No todo vale

Resulta que los votos no son la única manera de tumbar a un gobierno cuando sus adversarios están decididos a desalojarlo del poder sin aguardar al veredicto de las urnas. El respeto a los procedimientos democráticos que los ciudadanos consideraban sagrados no siempre se cumple por los impacientes dispuestos al “todo vale” con tal de acceder al poder, por quienes se valen de atajos mediáticos, judiciales, policiales y de manipulación política para conseguir desgastar y obligar a renunciar a un gobierno, sea de mayoría absoluta o minoritario con apoyos parlamentarios, surgido de unas elecciones.

La lealtad política, institucional y democrática brilla por su ausencia cada vez que se recurren a tales métodos espurios de ejercer oposición. Y en España, desde hace tiempo, esta deslealtad irrespetuosa e irresponsable viene empleándose para desbancar al Gobierno desde que, en 2018, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, presentó una moción de censura al Gobierno conservador del Partido Popular (PP), presidido por Mariano Rajoy, que fue apoyada por la mayoría del Congreso de los Diputados, siendo la primera moción que tiene éxito desde la restauración de la democracia en España.

Aquella moción victoriosa venía motivada porque el PP, a tenor de las investigaciones del llamado caso Gürtel, mantenía una estructura de contabilidad “paralela” (caja B) de financiación ilegal, con la que también retribuía a altos dirigentes de la organización (entre otros, figuran apuntes a “M.Rajoy” en dicha contabilidad), mediante un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, según sentencia de la Audiencia Nacional. Es decir, se debió a la corrupción del PP confirmada por sentencia judicial. Y se justificó, como señaló Sánchez en el debate, porque “la corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aun en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad”. 

Se inicia, entonces, una campaña por deslegitimar, con razones o sin ellas, al nuevo Gobierno por parte del partido que fue desalojado abruptamente del poder, en 2018, mediante aquella moción que permitió a Sánchez ser presidente de Gobierno. El socialista se convertía, de este modo, no solo en el primer presidente que resulta investido gracias a una moción de censura, sino además en el primero que lo consigue sin ser diputado desde que existe la democracia de 1977, pues había renunciado al acta de diputado en 2016 para no compartir la decisión de “abstención técnica” que su partido había adoptado para facilitar la investidura de Rajoy. También sería el primer presidente español que domina el idioma inglés. Muchas, quizá demasiadas, novedades para el “presidencialismo” español.

Hay que recordar que el PP había ganado por mayoría simple las elecciones de 2016 y Mariano Rajoy, tras cuatro meses de negociaciones, fue investido con los apoyos de Ciudadanos y otras formaciones de la derecha, más la abstención del PSOE, en una segunda sesión de investidura. Ese gobierno conservador duró hasta 2018, cuando le fue retirada la confianza del Congreso con la cuarta moción de censura registrada en la historia de la democracia y la segunda de la XII legislatura, una de Podemos y otra del PSOE, ambas contra Mariano Rajoy.

Y con su final se ponía en marcha una campaña de desprestigio y desgaste que Rajoy exhibió ausentándose de su escaño para no reconocer con su presencia la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, legitimidad avalada por los votos del Congreso. Rajoy abandonó su escaño durante horas, ofreciendo aquella imagen del bolso de la vicepresidenta ocupando su lugar, mientras se debatía la moción y jamás volvió a sentarse en él como expresidente. Se limitó asistir dos minutos durante la segunda sesión del debate de la moción para ser el primero en felicitar al nuevo presidente, al que se acercó corriendo a estrechar la mano antes de desaparecer del hemiciclo. Fue un escueto acto de cortesía parlamentaria. Desde ese momento empezaron en el PP las acusaciones de que “el Gobierno de Sánchez es ilegítimo y se lo debe a los populistas, los viejos amigos de ETA y los enemigos de España”.

Se iniciaba, así, la campaña de “acoso y derribo” al Gobierno socialista, antes incluso de que el expresidente José María Aznar, que ejerce de oráculo del PP, solicitara aquello de que “el que pueda hacer que haga”, frase con la que llamaba a un ataque por cualquier medio contra el Gobierno con las armas que cada cual tenga (mediáticas, judiciales, policiales y políticas). Y es que, para él y los suyos, el presidente Pedro Sánchez representa “un peligro para la democracia”. Y no han parado en el empeño por todos los medios posibles (legales, alegales e ilegales) para tumbar al Gobierno. La derecha, históricamente, siempre ha tenido muy mal perder porque tiene un sentido patrimonialista del poder y considera que le pertenece por “la gracia de Dios”. Piensan que lo normal es que ellos gobiernen, y lo anormal y peligroso sería que lo haga la izquierda.

Así se ha comportado siempre la derecha de este país. Las malas artes, la mezquindad, la mentira y la marrullería han sido herramientas usuales de la derecha a la hora de enfrentarse con el adversario político. Ejemplo palmario fue la acusación de fraude de unas elecciones andaluzas en las que Javier Arenas no consiguió, pese a ganar en votos, la presidencia de la Junta. Acariciaba su sueño dorado después de intentarlo como cabeza de lista en múltiples ocasiones. Finalmente acabó rectificando tamaña falsedad. No así la CEOE, que apoyó a sus cuates andaluces (CEA), por el cartel de campaña que reproducía la imagen de una manzana y un gusano y que la organización de empresarios diseñó para aquellas elecciones andaluzas. Como se ve, la derecha, tanto política como económica o mediática, suele jugar sucio. 

Y lo sigue haciendo. “Acabar con el Gobierno con todos los medios a nuestro alcance hasta echar a Pedro Sánchez” es la consigna textual para todas sus iniciativas, aunque sin aclarar si han de ser también ilegales, alegales e inmorales, como las que se están produciendo actualmente a través de acusaciones falsas, bulos, información tendenciosa y zafias mentiras sobre Pedro Sánchez, su familia y el Gobierno. No importa: el fin justifica los medios. Y en esas estamos.

De hecho, ya no es solo el partido derrotado el que ejecuta en solitario un plan de acoso que le permita recuperar el poder sin esperar al veredicto de las urnas. Son también todos sus satélites afines los que están confabulados en acabar con el Gobierno socialista. Fundaciones y pseudosindicatos de extrema derecha ejercen la “acción popular” en procesos judiciales contra el Gobierno, su presidente, su familia u otras personalidades ligadas al mismo.

Es lo que se deduce de quienes han conseguido sentar en el banquillo al hermano del presidente por presunto tráfico de influencias y prevaricación, gracias a las acusaciones de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europea y PP. Toda una camarilla de entidades de marcado cariz ultraderechista que se apuntan a cualquier proceso que pueda deteriorar la confianza en el Gobierno y su credibilidad.

Los mismos que se han juramentado para encausar judicialmente a Begoña Gómez, la esposa del presidente, mediante recortes de prensa de escaso rigor, pero que han servido para que un juez emprenda una instrucción prospectiva sin elementos indiciarios y hasta con un informe en contra de la policía judicial que no halló pruebas de ilicitud en sus cuentas bancarias. Y todo por seguir ejerciendo su trabajo en una Universidad madrileña, como hacía antes de que su marido fuera presidente de Gobierno.

Tan bajo ha llegado ese afán por desprestigiar al mandatario socialista que se intentó construir un falso escándalo por el negocio de saunas que su suegro regentaba y que, según sentencia de la Audiencia Nacional en 2024, era una “actividad privada lícita”. Sin embargo, ello no impidió que el líder del PP preguntara al presidente de Gobierno, en una intervención parlamentaria de hace poco, “¿de qué prostíbulos ha vivido usted?”. Una muestra más del todo vale, hasta la infamia. 

Y es que, desde 2018 hasta hoy, una retahíla de casos judiciales acosa al Gobierno y obstaculiza e, incluso, paraliza su normal desenvolvimiento. Unos fundados y otros, no tanto. En ocho años de mandato socialista, ocho causas se han sumado contra el Ejecutivo, prácticamente a una por año, y una detrás de otra. Son las siguientes:  Casos hermano, esposa, suegro, Cerdán, Leire, Ábalos, Fiscal general y, por último, Zapatero. Para un Gobierno que nació con voluntad de erradicar la corrupción, ya que con ese motivo reemplazó a otro gobierno acusado y condenado por corrupción, parecen demasiados los casos de presunta corrupción que brotan a su alrededor, y todos ellos denunciados por sus adversarios de la derecha. No obstante, sea casualidad o no, de todos ellos deberá defenderse el Gobierno, rendir cuentas y aclarar su actuación en cada caso.

Es lo que exige la ciudadanía y lo que conviene a un sistema democrático, a pesar de que la coincidencia de todos ellos contra el Gobierno en tan breve plazo de tiempo resulte, cuando menos, sospechosa. Son explicaciones más que necesarias para evitar la desconfianza de unos ciudadanos saturados por tantos casos de corrupción que resultan ya indistinguibles: Ábalos/Koldo, Bárcenas, David Sánchez, Gürtel, Begoña Gómez, Leire, Kitchen, Plus Ultra, Cerdán, Zapatero, Aldama, Dana, Adamuz, Montoro, etc. Explicaciones imprescindibles para evitar aquello de lo que prevenía Hannah Arendt: que el individuo más conveniente para un régimen totalitario es el que no distingue la realidad de la ficción. Aclaraciones, por tanto, ineludibles que ayuden a no confundir la realidad con la ficción y no caer presa fácil de manipuladores y demagogos.

Porque la desolación y la desafección del electorado es una carcoma para la democracia. La desconfianza ciudadana en sus dirigentes abona la abstención y desnaturaliza con la ineficacia el sistema democrático. Sólo con transparencia e información, veraz y precisa, se puede combatir y contrarrestar cualquier campaña de acoso y derribo, aunque sea infundada, pero más aun si presenta motivos plausibles o indiciarios.

Es muy probable que asistamos a un cambio de ciclo político, pero este ha de producirse en las urnas y con el voto de los ciudadanos, no a causa de la desinformación, los bulos, las argucias judiciales, la presión mediática y demás artimañas políticas con las que se intenta ganar lo que no se consigue en unas elecciones. En definitiva, sin votos, no todo vale, aunque algunos crean lo contrario y hasta estén confiados en ello. Entre otras cosas, porque les sirve para que estemos hablando de cuestiones judiciales, sin que todavía exista ninguna sentencia, en vez de la acción del Gobierno y de las iniciativas legislativas que ha impulsado en beneficio de la mayoría de la población. Les sirve porque desvía nuestra atención de lo que en realidad nos interesa: salario mínimo, educación, sanidad, empleo, vivienda, pensiones, becas, igualdad, libertades, sostenibilidad, medio ambiente, dependencia, etc. ¡Mira que hay cosas de las hablar!