Una princesa en la universidad

Ha sido noticia digna de portadas (El País, 8/9/26) que la princesa Leonor de Borbón, hija del rey Felipe VI, inicie sus estudios universitarios y curse la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. En pantalones vaqueros y rodeada de alumnos y profesores (los escoltas del servicio secreto no aparecían en las imágenes), tanto la joven princesa (con su vestuario y gestos) como los artífices de organizar el evento ante la opinión pública (Gabinete de Comunicación y Protocolo de la Casa Real) parecen querer subrayar la “normalidad” de un hecho que, no obstante, mereció ser destacado en los medios de comunicación de masas, junto a titulares sobre la crisis de Ceuta, el acceso de la extrema derecha al gobierno de un estado alemán o la última novedad en la instrucción judicial contra el expresidente Zapatero.

Como si fuera una alumna más, aunque heredera a portar sobre su cabeza la corona del reino de España, la princesa (parece que narramos un cuento de hadas) iniciaba sus estudios universitarios. Y a pesar de su apariencia de normalidad, incluso cercana y familiar, el hecho fue destacado no solo por las revistas del corazón, sino que ocupó portadas de la prensa supuestamente seria y formal.

Pero nada en ella es normal, aunque se empeñe la Zarzuela en intentar dar esa imagen. La futura reina de España sigue al pie de la letra un detallado plan, no solo formativo sino también institucional, elaborado concienzudamente desde la Casa Real para construir su imagen pública como una figura cercana al pueblo, que comparte sus mismos retos (¡ha de estudiar, caramba!) y que se prepara para asumir cuando corresponda las altísimas responsabilidades de la Jefatura del Estado. Se instruye a quien está destinada a ser reina de España y se trata de modernizar, al mismo tiempo, a una institución monárquica que presenta más manchas que brillos.

Así, la distinguida alumna, no en vano princesa, fue recibida a las puertas de la universidad, en medio de una multitud de estudiantes, vecinos y curiosos, por el mismísimo rector de la universidad, la vicerrectora de Estudiantes y el decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Como se hace con todos los nuevos alumnos, supongo. Pero no accedía a la universidad tras un currículo convencional como cualquier bachiller, sino después de haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Y tras superar, naturalmente, el proceso de selección para la admisión de estudiantes que realizaron el bachillerato en el extranjero. ¡Difícil papeleta para el comité que la evaluó!

Y es que, por si fuera poco, la princesa Leonor llegaba a la universidad después de haber pasado tres años de preparación militar en las academias del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Por esa etapa “militar” recibirá, en julio de 2027, los reales despachos que la acreditarán como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, además de alférez de navío de la Armada. Ahí es nada, para sus escasos 20 años de edad. Todo muy normal.

Tan normal que los estudios que cursará en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, con una duración de cuatro años, incluyen el análisis de los sistemas políticos junto a materias como Derecho, Economía, Historia y Relaciones Internacionales, entre otras. Unos estudios en los que deberá analizar cómo se organiza el poder, cómo se legitima y cómo se somete al control democrático. Es decir, la princesa se estudiará a sí misma para conocer y legitimar la institución monárquica, ese arcaísmo que ella representa y que encarnará en un futuro inmediato, integrado en un Estado democrático. Pero algo se ha avanzado. Al menos, ya no se considera a los soberanos como representantes de los dioses para gobernar, pero siguen sin ser elegidos por sus representados. ¿Cómo se lo explicarán?

Y para que no haya distingos, la propia princesa ha dejado de manifiesto no querer trato diferencial en una universidad, mira qué casualidad, que lleva el nombre de uno de sus antepasados dinásticos del linaje de los Borbones. Algo así como una universidad bautizada con el nombre de su tatarabuelo, el rey del despotismo ilustrado. También muy normal.

Sin embargo, lo único que no es normal es que, en pleno siglo XXI, sigamos considerando a determinadas personas y sus familias como seres que, por nacimiento, pertenecen a ámbitos superiores e inaccesibles para el resto de los mortales -por ser reyes, princesas, infantas y demás cohorte real-, cuya función social no está sujeta a control ni mucho menos a elección, como corresponde en una democracia.

Por eso, la princesa jamás podrá ser un alumno más, lo que explica la cobertura mediática que ha generado su ingreso en la universidad. Aparte de compaginar su asistencia a clases con sus actividades institucionales (audiencias, visitas, inauguraciones, viajes, discursos, etc.), su exclusiva formación se adecuará a las exigencias de la forma de gobierno que representa, muy alejadas de cualquier consideración de “normalidad”.

Porque ella no va a la universidad para aprender y poder ganarse la vida en lo que desee, sino para “adornar” el trabajo que ya tiene asignado desde que nació con apariencias de “normalidad” y ejemplaridad. Una forma de justificar sus privilegios hereditarios, como primogénita de la familia Borbón -la única línea sucesoria de una monárquica jamás refrendada-, a pesar de que sea la forma de gobierno en España, impuesta después de una larga dictadura, desde que en 1978 se aprobó la Constitución.

Así pues, que una princesa vaya a la universidad no supone que la monarquía parlamentaria española, como forma de gobierno, sea cercana y más “normal” que la legitimidad democrática de un Jefe del Estado elegido en las urnas. Y no lo es porque, a pesar de todas estas modernidades cosméticas, la monarquía es para buena parte de la población española una imposición histórica que “chirría” en una sociedad que ha evolucionado y demanda gobernantes sometidos al control democrático y la rendición de cuentas, sin impunidades ni inviolabilidades legales que blinden sus desmanes penales y conductas inmorales. 

Ceuta como munición

Se celebraron, el pasado día 2, manifestaciones en la mayoría de las provincias españolas que exigían en pancartas y a viva voz que “Ceuta no se vende, se defiende”. Fueron convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, entidad controlada por el Partido Popular, y sirvieron, principalmente, para confrontar y criticar al Gobierno, al que tachan de traidor y de no hacer nada por la ciudad “invadida” del norte de África.

Ninguno de los manifestantes ni de las ciudades que organizaron dichas manifestaciones ofrecieron propuestas para materializar esa ayuda que reclamaban para la ciudad autónoma, que sufrió el 30 y 31 de julio una entrada masiva e ilegal de más de 72.000 inmigrantes procedentes de Marruecos, con quien hace frontera. Es más, en el colmo de la contradicción, todos los municipios y provincias gobernados por el PP, tanto en solitario como coaligados con la ultraderecha de Vox, se niegan acoger a los inmigrantes menores de edad no acompañados, especialmente vulnerables, y más aún si son niñas, hasta que puedan ser repatriados con todas las garantías y seguridad que exige la ley, lo que aliviaría, sin duda, la presión que desborda las capacidades de recepción de inmigrantes que soporta Ceuta.

Lo que resulta todavía más grotesco es que los eslóganes y gritos que se vertieron en esas manifestaciones reproducían los insultos y descalificativos que la derecha y los ultras fascistas suelen emplear para atacar al presidente del Gobierno y a las instituciones que no actúan según sus criterios ideológicos. Así, arremetieron con exabruptos y calumnias contra Pedro Sánchez, agredieron a periodistas de medios considerados “manipuladores”, como la televisión pública TVE, o lanzaron cánticos y amenazas contra onegés y hasta contra Cáritas por, precisamente, ayudar y paliar de alguna manera las necesidades de las personas -no se olvide: son personas- que malviven a la intemperie -inmigrantes o no- en las calles y playas de la plaza española en la península tingitana de África.

En la que se celebró en Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arengó a los manifestantes diciendo que “una ciudad española ha sido invadida, ocupada, y lamentablemente con el conocimiento del Gobierno de España”. Al mismo tiempo, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra el presidente del Gobierno, al que tildó de “psicópata peligroso” que está “al servicio, como lacayo, del régimen de Marruecos”. Lo acusó, sin más, de traidor.

Si los responsables de los partidos convocantes, por controlar a la entidad que formaliza la convocatoria, se expresan con tal nivel de agresividad, los manifestantes que responden emocionalmente a tales estímulos acaban asumiendo y vociferando las consignas racistas y de odio que aquellos promueven, lo que alimenta un clima de inusitada crispación social y polarización que es difícil de apaciguar.

Bajo un mar de banderas rojigualdas y cánticos ofensivos, miles de ciudadanos se echaron a la calle por todo el país en demanda, presuntamente, de ayuda y en defensa de Ceuta. Fue fácil movilizarlos. Y constituyó todo un éxito para los intereses de las derechas españolas, obsesionadas en derribar al Gobierno desde el mismo instante en que su presidente logró la investidura del Congreso de los Diputados. Un Gobierno que, en esta ocasión, acumulaba motivos para el reproche a causa de la tardanza en gestionar la explosiva situación de la plaza española, en no identificar con prontitud la extraordinaria dimensión de los acontecimientos ceutíes y en no ofrecer una información suficiente y creíble sobre las causas y los responsables de aquella crisis. Parecía más empeñado en defender las relaciones con Marruecos.

Sin embargo, se erró con la excusa. Porque las ayudas, aunque tarde, han estado llegado en forma de cuantiosas sumas económicas (para el Gobierno local, fondos al empleo, etc.), medios materiales (tiendas de campaña, aseos desmontables, mantas, medicamentos, vacunas, etc.) y recursos humanos (policías, soldados, médicos y algunos jueces). No se podía decir, por tanto, que Ceuta se había abandonado, que no se le había prestado ayuda ni que tampoco, por supuesto, no se defendiese. El lema que presidía las manifestaciones era, simplemente, una manipulación que mentía al ciudadano. Su propósito era otro y quedó meridianamente claro.

Incluso, hasta el informe policial que apareció de manera oportuna para abundar en la supuesta negligencia del Gobierno ha resultado ser eso, un extraño escrito que desinforma más que informa, que conjetura más que asegura, que apunta pero no acusa expresamente. Se trata del “famoso” informe policial que sugiere la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, por no contenerlos e incluso “guiarlos”. En un gratuito alarde especulativo, sin pruebas ni hechos verificables, el informe no alerta de lo que iba a suceder, sino que se limita a describir lo que estaba sucediendo a partir de lo que se publicaba en las redes sociales, sin datos de primera mano o aportados por agentes propios.

Es un informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que se remitió a la Audiencia Nacional, a instancias del juzgado que instruye el caso sobre si se había producido “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”. Un caso abierto a raíz de una denuncia presentada, el mismo 31 de julio, por el “antipartido” Iustitia Europa, una formación que propugna las deportaciones masivas y el despliegue del Ejército y la Armada para blindar las fronteras.

Lo curioso es que, por orden expresa de la jueza que lleva el caso, la existencia del informe no fue comunicada a los mandos superiores del cuerpo policial ni al director general de la Policía. Por consiguiente, tampoco el ministro del Interior ni el Gobierno conocían su existencia, a pesar de que, basándose en valoraciones y conjeturas y no en ninguna prueba material, el informe sugería, sin afirmarlo abiertamente, que el Gobierno de Marruecos fue en última instancia el responsable de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

Esa milagrosa aparición de un informe secreto en el curso de las manifestaciones sirvió, sin más, para acusar al Gobierno de conocer y no hacer nada por impedir la “invasión” de Ceuta. Y motivaron las soflamas de que “Ceuta se defiende, no se vende”, que tan buena cogida tuvieron entre los manifestantes, y que servían para relacionar “la ayuda a Ceuta” con la convocatoria de unas elecciones anticipadas que posibilitaran un cambio de Gobierno, sin explicitar qué medidas alternativas, distintas a las impulsadas por el actual, adoptaría un Ejecutivo de distinto color.

Es decir, ¿cómo un Gobierno de derechas, coaligado con la extrema derecha, abordaría una crisis semejante? Fue lo que preguntó en el Congreso el presidente del Gobierno durante el pleno extraordinario que debatió la cuestión. ¿Cuál sería la firmeza que ordenaría emplear un Gobierno antinmigrante ante una avalancha de civiles desarmados e indefensos que fuerzan su entrada ilegal por la frontera?

Valorando que las fuerzas de seguridad españolas “supieron responder con humanidad” y no provocar una tragedia mayor, pues murieron ahogadas 141 personas al intentar llegar a Ceuta, el presidente preguntó al líder de la oposición: ¿qué habría hecho usted diferente? ¿Habría ordenado a la policía que disparara a la población civil? ¿Matar a cientos, quizá miles de jóvenes, para gestionar la frontera?

No tuvieron respuesta, como tampoco se ofrecieron propuestas a los manifestantes de las movilizaciones en ayuda de Ceuta. Quizá no las había o no fueran tan simples o fáciles como las que exigían las pancartas. Lo único claro es que la crisis migratoria de Ceuta ha sido utilizada como munición para desgastar al Gobierno, tal vez como último cartucho que las derechas disponen para obligarlo a tirar la toalla y convocar elecciones anticipadas.

Es posible que nunca sepamos la verdad de la implicación de Marruecos por esa actitud permisiva de no impedir el asalto multitudinario a la frontera española, ni de la contribución que han tenido EE.UU e Israel en crear el ambiente de bulos y mentiras que empujaron a miles de marroquíes a pensar que las puertas de Europa se abrían para ellos.

En cualquier caso, las relaciones con Marruecos deberán ser distintas a las mantenidas hasta ahora y que, en función de las investigaciones de inteligencia en marcha, habrán de replantearse de forma absoluta en defensa de los intereses de España. Y que, entre tanto, ha de reforzarse la seguridad y la vigilancia de las fronteras africanas de nuestro país, que son las de Europa en su conjunto.                   

La crisis de este verano

No vivimos para sustos. Si no es una pandemia, es un volcán que empieza a echar lava de súbito, la invasión rusa en Ucrania o un genocidio en Gaza por parte de un Israel inhumano.  Por si nos parecía poco, también asistimos al secuestro -vía militari- del presidente de un país sudamericano por un quítame allá unos pozos de petróleo y a otra guerra más, esta vez contra la antigua Persia, por el mismo motivo e idéntico autor, el energúmeno que gobierna EE.UU. Todavía más, para acabar de los nervios: tras las increíbles amenazas de anexionarse por la cara Groenlandia, Cuba y Panamá, tuvimos que soportar el uso de subidas unilaterales, increíbles y arbitrarias de aranceles como chantaje en las políticas comerciales de Trump con el resto del mundo. Solo China le mantuvo el pulso. Y, por otros motivos, también España, que se negó a incrementar su aportación a la OTAN y a ceder las bases de utilización conjunta en nuestro país para librar la guerra ilegal, desproporcionada e injustificada de USA contra Irán.

Así, pues, cuando ya creíamos que con las olas de calor -cada año más intensas y extensas- habíamos acumulado todos los motivos de insomnio, decenas de miles de subsaharianos y marroquíes entran de forma ilegal y al mogollón en Ceuta, esquivando el espigón fronterizo y echándose al mar a nado o con flotadores. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y dejaron en mal lugar a nuestro país. Se lo pusieron fácil a esos que solo necesitan cualquier excusa para proferir las más apocalípticas catástrofes y desgracias que obedecen, según ellos, al calamitoso y nefasto Gobierno que hemos votado y que hasta las próximas elecciones no piensa dejar de gobernar, aunque le cueste aprobar cualquier ley en un Parlamento fragmentado.    

La cuestión es que, para colmo de sustos, entre 70.000 y 75.000 inmigrantes (hombres y niños, mayoritariamente) cruzaron y entraron de forma ilegal el 30 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, en el transcurso de solo un día y colapsando absolutamente la frontera y a las fuerzas policiales encargadas de custodiarla. Una cantidad enorme de personas que desbordaron las capacidades de gestión y de acogida de una ciudad de solo 83.000 habitantes que, de un día para otro, dobló su población.

Por desgracia, más de 140 personas murieron en el intento de cruzar la frontera, contando los cuerpos aparecidos en aguas españolas y marroquíes. Fue el carísimo precio de la desesperación. Y aunque la mayoría ha regresado por donde vinieron, el problema de saturación sigue existiendo ahora en los centros de menores de Ceuta, ciudad que acoge a más de 1.000 menores inmigrantes tutelados en unas instalaciones con capacidad solo para 30. A los que se suman cerca de 1.500 que aun deambulan por las calles o se esconden para no ser repatriados. Un problema que supera todas las previsiones.

Esta situación, que solo por su volumen es inédita, ha dado pie a que la derecha y la extrema derecha culpabilicen al Gobierno, declarándolo responsable de todo, hasta de poner en peligro la integridad territorial de Europa. No obstante, Ceuta ya venía soportando una presión migratoria desde antiguo, como se repite periódicamente en Canarias y Melilla, al menos desde 2005, por su ubicación geográfica fronteriza. En 2021, sin ir más lejos, más de 5.000 personas entraron en la ciudad al relajar Marruecos sus controles como protesta por la acogida hospitalaria en nuestro país de un líder del Frente Polisario. Casi todos los años, con la llegada del buen tiempo, se suceden llegadas migratorias semejantes, bien en pateras o saltando verjas, en estas fronteras sureñas del continente europeo, si bien es verdad que no con tanta intensidad.

Sin embargo, a la derecha supuestamente civilizada que representa el Partido Popular (PP) le ha faltado tiempo para relacionar estos hechos con la reciente regularización de inmigrantes que ya vivían y trabajaban en España -proceso finalizado y que exigía unos plazos de residencia demostrada-, afirmando que creaba un “factor de atracción”. Es lo que suele calificar de “efecto llamada”. Como si fuese necesario llamar a los migrantes de la parte empobrecida del mundo para que se busquen las habichuelas en la parte próspera, separadas solo por un espigón o una valla metálica.

Y para la ultraderecha, con sus exageraciones habituales, el cruce masivo en la frontera fue, sin más, una invasión, una avalancha y una guerra, frente a lo cual hacía un llamamiento a los “españoles” para que hagan lo que se supone no hace el Gobierno: el enfrentamiento y la expulsión violenta y sin contemplaciones ni garantías. Había que “cazarlos o pescarlos” clamaba, megáfono en ristre, un desalmado dirigente ultra porque, según ellos, todos los inmigrantes, sin excepción, son delincuentes y representan un peligro para nuestra sociedad.

Pero no fueron los únicos. El populismo de derechas de Europa y Norteamérica también aprovechó para barrer para casa e irradiar su ideología racista y xenófoba. La primera ministra italiana, la radical Giorgia Meloni, se apresuró a suspender el espacio Schengen y aplicar controles fronterizos a los pasajeros no comunitarios procedentes de España. Responde con una manida estrategia emocional, común a todas las derechas, de utilizar la inmigración como recurso de movilización electoral, cuando ni sus propias iniciativas, como esos centros para solicitantes de asilo ubicados en Albania, no consiguen el respaldo legal de la justicia italiana.

Por su parte, el imprevisible y siempre bocazas Donald Trump también relacionó las imágenes fronterizas de Ceuta con lo podría pasar en su país si se deja de aplicar la política salvaje del ICE contra los inmigrantes en USA, que hasta muertos ha causado entre ciudadanos norteamericanos. Incluso Elon Musk, que no pierde ocasión para aportar su pullita, se permitió comparar la “invasión” ceutí con las espeluznantes escenas de la película de zombis Guerra Mundial Z, en su obsesión por identificar los migrantes con una enfermedad contagiosa que amenaza nuestra existencia. Qué se puede esperar de quien gusta saludar al estilo nazi.

Más aun, algunas democracias europeas que comparten el proyecto común, como Finlandia y Suecia, también cuestionaron la actuación de España al criticar que hay “países que no cumplen con su obligación de proteger las fronteras”. Entre el vocerío alarmista destaca que el Vaticano haya sido uno de los pocos Estados que ha evitado la demagogia fácil del racismo y la agitación interesada del miedo, limitándose a pedir, en cambio, atención humanitaria para los migrantes.

Y es que todo el que ha podido sacar rédito con lo sucedido en Ceuta lo ha hecho, destacando solo lo que le convenía y eludiendo lo relevante del asunto. Porque en Ceuta no se ha producido únicamente una crisis migratoria, sino un conflicto complejo en el que confluyen presiones diplomáticas, limitaciones estructurales, intereses estratégicos y polarización política. Es decir, había de todo menos lealtad institucional, honestidad intelectual y política de Estado.

Nadie se preocupó por hacer un pormenorizado análisis de los acontecimientos y del colapso humanitario sufridos en Ceuta. Las críticas se centraron en exigir mayor dureza (¿tal vez militar, con cañoneras en la costa?) en los controles fronterizos para repeler esos intentos de entrada ilegal y denunciar la incapacidad de nuestros servicios de información para detectar y prever estos movimientos. También cuestionaron que el Gobierno no exigiera responsabilidades al reino de Marruecos por no controlar a su población.

Son críticas válidas pero superficiales e interesadas, por cuanto no profundizan en el uso de los movimientos migratorios como instrumentos de presión política, interferir en decisiones económicas u obtener concesiones de otros Estados. “No buscan solo abrir un paso, sino sembrar incertidumbres, desgastar instituciones y dividir a las democracias”, señala la exministra de Exteriores Arancha González Laya en un artículo. Máxime si estas crisis se producen entre países que mantienen una delicada y ambivalente relación de vecindad por cuestiones de soberanía, tanto por las plazas españolas en el norte de África como por la descolonización y reconocimiento del Sáhara Occidental. Ambos asuntos constituyen el elefante blanco para la diplomacia española-marroquí.

A ello habría que sumar las últimas políticas de la Unión Europea (UE) que mutan hacia potenciar la seguridad presuntamente debilitada de los Estados frente a los derechos humanos, en respuesta al avance de la ultraderecha en gobiernos europeos. Gana peso el relato que supedita los derechos a la seguridad supuestamente amenazada por la inmigración. De ahí que la UE financie a Marruecos con millones de euros para la gestión de fronteras, la lucha contra las mafias de personas y el control de los flujos migratorios, y deje en segundo lugar los derechos inherentes que amparan al migrante.

Además, por si fuera poco, Marruecos se ha lineado con EE.UU. en los Acuerdos de Abraham, promovidos en 2020 durante el primer mandato de Trump, para la normalización de relaciones entre Rabat e Israel a cambio del reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, en perjuicio de la paz israelí-palestina. No es de extrañar, por tanto, que el embajador israelí ante la ONU pusiera en cuestión la soberanía española de Ceuta y la propia Casa Blanca responsabilizara de la crisis a las políticas “globalistas” y de “extrema izquierda” de España.

Es decir, cada cual arrimó el ascua a su sardina para aprovechar la situación en beneficio propio, obviando el problema real y desentendiéndose olímpicamente de quienes siempre pierden: los propios inmigrantes, algunos de los cuales pagan con su vida. Declaraciones que evidencian una instrumentalización vomitiva de la crisis y que no aportan ninguna iniciativa tendente al abordaje del problema espinoso de la frontera entre Europa y África, ninguna actuación coordinada y eficaz, ni la más simple alusión a una respuesta europea sobre su frontera exterior, más allá de la retórica contra España y de exigencia de una mayor dureza policial.

Pero si la complejidad no fuera ya mayúscula, hay que sumar al conflicto el triángulo de relaciones de España con Marruecos y Argelia, sabiendo que los dos países árabes se profesan mutua animadversión y compiten por el poder y la influencia regional en el Magreb. Estrechar relaciones con uno genera desconfianza y hasta desencuentros con el otro, incluso incumplimientos de contratos. España intenta mantener un delicado equilibrio en sus relaciones con los dos países norteafricanos, a los que califica de ”socio estratégico”, cuando se refiere a Argelia por la dependencia que tiene del gas argelino, y de “nación amiga” a Marruecos, con el que le une lazos históricos, culturales y económicos. Pero ambos países difieren, hasta romper sus relaciones diplomáticas, por su actitud sobre el Sáhara Occidental, en la que Argelia apoya al Frente Polisario y Marruecos reclama la soberanía de la antigua colonia española.

No es solo, pues, una crisis migratoria lo sucedido en Ceuta, sino una encrucijada geoestratégica con múltiples ingredientes, donde algunos utilizaron y probablemente promovieron movimientos migratorios como modo de presión, otros como arma electoral, sin que faltaran quienes corrieron para argumentar amenazas e infundir miedo y odio entre la población.

Allí confluyeron dos maneras de entender la convivencia: los que levantan muros entre países o razas y los que prefieren defender los derechos humanos, migrantes incluidos, protegiéndoles la vida y respetándoles su dignidad como personas, y también a la población ceutí. Ni los migrantes ni los ceutíes han de sufrir las consecuencias de maniobras políticas que los ignoran y desprecian, utilizándolos solo como piezas de un ajedrez geoestratégico.

No se puede ni se debe afrontar ninguna crisis migratoria renunciando a las herramientas legislativas y el ordenamiento legal con los que garantizamos, en un Estado de Derecho, los derechos y libertades de las personas, tanto nacionales como extranjeras. Y si son menores de edad, con mayor firmeza aun con el fin de evaluar circunstancias y evitar situaciones de vulnerabilidad. Es lo que se espera de un país democrático, sujeto al imperio de la ley, y civilizado como es España. Todo lo demás es charlatanería miserable y cortoplacista que no resuelve nada

“P´adelante”, como sea

Cierto sector del poder judicial está ejecutando aquel llamamiento genérico “el que pueda hacer, que haga” que verbalizó el expresidente José María Aznar hace unos meses. La orden se está cumpliendo a rajatabla por todos a los que iba dirigida, tanto en el ámbito político, mediático y, como vemos, también el judicial, sin que siquiera los togados guarden las formas y se preocupen en maquillar sus sentencias, ajustándolas al derecho.

Existe una cacería contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez desde el primer minuto en que accedió al Poder Ejecutivo y, especialmente, desde que concedió, en 2021, el indulto a los líderes independistas catalanes encarcelados por sentencia del Tribunal Supremo, entre ellos al expresidente del Govern Oriol Junqueras, y por la Ley de Amnistía que aprobó en 2024 para la normalización institucional, política y social de Cataluña, que, según cálculos, afectará a más de trescientas personas inmersas en procesos judiciales a causa del procés.

La derecha, tanto política como judicial, no perdona la política conciliadora del Gobierno con Cataluña, ni que rebaje la consideración de delitos de sedición y rebelión a los desórdenes públicos acaecidos en aquella comunidad a causa de las manifestaciones por la independencia y el posterior referendo ilegal. La extrema violencia policial con la que se trató de impedir la consulta y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en octubre de 2017, para “suspender” la autonomía en Cataluña, fueron las armas con las que se combatió un problema político. Hay que recordar que con aquellas medidas se disolvió el Parlament, el Govern quedó destituido y el Gobierno central asumió temporalmente la gestión de las consejerías de la Generalitat.

Por todo ello, existe una ofensiva judicial por parte de un número reducido de jueces, con el apoyo tácito o implícito de parte del colectivo, contra el Gobierno de Sánchez por motivos que solo pueden hallarse en la política, como advierte Carlos Elordi en un artículo publicado en noviembre de 2025.

Ese contexto, junto al apoyo que el Gobierno cuenta en el Congreso de partidos nacionalistas o independentistas del País Vasco y Cataluña, cuyos votos permitieron la investidura del líder del PSOE, es lo que explica la radical virulencia de la derecha contra Pedro Sánchez, a quien no le reconocen los indiscutibles éxitos alcanzados, durante sus mandatos, en el plano económico, laboral, internacional y social.

Es llamativo, si no fuera preocupante, encuadrar en esa ofensiva aquella manifestación de jueces y fiscales, con sus togas a las puertas de Palacios de Justicia, contra la ley de amnistía que entonces aun se estaba elaborando. A pesar de estar obligados a que sus opiniones políticas no influyan en el ejercicio profesional como jueces, no se recatan de exhibir su ideología y, lo que es peor, que esta impregne sus sentencias.

Tanto es así que el destino del actual Gobierno está en manos de estos jueces, algunos de los cuales se comportan con un componente de soberbia apenas disimulado y que genera desconfianza, cuando no estupefacción, en la ciudadanía. Es la que muestra el juez Juan Carlos Peinado con su instrucción prospectiva -expresamente prohibida en el proceso penal- contra la esposa del presidente del Gobierno, en su búsqueda desaforada de algún indicio delictivo que permita condenarla. Se trata de un ejemplo palmario de utilización de la justicia con fines políticos: lo que se conoce como lawfare.

Fue también el caso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez Rodriguez, que perdió su escaño en el Congreso por una condena, en 2021, de inhabilitación que tres años después anuló en Tribunal Supremo. Para entonces, ya estaba fuera de la institución, por lo que el castigo era irreversible.

Y es también el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz -utilizado como pieza para asediar y obligar dimitir a quien lo nombra, el presidente del Gobierno-, a quien ha condenado el Tribunal Supremo a la pena de inhabilitación por revelación de datos reservados, sin pruebas irrefutables y basado en argumentos voluntaristas y en un bulo calumnioso, que reconoció falso, su propio autor, el “Rasputín” de la líder de la derecha y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un acoso al Gobierno al que ese colectivo conservador de jueces y magistrados del Poder judicial se ha sumado mediante la última, que no definitiva, sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación en la plaza que consiguió para dirigir el conservatorio de música de Badajoz. Únicamente los funcionarios y la autoridad pueden cometer prevaricación en sus funciones, no los ciudadanos candidatos a cubrir una plaza. Y su hermano, Pedro Sánchez, ni siquiera era líder de su partido ni había accedido a la presidencia del Gobierno. No era nadie para influir en ninguna administración. Pero para el tribunal, el imputado cometió delito de prevaricación, aunque no haya prueba de cargo directa, aunque sí indicios de irregularidades en la creación de la plaza y en su adjudicación, algo que resuelven diariamente en nuestro país la jurisdicción contencioso-administrativa, no los tribunales penales. Pero como no puede ser condenado por prevaricación, se le condena por “colaborador necesario” por presentarse a la plaza siendo quien es, el hermano del futuro presidente del Gobierno.

Y como estos, incluido el de Mónica Oltra en Valencia, muchas otras actuaciones del conservadurismo reaccionario que aun anida en la judicatura y que no hacen ascos al uso espurio de la justicia con fines políticos. Cosa que se explica, pero no justifica, si atendemos a la procedencia de esos jueces o de sus descendientes, pues se trata de una judicatura que transitó directamente desde la dictadura a la democracia sin la debida “modernización” ni actualización al régimen democrático. De ahí la abrumadora derechización que sufre la justicia y su tendencia al lawfare, al que concurren actores del ámbito político, mediático, económico, social y hasta religioso.

La primacía de la derecha en el Poder Judicial se evidencia en cifras: de sus 5.500 jueces, solo dos fueron candidatos progresistas para 118 plazas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia autonómicos, según recoge el exjuez Baltasar Garzón en su libro La democracia amenazada (Planeta, 2026).

Es patente, por tanto, que asistimos a una campaña de “acoso y derribo” contra el actual Gobierno de España en la que participan individuos sumamente poderosos del mundo de la judicatura, empeñados en acabar como sea con un Gobierno al que consideran ilegítimo desde que fue nombrado por el Congreso de los Diputados. Jueces y fiscales que responden al mandato “del que pueda hacer, que haga”. Y no se paran en consideraciones legales o morales para, en connivencia con sectores de la política y los medios de comunicación, lograr sus propósitos sin esperar al resultado de las urnas. Tampoco les detiene el deterioro de las instituciones ni la desconfianza y la desafección que generan en la ciudadanía. El ambiente de crispación y polarización que provocan con sus exageraciones, denuncias y manipulaciones maniqueas favorece sus objetivos de alterar el normal desenvolvimiento político. Aunque asqueen y desmotiven al votante.

Pero si la situación es tensa y grave, no me quiero imaginar lo que podría pasar si, por malicias del destino, Pedro Sánchez vuelve a ganar las próximas elecciones, contra todo pronóstico y a pesar de la presión judicial que soporta en su entorno familiar, con su hermano y su mujer condenados. No soy capaz de pensar lo que harían estos que creen que la única España posible es la que ellos representan, que la única Patria es su patria. Dios nos coja confesados.

La prioridad del primate

La última parida de la extrema derecha es priorizar los recursos (sanidad, educación, prestaciones, etc.) a nuestros compatriotas, a los que forman parte de nuestra “tribu”, los nativos nacionales que pertenecen a nuestro grupo social. Se creen estos ultras que han descubierto el más moderno invento de convivencia en sociedad, segregando por origen a la hora de repartir los frutos obtenidos entre todos en el territorio que habitamos. Y no saben que lo que hacen es dejarse llevar por el instinto que hemos heredado de nuestros “parientes” animales que nos son más cercanos, los primates. Es decir, se dejan llevar, como los monos, por impulsos primitivos antes que por decisiones racionales. Se comportan como animales más que como seres humanos.

Y la verdad es que no es algo extraño en el comportamiento del humano, en el que se mezclan instintos innatos con respuestas elaboradas desde el análisis racional y la previsión de consecuencias. Es algo que no podemos evitar, entre otras cosas, porque, como demostró Darwin, no es que vengamos del mono, sino que somos monos, mal que nos pese. Y la actitud de la extrema derecha viene a confirmarlo, por si los terraplanistas, creacionistas y demás “ultristas” tenían dudas.

Tanto es así que hasta la especie más pacífica de homínido solo se muestra cooperativa dentro del grupo, pero intolerante y hasta agresiva frente a otros grupos. Lo que parece, a nuestros ojos, un comportamiento generoso de fraternidad tribal, como es compartir las piezas cazadas y ayudar a otras madres con sus crías, no es más que una apuesta fruto de la evolución para con el grupo, dentro del cual es posible la existencia del individuo. No se trata, pues, de solidaridad o justicia distributiva, sino simplemente de un instinto de preservación de la especie, por encima de la del individuo, para garantizar la perpetuación o continuidad de los genes. Un instinto que induce a estos animales “pacíficos” a “priorizar” sus recursos: a los nuestros de todo, para los otros, nada de nada.

Y tal comportamiento es el que anima a los impulsores de la iniciativa de la prioridad nacional: primero los nuestros a la hora de recibir ayudas, prestaciones y derechos; los demás, que allá se las compongan. Como conducta animal, no está mal y en ciertas especies está justificado como estrategia de conservación y garantía de perpetuación y continuidad. Pero como decisión política del homo sapìens, la del vertebrado, mamífero, placentario, primate, simio y humano más inteligente del planeta -como diría juan Luis Arsuaga-, es una boutade racista, una auténtica burrada irracional, se mire como se mire, incluido desde el punto de vista económico.  

Porque, aunque en la naturaleza no existe la maldad ni la bondad, ni ninguna intencionalidad moral, los seres humanos, en cambio, nos relacionamos desde premisas éticas racionales y de justicia. Regulamos nuestros instintos primarios más primitivos mediante convenciones morales, normas de urbanidad y leyes de variado ámbito que procuran que la convivencia entre humanos sea pacífica, tolerante, equitativa y justa: lo más alejada posible de los irracionales instintos animales que aun condicionan nuestra conducta. Procuramos controlar esos instintos mediante la coacción educativa y cultural que vamos asimilando desde niños y la coacción de la fuerza que impone el marco legal en el que actuamos. En vez de instintos, elaboramos leyes y normas que eviten las discriminaciones y privilegios entre los individuos que conforman nuestra sociedad, el colectivo de lo que llamamos españoles. Y, de hecho, así queda expresamente recogido en la Constitución, al declarar el marco legal que nos ampara como un Estado social y democrático de derecho. Una ley de leyes que protege al individuo de cualquier discriminación por razón de raza, sexo, creencia, color de piel o lengua. Y que considera a toda persona, independientemente de su condición y del lugar de nacimiento, poseedora del valor intrínseco e inalienable de la dignidad, que distingue a cada ser humano por el simple hecho de existir.

Diferenciar a los habitantes de España, a la hora de merecer derechos, prestaciones y ayudas, por su origen o por un “arraigo” que no se exige a los nacidos aquí, es lo más semejante a la actitud hostil y violenta de los monos con sus parientes de otros grupos. Es un reflejo de nuestra procedencia simiesca (cuyo origen es, para colmo, africana) que reproduce la prioridad del primate. Una actitud que demuestra cuán lejos están algunos de comportarse como auténticos homo sapiens.

No todo vale

Resulta que los votos no son la única manera de tumbar a un gobierno cuando sus adversarios están decididos a desalojarlo del poder sin aguardar al veredicto de las urnas. El respeto a los procedimientos democráticos que los ciudadanos consideraban sagrados no siempre se cumple por los impacientes dispuestos al “todo vale” con tal de acceder al poder, por quienes se valen de atajos mediáticos, judiciales, policiales y de manipulación política para conseguir desgastar y obligar a renunciar a un gobierno, sea de mayoría absoluta o minoritario con apoyos parlamentarios, surgido de unas elecciones.

La lealtad política, institucional y democrática brilla por su ausencia cada vez que se recurren a tales métodos espurios de ejercer oposición. Y en España, desde hace tiempo, esta deslealtad irrespetuosa e irresponsable viene empleándose para desbancar al Gobierno desde que, en 2018, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, presentó una moción de censura al Gobierno conservador del Partido Popular (PP), presidido por Mariano Rajoy, que fue apoyada por la mayoría del Congreso de los Diputados, siendo la primera moción que tiene éxito desde la restauración de la democracia en España.

Aquella moción victoriosa venía motivada porque el PP, a tenor de las investigaciones del llamado caso Gürtel, mantenía una estructura de contabilidad “paralela” (caja B) de financiación ilegal, con la que también retribuía a altos dirigentes de la organización (entre otros, figuran apuntes a “M.Rajoy” en dicha contabilidad), mediante un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, según sentencia de la Audiencia Nacional. Es decir, se debió a la corrupción del PP confirmada por sentencia judicial. Y se justificó, como señaló Sánchez en el debate, porque “la corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aun en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad”. 

Se inicia, entonces, una campaña por deslegitimar, con razones o sin ellas, al nuevo Gobierno por parte del partido que fue desalojado abruptamente del poder, en 2018, mediante aquella moción que permitió a Sánchez ser presidente de Gobierno. El socialista se convertía, de este modo, no solo en el primer presidente que resulta investido gracias a una moción de censura, sino además en el primero que lo consigue sin ser diputado desde que existe la democracia de 1977, pues había renunciado al acta de diputado en 2016 para no compartir la decisión de “abstención técnica” que su partido había adoptado para facilitar la investidura de Rajoy. También sería el primer presidente español que domina el idioma inglés. Muchas, quizá demasiadas, novedades para el “presidencialismo” español.

Hay que recordar que el PP había ganado por mayoría simple las elecciones de 2016 y Mariano Rajoy, tras cuatro meses de negociaciones, fue investido con los apoyos de Ciudadanos y otras formaciones de la derecha, más la abstención del PSOE, en una segunda sesión de investidura. Ese gobierno conservador duró hasta 2018, cuando le fue retirada la confianza del Congreso con la cuarta moción de censura registrada en la historia de la democracia y la segunda de la XII legislatura, una de Podemos y otra del PSOE, ambas contra Mariano Rajoy.

Y con su final se ponía en marcha una campaña de desprestigio y desgaste que Rajoy exhibió ausentándose de su escaño para no reconocer con su presencia la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, legitimidad avalada por los votos del Congreso. Rajoy abandonó su escaño durante horas, ofreciendo aquella imagen del bolso de la vicepresidenta ocupando su lugar, mientras se debatía la moción y jamás volvió a sentarse en él como expresidente. Se limitó asistir dos minutos durante la segunda sesión del debate de la moción para ser el primero en felicitar al nuevo presidente, al que se acercó corriendo a estrechar la mano antes de desaparecer del hemiciclo. Fue un escueto acto de cortesía parlamentaria. Desde ese momento empezaron en el PP las acusaciones de que “el Gobierno de Sánchez es ilegítimo y se lo debe a los populistas, los viejos amigos de ETA y los enemigos de España”.

Se iniciaba, así, la campaña de “acoso y derribo” al Gobierno socialista, antes incluso de que el expresidente José María Aznar, que ejerce de oráculo del PP, solicitara aquello de que “el que pueda hacer que haga”, frase con la que llamaba a un ataque por cualquier medio contra el Gobierno con las armas que cada cual tenga (mediáticas, judiciales, policiales y políticas). Y es que, para él y los suyos, el presidente Pedro Sánchez representa “un peligro para la democracia”. Y no han parado en el empeño por todos los medios posibles (legales, alegales e ilegales) para tumbar al Gobierno. La derecha, históricamente, siempre ha tenido muy mal perder porque tiene un sentido patrimonialista del poder y considera que le pertenece por “la gracia de Dios”. Piensan que lo normal es que ellos gobiernen, y lo anormal y peligroso sería que lo haga la izquierda.

Así se ha comportado siempre la derecha de este país. Las malas artes, la mezquindad, la mentira y la marrullería han sido herramientas usuales de la derecha a la hora de enfrentarse con el adversario político. Ejemplo palmario fue la acusación de fraude de unas elecciones, en 1993, que tachó de "pucherazo". También en Andalucía, donde Javier Arenas no consiguió, pese a ganar en votos, la presidencia de la Junta. Acariciaba su sueño dorado después de intentarlo como cabeza de lista en múltiples ocasiones. Incluso la CEOE, que apoyó a sus cuates andaluces (CEA), diseñó un cartel que reproducía la imagen de una manzana y un gusano para aquellas elecciones andaluzas. Como se ve, la derecha, tanto política como económica o mediática, suele jugar sucio. 

Y lo sigue haciendo. “Acabar con el Gobierno con todos los medios a nuestro alcance hasta echar a Pedro Sánchez” es la consigna textual para todas sus iniciativas, aunque sin aclarar si han de ser también ilegales, alegales e inmorales, como las que se están produciendo actualmente a través de acusaciones falsas, bulos, información tendenciosa y zafias mentiras sobre Pedro Sánchez, su familia y el Gobierno. No importa: el fin justifica los medios. Y en esas estamos.

De hecho, ya no es solo el partido derrotado el que ejecuta en solitario un plan de acoso que le permita recuperar el poder sin esperar al veredicto de las urnas. Son también todos sus satélites afines los que están confabulados en acabar con el Gobierno socialista. Fundaciones y pseudosindicatos de extrema derecha ejercen la “acción popular” en procesos judiciales contra el Gobierno, su presidente, su familia u otras personalidades ligadas al mismo.

Es lo que se deduce de quienes han conseguido sentar en el banquillo al hermano del presidente por presunto tráfico de influencias y prevaricación, gracias a las acusaciones de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europea y PP. Toda una camarilla de entidades de marcado cariz ultraderechista que se apuntan a cualquier proceso que pueda deteriorar la confianza en el Gobierno y su credibilidad.

Los mismos que se han juramentado para encausar judicialmente a Begoña Gómez, la esposa del presidente, mediante recortes de prensa de escaso rigor, pero que han servido para que un juez emprenda una instrucción prospectiva sin elementos indiciarios y hasta con un informe en contra de la policía judicial que no halló pruebas de ilicitud en sus cuentas bancarias. Y todo por seguir ejerciendo su trabajo en una Universidad madrileña, como hacía antes de que su marido fuera presidente de Gobierno.

Tan bajo ha llegado ese afán por desprestigiar al mandatario socialista que se intentó construir un falso escándalo por el negocio de saunas que su suegro regentaba y que, según sentencia de la Audiencia Nacional en 2024, era una “actividad privada lícita”. Sin embargo, ello no impidió que el líder del PP preguntara al presidente de Gobierno, en una intervención parlamentaria de hace poco, “¿de qué prostíbulos ha vivido usted?”. Una muestra más del todo vale, hasta la infamia. 

Y es que, desde 2018 hasta hoy, una retahíla de casos judiciales acosa al Gobierno y obstaculiza e, incluso, paraliza su normal desenvolvimiento. Unos fundados y otros, no tanto. En ocho años de mandato socialista, ocho causas se han sumado contra el Ejecutivo, prácticamente a una por año, y una detrás de otra. Son las siguientes:  Casos hermano, esposa, suegro, Cerdán, Leire, Ábalos, Fiscal general y, por último, Zapatero. Para un Gobierno que nació con voluntad de erradicar la corrupción, ya que con ese motivo reemplazó a otro gobierno acusado y condenado por corrupción, parecen demasiados los casos de presunta corrupción que brotan a su alrededor, y todos ellos denunciados por sus adversarios de la derecha. No obstante, sea casualidad o no, de todos ellos deberá defenderse el Gobierno, rendir cuentas y aclarar su actuación en cada caso.

Es lo que exige la ciudadanía y lo que conviene a un sistema democrático, a pesar de que la coincidencia de todos ellos contra el Gobierno en tan breve plazo de tiempo resulte, cuando menos, sospechosa. Son explicaciones más que necesarias para evitar la desconfianza de unos ciudadanos saturados por tantos casos de corrupción que resultan ya indistinguibles: Ábalos/Koldo, Bárcenas, David Sánchez, Gürtel, Begoña Gómez, Leire, Kitchen, Plus Ultra, Cerdán, Zapatero, Aldama, Dana, Adamuz, Montoro, etc. Explicaciones imprescindibles para evitar aquello de lo que prevenía Hannah Arendt: que el individuo más conveniente para un régimen totalitario es el que no distingue la realidad de la ficción. Aclaraciones, por tanto, ineludibles que ayuden a no confundir la realidad con la ficción y no caer presa fácil de manipuladores y demagogos.

Porque la desolación y la desafección del electorado es una carcoma para la democracia. La desconfianza ciudadana en sus dirigentes abona la abstención y desnaturaliza con la ineficacia el sistema democrático. Sólo con transparencia e información, veraz y precisa, se puede combatir y contrarrestar cualquier campaña de acoso y derribo, aunque sea infundada, pero más aun si presenta motivos plausibles o indiciarios.

Es muy probable que asistamos a un cambio de ciclo político, pero este ha de producirse en las urnas y con el voto de los ciudadanos, no a causa de la desinformación, los bulos, las argucias judiciales, la presión mediática y demás artimañas políticas con las que se intenta ganar lo que no se consigue en unas elecciones. En definitiva, sin votos, no todo vale, aunque algunos crean lo contrario y hasta estén confiados en ello. Entre otras cosas, porque les sirve para que estemos hablando de cuestiones judiciales, sin que todavía exista ninguna sentencia, en vez de la acción del Gobierno y de las iniciativas legislativas que ha impulsado en beneficio de la mayoría de la población. Les sirve porque desvía nuestra atención de lo que en realidad nos interesa: salario mínimo, educación, sanidad, empleo, vivienda, pensiones, becas, igualdad, libertades, sostenibilidad, medio ambiente, dependencia, etc. ¡Mira que hay cosas de las hablar!   

¿Qué España prefieres?

Conseguimos salir de una dictadura y transitar hacia una democracia de manera más o menos pacífica y consensuada, aunque es verdad que tuvimos que esperar a la muerte en su cama del dictador. Tal vez por reacción a cuarenta años de represión y censura, disfrutamos de la democracia con una tolerancia y unas ganas de libertad que hicieron de nuestro país un ejemplo de transición ordenada y eficaz; eso sí, con excesiva tendencia al olvido.

En pocos años, pasamos de no poder ver desnudos en el cine a poder casarnos con personas del mismo sexo, si ese era nuestro deseo, y sin obligación de que el matrimonio tuviera que ser administrado, para ser legal, por la iglesia católica. Un sarampión de libertad que, afectando a las costumbres, la cultura, el ocio y la vida misma, caracterizó aquellos lustros de recién estrenada democracia, en la que hasta un alcalde se atrevía a dar la bienvenida a la movida de su ciudad, junto a una actriz con una teta al aire, con una frase que hoy sería rápidamente descalificada: “¡Rockeros, el que no esté colocao que se coloque… y al loro!”.

Más allá de la anécdota, fueron años fecundos en avances libertarios en los que se buscaba la igualdad, la justicia, la tolerancia y la diversidad. Y la reconquista de derechos. Los trabajadores empezaron a ver reconocidos derechos que les habían sido negados, como el de negociación colectiva de convenios y el reproche penal del despido arbitrario o improcedente con la restitución al puesto de trabajo o la indemnización consecuente.

La mujer alcanzaba cotas de igualdad respecto al hombre jamás soñadas y su lucha feminista conquistaba hitos impensables, como decidir sin tutelas sobre su propio cuerpo o su presencia en ámbitos y estratos laborales y sociales que les estaban vetados, además de la legalización del aborto, el divorcio y hasta castigar como delitos los abusos y agresiones sexuales. Por su parte, la educación y la atención sanitaria se extendieron a toda la población, logrando aumentar la formación y la salud de las generaciones posteriores.

Los terratenientes y latifundistas fueron perdiendo el feudalismo señoritil con derecho a pernada que gozaban con la dictadura, cuando eran amos supremos de tierras y vidas, mientras los campesinos dejaron de limosnear trabajo en la plaza del pueblo para disfrutar del derecho al paro agrícola. Casas de cultura, hogares del pensionista, centros de salud, colegios e institutos permitieron a nuestros pueblos no depender de las grandes ciudades para abrazar la modernidad y acceder a recursos y prestaciones socioculturales que no estaban a su alcance.

De considerar las vacaciones un lujo de privilegiados a los viajes del Imserso para los mayores, de no salir del terruño ni en verano a recorrer Europa sin necesidad de pasaporte ni cambio de moneda, de la bicicleta y el tren renqueante al coche con GPS incorporado y el AVE que acorta distancias y tiempo, los avances económicos y sociales se sucedieron con denuedo ilusionante.

Es verdad que se tuvo que entrar en la OTAN para integrarnos en una Comunidad Europea que, gracias a los fondos de cohesión, impulsó y contribuyó a la transformación del país, equiparándonos en infraestructuras y servicios a las modernas naciones de nuestro entorno, hasta el extremo de que ya no miramos con envidia lo extranjero, sino que nos hemos convertido en referente envidiable. Ello posibilitó que nuestros Ejércitos compartieran misiones y maniobras militares con la Organización del Tratado atlantista en su conjunto y que nuestros chuscos generales franquistas, proclives al golpismo, tuvieran que aprender idiomas, participar y colaborar en ejercicios supranacionales con mando foráneo y aceptar la supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil que emana de la soberanía nacional.

De esta forma, y gracias a todos esos avances que acompañaron a la evolución social, dejamos de emigrar a Francia o Alemania, principalmente, y empezamos a recibir inmigrantes de otras latitudes que nos ven como nosotros veíamos aquellos países: una posibilidad de mejora para un futuro digno. España dejó de ser un país de emigrantes (con millones de salidas hasta finales de la década de los 70 del siglo pasado) a convertirse en un receptor de inmigrantes, experimentando una notable transformación demográfica, con más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, un 19 % de la población, según el último censo. Datos que la sitúan por detrás de Alemania y similar a la de Países Bajos o Suecia.

Y emigrábamos por idénticos motivos que impulsan a los inmigrantes que recibimos: guerras, violencia, miseria y falta de trabajo. Ahora, marroquíes, subsaharianos y sudamericanos copan trabajos que por sus condiciones y remuneraciones nosotros esquivamos, pero que agradecimos cuando tuvimos que emigrar, posibilitando la viabilidad de sectores como la agricultura, hostelería, construcción y cuidados de mayores, además de ayudar a mitigar el envejecimiento poblacional. Según estudios, la inmigración realiza una aportación neta positiva al Estado, con una contribución económica mayor que las ayudas que perciben.

Es decir, mientras adquiríamos nuevos derechos y disfrutábamos de crecientes libertades, no nos importó el color de piel ni las creencias y costumbres de quienes hicieron de nuestro país una tabla salvadora para huir del infierno de sus países de origen. De hecho, la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad se vio enriquecida cultural y económicamente con la inmigración, cuyos flujos han permitido, además, el crecimiento de la población española de las últimas décadas.

Pero, al parecer, aquella ilusión democrática con la que enterramos la dictadura y la presencia en las calles de ciudadanos extranjeros que comparten con nosotros las vicisitudes del presente nos ha vuelto desmemoriados, intransigentes y racistas.

Ahora nos aburre votar cada cuatro años, pensamos que todos los partidos son corruptos, que el sistema (político) está agotado, que los derechos y libertades están asegurados para siempre y que los inmigrantes nos quitan el trabajo y acaparan las ayudas que debieran estar destinadas solo a los “nuestros”, a los nacidos aquí. Creemos que la democracia ya no es útil para gobernarnos con la autoridad y determinación que son necesarios y que la diversidad racial y cultural desnaturaliza nuestra identidad como españolitos de recia estirpe. Y ello a pesar de que los servicios y prestaciones de un Estado constitucionalmente Social, que reconoce nuevos derechos y amplía o aumenta protecciones (Estado del bienestar), no deja de crecer cada año, y que la inmigración resuelve dificultades laborales y demográficas de nuestro país.

Peor aún, en la actualidad percibimos la inmigración con prejuicios discriminatorios y actitudes xenófobas que son alimentados por formaciones políticas de índole populista, ultranacionalista o reaccionaria. Una visión sesgada por cuestiones espurias e intereses partidistas que hace hincapié, con mensajes alarmistas, en la llegada y reparto de los inmigrantes que arriban a nuestras costas en pateras (los más pobres y vulnerables de los inmigrantes) y, específicamente, en los Menores No Acompañados (MENA), consiguiendo que relacionemos peligrosamente inmigración con delincuencia, cuando tal relación no se sostiene en datos fehacientes y cuando la inmigración que llega con visado, o sin necesidad de él por acuerdo entre países, es más relevante en términos de volumen e impacto a largo plazo sobre la sociedad y la economía española.

Hemos llegado a tal punto de ceguera y sectarismo que asumimos como sensato y conveniente el término de “prioridad nacional”, en lugar del principio de igualdad, a la hora de entender los derechos y la convivencia en una sociedad democrática. Ahora pretendemos que determinados derechos y la igualdad dependan de la nacionalidad, una discriminación por origen para definir quién merece ayuda, servicios o prestaciones y a quién se los negamos y dejamos en la cuneta. Parece no importarnos que se fomente así una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, un modelo de ciudadanía excluyente, como forma de convivencia, sin que se nos encienda una luz de alarma en el cerebro. Sin pensar que, de ahí a un Trump español que persiga inmigrantes con una desalmada policía de fronteras, va un paso. Y estamos dispuesto a darlo, por lo que parece y se acuerda en cuanto gobierna la extrema derecha.

Entre la España que fuimos y a la que estamos yendo, yo prefiero la primera. Porque, de seguir este rumbo, acabaremos en esa jaula de oro, pero jaula al fin y al cabo, a la que alude un colega columnista. Y para jaulas, ya tengo bastante en las que nos aprisionan los plutócratas y “tecnobros”, sin que nos demos cuentan, esos carceleros autoritarios semifascistas y sus compinches capitalistas que hoy dirigen el mundo a su antojo.

Me niego a levantar nuevas jaulas entre nosotros, ni para los propios (naturales) ni para los extraños (extranjeros) que creen que España es un paraíso de oportunidades, cuando todos estamos luchando por un futuro mejor, digno de personas. Yo sé qué España prefiero y deseo para mis hijos porque somos nosotros los que asumimos y decidimos nuestro futuro.

Soy de los podridos

Resulta que, para algunos, la pluralidad ideológica es un mal insoportable y el adversario político, un enemigo. Solo desde esa mentalidad, se puede alegremente insultar al votante de un partido que no te agrada, tachándolo de ignorante o cosas peores. Es lo que hacen quienes disienten y combaten ideas o iniciativas de alguna formación de la que desconfían, sobre todo si gobierna, mediante insultos, descalificaciones, tergiversaciones o sencillamente mentiras y bulos.

Utilizan lo soez y la agresión verbal como instrumento para el debate político o ideológico, en vez de la confrontación de programas y propuestas para los problemas que a todos conciernen como país. Y la verdad es que es un recurso del que se valen todos los partidos o políticos en mayor o menor medida, pero son los representantes de la derecha y la extrema derecha quienes profieren de manera más constante exabruptos y ataques personales al adversario político y, lo que es peor, insultos a simpatizantes o votantes de otros partidos.    

Ejemplo de ello es la última boutade de una alta personalidad del gobierno de la Comunidad de Madrid, nada menos que el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, famoso por sus insinuaciones y acusaciones insidiosas, la mayoría de ellas gratuitas y sin pruebas, aunque a veces, por esos misterios de la ceguera de la Justicia, no solo quedan impunes, sino que sirven de base para querellas y hasta para condenar al insultado o calumniado.

Tal es la especialidad a la que se ha dedicado este individuo que ocupa un despacho oficial del que emana el argumentario utilizado por su jefa, la ínclita Isabel Díaz Ayuso, cada vez que abre la boca cuando quiere cuestionar al Gobierno de la nación y, en especial al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que llegó a llamar hijo de p... desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.

La boutade a la que me refiero ha venido servida en unos tuits en los que el veterano y polémico político ha asegurado, como si fuera vidente, que el Tribunal Constitucional absolverá al exfiscal general del Estado, en respuesta al recurso presentado por este tras ser condenado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados.

Pero, no contento con mostrar su desconfianza con la independencia de tan alto Tribunal, ha aprovechado que estaba inspirado para, de paso, agredir por escrito a los votantes socialistas, considerándolos como “Un tercio de españoles podrido”.  Insulto que completa, por si no había quedado claro, con otro tuit: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…, Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”. Y se ha quedado tan pancho.

Personalmente, me doy por aludido. Pertenezco a ese porcentaje de población, según MAR, que vota a las izquierdas desde que se pudo hacer en este país, tras la muerte del dictador Franco. Soy, pues, del grupo de los podridos y no consiento la agresión sin defenderme, pero sin caer en aquello del “y tú más”, sino enorgulleciéndome de lo que diferencia mis valores de los que defiende el botarás Rasputín de Ayuso, es decir, del ideario de la derecha.

Y lo haré con los modos y medios con que defiendo mis convicciones: sin insultar ni desprestigiar a mis oponentes ideológicos y partidistas. Entre otras cosas, aparte de por educación, porque estoy convencido de que con diálogo y respeto todos podemos alcanzar acuerdos y lograr una convivencia social en paz y libertad en el marco de las leyes y la democracia, sin sectarismos ni imposiciones.

Cosa que este personaje insultador no puede ni sabe hacer. El modelo social y económico que postula lo pretende defender mediante mentiras, tergiversaciones, amenazas, campañas de desprestigio y bulos. Lo hace ahora y lo ha hecho siempre, como ya en otra ocasión describí. No es de extrañar, por tanto, que su última extravagancia tuitera reproduzca calificativos que suele utilizar cuando busca confrontar con adversarios políticos. Y que su elevado tono despreciativo provenga más del resentimiento y el nerviosismo que de una estrategia de polarización.

Es lo que cabe suponer puesto que, acostumbrado a mentir e insultar con impunidad, no siempre se sale con la suya, afortunadamente. Un nerviosismo que suponemos proviene del hecho de que, a principios de mayo, Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como investigado ante un juez por difundir la identidad, con nombres, apellidos y fotografías, de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre la pareja de Ayuso.

Para desacreditarlos, envió un mensaje difamatorio a varios medios, añadiendo, además, que los reporteros habían intentado entrar encapuchados en el domicilio de la presidente de la Comunidad madrileña y que habían “acosado” a los vecinos e, incluso, a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

Con ello intentaba contrarrestar lo que prefería que permaneciera oculto o, cuando menos, pasara desapercibido entre una maraña de bulos, ya que el mensaje lo difundió después de que un medio digital publicase la noticia que la pareja de Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda. Y él, como jefe de Gabinete de la novia del defraudador, tenía que salir en defensa del… presunto delincuente. Y lo hace a su modo y manera: inventándose noticias, desprestigiando a profesionales y a la profesión periodística, amenazando y coaccionando a cuantos pretendan averiguar la verdad, insultando y agrediendo oral o por escrito a todo el mundo. Es la manera de comportarse de MAR, lenguaraz y mezquino, como siempre ha sido.

Porque así defiende sus ideas este político que suele actuar bajo la sombra de algún poderoso que lo proteja y cuide. Es su estilo desde que era portavoz de Castilla y León y elaboró una lista negra de periodistas sospechosos de cuestionar al Gobierno regional; también desde la Oficina de Información del PP, en la que aparece como pagador de dinero negro a una presentadora de televisión; incluso cuando accedió a la Secretaría de Estado de Comunicación y ejerció de Portavoz del Gobierno de Aznar, desde donde amenazó al entonces dueño de Antena3; y,  ahora, desde su puesto de jefe de Gabinete de Ayuso, donde hace y deshace a su antojo para construir a una “lideresa” a su imagen y semejanza.

¿Debatir ideas, propuestas y programas? Quiá! Lo suyo es exclusivamente insultar e intoxicar. Pero yo, como aludido, no se lo voy a permitir. Porque podrido estará él. Y no porque yo lo diga, sino porque su currículo lo demuestra. Y sin necesidad de recurrir a cuantificar cuántos ladrones, malversadores, condenados, corruptos, manipuladores, acaparadores de instituciones y medios de comunicación, tramposos y macarras hay más en sus filas que entre los socialistas. No hace falta.

Pero lo grave y triste es que esas conductas y modos que MAR exhibe sin pudor se contagian a la formación que ha de representar unas ideas tan defendibles como las mías ante la tribuna de la opinión pública. Un debate de ideas que ha de hacerse sin agresividad ni imposiciones, sino con respeto mutuo y diálogo civilizado. Cosa que MAR no sabe ni hace; es más, impide que se haga.

Porque quien en realidad tiene putrefacta la boca es este señor que jamás se ha comportado con dignidad ni ha respetado las instituciones ni los cargos por los que ha pasado, causando vergüenza entre sus propios correligionarios decentes y honestos. Y, en contra de lo que él asume, no todo vale en política. Así, no. Yo no se lo consiento ni se lo voy a dejar pasar. Quede constancia.        

Un corrupto aclamado

Un comisionista y defraudador con privilegios (no se le puede investigar ni juzgar al estar protegido por ley como inviolable), ha aprovechado el último día de Semana Santa, el de la supuesta resurrección de Dios (una deidad conservadora, capitalista y sanguinaria de la que sátrapas, autoritarios y dictadores dicen que está siempre de su parte y lucha en su bando), para ir a una plaza de toros (donde se sacrifican animales por mera diversión) a ver la reaparición de un matador (sí, a un auténtico matarife de reses bravas), puesto que desde ese día ya no hay que guardar luto y se puede celebrar la matanza de animales como espectáculo. El asesinato de humanos, sin embargo, no ha parado ningún día de tan santa semana ni en Gaza ni en Ucrania, ni en Líbano ni en Irán, ni en tantos otros lugares. Tal parece que los toros son más sagrados que los seres humanos para algunos creyentes monoteístas. Pero eso es otro tema.

El que nos ocupa, por cercano, está protagonizado por una persona importante, pero que hasta hace poco fue aun mucho más importante (tanto, que ha sido jefe del Estado), de la que se ha acreditado haber usado dinero público con fines privados (costear viajes con fondos reservados a sus amantes), haber cobrado comisiones por tráfico de influencias y haber defraudado a Hacienda y eludido pagar impuestos (un cúmulo de chanchullos y delitos que lo obligaron a irse a otro país para esquivar el reproche público y la deshonra familiar), regresa -cosa que hace cada vez que quiere- para darse un baño de multitud no en una biblioteca o un museo, sino en una plaza de toros, en la que el público asistente lo recibe entre aplausos y vítores mientras sonaba en himno de España. Como si fuera un torero. De hecho, se fotografió con todos los matadores al final del evento, supongo que para dejar constancia gráfica para la posteridad.

Lo curioso es que, siendo un personaje de comportamiento tan indigno que hasta ha tenido que exiliarse, no hubiera sido objeto de ningún abucheo o protesta por presentarse en una plaza de toros como si fuera un héroe. Al contrario, es aclamado por esa burguesía conservadora que gusta del asesinato de animales en el circo y admira a privilegiados con fortuna que no pagan impuestos. En la plaza y recibiendo una ovación estaba, apoyado en un bastón, quien fuera símbolo de un Estado que debiera garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, excepto él, que es impune e inviolable.

Por eso sus acólitos lo acogen en loor de multitud para que haga lo que mejor sabe hacer, pegarse la buena vida con dinero de todos. No visitó ningún orfanato ni ofreció ninguna recepción oficial o institucional, sino que, antes de ir al ruedo de La Maestranza, se fue a comer a un selecto club privado con sus aduladores, entre los que se encontraban empresarios, millonarios con apellidos de rancio abolengo, regatistas, personajes y periodistas afines a la derecha y, por supuesto, toreros.

Posteriormente, por la noche acudió a una cena también privada en casa de un afamado y bigotudo periodista, conductor de un programa de radio, que ha recorrido todo el arco ideológico en sus opiniones (hay un antes y un después de haber sido víctima de un atentado terrorista) hasta acabar como un trompetero más del apocalipsis. En esa velada lo acompañaron, de manera no oficial, el presidente de la Junta de Andalucía, conocido por sus sonrisitas cínicas y el deterioro intencionado de la sanidad y los servicios públicos, y el alcalde de Sevilla, conocido también por estar en boca de todos al mantener la ciudad intransitable (a pie o en coche) por obras más cosméticas que necesarias, más por alardear en las próximas elecciones que por auténticas mejoras insoslayables.

Curiosamente, ambos políticos pertenecen al mismo partido conservador-sin-complejos que no hace ascos a gobernar con la ultra derecha antieuropea, antifeminista, antiautonómica, antisocial y sectaria. Tales anfitriones del corrupto se declaran, por si había dudas, alcanforadamente monárquicos y juancarlistas, como está mandado.      

El caso es que este personaje, amante del toreo, la buena mesa, las mujeres hermosas y gordas cuentas corrientes, no se arrepiente de nada (salvo, quizá, de la abdicación), a pesar de que su vida enfila las últimas curvas de la decrepitud senil. Y se comporta como si fuera faro de virtudes y acreedor de eternos agradecimientos, sin querer ser consciente de que acumula lo más repudiable que podría albergar un servidor público: aprovecharse de la confianza de los ciudadanos en beneficio o lucro personal. Un corrupto privilegiado que ha mantenido durante toda su vida una falta de moral clamorosa, una falta de honradez vergonzante y una falta de lealtad hacia su país, a la institución que encarna y a la población impropia de su condición como máximo representante del sistema de gobierno que conseguimos con la restauración de la democracia. 

Se trata de un corrupto privilegiado que no asume su responsabilidad y pretende seguir representando un papel del que ha sido despojado sin honores por sus propios (de)méritos y su enorme desfachatez. Y que no ha rendido cuentas, como se le exige a otros corruptos de la política que la población condena antes de que se demuestre su culpabilidad cuando sean juzgados. Su legado de corrupción y vida licenciosa es enorme, tanto que tuvo que huir de su país y abdicar de la corona para intentar exonerar a su hijo y la institución que encarna. No hacía más que seguir una tradición familiar que encadena tres generaciones seguidas de Borbones exiliados de su país. Pero, como dijeron de Alfonso XIII, no se va o lo hacen huir por ser rey sino por ladrón. Porque, como él mismo reconoce, los menores de cuarenta años lo recordarán como un comisionista, evasor, corrupto y mujeriego. 

Así es el personaje al que brindaron una ovación en una plaza de toros el Domingo de Resurrección, como si la resurrección fuera la suya y no la de la divinidad de una religión que considerad sagrada la propiedad privada, el adoctrinamiento de menores y la subordinación servil de la mujer al hombre (de ahí que no existan curas ni papas mujeres), como si estuviera siendo rehabilitado en su condición de alta dignidad del Estado, incólume a los escándalos que ha protagonizado.

Un personaje de apariencia campechana que se rodeaba de “amigos”, como Mario Conde, Javier de la Rosa y Manuel del Prado y Colón de Carvajal, que han conocido la cárcel por diferentes escándalos en los que presuntamente había participado. O incluso de familiares, como su yerno, que fue condenado por el caso Nóos, del que se absolvió a su hija infanta, esposa del condenado. Un lío que dejó la sospecha de su implicación o del conocimiento que pudiera tener de esas actividades delictivas.

Un personaje, en fin, corrupto e inmoral que, cuando España estaba al borde del rescate por problemas con la prima de riesgo y los ciudadanos soportaban estrecheces, paro y desahucios, se fue de safari a Botsuana a matar elefantes, con tan mala suerte que se cayó, se rompió la cadera y tuvo que ser intervenido de urgencia. Un accidente que evidenció su catadura moral y la existencia de una íntima “amiga” (otra más) que destapó los trapicheos de un corrupto que atesoraba empresas opacas en Panamá, cuentas en paraísos fiscales y era beneficiario de una cuenta en la banca Mirabaud de Ginebra en la que Arabia Saudí había ingresado 100 millones de dólares (más de 64 millones de euros) que el personaje quiso ocultar como una donación (regalo) a su amiga. Y al reclamarle la devolución del dinero, ella se defendió en los tribunales, aireando los trapos sucios del corrupto. Tales chanchullos motivaron una investigación fiscal en Suiza que lo obligó huir a Emiratos Árabes Unidos, país sin acuerdo de extradición con el país helvético, no sin antes abdicar como acto de “servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey”, sin que nadie, ni siquiera su hijo rey, creyera tan nobles y altruistas intenciones.

Este es el corrupto privilegiado que ha sido recibido entre aplausos en el lugar que mejor simboliza su conducta llena de cuernos y embestidas por engordar su patrimonio particular a cualquier precio, pues se cree con derecho a ello por su cara bonita. Cara de privilegiado corrupto aclamado en una plaza de toros.  

Perdón por la Historia

Está de moda corregir la Historia y exigir o pedir perdón por abusos o atrocidades cometidos en el pasado, máxime si los hechos han enfrentado a pueblos que han mantenido relaciones como colonizadores y colonizados. Es el caso de la exigencia a España por parte de las autoridades de México de una disculpa pública por los abusos y atrocidades cometidos durante la conquista de América. Una exigencia que ha heredado y mantenido la actual presidenta del país, Claudia Sheinbaum, a partir de la carta que remitió su antecesor, Andrés Maniuel López Obrador, al rey Felipe VI solicitando una disculpa por la Conquista, la cual no fue respondida formalmente, generando tensiones diplomáticas.

Este debate presuntamente historicista, denominado presentismo, se produce generalmente por personas que no son historiadores y que juzgan hechos del pasado con las reglas morales del presente. Y es utilizado por algunos dirigentes para supeditar la Historia al interés político del presente. Se trata de una forma de manosear la Historia que implica un revisionismo continuo e interesado del pasado, sin ningún afán riguroso por una comprensión objetiva de hechos históricos pretéritos, tendente solo a glorificar o legitimar acciones políticas del presente.

Parece oportuno subrayar que los impulsores del presentismo no son expertos ni historiadores sino políticos o novelistas que pretenden ajustar el pasado a los estereotipos de sus interpretaciones históricas en la actualidad, sin distinguir ni el contexto ni los valores morales y legales imperantes en cada momento histórico. El historiador se limita a contar los hechos del pasado, sin opinar sobre ellos y, menos aun, juzgarlos con las normas del presente. Los presentistas, en cambio, pretenden juzgar, interpretar y valorar hechos, personajes y períodos de la historia a partir de los valores, la moral y los parámetros de hoy. Presentan una visión del pasado sesgada por una miopía del presente que los distorsiona, la mayor parte de las veces, de manera interesada. Y en menor medida, con la intención de corregir hechos del pasado en función de esquemas de sensibilidad contemporáneos, para los cuales acciones y comportamientos históricos resultan rechazables u ofensivos en la actualidad.

Con ese prisma, las matanzas cometidas por los españoles en Tenochitlán, la capital del imperio mexica, tras la llegada de Hernán Cortés, y que acabó con el poder local en apenas tres años, pueden ser interpretadas como deleznables actos de genocidio y no fruto del choque cultural y el imposible diálogo interreligioso que supuso el encuentro entre pueblos y civilizaciones tan distintos social, militar, cultural y moralmente. Máxime si se omite que, en aquella lucha, los mexicas respondieron persiguiendo a los españoles, los mataron en el camino y los ahogaron en el canal de los Toltecas, ocasionando también infinidad de muertos, según un testimonio indígena, datado en 1528, que explica lo acaecido en esa batalla.

Por eso, exigir disculpas o pedir perdón por hechos históricos del pasado, aunque sean sangrientos y dolorosos, es una manera de reescribir la historia, bien para borrar culpas o bien para enaltecer una historia con sentimientos identitarios o nacionalistas.  

La historia hay que contemplarla con el suficiente distanciamiento científico para alejar los hechos de toda valoración emitida desde parámetros del presente. De lo contrario, lo que se realiza es una versión interesada de la misma que puede inducir a derribar estatuas de Cristóbal Colón o pedir responsabilidades por sucesos pretéritos, cuando ni México era México ni aquella España imperial era el país democrático que es hoy.

No obstante, reconocer el pasado y admitir los abusos cometidos en épocas tan lejanas de la historia es una actitud que honra y dignifica al país que la toma, puesto que asume la responsabilidad del daño y pretende su reparación desde el punto de vista institucional e histórico. Es lo que hizo Alemania por el Holocausto, Francia por lo de Argelia o Canadá con la comunidad judía. Son casos excepcionales que no justifican la revisión permanente de los procesos evolutivos y las transformaciones de las sociedades humanas a lo largo de la historia. De lo contrario, estaríamos exigiendo disculpas a Italia por esclavizar y someter a Europa durante el Imperio Romano, a los árabes por la conquista de España durante la época islámica e, incluso, a Francia por la invasión napoleónica.

No se puede pretender un rediseño del pasado según los intereses del presente, atribuyendo a posteriori una identidad inventada a personajes históricos y una interpretación también convenientemente reelaborada del pasado. Y no se puede, entre otras cosas, porque tales revisiones no se acometen desde el rigor y la objetividad científica de los historiadores y, lo que es peor, porque se centran en un aspecto concreto de la historia y no en el conjunto de toda ella. Es decir, el presentismo histórico está impulsado, sin tener en cuenta las circunstancias históricas de los hechos, por deseos de explotar una “arqueología del agravio” que sirve para sustituir la historia y memoria de los pueblos por un relato oficial que conviene a los intereses políticos del presente.

Claro que se puede -y se debe- tener una visión actualizada de la historia, estudiar críticamente el pasado, pero no para corregirlo sino para aprender de sus lecciones, emular su grandeza y evitar cometer sus errores, incluso para reparar las consecuencias que todavía puedan perdurar en el presente. Una visión que permita reconocer la historia compartida y el legado cultural que enriquece tanto a España como a la América hispana. Porque comprender el pasado con honestidad y precisión histórica, es la mejor manera de construir un futuro también compartido entre pueblos con una relación de siglos y la base más firme para la convivencia y la cooperación en el presente.