jueves, 29 de octubre de 2026

Uno, probable; dos, intolerable

Cuando, en el plazo de nueve meses, se producen sendos accidentes, que dejan un saldo de más de cien víctimas mortales en una misma línea de ferrocarril de alta velocidad sumamente saturada, debido a causas perfectamente previsibles, sean por fallo material como humano, la única reacción posible es la del rigor, la contundencia y la envergadura del análisis y de las consecuencias.

Si, encima, estos hechos lamentables acaecen en pleno fragor de una campaña electoral sumamente polarizada en la que se producen acciones violentas y escasea la educación y el civismo, por respeto a las víctimas y a la investigación pormenorizada de lo sucedido los líderes políticos deberían evitar la manipulación y el uso como munición electoral partidista de la tragedia y del trauma emocional de los ciudadanos.

Sé que exigir esto a los buitres carroñeros que se valen de bulos, mentiras, exageraciones y tergiversaciones en la diatriba de confrontación política que se estila en nuestro país es pedir peras al olmo. Y lo sé porque yo mismo me enfrento a este comentario desde la emoción, conmovido por la letalidad del accidente, más que por la razón, obnubilada por el espanto de lo sucedido.

Que se produzca un accidente en cualquier medio de transporte, por moderno que sea, es asumido como una posibilidad bastante probable que entra de lleno en las estadísticas de lo razonable. Pero que acontezcan dos accidentes prácticamente seguidos, en un intervalo de solo nueve meses, y sobre un mismo trazado, no solo es increíble sino intolerable y repugnante.

Dos accidentes consecutivos con víctimas mortales denotan un problema inesquivable que hay que afrontar de inmediato con todo rigor, contundencia y envergadura, sin limitarse a averiguar qué ha pasado aquí y cuál fue el factor desencadenante del suceso, sino por qué está pasando y cómo prevenir en lo sucesivo hechos de esta naturaleza en este medio de transporte. Y habría que hacerlo desde la convicción más sincera y decidida por resolver el problema de forma drástica y absoluta, pero lo más alejado posible de la interferencia de la propaganda política, que tiende siempre a valerse de cualquier asunto de impacto social como arma partidaria y electoral.

Sería, por tanto, de desear que los principales candidatos de la actual campaña electoral con posibilidades de gobernar se reunieran y acordaran no utilizar el accidente de ayer en Urda (Toledo), en el que chocó un tren AVE contra otro Iryo detenido en la vía a causa de una avería del sistema electrónico de seguridad, como argumento de confrontación y dejaran actuar a los investigadores, técnicos y expertos con total libertad y con todos los medios y recursos que precisen, a fin de esclarecer las causas del accidente y los problemas que aquejan la circulación ferroviaria de nuestro país.

Más que una muestra de confianza en el Gobierno, independientemente de quien lo detente, sería una señal inequívoca de respeto hacia las víctimas, a las que habría que ayudar, acompañar y arropar en todo momento, y un mensaje a la totalidad de la población acerca de la voluntad de esclarecimiento del accidente y de buscar respuestas a un problema que erosiona la alta velocidad. Una red que significó una modernización asombrosa del transporte ferroviario de pasajeros, pero que con los años y la saturación de operadores -privados y públicos- que la explotan exige una renovación constante, una revisión mucho más frecuente y un uso tal vez menos intenso en beneficio de la seguridad y la calidad del servicio.

Hay que tener en cuenta que, desde el accidente en enero de Adamuz (Córdoba), que se cobró 46 víctimas mortales, y antes del de ayer de Urda (Toledo), con arroja un balance provisional de 68 muertos y decenas de heridos, se produjo un incendio de un tren de alta velocidad en la línea a Barcelona el pasado 12 de octubre, que no causó víctimas mortales, pero afectó a 13.000 viajeros, así como a 33 trenes, por la interrupción de la circulación. Y ya anteriormente, otro tren que viajaba a Galicia descarriló en la curva de Angrois, en 2013, dejando un saldo de 80 personas muertas y más de 140 heridas. En poco más de diez años, se han dado demasiados accidentes y demasiados muertos para el mejor y más avanzado sistema ferroviario del país.

Y es que la historia del ferrocarril en España, tanto de Alta Velocidad como convencional, está manchada por la negra página de los siniestros. Desde las tragedias de El Bierzo (León), El Cuervo (Sevilla), Angrois (Santiago de Compostela), Adamuz (Córdoba) y esta última de Urda (Toledo), independientemente de épocas, contextos técnicos y gobiernos, los accidentes de tren no han dejado de golpear la confianza y la seguridad de un transporte masivo de personas y mercancías que requiere de una mayor inversión, atención y cuidado. Y en aras de esa confianza y seguridad es por lo que hoy, desde el dolor, gritamos que esta concatenación de accidentes es inaguantable. Y exigimos que los responsables directos, indirectos y circunstanciales, a todos cuantos se declaran servidores públicos, estén a la altura de lo que se espera de ellos, que de verdad se pongan al servicio de la ciudadanía y que rindan cuentan sin aguardar sentencias judiciales. Porque un accidente es probable; dos, intolerable

domingo, 25 de octubre de 2026

¡Ya es hora!

Hemos vuelto a cambiar de hora: ¡ojalá sea la última vez! Hemos recuperado el horario “natural” en España, más acorde al de su posición geográfica y al orgánico de nuestros relojes biológicos. ¿Hasta cuándo estará primando el interés turístico y económico sobre el humano y saludable? ¡Por fin amanece cuando corresponde y anochece cuando conviene a los habitantes de estas latitudes meridionales de Europa! ¿Dejarán ya de marear las manecillas del reloj oficial del país por espurios motivos que a nadie engañan? ¿O acaso se ahorra algo con tanto vaivén horario? Como los terraplanistas, algunos discuten la verdad científica para imponer el criterio inconsistente del “listo” que se beneficia de estos cambios de hora indefendibles. Harto de dar explicaciones sobre la necesidad de recuperar nuestro huso horario, sólo queda esperar que esta sea la última vez. ¡Por favor, no toquen más los relojes! Creen comisiones con científicos y médicos, no con hoteleros y economistas a la hora de decidir el horario oficial de España. ¡Decídanse ya! ¡Y dejen este horario que hoy recuperamos! La industria no saldrá perjudicada por ello, del mismo modo que no sufrió perjuicios cuando se acordó prohibir fumar en espacios cerrados. Primen la salud y la biología, no la economía. Todos saldremos ganando. Mantengan invariable este horario que hoy recuperamos. ¡Ya es hora!

miércoles, 21 de octubre de 2026

De cambios y contratos

Las formaciones políticas han emprendido una desbocada carrera propagandística para atraer al electorado antes incluso de que comience oficialmente la campaña de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre próximo. Y no dudan en difundir mensajes y eslóganes de discutida originalidad, pero que resultan novedosos para la frágil memoria de los ciudadanos, incapaces de recordar lo que propone cada partido y, mucho menos, las estrategias que emplearon en el pasado para ganarse el voto. De ahí que veamos ahora una invitación al “cambio” y la propuesta de un “contrato” como modernísimos instrumentos de marketing electoral con la intención de engatusar a los olvidadizos. Y los utilizan como si constituyeran la última novedad, a pesar de que ninguno de ellos aspire a lo que la literalidad en realidad expresa. Pero nos los venden de forma descarada como auténticas genialidades innovadoras por el partido que más posibilidades reúne para ganar las elecciones. Van así de sobrados.

La verdad es que el verdadero y original “cambio”, como reclamo electoral, ya fue utilizado por el PSOE en 1982, cuando en aquellas históricas elecciones Felipe González se convirtió en el tercer presidente de la España democrática y el primero socialista. Era la primera vez que la izquierda accedía al poder en la época contemporánea. “Por el cambio” era el lema que motivó a más de diez millones de españoles a depositar su voto a favor de los socialistas para asegurar una transformación que ilusionaba a una ciudadanía deseosa de superar los residuos de un franquismo que continuaba incrustado en el Estado y la sociedad. Ello se evidenciaba en la procedencia de los presidentes que, tras la muerte del dictador, dirigieron el Gobierno: antes de la democracia, Arias Navarro, acérrimo al régimen dictatorial; y ya en democracia, Adolfo Siuárez y Leopoldo Calvo Sotelo, políticos que se educaron y crecieron en el franquismo.

El lema del PSOE propugnaba un auténtico cambio de la realidad política del país que sirviera para modernizar España y situarla, como una más, entre las naciones democráticas de Europa, en la que se reconocieran y respetaran las libertades y los derechos que la dictadura negaba. Enumerar los avances -políticos, sociales, culturales, económicos- que aquel cambio supuso requeriría de un espacio que este comentario no puede abarcar.

En la actualidad, y sin ningún rubor por plagiar el eslogan, el Partido Popular promete emprender un “cambio” profundo si gana las próximas elecciones. Según van desglosando algunos de sus dirigentes, incluido su líder, piensan introducir reformas en la ley del aborto, en el sistema de pensiones, en la política fiscal para bajar impuestos, la política migratoria para endurecerla, algunos derechos de las personas LGBTIQ+ (diversas orientaciones sexuales e identidades de género), etc.

Para Alberto Núñez Feijóo, el candidato conservador a presidente de Gobierno, los retos que afrontará con su cambio en la próxima legislatura “solo serán comparables a los de hace 50 años”, refiriéndose a los realizados durante la Transición, arriba esbozados. Ha llegado a afirmar que “por cada nueva ley hay que derogar tres”. Incluso sugiere que las bajas médicas las gestionen las mutuas para reducir el “absentismo” laboral.

Más que un cambio para avanzar parece un cambio para retroceder. El cambio original trajo consigo la extensión de la sanidad pública al conjunto de la población, la ampliación de derechos de los trabajadores, libertad para divorciarse, la igualdad de la mujer, la modernización del tejido productivo y muchos otros derechos y libertades que hoy creemos asegurados y existentes desde siempre.

El ”cambio” que promete la derecha representa, sin más, un retroceso en algunos de esos derechos y una limitación en muchas de las libertades conquistadas. Y lo hace con la disyuntiva habitual, ofreciendo “seguridad” y estabilidad a expensas de libertad y derechos, y crecimiento económico basado en la contención salarial y recortes en el Estado del bienestar. Tanta es su obsesión restrictiva que hasta confunde las bajas temporales por enfermedad con el absentismo laboral, abrazando así el sueño de los empresarios: que los trabajadores vayan a trabajar incluso si están enfermos, por temor a ser despedidos. Y la protección por si esto sucede también sufrirá menguas en cuanto a duración y cantidad de las prestaciones por desempleo.

Avisan incluso que ni las pensiones se salvan pues representan, según las derechas, un “gasto” inasumible para el Estado. Pero no aclaran cómo afrontará el supuesto problema, que afecta a diez millones de personas, de la financiación del sistema que, según la portavoz parlamentaria del partido, “ha petado”. Ni las becas seguirán igual con esa mentalidad austericida del gasto social.

Un “cambio” que contempla, asímismo, la construcción de un millón de viviendas, pero obviando que tal promesa descansa en que el mercado satisfaga esta necesidad y que el Estado se limite a facilitar el negocio cediendo terrenos. Fue la política de vivienda de los gobiernos de Aznar que generó una burbuja inmobiliaria y que obligó a “ayudar” a los bancos, no a las familias que quedaron atrapadas por hipotecas desorbitadas.

No, el “cambio” del Partido Popular no se parece en nada al cambio del PSOE de 1982. Entre otros motivos, porque será un cambio retrógrado, reaccionario, que empobrecerá aun más a los pobres y enriquecerá todavía más a los ricos, supondrá frenos para los trabajadores y rienda suelta para los empresarios, limitará derechos y libertades en general e incrementará el poder de las élites del Capital y de los pudientes. No es un cambio: es un paso atrás.

La otra oferta electoral “novedosa” es un “Contrato con España” que se presenta, con solemnidad impostada, enarbolando un documento que contiene generalidades y promesas, tales como garantizar el castellano en las aulas y la prohibición de regularizaciones colectivas. Incluye, además, “defender la soberanía nacional y la integridad territorial”, elevar la “calidad de nuestra democracia” (¿para no impedir la renovación de organismos e instituciones, como el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo?), “erradicar el adoctrinamiento en las aulas” (¿todo adoctrinamiento, incluido el religioso?) y hacer un “Estado más limpio y más ligero” (menos social), entre otras medidas. Se trata, en suma, de un mero resumen del programa del Partido Popular y un esbozo de las intenciones de Feijóo, destinados a facilitar una música agradable a los oídos de la ultra derecha, por si las cuentas fallan y es necesaria una coalición gubernamental.

Pero este ofrecimiento de contrato tampoco es novedoso ni original. Es una iniciativa de marketing electoral que también ha sido plagiada descaradamente. Ya en 1999, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, inauguró la fórmula de establecer una colaboración directa con los vecinos mediante contratos firmados con los barrios que necesitaban una atención preferente. Así, ese año se firmaron 126 contratos-programa que contenían 1.207 estipulaciones. En 2003, repitió la fórmula, firmando 328 contratos, y en su tercer mandato, otros 428 contratos. Durante esa década como alcalde, los contratos de Monteseirín permitieron lo que se llamó una segunda modernidad para Sevilla (tras la primera de la Expo del 92), que posibilitó la peatonalización del centro y otras zonas de la ciudad, la construcción del metrocentro, el inicio de las obras del metro, la recuperación de la plaza de la Encarnación con “las setas” y un sinfín de mejoras más.

En definitiva, tales contratos fueron verdaderos compromisos con la ciudad que permitieron que despertase del profundo letargo (industrial, de inversiones, cultural y social) en que había caído Sevilla tras los fastos de la Expo. No fue un mero recurso propagandístico, sino un contrato real, cuyo cumplimiento rondaba el 80 por ciento en cada mandato.

El ”contrato” de Feijóo, sin partidas ni plazos, es antes una pieza publicitaria que un acuerdo firme con la ciudadanía. Una simple copia de un recurso de marketing con el que ilusionar a incautos. Alardes ornamentales que ocultan las verdaderas actuaciones que la derecha tiene decidido emprender para imponer su modelo social y económico, un modelo conservador en lo social y neoliberal en lo económico.

Y eso es lo que hay que valorar a la hora de votar, en vez de confiar en “cambios” y “contratos” propagandísticos que ni siquiera son originales, pues son meros plagios descarados. Lo inquietante es que, si así de chapuceros se muestran en campaña, no quisiera imaginar cómo serán cuando gobiernen.

lunes, 19 de octubre de 2026

Un comentario sobre los aforismos

Un compañero columnista, arquitecto de profesión y especializado en el dibujo infantil como vía de expresión con el que los niños manifiestan tanto alegrías como temores, la visión del mundo que les rodea así como de ellos mismos, es también, además de magnífico escritor, un amante de los aforismos. En su columna de Montilla Digital, en el que compartimos espacio, acaba de publicar un comentario acerca de los aforismos que contiene mi libro Microrrelatos y Aforismos. Se trata de su 14º entrega sobre esta materia, las sentencias concisas, en la que ha abordado las producidas por Emil Cioran hasta Carlos Castilla del Pino. Y que me incluya en la selección me honra y me sonroja. Me sonroja porque carezco de méritos para estar incluido en la selección, y me honra pues su análisis profundiza en unos aforismos en los que expongo no solo mi visión del mundo, sino de mi mismo. Y ha conseguido, a través de ellos, acceder a mi interior como hace al de los niños por sus dibujos, logrando descifrar las claves de mi ser y de mi mirada. Gracias Aureliano. Decir que te lo agradezco es poco: te felicito.

https://www.montilladigital.com/2026/10/aureliano-sainz-aforismos-en-su-punto-14.html

sábado, 17 de octubre de 2026

Presentaciones emotivas

El libro Microrrelatos y Aforismos. Píldoras literarias está proporcionándome gratos momentos, como estos Actos de Presentación celebrados en las librerías Baobad, de Mairena del Aljarafe, y Botica de Lectores, de Sevilla. Aparte de la emoción, quisiera expresar mi gratitud tanto a quienes asistieron a ambos eventos, por la confianza e interés demostrados, como a las librerías que, dejando de lado la conveniencia comercial, no dudaron en apostar por una obra y un autor invisibles para la industria del libro. A todos, pues, mi más sincero agradecimiento, que también hago extensible a José Alfonso Bolaños Luque, autor del prólogo, que en todo momento estuvo arropándome y colaborando como introductor del encuentro para que estos actos fueran memorables. Quede aquí constancia de mi reconocimiento a todos.

Presentación en librería Baobad, jueves 15 de octubre:


Presentación en librería Botica de Lectores, viernes 16 de octubre:



¡Gracias a la librerías, gracias al presentador y prologuista y gracias a los asistentes!
 

lunes, 12 de octubre de 2026

¡Por fin!

Desde el mismo momento en que se conoció el resultado de las últimas elecciones generales de 2023, en las que el Partido Popular, ganador por número de papeletas, no consiguió reunir los votos necesarios para que el Congreso invistiera presidente a su candidato y líder (quien, como el zorro de la fábula, afirmó que no gobernaba porque no quería), desde ese instante, insisto, las derechas han machacado, día sí y día también, con el mantra de que el Gobierno era ilegítimo, que el presidente era un “okupa” de La Moncloa” y que lo que tenía que hacer era convocar de inmediato elecciones para que el pueblo hablase.

¡Ea, pues ya están aquí las elecciones! Y esas derechas lo celebran con una lona desplegada en la fachada de la sede madrileña del PP con la inscripción “Por fin”. Según ellas, ya lo han conseguido. Claro que, siendo puntillosos, el anuncio de las elecciones para el próximo 29 de noviembre supone un adelanto de solo nueve meses respecto a la fecha prevista (verano de 2027). Algo, por lo demás, nada extraordinario por cuanto cinco de los siete presidentes que ha tenido nuestro país ha adelantado las elecciones en alguna ocasión.

Visto así, ese “por fin” resulta una exclamación exagerada, porque, después de tres años largos, no se ha conseguido “tumbar” a un Gobierno que se apoyaba en una suma de minorías, entre progresistas y nacionalistas, del Parlamento. Sino que ha sido el desmarque del socio nacionalista más conservador del Gobierno (Junts per Catalunya) lo que ha precipitado la legislatura. Y no fue la labor en contra de la oposición, formada por el Partido Popular y Vox, es decir, por la derecha extrema y la extrema derecha ultra, lo que ha hecho desistir al presidente del Gobierno de agotar la legislatura. ¡Y mira que han hecho todo lo posible e imposible, lo legal y alegal, lo adecuado y lo inmoral por lograrlo!

Pues nada, ha terminado por finiquitarla una acampada de jóvenes que reclamaban el derecho a una vivienda digna tras el desalojo inmisericorde de una anciana de cerca de 90 años del piso donde residía desde hacía más de 70 años. Ni las denuncias por corrupción, ni las “invasiones” de inmigrantes, ni la falta de presupuestos han podido con el Gobierno, sino unos desmelenados que se manifestaban contra los rentistas y la falta de viviendas asequibles de protección oficial.

El decreto-ley que el Gobierno había elaborado, troceado en dos decretos para facilitar su aprobación por unos u otros, para responder a una inusitada demanda popular que se extendió como la pólvora por todas las ciudades del país, fue la puntilla que acabó por tumbar la legislatura. Y eso que ambos decretos garantizaban la seguridad ante posibles desahucios. El rechazo de la derecha nacionalista catalana a su aprobación hizo que el presidente del Gobierno convocara elecciones anticipadas. ¡Por fin!

Sí, pero un “por fin” al que ya se le ponen peros… Una actitud muy nuestra, la de poner la venda antes que salga el grano, no vaya a ser que, por lo que sea, los votantes contradigan los pronósticos. Y ese `lo que sea´ (que es perder), para las derechas siempre es fraudulento, tramposo y nada democrático, ya que lo “natural”, lo conveniente y lo que deseaban los ciudadanos es que ellos arrasen en las urnas y puedan gobernar como Dios manda. Pero, por si las moscas, han empezado a sembrar dudas sobre el voto por correo, cuestionando el funcionamiento de instituciones y la honradez de sus funcionarios, tanto de Correos como de la Oficina del Censo Electoral. ¡Si lo sabrá Feijóo, que fue presidente de Correos durante tres años!

Tal parece que anticipan una posible, aunque poco probable según los sondeos, derrota por culpa (a alguien tienen que culpabilizar, nunca es por ellos) del voto manipulado en Correos y de una avalancha de votos del exterior promovida, según adivinan, por la insidiosa ley de nietos. Como si esos votos fueran determinantes para el resultado electoral, cuando en ninguna elección de la democracia han tenido influencia para alterar la voluntad mayoritaria, expresada en las urnas, de los votantes. Pero, por si acaso…

Y es que la deslegitimación de las instituciones ha sido siempre una constante de las derechas cuando no gobiernan, aunque ello suponga erosionar y cuestionar la misma democracia, además de instalar la desconfianza y la desafección en los ciudadanos. Y en esta ocasión volverán a usar esta táctica, la de la basura dialéctica y máxima polarización en la diatriba política, que compense la falta de argumentos y de propuestas con las que confrontar el quehacer exitoso del Gobierno en materia económica y social.

Un balance que arroja más de 150 iniciativas tramitadas, con 43 reales decretos-ley y 22 leyes aprobadas por un Gobierno en minoría y precariedad parlamentaria, entre ellas la Ley de amnistía, la Ley ELA, la Ley de paridad e, incluso, una reforma constitucional para retirar el término “disminuidos” del artículo 49 de la Carta Magna. Si a ello añadimos la disminución reiterada de la tasa de paro, el importante incremento del salario mínimo interprofesional y otras medidas de carácter social, el resultado no puede calificarse de “legislatura fallida” o “gobierno inútil”, por muy opositor que se pronuncie uno del Gobierno.

Si para ganar unas elecciones hay que recurrir a la descalificación personal, a la insidia calumniosa, a la deslegitimación de las instituciones, a la manipulación, los bulos y las mentiras, sin reconocer en el adversario, cuando corresponda, sus aciertos y denunciar, siempre, sus fracasos, es que no se tiene confianza en la propia capacidad para ofrecer alternativas y propuestas que entusiasmen a los votantes.

Por eso ese “por fin” no parece responder a un deseo sincero de querer competir en unas elecciones, sino a una reacción que, en psicología, oculta una frustración o un complejo de inferioridad. De ahí que, por si acaso, ya se arguyen las motivaciones que podrían impedir nuestros anhelos, que es ganar y gobernar. Aparentamos fortaleza cuando nos sentimos -no que lo seamos- débiles, inferiores o menos dotados que nuestros contrincantes.

Por fin se convocan elecciones, aunque sean otros los que han provocado ese adelantamiento electoral. Aun así, por fin me puedo presentar como el que ha conseguido doblegar al Gobierno, aunque no sea cierto. Por fin... y a ver qué pasa.                

domingo, 4 de octubre de 2026

Viernes, 16: Presentación

El viernes 16 de octubre, a las 7 de la tarde, tengo el placer de presentar, junto a José Alfonso Bolaños, mi último libro Microrrelatos y Aforismos. Píldoras literarias, en la librería Botica de Lectores, sita en la Avd. República Argentina, 15, de Sevilla. El acto consistirá en un diálogo entre el prologuista de la obra y yo, abierto a la participación de los asistentes, para descubrir las claves y las causas de un libro tan sorprendente como personal. Estáis todos invitados. La entrada será libre, hasta completar aforo.



jueves, 1 de octubre de 2026

¿Es la vivienda un derecho?

No es una pregunta capciosa, sino pertinente ante la expulsión violenta y forzosa, con gran despliegue policial, de su vivienda en el barrio madrileño de El Retiro de una inquilina de 87 años, sumamente vulnerable (por edad, recursos y contexto familiar), que llevaba 70 años pagando su alquiler puntualmente. Su padre había alquilado el piso en 1956, que se subrogó a su madre y, finalmente, la hija continuó arrendándolo bajo un contrato de renta antigua (modalidad que se prorroga automáticamente y de precio congelado), por 500 euros mensuales, sin ningún impago.

Con los años, el piso ha cambiado dos veces de propietario hasta acabar en manos de un fondo de inversión. Estos nuevos propietarios le exigieron actualizar el alquiler y los 2.650 euros de mensualidad, para su pensión de 1.350 euros, eran inasumibles, por lo que se activaron los mecanismos legales para echarla de la vivienda. Su caso, no obstante, solo es uno de los muchos que sufren diariamente los inquilinos de viviendas en nuestro país. Y lo que nos incita a reiterar la pregunta: ¿es la vivienda un derecho?

El desahucio de esta inquilina nos mueve a pensar que el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47 reconociendo a todas las personas el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, es más formal que material. Es decir, constitucionalmente se reconoce un derecho como norma (formal), pero sus efectos y contenido no acaban de regularse, por muchas leyes de la vivienda que se hayan elaborado, para que sea efectivo (material), como otros derechos.

Porque el de la vivienda no parece un derecho tan protegido como el de la salud (Art. 43) o el de educación (Art. 27). Y no lo es porque ni los legisladores que lo redactaron ni los gobiernos que podían desarrollarlo han querido hacerlo, aunque tuvieran instrumentos para ello. Todo “arreglo” introducido en su desarrollo ha sido obligado por las circunstancias -como las acampadas en la actualidad-, entre otras razones, porque el derecho a la vivienda colisiona frontalmente con otro derecho: el derecho a la propiedad. Cualquier mejora en uno va en detrimento del otro. Y por esta razón asistimos hoy, perplejos, a desahucios forzosos y violentos de personas indefensas por mor de la voracidad del mercado.

Inmersos en el capitalismo, hemos naturalizado la existencia de un mercado inmobiliario. Asumimos como “normal” que la vivienda sea tratada como una mercancía más, sujeta a la dinámica de la oferta y la demanda, que es la que determina los precios. Este negocio inmobiliario es uno de los más activos de la economía, hasta el punto de crecer y fortalecerse cada vez más con medidas legales que lo protegen y amparan. Y ello hace que la ley priorice el derecho del casero al del inquilino a tener una vivienda.

Y es que, mientras actuamos como propietarios y podemos esperar plusvalías de nuestros inmuebles, nos parece fantástico este sistema. Pero si somos inquilinos o poseedores de una deuda hipotecaria, que incrementa sin parar su mensualidad, el mercado nos resulta sumamente injusto. ¡Dónde queda, entonces, ese supuesto derecho a la vivienda?

Es un problema que no siempre ha sido así, aunque el pobre siempre ha estado destinado a tener una vivienda precaria. En el mundo rural, el campesino se construía su propia vivienda o accedía a la casa adscrita a la tierra del señor feudal o cacique para el que trabajaba de sol a sol. Y en las urbes, las masas trabajadoras podían aspirar a viviendas protegidas patrocinadas por administraciones públicas, gremios industriales (telefónica, tabacalera, etc.) o patronazgos de cualquier tipo (sociales, religiosos, militares, sindicales, etc.). O, simplemente, arrendar una vivienda de renta congelada, como la de la que ha sido desahuciada la inquilina madrileña.

Es relativamente reciente la necesidad de que el mercado sea la vía exclusiva para acceder a una vivienda y que el precio sea el filtro que discrimina a quien aspira a disfrutar de ese derecho, en función del poder adquisitivo. Se trata de una consecuencia inevitable del capitalismo, que ha conseguido que todas las necesidades o aspectos de la sociedad sean satisfechos por el mercado. Una lógica que pocos discuten y todos acatamos, porque hemos interiorizado la búsqueda obsesionada del beneficio o la riqueza por encima de cualquier otra consideración. El beneficio como único objetivo en la vida. Tanto como decir que ya solo pensamos y actuamos economísticamente, como diría Tony Judt.

De este modo, la vivienda ha devenido producto mercantil sumamente goloso para particulares, empresas, entidades financieras e instituciones públicas. Todos esperan obtener pingues beneficios de ella. En especial, la privilegiada iniciativa privada, que llena las ciudades de grúas que acaparan los espacios disponibles en los que levantar barrios enteros de viviendas, inasequibles para los jóvenes o no tan jóvenes con salarios insuficientes para el ahorro. Los ayuntamientos, que gestionan la política de vivienda al tener transferidas tales competencias, son los primeros que transaccionan con el sector privado para recaudar suculentos ingresos que engordan las arcas públicas. Así, en vez de proporcionar un servicio público, cual es facilitar el derecho a la vivienda, favorecen que este sea provisto por el sector privado, devaluando el interés común frente al interés particular o el beneficio individual del sector privado.

¿Cómo corregir esta anomalía? Pues, sin inventar nada ni troceando decretos, recuperando la oferta de vivienda pública, sin ánimo de lucro y fuera del mercado, que equilibre el peso que actualmente monopoliza la oferta privada. De igual manera que coexisten la medicina pública con la privada y la enseñanza pública y la privada, el derecho a la vivienda también puede garantizarse con la construcción de viviendas de titularidad pública, en paralelo con las de promoción privada.

Porque lo que impide disfrutar del derecho a la vivienda es que el porcentaje de vivienda pública o social, de titularidad autonómica o municipal, es solo del 3,4 por ciento, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 9 por ciento. El resto del parque inmobiliario corresponde a la iniciativa privada. Ello ocasiona un desequilibrio escandaloso y sangrante, por cuanto la escasez de vivienda social perjudica gravemente a una gran parte de la población, a los más necesitados y vulnerables, que no pueden costearse el acceso a una vivienda a través de la iniciativa privada.

Además, para favorecer la equidad en la adquisición de una vivienda, sería perentorio que las administraciones autonómicas y municipales solo pudieran adjudicar el suelo público a la construcción de viviendas sociales y no a ofertas del sector privado. Porque elevar sustancialmente el porcentaje de vivienda pública hasta el 15 o 20 por ciento permitiría que la vivienda fuese en verdad un derecho material y no un negocio solo para pudientes y fondos buitres. Todas estas medidas posibilitarían, en última instancia, que los alquileres contuvieran su espiral demencial de crecimiento, al contar con un parque inmobiliario regulado y con precios tasados ajenos a la especulación.

Si esta compatibilidad de lo público con lo privado ya funciona con el derecho a la salud y a la educación, a pesar de todas sus deficiencias e insatisfacciones (nada es perfecto), ¿por qué no se efectúa con la misma intensidad con la vivienda? ¿Es que acaso la vivienda no es igualmente un derecho?

Es función de un Estado social y de derecho procurar el bienestar de los ciudadanos, proporcionando ciertos bienes y servicios por el simple hecho de que son de interés público. Y porque constituyen derechos irrenunciables. Pero, sobre todo, porque todos necesitamos servicios o bienes (como la vivienda) cuyos costes compartimos entre todos mediante una fiscalidad progresiva, como también señaló el citado Judt en Algo va mal. Podemos, por tanto, exigirlos mediante manifestaciones, concentraciones, acampadas, pero, fundamentalmente, votando. Somos nosotros los que elegimos a quienes nos gobiernan y sus políticas socioeconómicas. Que no se nos olvide.