¡Vacaciones!

Lo necesita el cuerpo y la mente, también la familia. Hay que parar y descansar, cambiar de aires y relajarse. Suspender temporalmente las obligaciones rutinarias del año para retomarlas después con ánimos renovados, con nuevo impulso. Incluso con ilusión. El autor de este blog y sus lectores merecen, como todos por estas fechas, un descanso, aunque sea por breve tiempo, con el que reponer fuerzas para continuar un nuevo ciclo de actividad. Durante quince días estará colgado el cartel de cerrado por vacaciones. Solo espero que las disfrutéis con las mismas ganas con que yo lo hago. ¡Hasta pronto!

“P´adelante”, como sea

Cierto sector del poder judicial está ejecutando aquel llamamiento genérico “el que pueda hacer, que haga” que verbalizó el expresidente José María Aznar hace unos meses. La orden se está cumpliendo a rajatabla por todos a los que iba dirigida, tanto en el ámbito político, mediático y, como vemos, también el judicial, sin que siquiera los togados guarden las formas y se preocupen en maquillar sus sentencias, ajustándolas al derecho.

Existe una cacería contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez desde el primer minuto en que accedió al Poder Ejecutivo y, especialmente, desde que concedió, en 2021, el indulto a los líderes independistas catalanes encarcelados por sentencia del Tribunal Supremo, entre ellos al expresidente del Govern Oriol Junqueras, y por la Ley de Amnistía que aprobó en 2024 para la normalización institucional, política y social de Cataluña, que, según cálculos, afectará a más de trescientas personas inmersas en procesos judiciales a causa del procés.

La derecha, tanto política como judicial, no perdona la política conciliadora del Gobierno con Cataluña, ni que rebaje la consideración de delitos de sedición y rebelión a los desórdenes públicos acaecidos en aquella comunidad a causa de las manifestaciones por la independencia y el posterior referendo ilegal. La extrema violencia policial con la que se trató de impedir la consulta y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en octubre de 2017, para “suspender” la autonomía en Cataluña, fueron las armas con las que se combatió un problema político. Hay que recordar que con aquellas medidas se disolvió el Parlament, el Govern quedó destituido y el Gobierno central asumió temporalmente la gestión de las consejerías de la Generalitat.

Por todo ello, existe una ofensiva judicial por parte de un número reducido de jueces, con el apoyo tácito o implícito de parte del colectivo, contra el Gobierno de Sánchez por motivos que solo pueden hallarse en la política, como advierte Carlos Elordi en un artículo publicado en noviembre de 2025.

Ese contexto, junto al apoyo que el Gobierno cuenta en el Congreso de partidos nacionalistas o independentistas del País Vasco y Cataluña, cuyos votos permitieron la investidura del líder del PSOE, es lo que explica la radical virulencia de la derecha contra Pedro Sánchez, a quien no le reconocen los indiscutibles éxitos alcanzados, durante sus mandatos, en el plano económico, laboral, internacional y social.

Es llamativo, si no fuera preocupante, encuadrar en esa ofensiva aquella manifestación de jueces y fiscales, con sus togas a las puertas de Palacios de Justicia, contra la ley de amnistía que entonces aun se estaba elaborando. A pesar de estar obligados a que sus opiniones políticas no influyan en el ejercicio profesional como jueces, no se recatan de exhibir su ideología y, lo que es peor, que esta impregne sus sentencias.

Tanto es así que el destino del actual Gobierno está en manos de estos jueces, algunos de los cuales se comportan con un componente de soberbia apenas disimulado y que genera desconfianza, cuando no estupefacción, en la ciudadanía. Es la que muestra el juez Juan Carlos Peinado con su instrucción prospectiva -expresamente prohibida en el proceso penal- contra la esposa del presidente del Gobierno, en su búsqueda desaforada de algún indicio delictivo que permita condenarla. Se trata de un ejemplo palmario de utilización de la justicia con fines políticos: lo que se conoce como lawfare.

Fue también el caso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez Rodriguez, que perdió su escaño en el Congreso por una condena, en 2021, de inhabilitación que tres años después anuló en Tribunal Supremo. Para entonces, ya estaba fuera de la institución, por lo que el castigo era irreversible.

Y es también el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz -utilizado como pieza para asediar y obligar dimitir a quien lo nombra, el presidente del Gobierno-, a quien ha condenado el Tribunal Supremo a la pena de inhabilitación por revelación de datos reservados, sin pruebas irrefutables y basado en argumentos voluntaristas y en un bulo calumnioso, que reconoció falso, su propio autor, el “Rasputín” de la líder de la derecha y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Un acoso al Gobierno al que ese colectivo conservador de jueces y magistrados del Poder judicial se ha sumado mediante la última, que no definitiva, sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación en la plaza que consiguió para dirigir el conservatorio de música de Badajoz. Únicamente los funcionarios y la autoridad pueden cometer prevaricación en sus funciones, no los ciudadanos candidatos a cubrir una plaza. Y su hermano, Pedro Sánchez, ni siquiera era líder de su partido ni había accedido a la presidencia del Gobierno. No era nadie para influir en ninguna administración. Pero para el tribunal, el imputado cometió delito de prevaricación, aunque no haya prueba de cargo directa, aunque sí indicios de irregularidades en la creación de la plaza y en su adjudicación, algo que resuelven diariamente en nuestro país la jurisdicción contencioso-administrativa, no los tribunales penales. Pero como no puede ser condenado por prevaricación, se le condena por “colaborador necesario” por presentarse a la plaza siendo quien es, el hermano del futuro presidente del Gobierno.

Y como estos, incluido el de Mónica Oltra en Valencia, muchas otras actuaciones del conservadurismo reaccionario que aun anida en la judicatura y que no hacen ascos al uso espurio de la justicia con fines políticos. Cosa que se explica, pero no justifica, si atendemos a la procedencia de esos jueces o de sus descendientes, pues se trata de una judicatura que transitó directamente desde la dictadura a la democracia sin la debida “modernización” ni actualización al régimen democrático. De ahí la abrumadora derechización que sufre la justicia y su tendencia al lawfare, al que concurren actores del ámbito político, mediático, económico, social y hasta religioso.

La primacía de la derecha en el Poder Judicial se evidencia en cifras: de sus 5.500 jueces, solo dos fueron candidatos progresistas para 118 plazas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia autonómicos, según recoge el exjuez Baltasar Garzón en su libro La democracia amenazada (Planeta, 2026).

Es patente, por tanto, que asistimos a una campaña de “acoso y derribo” contra el actual Gobierno de España en la que participan individuos sumamente poderosos del mundo de la judicatura, empeñados en acabar como sea con un Gobierno al que consideran ilegítimo desde que fue nombrado por el Congreso de los Diputados. Jueces y fiscales que responden al mandato “del que pueda hacer, que haga”. Y no se paran en consideraciones legales o morales para, en connivencia con sectores de la política y los medios de comunicación, lograr sus propósitos sin esperar al resultado de las urnas. Tampoco les detiene el deterioro de las instituciones ni la desconfianza y la desafección que generan en la ciudadanía. El ambiente de crispación y polarización que provocan con sus exageraciones, denuncias y manipulaciones maniqueas favorece sus objetivos de alterar el normal desenvolvimiento político. Aunque asqueen y desmotiven al votante.

Pero si la situación es tensa y grave, no me quiero imaginar lo que podría pasar si, por malicias del destino, Pedro Sánchez vuelve a ganar las próximas elecciones, contra todo pronóstico y a pesar de la presión judicial que soporta en su entorno familiar, con su hermano y su mujer condenados. No soy capaz de pensar lo que harían estos que creen que la única España posible es la que ellos representan, que la única Patria es su patria. Dios nos coja confesados.

Una Andalucía irrespirable

Nos encaminamos hacia el verano más irrespirable que se recuerda en Andalucía, comunidad que se aprestan a gobernar la derecha “moderada” del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla -Juanma para los “amigos”- y la extrema derecha de Vox, representada por su delegado regional Manuel Gavira, mediante un acuerdo de coalición que hará posible aquel “gobierno imposible” al que temía en campaña electoral el candidato y reelegido presidente que desea ser identificado por su apelativo coloquial, como si eso “moderara” su imagen y objetivos políticos.

Se trata del `Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía´, el segundo que suscribe el PP de Andalucía con Vox desde que en 2019 Moreno Bonilla se convirtiera en el primer presidente andaluz de derechas, pacto que confirma, como ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, la voluntad de las derechas de gobernar juntas cada vez que los votos lo permitan, obviando preventivos “cordones sanitarios” contra los ultras. Antes, al contrario, se les facilita el acceso al poder en tanto en cuando el pacto conlleva la entrada al Gobierno andaluz del candidato de Vox como vicepresidente de la Junta de Andalucía y titular de la macrocartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración local. 

Todo hace presagiar, pues, un verano irrespirable, que se extenderá a lo largo de toda la legislatura que ahora se inicia, no solo por la temperatura que marquen los termómetros a causa de un cambio climático que el propio acuerdo califica de mero “fanatismo climático”, sino también por el retroceso que supondrán las 150 medidas recogidas en el citado acuerdo de gobierno, de 60 páginas, algunas de las cuales inculcan leyes en vigor o son fraudulentas por tratar materias, como la inmigración, que son competencia exclusiva del Estado.

Entre ellas, el desarrollo de la llamada “prioridad nacional” que la extrema derecha consigue imponer allí donde sus votos son imprescindibles. Una iniciativa segregacionista que excluye el acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes no demuestren “arraigo” en Andalucía -discriminación por origen-, y que plantea, además, la supresión de ayudas, subvenciones, convenios y conciertos a ONG u otras entidades que, según el texto, contribuyan al denominado “efecto llamada” por trabajar sobre el problema de la inmigración ilegal. Prevé, incluso, “revisar” las funciones y la composición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Inmigrante.

Es, sin duda, la principal palanca legal contra la inmigración que obsesiona a la ultraderecha, y que se acompaña, como recoge el pacto andaluz, de acuerdos para rechazar y confrontar la política inmigratoria del Gobierno e impedir que Andalucía participe en la acogida de “menas” (menores extranjeros no acompañados) como solución a la saturación que soportan las Islas Canarias con la llegada ilegal de inmigrantes. Al mismo tiempo, se prohíbe el uso del burka y nicab en espacios públicos autonómicos (al parecer, un peligro de seguridad mayúsculo), así como dejar de impartir la lengua árabe y la cultura marroquí en los centros educativos de Andalucía.

El “moderado” Moreno Bonilla ha asumido sin rechistar, porque, según dice, lo mismo se ha firmado en “otros sitios”, tal planteamiento xenófobo que responde a prejuicios ideológicos que criminalizan la inmigración. Es su forma de “normalizar” políticas racistas a pesar de estar demostrado que la diversidad cultural no diluye ninguna identidad, sino que la enriquece, ni tampoco perjudica la convivencia, puesto que favorece la tolerancia pacífica en cualquier sociedad plural y democrática.

Otras medidas ponen en la diana los avances en la igualdad y protección de la mujer. En ese sentido, el pacto recoge que se derogará toda norma basada “en el criterio de ideología de género”, como la Ley Trans, la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y, en definitiva, todo lo que la ultraderecha califica de “ideología” feminista.

Y es que los rancios “ultras” posfascistas están convencidos de que cualquier iniciativa por equiparar en derechos a la mujer con el hombre y aquellas otras tendentes a luchar por protegerlas contra la violencia machista, no son más que rémoras de una peligrosa ideología feminista que socava la sociedad y la relación entre hombres y mujeres, tal y como ellos la entienden.

Tanto es así que hasta la existencia del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuyas iniciativas sociales persiguen la defensa de esos avances en derechos de la mujer, será objeto de revisión y nueva definición, sea lo que sea lo que eso signifique, seguramente a peor, para ellas.

Quiere decirse, por tanto, que se espera a partir de verano en Andalucía un mazazo contra las políticas de solidaridad y respeto a la dignidad de hombres (inmigrantes) y mujeres (víctimas del machismo) hasta ahora vigentes. Para combatirlas, la obsesión racista y antifeminista de la extrema derecha busca insistentemente limitarlas o derogarlas, como propugna su reaccionario ideario, mediante compromisos que pacta en los gobiernos a los que accede. Y lo grave es que, cada vez que resulta necesario, la derecha “convencional” asume sin pudor tal ideario para conservar o acceder al poder, incluso compartiéndolo con Vox, como se ha evidenciado allí donde gobierna gracias al apoyo de los ultras.

Es previsible que este ambiente asfixiante se agudice todavía más conforme se vaya aplicando el resto de las medidas que recoge el citado acuerdo. Porque, aparte de las comentadas, se contempla la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, lo que obstaculizará, más si cabe, la exhumación de restos óseos de las personas asesinadas y enterradas sin identificar en fosas comunes durante la Guerra Civil, así como  el estudio y conocimiento -para evitar repetir los mismos errores- de ese pasado ignominioso que continúa influyendo en el presente, junto a la valoración crítica y rigurosa de lo que supone la restauración de la democracia en nuestro país tras las secuelas de una sangrienta dictadura de cuatro décadas. Se nos niega, así, que tengamos memoria de las páginas más negra de nuestra historia.

Asimismo, el pacto de PP y Vox cuestiona la Política Agraria Común (PAC), rechaza el acuerdo UE-Mercosur, discrepa de la condicionalidad climática, del Pacto Verde y la Agenda 2030 sobre sostenibilidad medioambiental que, en opinión de los ultras, perjudica al sector primario. Sin embargo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) muestra sus reservas a esas medidas pactadas porque, a su entender, no afrontan los principales retos del campo andaluz y contienen planteamientos que contradicen la realidad del sector, que sufre las consecuencias del cambio climático que en ellas se cuestiona y que afectan de forma directa a las cosechas andaluzas.

Incluso, para colmo, se reducen las ayudas a la cooperación internacional y las subvenciones a las organizaciones sindicales y la patronal, imprescindibles en cualquier política de concertación social.   

En cambio, como no podía ser menos, el Acuerdo de Gobierno para Andalucía señala la promoción de nuestras más acrisoladas tradiciones, como son la tauromaquia, la caza y la pesca, tan denostadas por esos conservacionistas que se abochornan de sus raíces culturales más hondas y viriles, prometiendo la reducción de todas las tasas autonómicas relacionadas con estas actividades. Coherentemente, se eliminarán tributos ligados a cuestiones medioambientales, como los impuestos a las bolsas de plástico, las emisiones de gases contaminantes y los vertidos a aguas litorales. Todo un ataque a las políticas de sostenibilidad del Medio Ambiente y del aprovechamiento racional de los recursos naturales.

En fin, lo que este resumen pronostica es que el verano en Andalucía será cualquier cosa menos agradable y tranquilo. Muchos, los más desafortunados y débiles, sudarán la gota gorda por ese sol implacable de la falta de derechos y ayudas que genera insolación por la discriminación racial y cultural, por la desigualdad y las injusticias que privilegian a una parte -dominante, eso sí- de la población y por el rechazo, la falta de solidaridad y de empatía con que se abordan los problemas sociales que a todos nos afectan.

Si todo eso no hará de Andalucía un lugar insoportablemente irrespirable, que venga dios y lo vea