediática, suele jugar sucio. 

Y lo sigue haciendo. “Acabar con el Gobierno con todos los medios a nuestro alcance hasta echar a Pedro Sánchez” es la consigna textual para todas sus iniciativas, aunque sin aclarar si han de ser también ilegales, alegales e inmorales, como las que se están produciendo actualmente a través de acusaciones falsas, bulos, información tendenciosa y zafias mentiras sobre Pedro Sánchez, su familia y el Gobierno. No importa: el fin justifica los medios. Y en esas estamos.

De hecho, ya no es solo el partido derrotado el que ejecuta en solitario un plan de acoso que le permita recuperar el poder sin esperar al veredicto de las urnas. Son también todos sus satélites afines los que están confabulados en acabar con el Gobierno socialista. Fundaciones y pseudosindicatos de extrema derecha ejercen la “acción popular” en procesos judiciales contra el Gobierno, su presidente, su familia u otras personalidades ligadas al mismo.

Es lo que se deduce de quienes han conseguido sentar en el banquillo al hermano del presidente por presunto tráfico de influencias y prevaricación, gracias a las acusaciones de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europea y PP. Toda una camarilla de entidades de marcado cariz ultraderechista que se apuntan a cualquier proceso que pueda deteriorar la confianza en el Gobierno y su credibilidad.

Los mismos que se han juramentado para encausar judicialmente a Begoña Gómez, la esposa del presidente, mediante recortes de prensa de escaso rigor, pero que han servido para que un juez emprenda una instrucción prospectiva sin elementos indiciarios y hasta con un informe en contra de la policía judicial que no halló pruebas de ilicitud en sus cuentas bancarias. Y todo por seguir ejerciendo su trabajo en una Universidad madrileña, como hacía antes de que su marido fuera presidente de Gobierno.

Tan bajo ha llegado ese afán por desprestigiar al mandatario socialista que se intentó construir un falso escándalo por el negocio de saunas que su suegro regentaba y que, según sentencia de la Audiencia Nacional en 2024, era una “actividad privada lícita”. Sin embargo, ello no impidió que el líder del PP preguntara al presidente de Gobierno, en una intervención parlamentaria de hace poco, “¿de qué prostíbulos ha vivido usted?”. Una muestra más del todo vale, hasta la infamia. 

Y es que, desde 2018 hasta hoy, una retahíla de casos judiciales acosa al Gobierno y obstaculiza e, incluso, paraliza su normal desenvolvimiento. Unos fundados y otros, no tanto. En ocho años de mandato socialista, ocho causas se han sumado contra el Ejecutivo, prácticamente a una por año, y una detrás de otra. Son las siguientes:  Casos hermano, esposa, suegro, Cerdán, Leire, Ábalos, Fiscal general y, por último, Zapatero. Para un Gobierno que nació con voluntad de erradicar la corrupción, ya que con ese motivo reemplazó a otro gobierno acusado y condenado por corrupción, parecen demasiados los casos de presunta corrupción que brotan a su alrededor, y todos ellos denunciados por sus adversarios de la derecha. No obstante, sea casualidad o no, de todos ellos deberá defenderse el Gobierno, rendir cuentas y aclarar su actuación en cada caso.

Es lo que exige la ciudadanía y lo que conviene a un sistema democrático, a pesar de que la coincidencia de todos ellos contra el Gobierno en tan breve plazo de tiempo resulte, cuando menos, sospechosa. Son explicaciones más que necesarias para evitar la desconfianza de unos ciudadanos saturados por tantos casos de corrupción que resultan ya indistinguibles: Ábalos/Koldo, Bárcenas, David Sánchez, Gürtel, Begoña Gómez, Leire, Kitchen, Plus Ultra, Cerdán, Zapatero, Aldama, Dana, Adamuz, Montoro, etc. Explicaciones imprescindibles para evitar aquello de lo que prevenía Hannah Arendt: que el individuo más conveniente para un régimen totalitario es el que no distingue la realidad de la ficción. Aclaraciones, por tanto, ineludibles que ayuden a no confundir la realidad con la ficción y no caer presa fácil de manipuladores y demagogos.

Porque la desolación y la desafección del electorado es una carcoma para la democracia. La desconfianza ciudadana en sus dirigentes abona la abstención y desnaturaliza con la ineficacia el sistema democrático. Sólo con transparencia e información, veraz y precisa, se puede combatir y contrarrestar cualquier campaña de acoso y derribo, aunque sea infundada, pero más aun si presenta motivos plausibles o indiciarios.

Es muy probable que asistamos a un cambio de ciclo político, pero este ha de producirse en las urnas y con el voto de los ciudadanos, no a causa de la desinformación, los bulos, las argucias judiciales, la presión mediática y demás artimañas políticas con las que se intenta ganar lo que no se consigue en unas elecciones. En definitiva, sin votos, no todo vale, aunque algunos crean lo contrario y hasta estén confiados en ello. Entre otras cosas, porque les sirve para que estemos hablando de cuestiones judiciales, sin que todavía exista ninguna sentencia, en vez de la acción del Gobierno y de las iniciativas legislativas que ha impulsado en beneficio de la mayoría de la población. Les sirve porque desvía nuestra atención de lo que en realidad nos interesa: salario mínimo, educación, sanidad, empleo, vivienda, pensiones, becas, igualdad, libertades, sostenibilidad, medio ambiente, dependencia, etc. ¡Mira que hay cosas de las hablar!   

Lo que nos jugamos el 17 de mayo

Nada a lo que nos expongamos el próximo 17, con las elecciones en Andalucía, será nuevo. Los proyectos o programas de las formaciones en liza son de sobra conocidos, tanto por su literalidad como por su materialización no solo en el pasado, sino por lo acordado e impulsado en el presente. Sabemos, por tanto, lo que nos aguarda tras los resultados de estos comicios en los que nos jugamos la Andalucía en la que nos gustaría vivir.

Porque la disyuntiva es clara: o un gobierno conservador de derechas, en solitario o en coalición, liderado por el Partido Popular (PP), o uno progresista de izquierdas en coalición, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No hay más opciones, sin que ninguna de ellas represente el “lío” del que nos advierte ladinamente el candidato popular y actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el fin de aglutinar el voto en sus siglas para conseguir la mayoría absoluta.

Y es que, con él como favorito en los sondeos, es fácil predecir las iniciativas que impulsaría un Gobierno andaluz bajo su batuta, tanto si lo hace en solitario como en compañía de la ultraderecha, representada por Vox. Ya dio muestras en su primer mandato de su capacidad para sumar los votos de todas las derechas que permitieron el refrendo parlamentario a su investidura.

Aunque ahora haga ascos a firmar acuerdos con Vox, ya lo hizo cuando ganó las elecciones de 2018 y formó coalición de gobierno con Ciudadanos. Pero sin el apoyo parlamentario suscrito con Vox, no hubiera sumado los votos necesarios para ser presidente de la Junta de Andalucía. Posibilitaba así que, por primera vez, se produjera la alternancia política en Andalucía, gobernada durante 36 años por el PSOE, pero también el acceso de la ultraderecha a las instituciones y que pudiera ejercer su influencia en los ejecutivos que precisan de su apoyo.

Fue la primera vez, en efecto, que, en España, la extrema derecha conseguía influir en las políticas de los gobiernos del Partido Popular. Una “novedad” que se inició en Andalucía de la mano de Moreno Bonilla. Y lo hizo sin despeinarse y con la sonrisa con la que desde entonces intenta aparentar ser amable, moderado, simpático y fiable.

Y si ya entonces no tuvo reparos en firmar un pacto por escrito con Ciudadanos y Vox, hoy también lo suscribiría desde el primer minuto en que se conozca el resultado electoral, si fuera necesario y salieran las cuentas. Además, por si hubiera dudas, es justamente lo que está haciendo su formación en todos los lugares en que ha necesitado el apoyo de la ultraderecha para formar gobierno.

En Andalucía no será, pues, diferente la estrategia de pactos del PP del que forma parte Moreno Bonilla. Y asumirá, llegado el caso, todas las políticas que le imponga su socio de extrema derecha, como han hecho los gobiernos del PP en Extremadura, Aragón, Castilla y león, Valencia y Murcia. Es decir, criminalizar al inmigrante, cuestionar la violencia machista, negar el cambio climático, aumentar la desigualdad social con el nuevo reclamo de “prioridad nacional”, adelgazar y deteriorar los servicios públicos (sanidad y educación, fundamentalmente) en beneficio de la iniciativa privada y, en definitiva, imponer progresivamente un modelo neoliberal de sociedad que abandona a los más desfavorecidos o necesitados a su suerte.

Aunque lo temamos, es lo que sabemos que hará si, como en aquellas comunidades, necesitara a Vox para gobernar. Pero lo que calla es que lo haría de cualquier forma porque su ideario es coincidente con el de la extrema derecha y solo se diferencian en la gradación a la hora de aplicarlo.

De ahí que un gobierno en solitario del PP en Andalucía no ofrezca ninguna posibilidad de políticas distintas a las que implementaría en coalición con la extrema derecha, salvo en su inmediata contundencia y sin la máscara de la hipocresía.

El de Moreno Bonilla sería semejante, en su ejecutoria y objetivos, al gobierno de Ayuso en Madrid, donde se aplican recortes a la sanidad pública mientras se aprueba la creación de nuevos hospitales privados y se concierta con ellos la prestación de los servicios más rentables. Y donde se ahoga a universidades y colegios al reducirles la financiación, aparte de otras medidas de igual talante.

O al del gobierno de Valencia, que inauguró el modelo fracasado de la privatización de hospitales, con el de Alzira en 1999, como sistema de colaboración público-privada, que aumentó la deuda y empeoró la asistencia sanitaria.

Y es que el programa que comparten todos ellos es el mismo: el del Partido Popular, cuyo objetivo ideológico es la implantación de una sociedad regida por el neoliberalismo económico, el libre mercado y la libertad individual (para sufragarse sus propias necesidades), sin que el estado regule o intervenga en nada, ni siquiera en defensa de los más débiles, los que carecen de oportunidades.

Su mantra es la reducción de impuestos, que beneficia fundamentalmente a los más pudientes, y la eliminación de “gastos” de la Administración, que perjudica a los que no pueden costearse ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni la dependencia, ni el desempleo, ni la seguridad, ni la cultura, aparte de otras muchas carencias. Y la defensa a ultranza de los valores tradicionales de España, como la familia, el matrimonio heterosexual, la religión católica, la lengua castellana y la unidad homogénea de España, lo que lo enfrenta a la diversidad cultural y social del país, a las lenguas que se hablan en determinadas comunidades autónomas (euskera, gallego y catalán), a la libertad sexual y religiosa y, en definitiva, a la pluralidad de la sociedad española y el respeto al diferente.

Unas políticas que tienen consecuencias para los ciudadanos, a veces letales. No es casual que haya sido en Madrid donde se registró la mayor mortalidad en las residencias de ancianos por la pandemia de la Covid-19 en 2020. 7.291 ancianos murieron sin asistencia médica porque el protocolo que estableció la Comunidad impedía trasladarlos a los hospitales, excepto los que tuvieran un seguro médico con clínicas privadas. Al parecer, los viejos pobres podrían colapsar unos hospitales públicos, ya de por sí desbordados, no solo por la pandemia, sino por los recortes que sufrieron con las políticas que desmantelan la sanidad pública.     

Con idénticas medidas restrictivas, junto a la incapacidad para gestionar una crisis, en la Valencia gobernada por el PP murieron 238 personas a causa de una dana que provocó las peores riadas de la historia de este país. Se priorizó confrontar con el Gobierno a procurar la actuación coordinada entre las distintas administraciones para hacer frente a la catástrofe. Por eso, no es casualidad que estos desastres golpeen con mayor intensidad en territorios que regatean recursos a los servicios públicos.  

Es lo que sucedió en Castilla y León y Galicia, en el verano de 2025, donde la falta de recursos y de inversiones en la prevención de incendios forestales facilitó que se registren en esas comunidades una oleada de incendios histórica en Europa, con más de 403.000 hectáreas quemadas. La alta temporalidad con que se contratan los agentes forestales, con un modelo laboral precario, la externalización del servicio y el abandono de las zonas rurales, a causa de políticas de reducción del gasto, hicieron posible la voracidad inaudita de esos incendios.

Y es lo explica que en Andalucía más de 2.317 mujeres (4.000 según otros cálculos) estén afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama y el consiguiente retraso en los diagnósticos. El servicio de radiodiagnóstico del mayor hospital de la comunidad no daba para más -a pesar de haberlo denunciado a la consejería de Salud en repetidas ocasiones-, dado la reducción de personal al que se vio sometido por unas políticas que recortan recursos a la sanidad pública. Según la asociación AMAMA, al menos cuatro mujeres han muerto y decenas de ellas han desarrollado tumores debido a tales retrasos en el diagnóstico y falta de tratamiento.   

No hay que ser, pues, ningún adivino para saber a lo que nos exponemos a partir del próximo 17 de mayo. Y la única manera de afrontarlo es con nuestro voto, si votamos con la cabeza en vez de con las emociones, a las que tanto apelan los partidos en liza. Nunca antes había sido tan decisivo. Nos jugamos la Andalucía que anhelamos, ni más ni menos.  

Soy de los podridos

Resulta que, para algunos, la pluralidad ideológica es un mal insoportable y el adversario político, un enemigo. Solo desde esa mentalidad, se puede alegremente insultar al votante de un partido que no te agrada, tachándolo de ignorante o cosas peores. Es lo que hacen quienes disienten y combaten ideas o iniciativas de alguna formación de la que desconfían, sobre todo si gobierna, mediante insultos, descalificaciones, tergiversaciones o sencillamente mentiras y bulos.

Utilizan lo soez y la agresión verbal como instrumento para el debate político o ideológico, en vez de la confrontación de programas y propuestas para los problemas que a todos conciernen como país. Y la verdad es que es un recurso del que se valen todos los partidos o políticos en mayor o menor medida, pero son los representantes de la derecha y la extrema derecha quienes profieren de manera más constante exabruptos y ataques personales al adversario político y, lo que es peor, insultos a simpatizantes o votantes de otros partidos.    

Ejemplo de ello es la última boutade de una alta personalidad del gobierno de la Comunidad de Madrid, nada menos que el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, famoso por sus insinuaciones y acusaciones insidiosas, la mayoría de ellas gratuitas y sin pruebas, aunque a veces, por esos misterios de la ceguera de la Justicia, no solo quedan impunes, sino que sirven de base para querellas y hasta para condenar al insultado o calumniado.

Tal es la especialidad a la que se ha dedicado este individuo que ocupa un despacho oficial del que emana el argumentario utilizado por su jefa, la ínclita Isabel Díaz Ayuso, cada vez que abre la boca cuando quiere cuestionar al Gobierno de la nación y, en especial al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que llegó a llamar hijo de p... desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.

La boutade a la que me refiero ha venido servida en unos tuits en los que el veterano y polémico político ha asegurado, como si fuera vidente, que el Tribunal Constitucional absolverá al exfiscal general del Estado, en respuesta al recurso presentado por este tras ser condenado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados.

Pero, no contento con mostrar su desconfianza con la independencia de tan alto Tribunal, ha aprovechado que estaba inspirado para, de paso, agredir por escrito a los votantes socialistas, considerándolos como “Un tercio de españoles podrido”.  Insulto que completa, por si no había quedado claro, con otro tuit: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…, Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”. Y se ha quedado tan pancho.

Personalmente, me doy por aludido. Pertenezco a ese porcentaje de población, según MAR, que vota a las izquierdas desde que se pudo hacer en este país, tras la muerte del dictador Franco. Soy, pues, del grupo de los podridos y no consiento la agresión sin defenderme, pero sin caer en aquello del “y tú más”, sino enorgulleciéndome de lo que diferencia mis valores de los que defiende el botarás Rasputín de Ayuso, es decir, del ideario de la derecha.

Y lo haré con los modos y medios con que defiendo mis convicciones: sin insultar ni desprestigiar a mis oponentes ideológicos y partidistas. Entre otras cosas, aparte de por educación, porque estoy convencido de que con diálogo y respeto todos podemos alcanzar acuerdos y lograr una convivencia social en paz y libertad en el marco de las leyes y la democracia, sin sectarismos ni imposiciones.

Cosa que este personaje insultador no puede ni sabe hacer. El modelo social y económico que postula lo pretende defender mediante mentiras, tergiversaciones, amenazas, campañas de desprestigio y bulos. Lo hace ahora y lo ha hecho siempre, como ya en otra ocasión describí. No es de extrañar, por tanto, que su última extravagancia tuitera reproduzca calificativos que suele utilizar cuando busca confrontar con adversarios políticos. Y que su elevado tono despreciativo provenga más del resentimiento y el nerviosismo que de una estrategia de polarización.

Es lo que cabe suponer puesto que, acostumbrado a mentir e insultar con impunidad, no siempre se sale con la suya, afortunadamente. Un nerviosismo que suponemos proviene del hecho de que, a principios de mayo, Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como investigado ante un juez por difundir la identidad, con nombres, apellidos y fotografías, de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre la pareja de Ayuso.

Para desacreditarlos, envió un mensaje difamatorio a varios medios, añadiendo, además, que los reporteros habían intentado entrar encapuchados en el domicilio de la presidente de la Comunidad madrileña y que habían “acosado” a los vecinos e, incluso, a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

Con ello intentaba contrarrestar lo que prefería que permaneciera oculto o, cuando menos, pasara desapercibido entre una maraña de bulos, ya que el mensaje lo difundió después de que un medio digital publicase la noticia que la pareja de Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda. Y él, como jefe de Gabinete de la novia del defraudador, tenía que salir en defensa del… presunto delincuente. Y lo hace a su modo y manera: inventándose noticias, desprestigiando a profesionales y a la profesión periodística, amenazando y coaccionando a cuantos pretendan averiguar la verdad, insultando y agrediendo oral o por escrito a todo el mundo. Es la manera de comportarse de MAR, lenguaraz y mezquino, como siempre ha sido.

Porque así defiende sus ideas este político que suele actuar bajo la sombra de algún poderoso que lo proteja y cuide. Es su estilo desde que era portavoz de Castilla y León y elaboró una lista negra de periodistas sospechosos de cuestionar al Gobierno regional; también desde la Oficina de Información del PP, en la que aparece como pagador de dinero negro a una presentadora de televisión; incluso cuando accedió a la Secretaría de Estado de Comunicación y ejerció de Portavoz del Gobierno de Aznar, desde donde amenazó al entonces dueño de Antena3; y,  ahora, desde su puesto de jefe de Gabinete de Ayuso, donde hace y deshace a su antojo para construir a una “lideresa” a su imagen y semejanza.

¿Debatir ideas, propuestas y programas? Quiá! Lo suyo es exclusivamente insultar e intoxicar. Pero yo, como aludido, no se lo voy a permitir. Porque podrido estará él. Y no porque yo lo diga, sino porque su currículo lo demuestra. Y sin necesidad de recurrir a cuantificar cuántos ladrones, malversadores, condenados, corruptos, manipuladores, acaparadores de instituciones y medios de comunicación, tramposos y macarras hay más en sus filas que entre los socialistas. No hace falta.

Pero lo grave y triste es que esas conductas y modos que MAR exhibe sin pudor se contagian a la formación que ha de representar unas ideas tan defendibles como las mías ante la tribuna de la opinión pública. Un debate de ideas que ha de hacerse sin agresividad ni imposiciones, sino con respeto mutuo y diálogo civilizado. Cosa que MAR no sabe ni hace; es más, impide que se haga.

Porque quien en realidad tiene putrefacta la boca es este señor que jamás se ha comportado con dignidad ni ha respetado las instituciones ni los cargos por los que ha pasado, causando vergüenza entre sus propios correligionarios decentes y honestos. Y, en contra de lo que él asume, no todo vale en política. Así, no. Yo no se lo consiento ni se lo voy a dejar pasar. Quede constancia.        

Inmovibles conspiranoicos

Con la de problemas y males que aquejan a nuestro país, sin contar los que afligen al mundo entero, algunos siguen empeñados, cual estoicos, en negar la mayor, insistir en que ETA o sus herederos siguen vigentes, por lo que se permiten pontificar sobre las calamidades que podrían ocurrirnos si no les hacemos caso, como fue perder, por ejemplo, unas elecciones generales contra todo pronóstico.

Y no lo asumen, no aceptan que la realidad les lleve la contraria, les contradiga y los orille en la marginalidad de la irrelevancia porque no saben hacer otra cosa, son incapaces de mirar más allá de lo que sus anteojeras dogmáticas enfocan, reduciéndolo todo a… ETA. El fantasma de ETA como causa de los problemas de España.

Lo más curioso es que estos charlatanes de ETA son los mismos que aún mantienen que en IRAK había armas de destrucción masiva que justificase nuestra participación en la guerra ilegal en la que nos involucraron. Y que los atentados yihadistas del 11M, contra lo probado como verdad judicial, fueron realmente obra de ETA.

Ambas trolas están, por supuesto, relacionadas y se retroalimentan. De ahí que no sea posible reconocer la falsedad de una sin al mismo tiempo reconocer la de la otra. Los que continúan sosteniendo ambos bulos no pueden hacer otra cosa más que seguir alimentando, erre que erre, esta sarta de mentiras que ya nadie se cree. Esa es la razón por la que se niegan a pedir perdón y admitir que estaban equivocados.

Y es que estos inmovilistas conspiranoicos son tercos y, como escribió Nietzsche, vuelven una y otra vez a esparcir, en una especie de eterno retorno, sus rancias ideas, sin ningún apoyo probatorio, acerca de indemostrables teorías de la conspiración que explicarían los hechos y, lo que es más importante, sus conductas y decisiones. Practicando la vieja actitud de sostenella y no enmendalla, se atreven incluso a escribir libros sobre una supuesta “verdad incómoda” que llevan años propalando en cuantas intervenciones, artículos, conferencias y entrevistas se ponen a su alcance.

Y uno de los impertérritos y contumaces inmovilistas de la conspiración es el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, un vasco que no puede vivir sin mantener una referencia constante a ETA, su obsesión más crónica y patológica. Un trauma que define su personalidad y su razón vital. Así, desde sus comienzos.

Puede ser comprensible, pero ello no justifica que siga mintiendo. Mayor Oreja, donostiarra de nacimiento, antes que político fue ingeniero agrónomo y pretendió ser abogado, pero dejó los estudios por ser incompatibles con su actividad política. Como buen exmarianista, se declara católico practicante -lo que no tiene nada de malo-, excepto cuando pretende imponer su creencia religiosa a toda la sociedad, lo que le lleva a combatir decisiones legítimas de la esfera civil, como es el derecho al aborto, la eutanasia y el matrimonio igualitario, derechos que califica -aunque no obligan a nadie- como “algo propio de los bolcheviques” que forma parte de las “viejas recetas de los totalitarismos que han asolado Europa”.

En sus años mozos fue secretario de las juventudes de la Asociación Católica de Propagandistas, en las que había ingresado siendo niño. De ideología democristiana, se adscribió al Partido Popular, por el que ha sido diputado en el Congreso, ministro de Interior, candidato a lendakari y eurodiputado. Lo que se dice todo un carrerón político, aunque en ninguna de sus etapas haya hecho cosas destacables en beneficio del país.    

Aparte de haber vivido el ambiente asfixiante del País Vasco más sangriento, su fijación con ETA tal vez naciera cuando fue designado, durante escasos seis meses de 1982, delegado del Gobierno en su tierra y ETA intentó asesinarlo lanzando una granada contra su despacho. Salió ileso de cachimba porque una farola desvió el artefacto.

Esa fijación se afianzaría, sin duda, con el hecho de que, como ministro de Interior, pretendió ser intransigente y desautorizó las conversaciones que su ministerio estaba manteniendo con ETA con la intermediación de Adolfo Pérez Esquivel. Pero, ante las exigencias de la organización terrorista para liberar al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tuvo que ceder al agrupamiento de presos de ETA en prisiones del País Vasco y Navarra. Durante el secuestro, se acercaron 43 presos, 13 de ellos con delitos de sangre. Posteriormente, se acercaron más de un centenar de etarras. A partir de entonces, rechaza toda negociación con la banda terrorista y considera que cualquier otra política, incluso la que ha permitido su definitiva disolución, es errónea.  

Tras su abandono -es un decir- de la política, Mayor Oreja continúa dando la tabarra con ETA y las teorías de la conspiración, y con soflamas sobre la pérdida o crisis de valores que asola esta parte del mundo, desde su punto de vista de católico fundamentalista, naturalmente.

Pero el tema que no es capaz de quitarse de la cabeza, ni estando jubilado, es el de ETA y el atentado del 11 de marzo de 2004. Para él, pese a la investigación judicial que no halló participación de ETA ni de ningún servicio de espionaje extranjero, aquella masacre no fue obra de islamistas, sino una operación de servicios de inteligencia foráneos que se llevó a cabo con la finalidad de cambiar el rumbo de la dirección de España. Y que esos atentados le dieron la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero sin merecerla.

Tanta es su obsesión que, tras más de dos décadas, el exministro vuelve a las andadas con sus teorías de imposible comprobación. Y retorna de la mano de un libro que, coincidiendo con el aniversario del atentado, aborda sus viejas y reiteradas teorías de la conspiración que nunca ha podido demostrar ni ofrecer indicios sólidos.        

Y lo hace en el preciso momento en que una nueva guerra, también ilegal, vuelve a desatarse en Oriente Próximo, basándose también en mentiras que a nadie convencen. Y para más inri, presenta su libro acompañado del mismo expresidente que nos involucró en la primera guerra, la de Irak, y que hoy defiende con ardor, para ser coherente con sus mentiras, la de Irán, protagonizadas ambas por idéntico agresor, EE.UU.  

Jaime Mayor Oreja fue ministro de Interior de ese José María Aznar que rebautizó a ETA como “Movimiento Vasco de Liberación” durante su primer año de Gobierno, cuando empezaron los traslados de presos al País Vasco. Y aunque Mayor Oreja ya no era ministro, ese Aznar fue el expresidente que no supo o no quiso saber que los terroristas que atentaron el 11M eran islamistas y no de ETA. Ahora ellos dos, Mayor Oreja y Aznar, son los que se sientan juntos para presentar un libelo que ni es historia ni novedosa investigación policial, sino un conjunto de bulos que pretenden mantener vigente la más sucia teoría que jamás un político, incluso tan cínico como ellos, haya sido capaz de sostener sin ruborizarse: que un atentado tan grave como el del 11M no fue obra de quienes fueron juzgados y condenados por la Justicia, sino por ignotos autores que confirmarían sus mentiras y demostrarían que sus decisiones e intuiciones fueron correctas.

La verdad es que no tienen otra forma de validar sus interpretaciones paranoides más que con la reiteración hasta la saciedad de sus mentiras. Además de tratar de influir en una ciudadanía que siente desapego y desconfianza hacia las instituciones, predispuesta a creer en explicaciones ocultas, lo que realmente mueve a estos inmovibles conspiranoicos, como parece le sucede a Jaime Mayor Oreja, es una probable autoafirmación narcisista por el supuesto prestigio de poder descifrar lo oculto, desvelar lo secreto, de creer en lo increíble y de percibir lo que nadie ve.

En definitiva, de padecer una patología psiquiátrica, cual es su obsesión enfermiza por ETA. Lo malo es que no está solo, sino que hay otros que multiplican tales bulos y hacen lo imposible por seguir alimentando explicaciones delirantes que enturbian la convivencia y erosionan la democracia. Conocerlos es inmunizarnos contra sus venenos. He ahí la razón de este artículo, por si sirve de vacuna.   

Una distopía actual

1984, la célebre novela distópica de George Orwell, renace reflejada sobre la actualidad en el documental biográfico Orwell: 2+2=5, dirigido por Raoul Peck, que se exhibe en cines. El documentalista recurre a esa novela para contar la vida y obra del escritor, intercalando escenas de las versiones cinematográficas del mundo opresivo y desolador que el autor describió con imágenes del mundo actual, dominado por tensiones geopolíticas y tentaciones autoritarias que pretenden controlar hasta lo que deben saber y pensar los ciudadanos.

De esta forma, la película acierta a mostrar lo profético que fue Orwell para visionar las atrocidades inevitables del mundo capitalista, donde los Musk, Zuckerberg, Bezos o millonarios como Trump pueden acaparar poder para monopolizar la economía global y dirigir la vida de los seres humanos.

La distopía de 1984, tan aterradora y deprimente acerca de una realidad dominada por el poder invisible de ese Gran Hermano en permanente vigilancia y de la ubicua propaganda que emite el “Partido” y su Ministerio de la Verdad con mensajes de que “la guerra es paz”, “la libertad es esclavitud” y ”la ignorancia es fuerza”, no solo nos describe un mundo siniestro y asfixiante, sino que refleja la monstruosidad de los fascismos que vuelven a resurgir en el presente, cuando los totalitarismos parecen ser capaces de brotar en cualquier parte.

George Orwell fue un escritor lúcido que buscaba de manera infatigable la verdad a través de sus novelas, sin caer en partidismos ni convencionalismos. Vivió el nazismo y fue testigo de la guerra civil española, como brigadista internacional. Fruto de esa experiencia es el libro Homenaje a Cataluña, un testimonio honesto y espeluznante sobre los crímenes de los franquistas, pero también de los comunistas y anarquistas.

La película nos permite acercarnos a la biografía del escritor y al ambiente familiar en el que creció, a los estratos bajos de una clase media que imita los modales de la clase alta a la que aspira poder acceder, en aquellos tiempos imperialistas y sin una fortuna o rentas que lo permitan, por vía del Ejército, el sacerdocio o una prestigiosa profesión liberal. Buscaban el ascenso social sin importarle las condiciones de vida de las clases bajas o la de los pueblos colonizados.

Orwell vive eso y poco a poco se va percatando de la hipocresía e injusticia social que representa. Era una persona noble que nunca quiso mentirse ni mentir a los demás. Prefirió el humanismo a la conveniencia social o ideológica. Por eso pudo escribir sobre la decencia común, convirtiéndose en brújula moral y notario de las infamias de la época que le tocó vivir.

Unos tiempos no tan distintos a los de hoy, en los que EE. UU. ejerce un liderazgo cada vez más autoritario, la guerra prende en Oriente Medio y en Ucrania, el genocidio se practica a ojos de todo el mundo en Gaza de manera impune, sin reproche alguno, y hasta se secuestra a líderes de países extranjeros por las riquezas naturales que poseen, principalmente petróleo, y que se les quiere arrebatar.

El mundo obsesivo y terrorífico de Orwell es, de alguna manera, nuestro mundo actual, su distopía es semejante a nuestra realidad cotidiana, los conceptos inquietantes de aquel mundo imaginario parecen replicarse en la actualidad, cuando la vigilancia o control del ciudadano es absoluta y pensar u opinar en libertad es motivo de un castigo que puede afectar hasta las universidades, los medios de comunicación y, por supuesto, a cualquier individuo en particular, ejerza o no un cargo público o privado en el que sea vea obligado a expresar su parecer y defender su criterio.   

Y es que, según el director del documental, “cada vez más gente afirmaría que dos más dos son cinco si se lo dice un político, un influencer o alguien en quien ellos confían. Nunca todo había sido tan fácil para los populismos”.

Se trata, pues, de una película sumamente recomendable para quienes, hayan leído las obras de Orwell o no, estén preocupados por la tendencia de unos tiempos actuales que se caracterizan por el cuestionamiento de la democracia, la falta de respeto a las instituciones, el recelo a la ciencia y el debilitamiento de derechos y libertades en nombre de una supuesta seguridad y una seudo esencia de la patria que algunos consideran perdida o en peligro a causa de la globalización, el feminismo, los fenómenos migratorios y la tolerancia al diferente.  

Es verdad que se sale del cine con el ánimo por los suelos y los pelos de punta, pero con la certeza de que es posible combatir tanta manipulación catastrófica con la verdad y claridad de criterio. Y con obras, como esta película, que ayudan a abrir los ojos. No se la pierdan.

El Gobierno pierde la senda, pero conserva la voluntad

El Gobierno de España vuelve a tropezar con la misma piedra que algunos de sus socios le ponen para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sería la tercera vez que esto sucede. Es lo que preconiza la no aprobación, con los votos en contra de Junts, Podemos y Compromís -socios de investidura del Gobierno-, unidos a los de la oposición (PP, Vox y UPN), de la senda de déficit y techo de gasto con que se fijan lo objetivos de gasto y crecimiento de las cuentas macroeconómicas del país, paso previo para la elaboración de los Presupuestos.

La senda de déficit es una norma obligatoria, como establece la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre la que se asienta el proyecto de presupuestos. En ese documento, que lo presenta el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, se fijan los objetivos de saldo presupuestario (déficit o superávit) y de deuda pública para los próximos años.

Y el techo de gasto es la previsión de cuánto pueden gastar el Gobierno y las distintas Administraciones durante el próximo ejercicio; es decir, un mecanismo que establece cuánto pueden subir los desembolsos del Estado a partir de las previsiones de crecimiento de los ingresos. Ambos documentos han de ser aprobados cada año por el Congreso. Y en función de ellos se elaboran y cuadran los Presupuestos del Estado.  

Este año, esas cuentas se basaban en una previsión del crecimiento económico que pasaba del 2,7 al 2,9 por ciento, lo que permitía que el techo de gasto también se incrementase en un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Estamos hablando de 212.026 millones de euros, 16.673 millones más.

La no aprobación de estos límites de déficit y gasto supone que las Comunidades Autónomas perderían unos 5.400 millones de euros de capacidad de gasto en los próximos años. Y que tampoco podrían aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La no convalidación de esas leyes evidencia la incapacidad del Gobierno para diseñar las sendas de déficit y, por ende, la imposibilidad de actualizar las cuentas del Estado, lo que conllevaría la prórroga automática de los presupuestos vigentes.

Sin embargo, desde el Gobierno se presume de optimismo y voluntad para agotar la legislatura, aunque sea la tercera vez que se enfrenta a un ejercicio con unas cuentas diseñadas originalmente en 2022 y para una realidad muy distinta de la actual. Encarar una tercera prórroga es algo que nunca ha sucedido en democracia y, de confirmarse, supondrá que la legislatura se completaría con las cuentas de solo un ejercicio, porque es inimaginable que las de 2027, en caso de llegar, tampoco serían aprobadas con la actual correlación de fuerzas parlamentarias y por ser año electoral.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura sentirse con fuerzas para completar su mandato, incluso aunque no hubiera presupuestos, dado que los datos del crecimiento económico y el fructífero balance legislativo conseguido hasta la fecha, con 24 leyes aprobadas en esta legislatura, dan pie para el optimismo. Según Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, el Gobierno seguirá gobernando hasta 2027 como hasta ahora, votación a votación. Reconoce que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, cada vez que presenta una iniciativa, tendrá que hablarla, debatirla y negociarla. Hay voluntad, pues, de continuar hasta 2027, máxime si no se avista en el horizonte una moción de censura exitosa que logre sacar a Sánchez de la Moncloa.

Con todo, aunque el Gobierno conserve esa voluntad optimista de permanencia, resulta paradójico que, con las mismas cuentas de 2023, prorrogadas durante tres ejercicios consecutivos, puedan afrontarse los retos económicos del presente, como son, por ejemplo, subidas salariales de los funcionarios, actualización de las pensiones conforme al IPC o los gastos en servicios y prestaciones públicas que conllevan los inevitables incrementos por la inflación.

Sin presupuestos actualizados, también las comunidades autónomas y ayuntamientos se verán obligadas a ajustar sus cuentas en equilibrio, con iguales ingresos y gastos, sin contar con las previsiones de incremento en estas partidas que contemplaba el proyecto de Presupuestos.

El Gobierno admite que ha perdido la senda, pero no la voluntad de continuar, De hecho, tras el rechazo de ambos documentos, el Consejo de Ministros está decidido presentar, como recoge la normativa, otro proyecto de senda y lo hará con con la misma senda de estabilidad rechazada, con la intención de votarla en el último Pleno del año. No cabe duda de que conserva una sorprendente voluntad de agotar la legislatura que desespera a la oposición. La duda es: ¿lo conseguirá?

Un juicio muy, muy raro

He de reconocer, antes de nada, que soy profano en Derecho, pero eso no es óbice para que, hasta un lego como yo, perciba que el juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos haya resultado ser raro, muy raro. Y el fallo de culpabilidad hecho público antes de que se publique la sentencia, sea más extraño aún, por su contenido y la celeridad inaudita con que se ha darlo a conocer. Así que, por mucho que indague en expertos y columnistas supuestamente entendidos en la materia, no alcanzo a comprender cómo un acusado de defraudar a Hacienda puede llevar a juicio -y ganarlo- a todo un fiscal general del Estado por presuntamente revelar el secreto de sus delitos y las negociaciones que llevaba a cabo para lograr un pacto de conformidad que suavizara la multa. Ningún contribuyente hasta ahora, que yo sepa, ha podido denunciar al fiscal que investiga sus delitos, salvo este defraudador confeso que, al parecer, cuenta con apoyos y recursos sumamente poderosos.

Solo así se explica que un alto cargo público, como es el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se prestase a colaborar con el demandante y desde su despacho oficial difundiese el bulo de que era el fiscal quien había propuesto el citado pacto al defraudador, pero que había sido boicoteado “desde arriba”, insinuando con ese “desde arriba” al fiscal general o a instrucciones del presidente del Gobierno. Y que ese alto cargo se permita reconocer, cuando testificó en el juicio, que se inventó y propagó esa falsa noticia porque le parecía la evolución lógica de las actuaciones, sin disponer de ninguna prueba para ello. Es decir, que divulgó una mentira de la que no necesitaba ninguna “compulsa”, como los notarios.

Para aclarar tal falsedad que desprestigiaba al ministerio público, el fiscal general del Estado promueve y se responsabiliza de la nota informativa que hizo pública la fiscal jefe de Madrid para desmentir un bulo que ya había sido reproducido por el diario El Mundo y tres medios digitales.

Es entonces cuando el defraudador, junto a la desinteresada adhesión a su causa del decano del Colegio de Abogados de Madrid, se querella contra la fiscal jefe de Madrid ante la Audiencia Provincial por revelación de secretos. Pero ante la participación del fiscal general del Estado avalando la nota informativa, el caso se eleva al Tribunal Supremo que, en principio, concluye que no pudo existir delito de revelación de secretos, puesto que el secreto ya no existía cuando se hizo pública la referida la nota informativa, pues había sido revelado antes por la prensa.

No obstante, la causa no se archiva. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo decide, por iniciativa propia, que se puede plantear la posibilidad de acusar de revelar secretos al fiscal general del Estado por haber dado a conocer el correo electrónico, remitido el 2 de febrero de 2024 por el abogado del defraudador, en el que se reconocían los delitos fiscales y se proponía el pacto de conformidad.

Hay que señalar que dicho correo electrónico se envió a un buzón colectivo de la Fiscalía de Madrid, puesto que no se sabía quién llevaría el caso, y proporcionaba un número de teléfono para que se pusiera en contacto con el abogado aquel en quien recayera la investigación. 

Curiosamente, a pesar de tan endebles indicios, un juez admite el caso e inicia una investigación rocambolesca, en la que ordena a la OCU, la unidad de la Guardia Civil famosa por sus informes policiales, efectuar un registro en el despacho del fiscal general del Estado que, por su duración y el material requisado -se volcó el contenido de todos los dispositivos electrónicos que había en esa sede sin limitación temporal-, podría considerarse lesiva de los derechos fundamentales del investigado.

Esa actuación de la OCU fue calificada de arbitraria por las defensas por cuanto sólo se centró en el fiscal general del Estado, apuntalando la tesis de su culpabilidad, a pesar de que centenares de personas funcionarias de la Fiscalía tenían acceso al correo electrónico objeto de la denuncia. Es decir, obviando la presunción de inocencia la investigación policial se decantó desde el principio por la autoría, basada en sospechas, conjeturas e hipótesis subjetivas, del fiscal general del Estado. Curioso.

Otra rareza del juicio es que, desbaratando los “indicios” sobre los que se basaba el caso, testificaron diversos periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo electrónico antes incluso de que lo tuviera el fiscal general. Es más, uno de ellos declaró albergar un dilema moral puesto que sabía quién realizó la filtración del correo, pero no podía revelar su identidad debido al secreto profesional. Y que su fuente no era el fiscal general del Estado. Con todo, ya había quedado demostrado en la vista oral que quien reveló primero el contenido secreto del correo, alterándolo a su conveniencia, había sido el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, sin que fuera objeto de reproche penal alguno.

Por ello, ante la inexistencia de pruebas irrefutables de cargo que confirmen los indicios más allá de toda duda -salvo para la parte acusatoria que estima que el vaciamiento o borrado de los teléfonos móviles del acusado, a pesar de que esté reglamentado como medida de seguridad, como testificó el responsable de ello, y la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, quien declaró sentir “sospechas” desde el primer momento en el fiscal general, contra el que era conocida su animadversión, son pruebas sobradas de ello-, nadie esperaba una sentencia condenatoria.                 

Pues bien, para completar la extrema rareza de este proceso, desde la instrucción hasta el juicio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adelantado el fallo por el que considera probado, con dos votos particulares en contra, que el fiscal general del Estado cometió un delito de revelación de secretos de datos reservados, y lo condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, más una indemnización de 10.000 euros al denunciante, el defraudador confeso, por daños morales.

Tanta celeridad en comunicar el fallo de una sentencia que está pendiente de escribir es inusual, pues apenas había transcurrido una semana desde que el juicio quedó visto para sentencia. Pero más inaudito es que el fallo se haga coincidir con una fecha simbólica, la del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. ¿Casualidad?

En cualquier caso, es evidente la dimensión política del proceso, puesto que el denunciante no es un simple ciudadano particular, sino la pareja sentimental de una persona, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ejerce uno de los liderazgos más influyentes de la derecha política de España y la que mayor confrontación practica contra el Gobierno. De ahí que su Jefe de Gabinete se haya involucrado activamente en “desinformar” sobre la causa que afecta a una persona -el denunciante: novio de la presidenta- que se enriqueció obscenamente con la venta de mascarillas durante la pandemia, obteniendo una comisión de dos millones de euros, e intentó, según la Agencia Tributaria, defraudar a Hacienda 350.000 por impuestos no declarados mediante facturas falsificadas, como reconoció su abogado en el correo electrónico cuyo secreto ha sido objeto de este juicio rarísimo.      

No ha sido, pues, un juicio ordinario, sino que puede considerarse un juicio político, ya que condenar al fiscal general del Estado con tan pocas pruebas es inducir la interpretación de que el Tribunal Supremo ha sido favorable a los intereses de la derecha política en su afán por derribar al Gobierno progresista. Máxime cuando el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado recientemente a favor de la ley de Amnistía que precisamente esos mismos jueces no quieren aplicar.    

De hecho, destacados magistrados y fiscales de Alemania, Portugal, Italia y Francia, junto a juristas de prestigio españoles, ya lo habían advertido, cuando manifestaron su temor de que se puedan estar cruzando intereses particulares en procesos “oportunistas” disciplinarios, tendentes a “judicializar el enfrentamiento político y partidista”. Y que en tales procesos se niegue credibilidad a periodistas que se amparan en el secreto profesional para no citar sus fuentes, como ha sucedido en este caso, en el que falta por conocer, hasta que no se haga pública la sentencia, los argumentos jurídicos que han permitido invalidar el testimonio de testigos de descargo directos. Cosa rarísima.

En definitiva, con este juicio se ha pretendido, al parecer, golpear al Gobierno, condenando al fiscal general del Estado sin pruebas de que haya cometido delito alguno. A vista de este precedente, no es descartable una escalada judicial, que continuaría con el hermano del presidente del Gobierno y su esposa, ambos imputados por diversos delitos, hasta obligarle abandonar el Palacio de la Moncloa. Lo que no resultaría tan raro, tal y como se las gastan la derecha política, judicial y mediática de este país. “Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”.