¡Feliz año 2023!

Que 2023 os sonría como merecéis y que podáis compartir esa alegría con todos vuestros seres queridos y las personas que os quieren y aprecian, con salud y paz. Es mi deseo para los lectores y seguidores de esta página. Y cuídense. ¡Feliz año!

El machismo asesino que no cesa

El año consuma sus últimas horas y los balances que se hacen de los pasados 365 días se prestan a ser elaborados bajo múltiples enfoques. Entre otros motivos, porque este 2022 que agoniza nos ha deparado una cosecha abundante de acontecimientos que, de una manera u otra, nos han dejado con la boca abierta y la mente confusa. Desde la tragedia de Melilla, en la que murieron más de 23 inmigrantes intentando entrar a España, hasta los incendios y las reiteradas olas de calor que han achicharrado al país este verano, pasando por la crisis de liderazgo del PP, que forzó el abandono de Pablo Casado para ser sustituido por el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la utilización del CGPJ y el TC por parte de las fuerzas conservadoras para impedir su renovación con miembros progresistas, como prevé la Constitución para reflejar las mayorías parlamentarias que surgen de las urnas, los hechos de cualquier balance son harto interesantes, pero incompletos.

A mi modo de ver, todos los asuntos citados son coyunturales debido a la contingencia de la política y de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, existe un rasgo estructural en la vida española que me llena de espanto. En este año que está a punto de acabar, el machismo asesino parece dispuesto a aprovechar hasta el último día para demostrar que sigue siendo capaz de matar mujeres por el mero hecho de que sean mujeres. Año tras año, se mata a la mujer por ser mujer en este país. Y nada parece remediarlo. Cerca de 50 féminas han sido asesinadas este 2022 y más de 1.100 lo han sido desde que en 2003 se iniciara el registro oficial de este tipo de asesinatos. Este mes de diciembre es ya el de más mujeres asesinadas del año, convirtiéndose en el más trágico de las últimas dos décadas, con más de 10 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, entre ellas, una embaraza de ocho meses a quien su expareja apuñaló, acabando también con la vida del hijo que llevaba en sus entrañas.

No es coyuntural que la mujer siga siendo la víctima de un racismo repugnante y sanguinario, al soportar  esa  lacra criminal causada por un machismo asesino que no cesa. Tan grave es la situación que, en la actualidad, hay 723 mujeres que se hallan en situación de riesgo elevado o extremo y más de 31.000 figuran en el Sistema de Seguimiento Integral de Casos de Violencia de Género. Una lacra que a todos incumbe pues todos estamos involucrados en erradicarla definitivamente de la sociedad en la que queremos convivir hombres y mujeres en igualdad y con respeto, la única manera de ser auténticamente libres.  

Pero, por muchas medidas que se tomen, ese machismo asesino, que no soporta que la mujer disfrute de sus mismos derechos y, en consecuencia, adopte las decisiones que libremente decida, sigue reaccionando con violencia extrema hasta el punto de matar. No se trata de violencia de género, término ambiguo que no especifica qué genero mata y cuál es víctima, sino de violencia machista, ya que es el hombre el que, en la inmensa mayoría de los casos, asesina a la mujer. Y asesina porque no acepta que la mujer escape del papel subordinado y sumiso al hombre, quien sigue negándole la plenitud de derechos que las leyes le reconocen, en pie de igualdad y sin discriminación alguna. Un machismo que abomina que la mujer escape de la dominación a la que la somete y del continuo menosprecio con que la trata como persona.

Se trata, pues, de un problema estructural, en tanto en cuanto, siglos de supremacismo machista en las relaciones entre hombres y mujeres, no se erradican tan fácilmente de la sociedad. La lucha contra el machismo asesino y a favor de la igualdad de la mujer es relativamente reciente en comparación con la antigüedad de la mentalidad troglodita que hace perdurar tales comportamientos criminales hasta hoy. Porque fue en 1947 cuando se reunió por primera vez una Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Nueva York, con apoyo de la recién creada ONU. Y, en 1963, cuando se elabora la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En nuestro país, no es hasta 1983 cuando se crea el Instituto de la Mujer y, más tarde, el Ministerio de Igualdad, en 2008. Desde entonces se suceden leyes y normas para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y para la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Todo ello con resultados poco satisfactorios, como este mes de diciembre ha evidenciado, puesto que se continúa matando a mujeres por parte de hombres con mentalidad y maldad machista y asesina. Algo más habrá que hacer. Y todos nos tenemos que implicar en ello.

Lo que no puede ser es que cada año nos resignemos a contabilizar, con frialdad estadística, el número de mujeres que mueren a causa de la violencia machista, aparte de otros feminicidios fuera de las relaciones de pareja y de las víctimas de la violencia vicaria, sin hacer nada. Porque no podemos aspirar a construir una sociedad justa, libre, pacífica y democrática si la mitad de sus habitantes son víctimas inocentes del machismo asesino de algunos miembros de la otra mitad. Es por ello que, puestos a hacer balance, me inclino para destacarlo por el negro balance de la violencia machista. Es mi modo de contribuir a la toma de conciencia sobre este problema que debería avergonzar a cualquier hombre digno de tal consideración.

Inauguro y reanudo

He de reconocer una evidencia. Prometí hace meses que dejaba de escribir mis opiniones de manera periódica por sentir que ya lo había dicho todo acerca de todo, puesto que lo que ocurre es vulgar repetición de lo sucedido en otras ocasiones. Y parecía que me repetía cuando hablaba de los que sufren, de las injusticias, del machismo, del capitalismo salvaje, de los estereotipos sociales, de las imposiciones de las élites clasistas, de los abusos empresariales, de los múltiples adoctrinamientos que se ejercen sobre los ciudadanos, de las libertades y los derechos cercenados, de los destrozos al planeta, de las tutelas religiosas, de la mercantilización del arte y la cultura, del negocio espectacular del ocio, de guerras, del hambre, de la política. He hablado prácticamente de todo y pensaba que no tenía nada nuevo que decir.

 Pero resulta que no. Que nunca me había ido definitivamente ni dejado de plasmar por escrito mis observaciones y emociones. De hecho lo que hice fue cerrar un blog y abrir otro, asegurando que sólo acogería entradas insustanciales, sin orden ni concierto y, desde luego, sin ninguna pretensión periodística. Y he aquí que no es cierto. Con menos asiduidad, he seguido volcando mi parecer esporádicamente cuando me ha parecido oportuno. Y debo reconocerlo. No me fui del todo. Es evidente.

Así que, aprovechando que cumplo edad, quiero confesar que inauguro la provecta edad de los septuagenarios y reanudo mis columnas de opinión en las cabeceras de Andalucía Digital, columnas que se nutren de lo que exponga en esta bitácora tan crepuscular como mi manera de mirar a mi alrededor. Incumplo, pues, aquella promesa de jubilarme del periodismo. Pido perdón. Parte de culpa por mi incumplimiento la tiene un amigo que me sobrevalora. Pero también mi familia, y yo mismo, por supuesto. Todos esperábamos un retorno que no se ha hecho esperar. Debilidades humanas.

2023 será, por tanto, un año de inauguración vital y reanudación profesional para mí. Y de renovado tormento para los pacientes lectores que se castigan con seguirme. Muchos de ellos, en su masoquismo, seguro que se alegran. Otros, en mayor número acaso, se disgustarán de tener que volver a disentir de mis opiniones y puntos de vista. Unos y otros constituyen el veneno que corre por las venas de cualquier escritor y que le insta a no dejar ningún papel en blanco con sus chorradas mentales.

Así que inauguro década y reanudo una actividad que jamás había dejado de lado completamente. Mirada crepuscular alojará el fruto de esa actividad, como anteriormente lo hacía Lienzo de Babel, inactivo pero en cuya página de Facebook se vuelca lo publicado en este blog. Quedan avisados. Y gracias por su generosa atención. Intentaré no volver a defraudarles.      

¡Felices fiestas!

El mundo de ayer nos dejó una pandemia que no remite, la lava y cenizas de un volcán que han sepultados cultivos y viviendas y una guerra en Europa cuyas consecuencias económicas y sociales nos empobrecen y avergüenzan a todos. Confiamos que el de mañana no nos arrebate, al menos, la esperanza, para ser feliz con lo que se tiene y por ver amanecer cada día como un regalo extraordinario. Así se logra vivir en paz. Es mi mayor deseo para todos en estas fiestas navideñas. Y salud, que no falte.

¿Quién rompe España?

Los sectores más inmovilistas de la derecha española, aquella que irradia toda la gama de azules reaccionarios, esto es, la que va desde el celeste del PP hasta el verdoso de Vox (el anaranjado de Ciudadanos no cuenta porque se está difuminando), se desgañitan y claman al cielo estos días por las reformas que está emprendiendo el Gobierno de determinados delitos del Código Penal, en concreto, los de sedición y malversación. Según quienes padecen daltonismo cian, el Gobierno no tiene legitimidad (aunque tenga la de las urnas y sea el Parlamento quien los apruebe) para acometer cambios en nuestro ordenamiento jurídico si a esa derecha no le gustan o no le interesan. Está convencida de que sólo ella conoce lo que conviene al país y, por ende, es la única capacitada para saber qué se puede hacer o no en democracia y cómo interpretar el verdadero espíritu de la Constitución, a pesar de que de continuo la incumpla olímpicamente. Resulta curioso, además, que tal potestad se la arrogue una formación que deriva de quienes en su día estuvieron en contra de ella y se negaron o abstuvieron a votarla en el referéndum constitucional. Por eso, sería risible si no fuera repugnante, esa  propensión, tan habitual de la derecha en la actualidad, a expedir certificados de constitucionalidad y de patriotismo cada vez que quiere descalificar a quienes no hacen seguidismo de su ideario ni comparten su estrategia ni sus modos.

Para la derecha nacional, todo Gobierno que no esté encabezado por ella, aunque surja de las urnas, no puede ser otra cosa más que irresponsable, desleal, prácticamente ilegal y, por supuesto, deleznable. Calificativos que se tornan aun más duros, como traidor o vende-patrias, si quien gobierna osa introducir cambios legales que persiguen racionalizar y actualizar, adaptándolas a la realidad del país, las normas que garantizan nuestros derechos y libertades y, por tanto, una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la tolerancia. Entonces, los atronadores gritos celestes se multiplican porque, para ellos, todo avance progresista es querer romper España.

Y no se equivocan. Tales cambios afectan al modelo social que propugna la derecha (recuérdese su negativa al divorcio, al aborto, al matrimonio homosexual, a la eutanasia, a la Dependencia, su desconfianza del feminismo, etc.), a su creencia cuasi religiosa en la economía neoliberal, tan apreciada por la fuerza del capital (recuérdense sus objeciones al incremento del salario mínimo, al Ingreso Mínimo Vital, a la reforma laboral, a ampliar y garantizar prestaciones y subsidios, a regular y contrarrestar abusos del mercado, etc.), a su “atrincheramiento” en las instituciones (recuérdese su férreo bloqueo a la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, entre otros, generando conflictos entre los poderes del Estado por asegurarse su influencia en ellos) y su sectario concepto de país, en el que las élites disfrutan de privilegios y prebendas que son negados al resto de la ciudadanía. No hay duda: por supuesto que se intenta romper esa España de unos pocos, por muy poderosos, pudientes y conservadores que sean, para construir un país que sea de todos, en la que quepamos todos sin excluir a nadie.

Ante esta lucha tan titánica y agotadora, un nuevo alarido, que desgraciadamente no será el último, brota de las gargantas de esta derecha intransigente y reaccionaria a causa de las modificaciones que impulsa el Gobierno para “desjudicializar” y normalizar, en términos políticos, el “conflicto” catalán y encauzar las relaciones con Cataluña a través del diálogo, la lealtad institucional y el sometimiento a la legalidad. El afán independentista de una parte de la población y del Ejecutivo de aquella Comunidad Autónoma es tan legítimo y defendible, en democracia, como cualquier otro. Incluso como el de la derecha. Y, puestos a comparar, unos y otros cometen acciones que violan de forma intencionada la Constitución, como celebrar un referéndum de autodeterminación u obstruir órganos y poderes del Estado. Sin embargo, para la derecha política y mediática de este país los únicos criminales son los independentistas. ¡Curiosa vara de medir!

En su esfuerzo por reconducir la situación, el Gobierno ha decidido modificar varios artículos del Código Penal  (relativos a los delitos de malversación y sedición) que fueron utilizados para condenar con penas desorbitadas a los autores de las iniciativas soberanistas que provocaron aquel conflicto. Un conflicto que viene de antiguo, por la recurrente aspiración secesionista catalana, y que de vez en cuando enturbia las relaciones entre Cataluña y el Gobierno de la nación. Se trata, por tanto, de un problema de indudable carácter político.

Aun así, las modificaciones no se acometen para contentar a los perjudicados, sino por adecuar las penas a la debida proporcionalidad con que, en función de la gravedad, estos delitos deben ser aplicados. Y para evitar que vuelvan a ser utilizados para judicializar problemas políticos de enconada conflictividad como los protagonizados por los independentistas catalanes. Es verdad que estos promovieron movilizaciones y altercados, pero tales hechos, en cualquier democracia consolidada, solo caben ser considerados de graves desórdenes públicos y de desobediencia.

Porque acusar de sedición a quienes implementaron leyes, en función de su potestad como Gobierno de la Generalitat y refrendadas luego por el Parlamento regional, mediante las cuales se puso en marcha una convocatoria de consulta a la población catalana sobre la independencia, es pretender propinar un castigo ejemplarizante de injusta y extremada dureza. Y porque, además, el delito de sedición, versión edulcorada del de rebelión en ausencia de violencia, es un anacronismo del  Código Penal que estuvo justificado cuando se instauró en 1822, época en la que proliferaron los levantamientos militares en España, como el del general Elio (1814), el de Riego (1820) o el de Torrijos (1831), entre otros muchos. Una situación absolutamente distinta a la actual y, más aun, con lo sucedido en Cataluña en 2017.

Pero cuando se es incapaz de abordar políticamente las exigencias de aquella Comunidad histórica a través del diálogo, la comprensión y los intereses compartidos en el marco de la Constitución, se echa mano para acallarlas, que no solucionarlas, a la vía judicial, tachando de rebelión aquellos desórdenes, como hizo el fiscal general de entonces siguiendo directrices del Gobierno encabezado por Mariano Rajoy. A todas luces, tal proceder supuso un uso torticero de la justicia y una injusticia política que pone de relieve la mediocridad de los dirigentes políticos que recurrieron a ellos. Por eso se deroga el delito de sedición y se crea el de desórdenes públicos agravados, con penas más reducidas.

Y lo mismo sucede con la malversación, delito que cometen los funcionarios públicos que tienen a su cargo la custodia, administración y destino de fondos que pertenecen a la colectividad. Incluye, en su redacción de 1995, la figura de la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, sustrae o consiente que un tercero con idéntico ánimo lucrativo sustraiga caudales públicos. Pues bien, ese delito se modificó expresamente, en 2015,  para poder aplicárselo a Artur Mas por haber empleado dinero público en la convocatoria de un referéndum consultivo.

 Se trata, una vez más, de otro ejemplo notorio de la incapacidad para afrontar complejas situaciones políticas por parte de dirigentes de un partido que, precisamente, por aquellos tiempos estaba siendo investigado por múltiples casos de corrupción que se castigan como malversación. Y que incluso fue condenado por ello. Tal es el talante de quienes no toleran que se practique ninguna otra política que no sea la suya.

La modificación del delito de malversación no impide el castigo de los corruptos, que son quienes malversan patrimonio público por afán de lucro. Porque, por lo demás, se crea un nuevo delito, el que castiga el enriquecimiento ilícito con penas de multa, cárcel e inhabilitación, según los casos, y que afecta a las autoridades cuyo patrimonio se incremente, durante el ejercicio del cargo público, en más de 250.000 euros sin justificar. 

Queda a la vista, pues, la indigna actitud que caracteriza a la derecha española, que niega legitimidad a cualquier otra formación para gobernar España, aun contando con el beneplácito electoral y mayoría parlamentaria. Tampoco le permite ejercer sus funciones y trasladar a los demás poderes del Estado, como establece la Constitución, las mayorías resultantes de la voluntad popular. Aparte de su gravedad, esta actitud es intolerable porque, si para lograr sus propósitos tiene que manipular, a través de sus correligionarios en la judicatura y los medios, las normas y leyes que regulan el funcionamiento ordinario de las instituciones, se presta a ello sin complejos ni reservas, a pesar del daño que causa a la credibilidad y a la confianza en el sistema democrático que nos dimos los españoles en 1978. Eso sí es romper literalmente España.

Esta miopía torpe de la derecha es de tal magnitud que es capaz de precipitar a un abismo al país con tal de poder maniobrar en su propio beneficio e impedir que gobiernen los elegidos por los ciudadanos. Es una miopía letal. Induce el mismo fanatismo de los que se creen portadores de una verdad absoluta. Y da miedo. Porque si hoy, disfrutando de un régimen democrático, la derecha se comporta de este modo, ¿qué haría en momentos más indómitos que los del presente? La respuesta ha de buscarse en nuestra propia historia.