“P´adelante”, como sea

Cierto sector del poder judicial está ejecutando aquel llamamiento genérico de “el que pueda hacer, que haga” que verbalizó el expresidente José María Aznar hace unos meses. La orden se está cumpliendo a rajatabla por todos a los que iba dirigida, tanto en el ámbito político, mediático y, como vemos, también el judicial, sin que siquiera los togados guarden las formas y se preocupen en maquillar sus sentencias, ajustándolas al derecho.

Existe una cacería contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez desde el primer minuto en que accedió al Poder Ejecutivo y, especialmente, desde que concedió, en 2021, el indulto a los líderes independistas catalanes encarcelados por sentencia del Tribunal Supremo, entre ellos al expresidente del Govern Oriol Junqueras, y por la Ley de Amnistía que aprobó en 2024 para la normalización institucional, política y social de Cataluña, que, según cálculos, afectará a más de trescientas personas inmersas en procesos judiciales a causa del procés.

La derecha, tanto política como judicial, no perdona la política conciliadora del Gobierno con Cataluña, ni que rebaje la consideración de delitos de sedición y rebelión a los desórdenes públicos acaecidos en aquella comunidad a causa de las manifestaciones por la independencia y el posterior referendo ilegal. La extrema violencia policial con la que se trató de impedir la consulta y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en octubre de 2017, para “suspender” la autonomía en Cataluña, fueron las armas con las que se combatió un problema político. Hay que recordar que con aquellas medidas se disolvió el Parlament, el Govern quedó destituido y el Gobierno central asumió temporalmente la gestión de las consejerías de la Generalitat.

Por todo ello, existe una ofensiva judicial por parte de un número reducido de jueces, con el apoyo tácito o implícito de parte del colectivo, contra el Gobierno de Sánchez por motivos que solo pueden hallarse en la política, como advierte Carlos Elordi en un artículo publicado en noviembre de 2025.

Ese contexto, junto al apoyo que el Gobierno cuenta en el Congreso de partidos nacionalistas o independentistas del País Vasco y Cataluña, cuyos votos permitieron la investidura del líder del PSOE, es lo que explica la radical virulencia de la derecha contra Pedro Sánchez, a quien no le reconocen los indiscutibles éxitos alcanzados, durante sus mandatos, en el plano económico, laboral, internacional y social.

Es llamativo, si no fuera preocupante, encuadrar en esa ofensiva aquella manifestación de jueces y fiscales, con sus togas a las puertas de Palacios de Justicia, contra la ley de amnistía que entonces aun se estaba elaborando. A pesar de estar obligados a que sus opiniones políticas no influyan en el ejercicio profesional como jueces, no se recatan de exhibir su ideología y, lo que es peor, que esta impregne sus sentencias.

Tanto es así que el destino del actual Gobierno está en manos de estos jueces, algunos de los cuales se comportan con un componente de soberbia apenas disimulado y que genera desconfianza, cuando no estupefacción, en la ciudadanía. Es la que muestra el juez Juan Carlos Peinado con su instrucción prospectiva -expresamente prohibida en el proceso penal- contra la esposa del presidente del Gobierno, en su búsqueda desaforada de algún indicio delictivo que permita condenarla. Se trata de un ejemplo palmario de utilización de la justicia con fines políticos: lo que se conoce como lawfare.

Fue también el caso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez Rodriguez, que perdió su escaño en el Congreso por una condena, en 2021, de inhabilitación que tres años después anuló en Tribunal Supremo. Para entonces, ya estaba fuera de la institución, por lo que el castigo era irreversible.

Y es también el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, utilizado como pieza para asediar y obligar dimitir a quien lo nombra, el presidente del Gobierno, a quien ha condenado el Tribunal Supremo a la pena de inhabilitación por revelación de datos reservados, sin pruebas irrefutables y basado en argumentos voluntaristas y en un bulo calumnioso, que reconoció falso, su propio autor, el “Rasputín” de la líder de la derecha y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un acoso al Gobierno al que ese colectivo conservador de jueces y magistrados del Poder judicial se ha sumado mediante la última, que no definitiva, sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación en la plaza que consiguió para dirigir el conservatorio de música de Badajoz. Únicamente los funcionarios pueden cometer prevaricación, no los candidatos a cubrir una plaza. Y su hermano, Pedro Sánchez, ni siquiera era líder de su partido ni había accedido a la presidencia del Gobierno. Pero para el tribunal, el imputado cometió delito de prevaricación, aunque no haya prueba de cargo directa, aunque sí indicios de irregularidades en la creación de la plaza y en su adjudicación, algo que resuelven diariamente en nuestro país la jurisdicción contencioso-administrativa, no los tribunales penales. Pero como no puede ser condenado por prevaricación, se le condena por “colaborador necesario” por presentarse a la plaza siendo quien es, el hermano del futuro presidente del Gobierno.

Y como estos, muchas otras actuaciones del conservadurismo reaccionario que aun anida en la judicatura y que no hace ascos al uso espurio de la justicia con fines políticos. Cosa que e explica, pero no se justifica, si atendemos a la procedencia de esos jueces o de sus descendientes. Una judicatura que transitó directamente desde la dictadura a la democracia sin la debida “modernización” ni actualización al régimen democrático. Es lo que explica la derechización que sufre la justicia y su tendencia al lawfare, al que concurren otros actores del ámbito político, mediático, económico, social y hasta religioso.

La primacía de la derecha en el Poder Judicial se deduce de sus cifras: de sus 5.500 jueces, solo dos fueron candidatos progresistas para 118 plazas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia autonómicos, según recoge Baltasar Garzón en su libro La democracia amenazada.

Es patente, pues, que hay una campaña de “acoso y derribo” al actual Gobierno de España en la que participan individuos sumamente poderosos del mundo de la judicatura empeñados en acabar como sea con un Gobierno al que consideran ilegítimo desde que salió nombrado por el Congreso de los Diputados. Jueces y fiscales que responden al mandato “del que pueda hacer, que haga”. Y no se paran en consideraciones legales o morales para, en connivencia con sectores de la política y los medios de comunicación, lograr sus propósitos sin esperar al resultado de las urnas. Tampoco les detiene el deterioro de las instituciones ni la desconfianza y la desafección que generan en la ciudadanía. El ambiente de crispación y polarización que provocan con sus exageraciones, denuncias y manipulaciones maniqueas favorece sus objetivos de alterar el normal desenvolvimiento político. Aunque asqueen y desmotiven al votante.

Pero si la situación es tensa y grave, no me quiero imaginar lo que podría pasar si, por malicias del destino, Pedro Sánchez vuelve a ganar las próximas elecciones, contra todo pronóstico y a pesar de la presión judicial que soporta en su entorno familiar, con su hermano y su mujer condenados. No soy capaz de pensar lo que harían estos que creen que la única España posible es la que ellos representan, que la única Patria es su patria. Dios nos coja confesados.