Se trata del `Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para
Andalucía´, el segundo que suscribe el PP de Andalucía con Vox desde que en
2019 Moreno Bonilla se convirtiera en el primer presidente andaluz de derechas,
pacto que confirma, como ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León,
la voluntad de las derechas de gobernar juntas cada vez que los votos lo
permitan, obviando preventivos “cordones sanitarios” contra los ultras. Antes,
al contrario, se les facilita el acceso al poder en tanto en cuando el pacto
conlleva la entrada al Gobierno andaluz del candidato de Vox como
vicepresidente de la Junta de Andalucía y titular de la macrocartera de
Turismo, Desregulación, Justicia y Administración local.
Todo hace presagiar, pues, un verano irrespirable, que se
extenderá a lo largo de toda la legislatura que ahora se inicia, no solo por la
temperatura que marquen los termómetros a causa de un cambio climático que el
propio acuerdo califica de mero “fanatismo climático”, sino también por el
retroceso que supondrán las 150 medidas recogidas en el citado acuerdo de
gobierno, de 60 páginas, algunas de las cuales inculcan leyes en vigor o son
fraudulentas por tratar materias, como la inmigración, que son competencia
exclusiva del Estado.
Entre ellas, el desarrollo de la llamada “prioridad
nacional” que la extrema derecha consigue imponer allí donde sus votos son
imprescindibles. Una iniciativa segregacionista que excluye el acceso a
prestaciones y servicios sociales a quienes no demuestren “arraigo” en
Andalucía -discriminación por origen-, y que plantea, además, la supresión de
ayudas, subvenciones, convenios y conciertos a ONG u otras entidades que, según
el texto, contribuyan al denominado “efecto llamada” por trabajar sobre el
problema de la inmigración ilegal. Prevé, incluso, “revisar” las funciones y la
composición del Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen
Inmigrante.
Es, sin duda, la principal palanca legal contra la
inmigración que obsesiona a la ultraderecha, y que se acompaña, como recoge el
pacto andaluz, de acuerdos para rechazar y confrontar la política inmigratoria
del Gobierno e impedir que Andalucía participe en la acogida de “menas”
(menores extranjeros no acompañados) como solución a la saturación que soportan
las Islas Canarias con la llegada ilegal de inmigrantes. Al mismo tiempo, se
prohíbe el uso del burka y nicab en espacios públicos autonómicos (al parecer,
un peligro de seguridad mayúsculo), así como dejar de impartir la lengua árabe
y la cultura marroquí en los centros educativos de Andalucía.
Otras medidas ponen en la diana los avances en la igualdad y
protección de la mujer. En ese sentido, el pacto recoge que se derogará toda
norma basada “en el criterio de ideología de género”, como la Ley Trans, la Ley
de Lucha contra la Violencia de Género, la Ley de Igualdad entre Hombres y
Mujeres y, en definitiva, todo lo que la ultraderecha califica de “ideología”
feminista.
Y es que los rancios “ultras” posfascistas están convencidos
de que cualquier iniciativa por equiparar en derechos a la mujer con el hombre
y aquellas otras tendentes a luchar por protegerlas contra la violencia
machista, no son más que rémoras de una peligrosa ideología feminista que socava la
sociedad y la relación entre hombres y mujeres, tal y como ellos la entienden.
Tanto es así que hasta la existencia del Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM), cuyas iniciativas sociales persiguen la defensa de esos
avances en derechos de la mujer, será objeto de revisión y nueva definición,
sea lo que sea lo que eso signifique, seguramente a peor, para ellas.
Quiere decirse, por tanto, que se espera a partir de verano
en Andalucía un mazazo contra las políticas de solidaridad y respeto a la
dignidad de hombres (inmigrantes) y mujeres (víctimas del machismo) hasta ahora
vigentes. Para combatirlas, la obsesión racista y antifeminista de la extrema
derecha busca insistentemente limitarlas o derogarlas, como propugna su
reaccionario ideario, mediante compromisos que pacta en los gobiernos a los que
accede. Y lo grave es que, cada vez que resulta necesario, la derecha
“convencional” asume sin pudor tal ideario para conservar o acceder al poder, incluso
compartiéndolo con Vox, como se ha evidenciado allí donde gobierna gracias al
apoyo de los ultras.
Es previsible que este ambiente asfixiante se agudice
todavía más conforme se vaya aplicando el resto de las medidas que recoge el
citado acuerdo. Porque, aparte de las comentadas, se contempla la derogación de
la Ley andaluza de Memoria Histórica, lo que obstaculizará, más si cabe, la
exhumación de restos óseos de las personas asesinadas y enterradas sin
identificar en fosas comunes durante la Guerra Civil, así como el estudio y conocimiento -para evitar
repetir los mismos errores- de ese pasado ignominioso que continúa influyendo
en el presente, junto a la valoración crítica y rigurosa de lo que supone la
restauración de la democracia en nuestro país tras las secuelas de una sangrienta
dictadura de cuatro décadas. Se nos niega, así, que tengamos memoria de las
páginas más negra de nuestra historia.
Asimismo, el pacto de PP y Vox cuestiona la Política Agraria
Común (PAC), rechaza el acuerdo UE-Mercosur, discrepa de la condicionalidad
climática, del Pacto Verde y la Agenda 2030 sobre sostenibilidad medioambiental
que, en opinión de los ultras, perjudica al sector primario. Sin embargo, la
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA) muestra sus
reservas a esas medidas pactadas porque, a su entender, no afrontan los
principales retos del campo andaluz y contienen planteamientos que contradicen
la realidad del sector, que sufre las consecuencias del cambio climático que en
ellas se cuestiona y que afectan de forma directa a las cosechas andaluzas.
Incluso, para colmo, se reducen las ayudas a la cooperación
internacional y las subvenciones a las organizaciones sindicales y la patronal,
imprescindibles en cualquier política de concertación social.
En cambio, como no podía ser menos, el Acuerdo de Gobierno
para Andalucía señala la promoción de nuestras más acrisoladas tradiciones,
como son la tauromaquia, la caza y la pesca, tan denostadas por esos
conservacionistas que se abochornan de sus raíces culturales más hondas y
viriles, prometiendo la reducción de todas las tasas autonómicas relacionadas
con estas actividades. Coherentemente, se eliminarán tributos ligados a
cuestiones medioambientales, como los impuestos a las bolsas de plástico, las
emisiones de gases contaminantes y los vertidos a aguas litorales. Todo un
ataque a las políticas de sostenibilidad del Medio Ambiente y del aprovechamiento racional de los recursos naturales.
En fin, lo que este resumen pronostica es que el verano en
Andalucía será cualquier cosa menos agradable y tranquilo. Muchos, los más
desafortunados y débiles, sudarán la gota gorda por ese sol implacable de la
falta de derechos y ayudas que genera insolación por la discriminación racial y
cultural, por la desigualdad y las injusticias que privilegian a una parte
-dominante, eso sí- de la población y por el rechazo, la falta de solidaridad y
de empatía con que se abordan los problemas sociales que a todos nos afectan.