Llámalos por su nombre

Para poder abordar cualquier asunto de la realidad, para poder comprender lo que sucede y nos sucede, hay que primero nombrarlo, conocer con exactitud su sombre, el término más preciso que lo describe y con el que señalamos su verdadera dimensión. Porque las palabras no son inocentes: designan según la intencionalidad del que las emite. Y lo que pasa en Ceuta, con la llegada masiva e ilegal de miles de inmigrantes, sucede lo mismo. Según las palabras empleadas, nos predisponen a un significante intencionado. Estamos expuestos a subterfugios lingüísticos que intentan que aprehendamos, por la forma de nombrarlos, una determinada interpretación o aspecto manipulado de la realidad. Es lo que nos advierte Isaac Rosa con este artículo que suscribo totalmente. Por eso indico el enlace para verlo y leerlo. Valórenlo ustedes mismos. No tiene desperdicio.

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/nombre-exacto-ceuta_129_13458292.html

La desinformación es poder

Parafraseando la conocida sentencia que Hobbes escribió en El Leviatán, se podría afirmar, sin caer en el error, que la desinformación es una manera de poder controlar la opinión pública, influir en la política y conformar una sociedad acrítica y sumisa. Tal es el volumen de desinformación con el que se nos bombardea a diario y por todos los medios que dicha práctica resulta ya inevitable por rutinaria. Y no es algo nuevo, aunque en esta era digital de las comunicaciones se haya convertido en un fenómeno mucho más intenso y extenso, hasta el extremo de representar una seria amenaza para la democracia, la confianza en las instituciones y la convivencia ciudadana. Además de afectar al ámbito de los derechos fundamentales y las conquistas históricas, como la libertad de expresión, a los que tiende restringir o eliminar. No en balde Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política de la Universidad del País Vasco, califica nuestra sociedad como la de la desinformación y el desconocimiento. Entre otras razones porque, como asegura Manuel R. Torres Soriano, también catedrático en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, “las nuevas tecnologías de la información nos han hecho más vulnerables frente a la mentira”.

Y es que el mundo digital –el de las nuevas tecnologías y las redes sociales- ofrece herramientas potentísimas para la promoción y diversificación de mentiras, bulos y tergiversaciones al servicio de determinados intereses o discursos políticos que, por su cantidad y sutileza, representan el mayor intento de manipulación de masas de la historia. Se trata de estrategias de falseamiento informativo que impiden a la opinión pública conocer la realidad de los acontecimientos, conduciéndola al engaño, a la polarización y, a la postre, a la desafección política y hacia la desconfianza, cuando no al cuestionamiento, del sistema democrático. Porque la desinformación no es más que el final de un proceso comunicativo que falsea el mensaje respecto a los datos veraces. Para la RAE, consiste en “dar información intencionalmente manipulada al servicio de ciertos fines”.

Así, por ejemplo, se inculcan tendencias de odio, sectarismo, racismo y de exclusión en amplios sectores de la sociedad, ya que, influidos por noticias falsas, parciales o tendenciosas, convenimos en culpar a los extranjeros, a los inmigrantes o a otros colectivos de todos los males y problemas que nos aquejan, disuadiéndonos de prestar atención o conocer las causas reales y profundas de los mismos. Es más, nos hace ser presas dóciles de una estrategia con la que fomentamos y  compartimos ese discurso de odio que refuerza la desinformación, pero que no garantiza, en absoluto, el  derecho a una información veraz, pertinente y de verdadero interés público.

La diseminación de información manipulada, que interfiere incluso procesos electorales para alterar sus resultados, es aun más dañina y peligrosa cuando se proyecta sobre un público no preparado para descubrir o enfrentar el engaño. Ello es posible porque la desinformación se elabora de tal manera que apela a las emociones, dificultando el análisis racional, y porque la velocidad del consumo informativo, junto a la comodidad de la brevedad de las redes sociales, inducen a procesar esa desinformación mediante “atajos cognitivos”, sin valorar si es falsa, parcial o tendenciosa y sin comprobar su veracidad. Nos acostumbra a guiarnos por lo morboso, lo conflictivo o lo anómalo en vez de la importancia, el interés social y la utilidad pública como criterios de selección y consumo de información.

En esa diseminación y permeabilidad de la desinformación radica su peligrosidad al incidir en elementos nucleares de la democracia representativa, como son la participación ciudadana, el pluralismo y el control del poder, que precisan de la libertad de expresión de ideas u opiniones y del derecho a la información no manipulada sobre hechos relevantes (veraces y de interés general), que son imprescindibles para fomentar la deliberación y la creación de una fundada opinión pública.

Tan peligrosa como compleja, pues es difícil detectar y defenderse de la desinformación, ya que emplea una amplia variedad de recursos eficaces para el engaño y la manipulación de sus destinatarios. Desde la falacia selectiva que considera válidos únicamente los datos que la confirman o corroboran, hasta el hecho factoide, esa creencia popular sin base factual, que se convierte en supuestamente incontrovertible por repetirse innumerables veces y fuentes, pasando por la técnica reactiva de negar la evidencia y defenderse atacando, invirtiendo las figuras de víctima y agresor, o la de la propaganda y réplica, que consiste en emitir multitud de mensajes en corto tiempo para que la cantidad y rapidez de los argumentos prevalezcan sobre su veracidad. Sin olvidar, por supuesto, las mentiras, los bulos, las exageraciones, las fakenews, las noticias basura (junk news), las presuntas conspiraciones y los pseudoescepticismos (negacionistas que se consideran escépticos), etc.

Todos esos recursos -y muchos más que no recopilamos para no hacer demasiado larga su descripción- constituyen los potentes y enrevesados tentáculos de la desinformación, como recoge un artículo de The Conversation,  y son sumamente útiles para saturar el debate, apabullar al receptor y reducir o condicionar la deliberación pública, impidiendo el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa, veraz y relevante.

Y es un peligro, por si fuera poco, porque la desinformación afecta cada día más al periodismo de calidad. Máxime cuando, solo desde el periodismo aferrado a la verificación de los hechos, ligado a la verdad y que obtiene la información de forma lícita, es posible evitar y combatir la desinformación. Solo recurriendo a medios de acreditada solvencia, que se guían por prestar como servicio público el derecho a la información, situando los hechos en su contexto, se puede eludir la trampa de la desinformación y no caer presos de sus tentáculos.

Solo los verdaderos periodistas que actúan con diligencia, desde su papel como mediadores sociales, y unos medios de comunicación responsables, que no ocultan ni su dependencia empresarial ni su línea editorial ni sus fuentes de financiación, pueden ofrecer una información verídica y relevante, fiel a la realidad y sujeta a la verdad, imprescindible para el debate público, la participación ciudadana y el efectivo control del poder en toda democracia.

Y es que la desinformación es lo opuesto al buen periodismo, aquel que se basa en el rigor, la selección y fundamentación de los hechos noticiosos, la verificación de la información  y el contraste de fuentes. Ese buen periodismo diligente que implica el análisis crítico de la información mediante la comprobación y contextualización, utilizando fuentes plurales y sin mezclar opinión con información. Y que, aparte de inspirar credibilidad,  combate, desde su rigor y honestidad, eso que se ha dado en llamar infodemia, la capacidad que otorgan las redes sociales a la ciudadanía para emitir contenidos sin atenerse a criterios de calidad periodísticos, y a la posverdad, definida por la RAE como “información o afirmaciones que no se basan en hechos objetivos, sino que apelan a las emociones, creencias o deseos del público”.

Todas juntas, la desinformación y sus “franquicias” de la infodemia y la posverdad son peligrosas, además, porque promueven la ignorancia y el desprecio a la verdad objetiva, pues se basan en la mentira, la falsedad y la manipulación o distorsión de los hechos. Para colmo, nos abocan al riesgo de no saber distinguir entre lo verdadero y lo falso e, incluso, a la indiferencia hacia tal distinción. Todo lo cual alimenta un clima de desconfianza, tanto hacia los medios de comunicación en general como hacia las instituciones, que es caldo de cultivo para la polarización y la crispación social, la  desafección a la democracia o su cuestionamiento y al auge de los populismos. En definitiva, para conformar una sociedad acrítica y sumisa, fácilmente manipulable.      

Tal es el dantesco poder de la desinformación hoy en día, debido, en parte, a ese afán tan cómodo de suplantar al verdadero periodismo por los pseudomedios y los agitadores ideológicos que están al servicio de determinados intereses y discursos políticos. Una desinformación que se potencia al despreciar o limitar el trabajo de los periodistas, impidiéndoles el acceso a ruedas de prensa y actos de partido. Y, sobre todo, cuando preferimos y nos conformamos con la información parcial y necesariamente sin rigor, por su inmediatez y brevedad, rebotada viralmente por las redes sociales, como vía para “informarnos” de lo que sucede en el mundo, en el país y en nuestra ciudad.

No, no es una boutade afirmar que la desinformación es, hoy, poder. Mucho poder. Y se lo hemos dado nosotros.

¿Existe la libertad de información?

Los lectores ávidos de información y la prensa ávida de lectores con frecuencia esgrimen la sacrosanta libertad de información (que intencionadamente mezclo con la de expresión y opinión) para defenderse de toda crítica o ataque que cuestione, no sólo su inquebrantable adhesión a la misma, sino el ejercicio que hacen de ella. Todo pronunciamiento público, individual o colectivo, se ampara en el derecho a la información y la libertad de expresión, aunque se trate de propalar una auténtica boutade. Al parecer, vivimos en la era de la información abundante y asequible. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que, cuando mayor protección legal ampara en los regímenes democráticos la libertad de expresión e información, más expuestos estamos a la desinformación, los abusos, los bulos, la tendenciosidad, las mentiras o la tergiversación en la información que recibimos a través de los medios de comunicación, los que, en última instancia, hacen de la información su responsabilidad profesional y el objeto de su existencia. Las redes sociales son otra cosa: potentes multiplicadores a escala mundial del cotilleo comunitario sin apenas control. La realidad es que, como afirma Jean-François Rével en uno de sus libros*, en medio centenar de países la libertad de información no existe, y en los que existe o se tolera, son pocos los medios que se preocupan por informar con diligencia y rigor.

Es importante aclarar que la ley reconoce y protege esa libertad enunciada en las constituciones de los países libres, pero no garantiza la infalibilidad, la probidad y la veracidad de la información o, lo que es lo mismo, la certeza de los hechos.  Suelen, tanto los periodistas como los consumidores de información, ser exigentes y  mostrar más respeto por la libertad de expresión que por la información exacta y la opinión fundada. Y solemos, fundamentalmente los periodistas, concebir el periodismo como un `contrapoder´ imprescindible en toda democracia que se precie, pues nos enseñaron en las facultades que su papel consiste en buscar y decir la verdad, aquello que el poder procura ocultar porque le perjudica o desfavorece.  Y, visto así, es sin duda un argumento válido, aunque incompleto.

Es cierto que la libertad de información es indispensable en las sociedades democráticas, puesto que, de no contar con información veraz y suficiente para todos, los ciudadanos no podrían elegir con criterio a sus gobernantes ni valorar su gestión. Los medios son los que ponen a disposición de la ciudadanía toda la información pertinente. Pero cuando esa información es parcial o falsa, el mismo proceso de decisión y control resulta poco democrático o falseado. Y es que los medios no están (solo) para controlar al poder (y a la oposición, la industria, la economía, la religión, la cultura, el deporte, etc.), sino para ofrecer información y conocimientos relevantes y exactos, oportunos para conformar una opinión pública con conocimiento de causa. Sirven, por tanto, para buscar y decir la verdad. Entre otras razones, porque la mentira es absolutamente incompatible con la democracia, pues la abocaría a situaciones no deseadas por unos ciudadanos influidos por informaciones falsas o engañosas. Justamente, lo que vuelve peligroso al populismo de cualquier signo, pues se aprovecha de las bondades del sistema democrático para alcanzar el poder mediante la tergiversación, las exageraciones y las mentiras.

De ahí que, a pesar de los abusos, el derecho a la información esté especialmente protegido y que la libertad de información y expresión sea sagrada. Pero, retomando la pregunta inicial, ¿disfrutamos realmente de libertad de información o la información que recibimos se acomoda a la opinión de los medios y no a la inversa? Es generalmente aceptado que cada medio ofrece “su” versión de los hechos; es decir, presenta su particular punto de vista sobre lo que acontece, en vez de presentar objetivamente la información de lo que acontece. De hecho, nos han acostumbrado a preferir, de entre la “plural” oferta, la que coincide con nuestra visión de la realidad o la confirma.

Para ello, los medios se excusan en que la aspiración a la objetividad es imposible, ya que no es posible ofrecer ninguna información totalmente exhaustiva. Por ende, la pluralidad de versiones es, a su entender, la mejor manera de aproximarse a la verdad, como si esa capitulación ante la parcialidad conceda el derecho a cada medio de presentar la información como le plazca, en consonancia, curiosamente, con su línea editorial. Además, enarbolan la independencia (sólo empresarial) como garantía de una elaboración de la información no mediatizada por intereses espurios o ajenos, cuando tal independencia, si es que existe, solo es exigible en nombre de una objetividad que, de entrada, consideran imposible, pero que supone competencia y probidad. Son conscientes, aunque no lo reconozcan claramente, que la información, por su propia naturaleza, sólo puede ser verdadera o falsa, y lo único que puede ser plural son las opiniones que emanan o se basan en ella y que sirven para el debate y la confrontación de ideas. En cambio, se cuidan mucho en admitir que la dificultad para la objetividad suele obedecer a la pereza, la ignorancia, la arrogancia  o… al propósito de engañar, no a la imposibilidad de alcanzarla o del esfuerzo por llegar a ella. En definitiva, podemos responder que efectivamente existe, en una democracia como la nuestra, libertad de información, pero que esta no garantiza la infalibilidad como tampoco la independencia garantiza la imparcialidad. Del mismo modo, la pluralidad no es garantía de exactitud de la información ni de la credibilidad que debería caracterizar a los medios de comunicación de masas. Desgraciadamente, muy a menudo - más de la cuenta- nos “venden” otra cosa.

Porque, en realidad, lo que nos venden es opinión disfrazada de información. Es habitual que los medios ofrezcan una información no interpretada por sí misma, por su veracidad o falsedad, sino como precursora o indicadora de una opinión, la que se adecua a las interpretaciones preferidas por el público al que van dirigidas, o como forma de medir y cuantificar el efecto que puede producir en ese público. Y es que la misma selección de la información publicada, la agenda mediática, ya señala el sesgo interpretativo del medio o del periodista, ya que la opinión de estos, en la mayoría de los casos, determina la información, no al contrario, como sería lo deseable. No se trata de que los medios no expresen ninguna opinión, sino que esta resulte del análisis de las informaciones, con datos sólidos y demostraciones irrefutables, de tal manera que la opinión se convierta en una forma de información. En este sentido, la distinción entre opinión e información es un tópico periodístico, útil para el debate académico, en tanto en cuanto la información verdadera, la que se extrae con el criterio de la exactitud, no constituye el objetivo esencial de los medios, sino un recurso torticero para imponer puntos de vista políticos, ideológicos, religiosos, comerciales o proselitistas, que de todo hay en la viña del Señor.

No es pecar de pesimismo, sino de realismo, reconocer que son escasos los medios que se preocupan seriamente de proporcionar una información exacta y unos comentarios rigurosos. Porque solo los buenos medios, los más responsables (no tienen que ser los más poderosos o de mayor éxito), ponen por delante la exactitud y, con ella, la verdad. Y no es extraño que en ellos la libertad de información esté sustentada en la competencia y los escrúpulos deontológicos de profesionales y medios que muestran un escrupuloso respeto por esa libertad. Pero también, con igual importancia, en unos lectores y consumidores de información que saben discernir correctamente entre información y opinión.

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*: El conocimiento inútil, Jean-Francois Rével. Editorial Página Indómita, Barcelona, 2022.

¿Quién violó qué secreto?

En Huelva, ejercer el periodismo puede acarrear pena de cárcel. Es lo que se colige de una sentencia de la Audiencia de aquella provincia que condena a dos años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de su profesión a la periodista encargada de tribunales de un diario onubense por “revelación de secretos” relacionados con el caso del brutal asesinato de Laura Luelmo, una joven maestra que al poco de instalarse en El Campillo fue violada y asesinada por Bernardo Montoya, autor confeso del crimen y agresor reincidente, castigado con prisión permanente en 2018.

Según la sentencia, la periodista obtuvo información del sumario del caso y la difundió a través de los artículos que elaboraba para el periódico en el que trabajaba. Los jueces consideran que algunos de los detalles revelados eran “innecesarios e irrelevantes” para el interés público y afectaban “a la intimidad de la víctima y su familia”. Por tal motivo, no la condenan por atentar contra la intimidad de la víctima o el honor de la familia, sino por “revelación de secretos” contenidos en un sumario que, paradójicamente, no estaba declarado secreto.

En virtud del  artículo 197.3 del Código Penal, que castiga la revelación de secretos que vulneren la intimidad de las personas y obtengan esa información de manera ilícita, la periodista va a pagar por un delito que se supone cometen quienes tienen la obligación de guardar o custodiar tales secretos. Pero, que se sepa, hasta la fecha no se ha hallado ni ha sido condenado ningún juez, funcionario judicial o profesional del Derecho personado en la causa, único personal  capaz de filtrar o revelar datos e información de los sumarios que manejan, sean secretos o no.

Por otra parte, en el ordenamiento jurídico español no se contempla el castigo a periodistas por revelar informaciones de sumarios judiciales, ya que, por definición, la justicia es pública y la publicidad de los actos procesales está reconocida por la Constitución. De hecho, existen sentencias del Tribunal Constitucional  que se fundamentan en la conveniencia y la necesidad de que la sociedad sea informada sobre sucesos de relevancia penal, con independencia del sujeto privado o personas afectadas por la noticia. Un derecho a la información que ha de prevalecer cuando los delitos cometidos comportan cierta gravedad o han causado un impacto considerable en la opinión pública. Como es el caso.

Causa estupor, por tanto, que una periodista pueda quebrar el secreto de un sumario que, para colmo de contradicciones, ni siquiera era secreto. O que pudiera extraer la información de manera ilícita por cuanto del sumario, al no ser secreto, cualquier implicado podría habérsela facilitado. O que lo difundido a través de sus artículos periodísticos pudiera afectar a la intimidad de la víctima o de sus familiares cuando se trata de un suceso  que ha causado una fuerte  conmoción en la sociedad y cuyas pesquisas policiales (la propia Guardia Civil ofreció numerosos detalles en una rueda de prensa), desarrollo sumarial y la práctica de algunas providencias ya habían sido dadas a conocer con anterioridad a lo publicado por la periodista.

¿Quién violó qué secreto entonces? Es práctica habitual del periodismo que alguna fuente hubiese facilitado a la reportera los pormenores del caso que sirvieron para confeccionar los artículos periodísticos. Valerse de fuentes es, como digo, un método común no solo en periodismo de tribunales, sino también en cuestiones de política, economía, finanzas, cultura o sociedad. Y en cualquiera de estos ámbitos, corresponde a la diligencia periodística valorar qué es relevante para la opinión pública, asegurándose antes que nada de comprobar la veracidad, importancia y trascendencia de la información recabada.

Siempre que tenga ese carácter de interés general y se ajuste a la verdad de los hechos, la información prevalece sobre el derecho a la intimidad. En eso consiste, justamente, la función del periodismo: en descubrir y revelar lo que se pretende mantener oculto y es relevante para conocer lo que sucede en realidad. Sólo así, con información veraz, contrastada y plural, se puede conformar una opinión pública fundada. Y no es ningún juez quien determina qué tiene relevancia pública o no la tiene. Su labor, en todo caso, se circunscribe a ponderar cuál derecho en conflicto ha de prevalecer. Y en el caso que comentamos, tal ponderación jurídica no se ha efectuado con rigor, pues los magistrados que han instruido el sumario han preferido recurrir al supuesto delito de revelación de secretos (¡) para poder condenar a la periodista.

Ello es, precisamente, lo más chocante de esta resolución sin precedentes: el proceso que realiza el tribunal para determinar de los artículos elaborados por la periodista qué información debió omitirse y no hacerse público. En otras palabras, el sumario practica un auténtico acto de censura al estimar, a tenor del criterio de los magistrados, qué información es relevante y cuál no lo es. Incluso siendo datos veraces y legítimamente obtenidos, el juez se arroga la facultad, como en tiempos pretéritos, de establecer lo que el ciudadano puede conocer o ignorar acerca de hechos que le incumben como miembro de una sociedad democrática y al que le asiste el derecho a estar informado.   

Si el contenido de cualquier reportaje sobre un asunto judicial no aborda las declaraciones contradictorias del acusado, omite la existencia de pruebas inculpatorias, elude los datos aportados por la autopsia que corroboran la violencia del crimen y no detalla las diversas providencias practicadas para esclarecer, sin lugar a dudas, la autoría del delito, dicho resultado será cualquier cosa menos un trabajo de información periodística. Si eso es lo que esperaban los magistrados que condenaron a la periodista, no se comprende tampoco qué es lo que entienden sus señorías del periodismo, sea de tribunales u otros ámbitos. Máxime cuando tales artículos, objetos de censura por la Audiencia de Huelva, ya habían sido premiados por la Asociación de la Prensa de Huelva y por la Diputación onubense.

Y aunque es obvio que no siempre se practica una buena praxis en la labor periodística, fundamentalmente en aquella prensa que alimenta el amarillismo y el espectáculo, la deontología profesional de la inmensa mayoría de los periodistas sabe distinguir qué es relevante y pertinente de cualquier información que caiga en sus manos. Cosa distinta es la judicialización de la labor periodística como método espurio para evitar u obstaculizar sus pesquisas en pos de cualquier información de interés general, tanto judicial como empresarial, política, deportiva o social.

La sentencia de Huelva no es la primera imputación a un periodista, pero sí la primera condena basada en la revelación de secretos que, por su gravedad, extiende entre los periodistas la sensación cautelar de la autocensura, lo que es aún más peligroso para una sociedad informada. Los jueces no pueden encarnar una nueva inquisición para el periodismo responsable, riguroso y veraz, por lo que esta sentencia deberá ser recurrida y archivada en la instancia que corresponda. Entre otras cosas, porque en su resolución ningún párrafo responde quién violó qué secreto.

Pandemia e información

La época de la censura ya ha sido olvidada por lo remota e improbable que nos parece. Sin embargo, durante la dictadura -no hace tanto, históricamente hablando- estuvo en pleno vigor por la necesaria autorización gubernativa (previa o posterior), que la hacía visible con demasiada frecuencia mediante la retirada en los quioscos de cualquier publicación que no contara con el correspondiente consentimiento administrativo o la mutilación de páginas o artículos que eran censurados en aquellas otras a las que se les permitía una difusión amputada. Más que Ministerio de Información, lo que existía entonces era, en la realidad, una Oficina de Control y Censura, cuyas tijeras -Camilo José Cela fue un censor en esos tiempos oscuros- se cebaban, con especial ahínco, con los semanarios de información general, como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o Cambio16, por citar algunos ejemplos. Pero de tan férreo celo no se libraban siquiera las revistas humorísticas, como fueron el caso de Por favor o Hermano Lobo, entre otras. Afortunadamente, eran otros tiempos, felizmente superados, que hoy nos parecen inconcebibles.

No obstante, no resulta tan claro que la censura haya desaparecido definitivamente. Es verdad que no se ejerce de manera tan descarada y burda, pero sí de un modo sutil, casi imperceptible. Y es que, hoy en día, existen otras formas de controlar la información que consumen los ciudadanos sin que formalmente se les impida o niegue el acceso a su derecho a la información. Más que limitársela u ocultársela, ahora se les satura de un exceso apabullante de información que mezcla noticias, opinión, especulación, datos parciales, bulos y mentiras en un tótum revolútum del que es imposible obtener un juicio de valor objetivo. Se consigue, así, que el destinatario poco habituado a distinguir el grano entre tanta paja sea incapaz de formarse una opinión fundada y válida, independiente de la que le dicta cada medio de comunicación, según su línea editorial, o la que pretenden los poderes dominantes con su capacidad propagandística. Tal saturación informativa constituye, en la práctica, una nueva forma de censura, difícilmente detectable por los ciudadanos, máxime si el flujo de información a que están sometidos no sólo es ingente, sino además contradictorio, la mayoría de las veces sin verificar ni contrastar, fragmentario y, para colmo, superficial o elaborado desde una ignorancia que se limita cortar y pegar a un ritmo que posibilite ofrecer novedades y exclusivas cada día. De ahí la dificultad de que la avalancha informativa de semejante magnitud pueda ser asimilada por alguien que, siendo por lo general profano en la materia sobre la que desea informarse, acaba convirtiéndose en víctima de una manipulación que, incluso, no pretende ser intencionada, lo cual es peor porque no se reconoce.

Se trata de un problema o peligro que se acrecienta con los nuevos canales de comunicación social que multiplican la propagación de una información no contrastada, inexacta, raramente independiente, sospechosamente vertida por intereses políticos, ideológicos o comerciales, y en no pocas ocasiones simplemente falsa, como las famosas fakenews. Desgraciadamente, es el tipo de información que abunda en las redes sociales o el mundo digital, donde la facilidad de acceso, la gratuidad, la simplicidad y el anonimato u ocultamiento de identidad facilitan un consumo generalizado de información poco fiable y confusa, cuando no tendenciosa o falaz. Esa maraña de contenidos cuestionables, sin ninguna fiabilidad, basados en su mayor parte en rumores y especulaciones más que en información verificada y de fuentes fidedignas, constituye la vía informativa por excelencia de la mayor parte de la población, la más influenciable y, por ende, manipulable.

Tal ha sido, precisamente, el inquietante panorama que ha puesto de relieve el tratamiento informativo de la actual pandemia que a todos nos ha tenido en vilo, cuando no atemorizados, impulsándonos a recabar cuánta mayor información sea posible. El incremento de horas de televisión, compra de periódicos o conexiones a internet evidencian ese súbito apetito de información al que no todos los medios han respondido con el rigor y la profesionalidad que se les supone. La mayoría de ellos han pecado de practicar desinformación con la pandemia, lo que se conoce como infodemia, por su tendencia empresarial a satisfacer las demandas de sus “clientes” si resulta rentable para la cuenta de resultados. Ofrecen lo que se vende, no siempre lo que interesa o es verdadero.

Muchos de tales medios no han sido exigentes a la hora de recoger referencias, sin ninguna verificación, sobre, por ejemplo, la hidroxicloroquina u otros fármacos que se consideraron eficaces para el tratamiento contra la Covid-19. O han reiterado hasta la saciedad los riesgos exagerados de contagio a través de las superficies. Incluso, ahora, favorecen la alarma y las sospechas a causa de algunas vacunas, sin contextualizar unos riesgos sobre beneficios que, en otros ámbitos, aceptamos como normales aun siendo infinitamente más elevados, como los accidentes a la hora de conducir y las úlceras por la ingesta de aspirinas. Todo lo cual, unido a los mensajes populistas de políticos negacionistas o más interesados por la economía que por la salud de la población -como Trump, Bolsonaro y demás compañía-, que inundan los medios de comunicación sin apenas resistencia, ha contribuido a engordar esta colosal infodemia sobre la crisis sanitaria que aún nos asola.

Pero es que, por si fuera poco, la utilización como munición para la confrontación política que se ha hecho en nuestro país de los consejos de los “expertos”, especialistas dependientes de cada Administración y Autonomía, ha favorecido la proliferación contradictoria de informes, recomendaciones, medidas, datos, hallazgos, hipótesis y opiniones sin la suficiente credibilidad experimental y una endeble interpretación científica. Excepcionales han sido aquellos medios que han filtrado toda esa sobreabundancia de información para recoger sólo la relevante y contrastada.

La mayoría sigue así, actuando como protagonista de una desinformación que ha generado más confusión y alarma que certezas sobre el virus (SARS-CoV-19) y la enfermedad (Covid-19) que provoca. Esos medios no caen en la cuenta de que repiten el “desorden informativo”* que ya hace un siglo analizó Walter Lippmann y Charles Merz, en un estudio publicado por The New Republic, en 1920, en el que se preguntaban por la validez de la información. Y es que hoy, como entonces, la fiabilidad de la información que ofrecen los medios de comunicación convencionales, los que se supone están obligados a obtener y elaborar información de manera diligente y contrastada, adolece de una excesiva confianza en las fuentes oficiales, descansa en lo que le brindan las agencias de noticias y es escasa en investigación propia, crea confusión entre información, rumores y opiniones y, más grave aún, evidencia la pobre preparación en la materia de los encargados en recogerla y elaborarla, todo lo cual distorsiona involuntariamente la realidad de la que se pretende informar para que los ciudadanos se formen una opinión fundada y válida.

Desafortunadamente, los tiempos acelerados que vivimos no ayudan a que esta forma moderna de censura pueda ser combatida por los propios medios de comunicación, con profesionalidad y mecanismos de autorregulación, dada la complejidad de la sociedad actual y la competencia desigual que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero tal exigencia de una información fiable y veraz sigue siendo imprescindible, hoy más que nunca, para que los ciudadanos puedan formarse una opinión pública en libertad, con rigor y sin riesgos de ser manipulados, a pesar de que la pandemia haya demostrado lo contrario.

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·        * "El `desorden informativo´ hace un siglo", por Hugo Aznar, Revista Claves de Razón Práctica, nº 274, págs. 116-125.    

La muerte de un futbolista

Acaba de fallecer un renombrado futbolista y medio mundo llora su desaparición. Su fama se extendía por todos los países donde ese deporte mueve multitudes, como Italia, España, Brasil y, naturalmente, su propio país, Argentina, donde colas kilométricas de paisanos se formaron frente al Palacio presidencial, La Casa Rosada en la que instaló su féretro, para tributar un último homenaje al jugador. Un gentío enfervorizado desbordó el perímetro policial y asaltó el Palacio, obligando a trasladar el ataúd hasta otro lugar más seguro. La gente quería despedirse del Maradona que recordaban cuando sus gestas con el balón hacían bramar de admiración a los estadios. Querían despedirse de un recuerdo ya mitificado. Algo lógico entre los amantes del fútbol y del personaje en cuestión, cuya trascendencia sobrepasaba su indiscutible talento deportivo.

Pero de ahí a dedicar a esta noticia toda la duración de un Telediario es excesivo. Máxime si se trata de una televisión pública, de ámbito nacional y generalista. La lucha por la audiencia genera este tipo de comportamientos en los medios de comunicación, independientemente de la titularidad privada o pública de los mismos. Compiten como si todos estuvieran obligados a generar beneficios, cosa que sorprende en las cadenas que se financian con los impuestos de todos los españoles y cuya finalidad fundamental es prestar un servicio público, también en sus espacios de noticias, mediante una información veraz, diversa, equilibrada y de interés general, sin que esté supeditada a la rentabilidad inmediata o la demanda de moda. Que la televisión pública reproduzca la estrategia mediática de las privadas, elaborando reportajes espectaculares sobre acontecimientos que merecen una mera referencia en el bloque pertinente, tal vez la referencia más notable en su sección, es cuando menos preocupante, por lo que supone de tendencia por la cantidad y superfluo en vez de por la calidad en lo relevante para la sociedad en su conjunto, que debería constituir el objetivo de unos medios públicos de comunicación.

Es indudable que la trayectoria del futbolista muerto despierta el interés de la audiencia por la significancia y trascendencia que ha supuesto para este deporte, pero que, en su conducta personal, aparte de la deportiva, no representa ningún ejemplo ni para los seguidores del fútbol ni para los jóvenes que buscan en la práctica deportiva una meta para sus proyectos de vida. Mitificar a un personaje hasta convertirlo en leyenda, obviando los aspectos cuestionables de su conducta, es validar un comportamiento no aconsejable ante quienes buscan modelos a seguir. Que Maradona haya surgido de los arrabales, dotado con una habilidad especial desde niño para jugar al fútbol, hasta encumbrarse como una figura excepcional en ese deporte, sin saber administrar el éxito conseguido para dedicarse a los excesos de droga y alcohol con los que desperdició su don, no engrandece su figura ni genera motivos para el culto a su personalidad. Mayor interés mediático, al menos para los medios públicos, debería representar la historia de esfuerzos y lucha que muchos niños, en la misma Latinoamérica del futbolista fallecido, hacen para acceder a la educación y la cultura, por emanciparse de la pobreza y el analfabetismo a que estaban destinados por su origen, sin sucumbir al atajo fácil del juego callejero o, lo que es peor, la delincuencia, el alcoholismo y las drogas. Ello es algo que debería tener en cuenta todo medio de titularidad pública. Ya que, por muchos seguidores que atraiga el fútbol, deporte que desata pasiones, el que ha muerto ha sido un futbolista, muy famoso, es cierto, pero no el descubridor de la buscada vacuna contra la Covid, por ejemplo.

Es preocupante que desde los medios de comunicación, especialmente desde los de titularidad pública, se contribuya al enardecimiento de actitudes que valoran lo popular frente a lo importante, lo relacionado con el entretenimiento frente a los problemas reales que nos agobian, por un mero afán de competición comercial. El tratamiento informativo del fallecimiento del jugador argentino es, a todas luces, desproporcionado para una televisión pública, puesto que el hecho, más allá de su significancia deportiva, resulta irrelevante para la formación de una opinión pública sobre lo que nos sucede como sociedad. Supone la prestación de un mal servicio público, lo que incumple la función u objeto de los medios de carácter público.

Es triste que haya muerto un futbolista que hizo historia en ese deporte, pero más lamentable es la utilización de ese suceso como coartada emocional en la estrategia comercial por la publicidad en unos medios de comunicación de masas que se definen como serios y son de financiación pública. En vez de diferenciarse de la ordinariez televisiva, Televisión Española ha preferido compartir la misma tendencia de manera espectacular. Así no gana credibilidad ni consigue ser identificada con un medio serio y de calidad. Una pena en tanto en cuanto la sufragamos entre todos.