¿Qué España prefieres?

Conseguimos salir de una dictadura y transitar hacia una democracia de manera más o menos pacífica y consensuada, aunque es verdad que estuvimos que esperar a la muerte en su cama del dictador. Tal vez por reacción a cuarenta de años de represión y censura, disfrutamos de la democracia con una tolerancia y unas ganas de libertad que hicieron de nuestro país un ejemplo de transición ordenada y eficaz; eso sí, con excesiva tendencia al olvido.

En pocos años, pasamos de no poder ver desnudos en el cine a poder casarnos con personas del mismo sexo, si ese era nuestro deseo, y sin obligación de que el matrimonio tuviera que ser administrado, para ser legal, por la iglesia católica. Un sarampión de libertad que, afectando a las costumbres, la cultura, el ocio y la vida misma, caracterizó aquellos lustros de recién estrenada democracia, en la que hasta un alcalde se atrevía a dar la bienvenida a la movida de su ciudad, junto a una actriz con una teta al aire, con una frase que hoy sería rápidamente descalificada: “¡Rockeros, el que no esté colocao que se coloque… y al loro!”.

Más allá de la anécdota, fueron años fecundos en avances libertarios en los que se buscaba la igualdad, la justicia, la tolerancia y la diversidad. Y la reconquista de derechos. Los trabajadores empezaron a ver reconocidos derechos que les habían sido negados, como el de negociación colectiva de convenios y el reproche penal del despido arbitrario o improcedente con la restitución al puesto de trabajo o la indemnización consecuente.

La mujer alcanzaba cotas de igualdad respecto al hombre jamás soñadas y su lucha feminista conquistaba hitos impensables, como decidir sin tutelas sobre su propio cuerpo o su presencia en ámbitos y estratos laborales y sociales que les estaban vetados, además de la legalización del aborto, el divorcio y hasta castigar como delitos los abusos y agresiones sexuales. Por su parte, la educación y la atención sanitaria se extendieron a toda la población, logrando aumentar la formación y la salud de las generaciones posteriores.

Los terratenientes y latifundistas fueron perdiendo el feudalismo señoritil con derecho a pernada que gozaban con la dictadura, cuando eran amos supremos de tierras y vidas, mientras los campesinos dejaron de limosnear trabajo en la plaza del pueblo para disfrutar del derecho al paro agrícola. Casas de cultura, hogares del pensionista, centros de salud, colegios e institutos permitieron a nuestros pueblos no depender de las grandes ciudades para abrazar la modernidad y acceder a recursos y prestaciones socioculturales que no estaban a su alcance.

De considerar las vacaciones un lujo de privilegiados a los viajes del Imserso para los mayores, de no salir del terruño ni en verano a recorrer Europa sin necesidad de pasaporte ni cambio de moneda, de la bicicleta y el tren renqueante al coche con GPS incorporado y el AVE que acorta distancias y tiempo, los avances económicos y sociales se sucedieron con denuedo ilusionante.

Es verdad que se tuvo que entrar en la OTAN para integrarnos en una Comunidad Europea que, gracias a los fondos de cohesión, impulsó y contribuyó a la transformación del país, equiparándonos en infraestructuras y servicios a las modernas naciones de nuestro entorno, hasta el extremo de que ya no miramos con envidia lo extranjero, sino que nos hemos convertido en referente envidiable. Ello posibilitó que nuestros Ejércitos compartieran misiones y maniobras militares con la Organización del Tratado atlantista en su conjunto y que nuestros chuscos generales franquistas, proclives al golpismo, tuvieran que aprender idiomas, participar y colaborar en ejercicios supranacionales con mando foráneo y aceptar la supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil que emana de la soberanía nacional.

De esta forma, y gracias a todos esos avances que acompañaron a la evolución social, dejamos de emigrar a Francia o Alemania, principalmente, y empezamos a recibir inmigrantes de otras latitudes que nos ven como nosotros veíamos aquellos países: una posibilidad de mejora para un futuro digno. España dejó de ser un país de emigrantes (con millones de salidas hasta finales de la década de los 70 del siglo pasado) a convertirse en un receptor de inmigrantes, experimentando una notable transformación demográfica, con más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, un 19 % de la población, según el último censo. Datos que la sitúan por detrás de Alemania y similar a la de Países Bajos o Suecia.

Y emigrábamos por idénticos motivos que impulsan a los inmigrantes que recibimos: guerras, violencia, miseria y falta de trabajo. Ahora, marroquíes, subsaharianos y sudamericanos copan trabajos que por sus condiciones y remuneraciones nosotros esquivamos, pero que agradecimos cuando tuvimos que emigrar, posibilitando la viabilidad de sectores como la agricultura, hostelería, construcción y cuidados de mayores, además de ayudar a mitigar el envejecimiento poblacional. Según estudios, la inmigración realiza una aportación neta positiva al Estado, con una contribución económica mayor que las ayudas que perciben.

Es decir, mientras adquiríamos nuevos derechos y disfrutábamos de crecientes libertades, no nos importó el color de piel ni las creencias y costumbres de quienes hicieron de nuestro país una tabla salvadora para huir del infierno de sus países de origen. De hecho, la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad se vio enriquecida cultural y económicamente con la inmigración, cuyos flujos han permitido, además, el crecimiento de la población española de las últimas décadas.

Pero, al parecer, aquella ilusión democrática con la que enterramos la dictadura y la presencia en las calles de ciudadanos extranjeros que comparten con nosotros las vicisitudes del presente nos han vuelto desmemoriados, intransigentes y racistas.

Ahora nos aburre votar cada cuatro años, pensamos que todos los partidos son corruptos, que el sistema (político) está agotado, que los derechos y libertades están asegurados para siempre y que los inmigrantes nos quitan el trabajo y acaparan las ayudas que debieran estar destinadas solo a los “nuestros”, a los nacidos aquí. Creemos que la democracia ya no es útil para gobernarnos con la autoridad y determinación que son necesarios y que la diversidad racial y cultural desnaturaliza nuestra identidad como españolitos de recia estirpe. Y ello a pesar de que los servicios y prestaciones de un Estado constitucionalmente Social, que reconoce nuevos derechos y amplía o aumenta protecciones (Estado del bienestar), no deja de crecer cada año, y que la inmigración resuelve dificultades laborales y demográficas de nuestro país.

Peor aún, en la actualidad percibimos la inmigración con prejuicios discriminatorios y actitudes xenófobas que son alimentados por formaciones políticas de índole populista, ultranacionalista o reaccionaria. Una visión sesgada por cuestiones espurias e intereses partidistas que hace hincapié, con mensajes alarmistas, en la llegada y reparto de los inmigrantes que arriban a nuestras costas en pateras (los más pobres y vulnerables de los inmigrantes) y, específicamente, en los Menores No Acompañados (MENA), consiguiendo que relacionemos peligrosamente inmigración con delincuencia, cuando tal relación no se sostiene en datos fehacientes y cuando la inmigración que llega con visado, o sin necesidad de él por acuerdo entre países, es más relevante en términos de volumen e impacto a largo plazo sobre la sociedad y la economía española.

Hemos llegado a tal punto de ceguera y sectarismo que asumimos como sensato y conveniente el término de “prioridad nacional”, en lugar del principio de igualdad, a la hora de entender los derechos y la convivencia en una sociedad democrática. Ahora pretendemos que determinados derechos y la igualdad dependan de la nacionalidad, una discriminación por origen para definir quién merece ayuda, servicios o prestaciones y a quién se los negamos y dejamos en la cuneta. Parece no importarnos que se fomente así una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, un modelo de ciudadanía excluyente, como forma de convivencia, sin que se nos encienda una luz de alarma en el cerebro. Sin pensar que, de ahí a un Trump español que persiga inmigrantes con una desalmada policía de fronteras, va un paso. Y estamos dispuesto a darlo, por lo que parece y se acuerda en cuanto gobierna la extrema derecha.

Entre la España que fuimos y a la que estamos yendo, yo prefiero la primera. Porque, de seguir este rumbo, acabaremos en esa jaula de oro, pero jaula al fin y al cabo, a la que alude un colega columnista en estas páginas. Y para jaulas, ya tengo bastante en las que nos aprisionan los plutócratas y “tecnobros”, sin que nos demos cuentan, esos carceleros autoritarios semifascistas y sus compinches capitalistas que hoy dirigen el mundo a su antojo.

Me niego a levantar nuevas jaulas entre nosotros, ni para los propios (naturales) ni para los extraños (extranjeros) que creen que España es un paraíso de oportunidades, cuando todos estamos luchando por un futuro mejor, digno de personas. Yo sé que España prefiero y deseo para mis hijos porque somos nosotros los que asumimos y decidimos nuestro futuro.