Las izquierdas en España (V)

Dos repúblicas y dos dictaduras

La Primera República fue derrocada por un golpe de Estado encabezado por el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, el 13 de septiembre de 1923. El régimen dictatorial que impuso el general sublevado duró hasta 1930, cuando se vio forzado a dimitir al no lograr el apoyo político para el partido con el que pensaba mantenerse en el poder. Con la dimisión del dictador, el rey siguió incumpliendo la Constitución al encomendar nuevo Gobierno a otro general, Dámaso Berenguer, quien inició un período conocido como “dictablanda”, en que se intentó infructuosamente volver a la situación previa a 1923.

Desde el principio, PSOE y UGT condenaron el golpe, pero sin defender el Gobierno constitucional. De hecho, la UGT participó en el funcionamiento de la Organización Corporativa Nacional instituida por la dictadura. Así, el sindicato socialista no solo se consolidó sino que se convirtió en protagonista político. Mientras los sindicatos anarquista y socialista desarrollaban tácticas opuestas, los partidos republicanos y dinásticos se opusieron a la dictadura desde frentes dispares y sin apoyos sociales. Los republicanos lograron, no obstante, crear Alianza Republicana, coalición que aglutinó grupos radicales catalanes y reformistas del entorno de Azaña, de la que, sin embargo, un sector se separaría para formar el Partido Republicano Radical-Socialista. Al año siguiente, se constituyó la Derecha Liberal Republicana, liderada por Niceto Alcalá Zamora con Miguel Maura, dos personalidades dinásticas que prefirieron la República como alternativa a una monarquía deslegitimada. Y es que solo aceptaban colaborar con Berenguer personalidades muy desprestigiadas, como el Conde de Romanones o Juan de la Cierva. La idea de un “rey perjuro” había calado en sectores significativos de los conservadores. De modo que, cada día de 1930,  fue un sucesivo desplome del régimen monárquico, con protestas estudiantiles, aluvión de huelgas, manifiestos de intelectuales, etc.

En agosto de 1930, republicanos, socialistas y otros grupos de oposición lograron un acuerdo de mínimos, que no tuvo formalidad escrita, sino la voluntad común de lograr unas Cortes constituyentes republicanas en las que se incluiría –fue la novedad crucial- un estatuto “redactado libremente por Cataluña para regular su vida regional y sus relaciones con el Estado español”. Desde ese momento la cuestión nacionalista y territorial se situaba en la agenda estatal de las izquierdas.

En ese ambiente de revueltas, conspiraciones e insurrecciones, el general Berenguer convoca elecciones a Cortes, pero al no darles carácter constituyente, no logró ningún apoyo. El rey tuvo que buscar otro jefe de Gobierno, esta vez el almirante Aznar, que, con miembros de partidos dinásticos, convocó primero unas elecciones municipales y luego las constituyentes.

La Segunda República

Así, el 12 de abril de 1931, por primera vez en la historia de España, el voto ciudadano logró un cambio de régimen. En 40 de las 52 capitales de provincia ganó la coalición republicano-socialista, lo que se interpretó como un plebiscito sobre la Monarquía. Había participado el 64,8% de la población, cifra muy superior al 33,7% de media de décadas anteriores. Con datos tan rotundos, el rey reconoció que “no tengo el amor de mi pueblo” y, tras consultar con varios generales, decidió exiliarse. Álvaro de Figueroa y Torres, más conocido por su título nobiliario de conde de Romanones, por encargo del.rey negoció con Alcalá Zamora el cambio de régimen. Pactó el traspaso pacífico del poder, sin intervención militar, a cambio de garantizar la vida del monarca y de su familia. La proclamación de la II República (1931-1936) fue una fiesta.

Los partidos integrantes en la coalición republicano-socialista formaron Gobierno en alianza con la derecha republicana de Alcalá Zamora y Maura. Los debates y conflictos surgieron enseguida en un Gobierno formado por un presidente y un ministro de Gobernación conservadores, tres ministros socialistas (Justicia, Hacienda y Trabajo), dos radicales-socialistas (Fomento e Instrucción Pública), dos radicales (de Estado o Asuntos Exteriores y Comunicaciones), un catalanista (Economía), un galleguista (Marina) y la personalidad del momento, Manuel Azaña, escritor, periodista, licenciado en Derecho, republicano, izquierdista y anticlerical, en la cartera de Guerra, y, durante 1936-1939, presidente de la República.

El Estado republicano inauguró una nueva etapa en la historia española, pues abrió las puertas al pluralismo, activó la participación ciudadana y albergó las más diversas esperanzas sociales. Se redactó una nueva Constitución que plasmó una concepción nueva del Estado, definido como “república democrática de trabajadores de toda clase”, y aportó tantas novedades que  instauró un Estado de derecho democrático y social por primera vez en España. Esa Constitución fue de lo más avanzado en la Europa del momento y sus contenidos no serían recuperados, lógicamente actualizados, hasta la Constitución de 1978.

Los ministros de la República se plantearon como reto una serie de reformas para modernizar España. Así, abordaron seis cuestiones amasadas desde el último tercio del siglo XIX consideradas  inaplazables: la cuestión obrera o el papel del Estado para sentar las bases del bienestar y seguridad material de los trabajadores; la propiedad agraria; la secularización socioeducativa; la primacía del poder político sobre el militar; el catalanismo, convertido en “cuestión regional” por existir idénticas demandas en el País Vasco y Galicia; y la pugna de sindicatos con los partidos de izquierdas para precisar tácticas y estrategias

Las clases dominantes y numerosos integrantes de clases medias y también de trabajadores, interpretaron estas reformas modernizadoras como ataques al corazón de un sistema de propiedad y de valores intocables de modo que las creencias religiosas, la identidad nacional o las convicciones conservadoras de muchas personas se vieron quebrantadas por ellas, apasionando los ánimos de toda la sociedad. Por eso, ciertas medidas del Gobierno fueron recibidas por amplios sectores como el apocalipsis, como el matrimonio civil, la separación de la Iglesia del Estado, el Estatuto de Cataluña o, especialmente, la reforma agraria. El hecho es que la fiesta popular por la llegada de la República pronto se transformó en la suma de conflictos que, al ser violentos en muchos casos, obligó al Gobierno a declarar estados de alarma o incluso de guerra, como ocurrió ante ciertas huelgas, en especial en el campo.

Por otra parte, tal y como sucedió en las luchas contra la dictadura de Primo de Rivera, las izquierdas catalanistas coincidieron en tácticas con el anarquismo. Esas izquierdas se habían fusionado, en 1931, como Esquerra Republicana, uniendo al Partit Republicá Catalá, de Lluís Companys, con Estat Catalá y otros grupos. Ganaron las municipales y, el 14 de abril, declararon la “República Catalana”, lo que supuso una nueva división dentro del republicanismo español. El 17 de abril, tres ministros del Gobierno aterrizaron en Barcelona y lograron que la República Catalana fuese el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que se elaborase un Estatuto de Autonomía que se aprobaría en las Cortes en 1932. Ello convirtió la cuestión catalana en un laberinto, una colisión y una nueva materia para la fragmentación de las izquierdas.

El federalismo había sido siempre una alternativa de organización democrática del poder entre municipios, provincias y regiones dentro de una misma soberanía estatal. Pero, desde  principios del siglo XX, los nacionalismos catalán y vasco se erigieron en rivales de la idea de España, fuese unitaria, descentralizada o federal. Alteraron la agenda estatal y, en consecuencia, la organización y programas de las izquierdas. Nacieron, además de los partidos republicanos catalanes citados, la Lliga Regionalista (1910) y, antes, el Partido Nacionalista Vasco (1895); también partidos galleguistas, como la Organización Republicana Gallega Autónoma (1929). El republicanismo también se manifestó como andalucista con Blas Infante, valencianista con diversos herederos de Blasco Ibáñez, autonomista balear desde Acción Republicana de Mallorca, etc. 

El nacionalismo español reaccionó y divergió. Por un lado, se encerró en un numantinismo que valoró como propio lo español y se encaminó hacia el autoritarismo militar cuando la dictadura de Primo de Rivera inventó el delito de separatismo. Por otro, acogió propuestas federales, como la Acción Republicana de Azaña o el Partido Radical-Socialista que, junto a Acció Catalana, urdieron la fórmula del pluralismo autonómico. Así, al aprobarse el Estatuto para Cataluña, se diseñó una fórmula autonómica para estructurar los poderes territoriales del Estado integral, con posibilidad de autogobierno para las regiones solicitantes. En definitiva, se desarrolló un modelo de “Estado integral”, consensuado entre republicanos de distinto signo, incluyendo los nacionalistas y socialistas, que compartieron este plan de estatutos de autonomía por regiones, si bien modulando su desarrollo.

Tanto el Estatuto de Cataluña como la ley de reforma agraria desataron, en 1932, una conspiración golpista liderada por el general Sanjurjo, con la pretensión de revertir la orientación de la República. No por azar el general eligió Sevilla como epicentro: ahí estaba arropado por aristócratas terratenientes, impacientes por impedir la ley de reforma agraria. Fracasó la intentona, que logró todo lo contrario, acelerar ambas reformas, que se aprobaron por amplias mayorías.

Cabe resaltar que las conspiraciones para derribar el régimen republicano fueron constantes desde 1931 y se aceleraron a partir del triunfo de la coalición de izquierdas en 1936. En las tres elecciones generales que hubo entre 1931 y 1936, se constata el equilibrio numérico entre tres grandes bloques electorales: izquierdas, derechas y un centro político que se mostró más cambiante. El tensionamiento de la vida política durante la República, y en concreto en la primavera de 1936, correspondió a minorías extremistas de signo opuesto que abocaron a la gente a tomar partido, cuando ni el mundo conservador ni en el de izquierdas sus respectivas mayorías compartían semejante radicalismo. Es decir, no había en julio de 1936 dos Españas, sino una clara heterogeneidad sociopolítica de actores en cuya agenda política Azaña trató de cumplir un papel centrista con Gobiernos republicanos. Pero los enfrentamientos y la crispación, aunque sean minoritarios, pueden amasar una espiral de odios como los que eclosionaron con la sublevación militar del 18 de julio. Otro golpe de Estado derrocaba otra República. Y otra dictadura se aprestaba a destruir las ansias de libertad de un pueblo que había festejado el advenimiento de la República.

Las izquierdas en España (I)

Este es el primero de una serie de artículos sobre el origen del pensamiento de izquierdas en España que no es más que una reseña –amplia, eso sí- del libro Historia de las izquierdas en España, del historiador Juan Sisinio Pérez Garzón (Editorial Catarata, 2022), del que extraigo la mayor parte de los datos (ver bibliografía), y que resulta sumamente interesante no solo para cualquier curioso de la Historia de España, en general, sino también para el simpatizante, militante o no, de esa historia particular de la ideología de izquierdas en nuestro país.   

Y es que en España puede rastrearse hacia el pasado la aparición del pensamiento de izquierdas -ese conjunto de ideas y prácticas de libertad y progreso caracterizado por luchar contra las injusticias, las desigualdades y la explotación- hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando desaparecen las monarquías absolutas del Antiguo Régimen gracias al impacto que tuvieron en España la revolución industrial del Reino Unido, la norteamericana que validó la República  como régimen y, fundamentalmente, la Revolución francesa, de cuya Asamblea Nacional emergen, precisamente, los conceptos de izquierda y derecha por la posición que ocupaban, respecto del presidente de la institución, los partidarios de anular el poder absoluto (sentados a su izquierda), los defensores del absolutismo monárquico (a la derecha) y los moderados o indecisos (en el centro). Estas posiciones ya se tomaban en la Cámara de los Comunes británica, donde el Gobierno se sienta a la derecha del Presidente y la oposición a su izquierda.

Como fuese, ya podemos ubicar la etiqueta y la época en que surgió la izquierda como idea que, con la Ilustración, engloba a los que piensan que por medio de la razón se puede organizar una sociedad de ciudadanos libres e iguales y, por tanto, solidarios y felices, luchando contra cualquier clase de opresión a través de la reforma o eliminación de cuantas tradiciones y normas impidan la emancipación de todas las personas, sin distinción.

En cualquier caso, hay que señalar que, desde esos mismos inicios, las izquierdas, en plural, siempre han estado divididas y fragmentadas entre radicales y moderados, lo que explica, de alguna manera, que el presente siga endeudado con ese pasado convulso de unos ideales  que, compartiendo los fines, difieren del método (drástico o paulatino) para alcanzarlos. Es lo que determina que cada generación abrigue sus propias expectativas y vías para modificar las estructuras de dominación existentes e, incluso, hasta la propia definición de lo que es ser de izquierda. Casi podría afirmarse que la izquierda  es un ideal dinámico que se adapta a cada contexto y época, pero siempre bajo los criterios de racionalidad y universalismo, por lo que su etiqueta no es ni absoluta ni estática.

El liberalismo como germen

La idea de libertad es antigua y común en muchas culturas, pero es desde la Ilustración, en que Kant propugna la consigna “sapere aude” (atrévete a saber) y deja la sentencia de “La Ilustración es la liberación del hombre [por medio de la Razón] de su culpable incapacidad”, cuando la libertad se convierte en principio para organizar la vida política y social. Es decir, cuando en el Occidente cristiano, constreñido hasta entonces por dogmas y tutelas religiosas, nace el deseo de libertad y de la razón para desarrollar la ciencia y demás saberes humanos, sin dogmas ni ataduras, y lo que es más revolucionario, germina la exigencia de una moral y un derecho basados en la soberanía de cada individuo en virtud de su libertad.

Es así como las élites españolas empezaron también a asumir ese ideario revolucionario de libertad y progreso que venía allende los Pirineos  y con el que acabaron subvirtiendo los cimientos de la sociedad estamental, el feudalismo y el absolutismo monárquico que caracterizaban al Antiguo Régimen, aquel en que la soberanía la detentaba la Corona, considerada de origen divino, y cúspide de toda la pirámide social. Un absolutismo que, desde el siglo XVI, consideraba que la autoridad del rey era absoluta, estaba solutus ab lege o legibus solutus, es decir, no sometida a ninguna norma superior a su voluntad, no reconocía autoridad por encima (soberanía) ni institución que limitara su poder.

Durante el Antiguo Régimen se consideraba a los seres humanos incapaces por naturaleza, salvo los estamentos privilegiados, para desempeñar funciones políticas activas y, por tanto, para trascender su condición de súbditos. Era un régimen que se apoyaba en la aristocracia y el clero, los cuales, con criterios despóticos y pautas improductivas, se repartían la geografía transatlántica (península y dominios) en reinos, virreinatos, intendencias, capitanías generales, señoríos solariegos, audiencias judiciales y señoríos eclesiásticos  El poder se ejercía en nombre de una sola persona, el rey, y se proyectaba a través de varias jurisdicciones: la de la Corona, la de la Iglesia y la de los señores. No existía el individuo como sujeto político, sino que eran tratados según el estamento al que pertenecían (sociedad estamental).

Desde la Ilustración, sus  partidarios sostenían, en cambio, que el hombre está capacitado por la razón para ejercer la soberanía política y, por ende, ser tratado como ciudadano, sujeto libre e igual en derechos y deberes, amparado por una única legislación, la de la nación política o Estado.

Sin embargo, no es hasta la abdicación de Fernando VII, en 1808, cuando el Antiguo Régimen en España se derrumba gracias a las ideas liberales de los ilustrados, a pesar de que desde la década de 1770, con el inicio de la Revolución Industrial, esas ideas de libertad habían ido diseminándose por la península hasta constituir los cimientos de una nueva sociedad, la de individuos con derechos, liberal y burguesa.

Y es que aquellas élites ilustradas, que eran conocedoras  de las ideas y los textos de la Ilustración europea, aspiraban a introducir en nuestro país las reformas racionalizadoras que inspiraron la Revolución Francesa. Un campesinado antifeudal y esas élites “afrancesadas” propugnaban  un sistema más justo basado en la libertad y la iniciativa individual. Tal defensa de la libertad acabaría asociándose enseguida al significado del concepto político de “liberal” y que, en castellano, equivalía a ser generoso. No obstante, no es un término atemporal, pues su significado varía según las circunstancias e intereses de cada época.

Sería durante la “revolución española”, que se enmarca históricamente con la invasión francesa de la península y el ocaso del Imperio español por la emancipación de las colonias americanas, convertidas ya en repúblicas independientes, cuando se popularizaron los términos liberalismo y liberal. Se utilizaron para definir, frente a los absolutistas que defendían los privilegios del antiguo régimen señorial y teocrático, a los partidarios de asumir y aprovechar las experiencias de las revoluciones americana y francesa. De este modo, en las Cortes de Cádiz, los protagonistas de la revolución española se definieron a sí mismos como liberales frente a los “serviles” que defendían la sumisión al poder absoluto del monarca.

Aquellos liberales “afrancesados” sostenían propuestas reformistas propias del cosmopolitismo de unas clases altas acostumbradas a aprender idiomas –fundamentalmente el francés-, leer obras extranjeras y recibir a visitantes ilustres y viajar ellos mismos fuera del país. Pero también había liberales, tanto reformistas como radicales, que diferían respecto a las ideas de patria y patriotismo como etiquetas para distinguirse de los que decían representar ideas foráneas.

El pensamiento liberal de oposición al monopolio del poder, aquel que ejercían de manera feudal los estamentos aristocráticos y eclesiásticos amparados por la Corona, fue incubándose gracias al terreno abonado desde el Renacimiento con el humanismo utópico de Francis Bacon, Tomás Moro o Tommaso Campanella. Pero floreció de forma activa con el impulso de las transformaciones sociales que supusieron la Revolución Industrial de Gran Bretaña, la Independencia de los Estados Unidos y, con más impacto en nuestro país, la Revolución Francesa.

Un contexto convulso

España atravesaba, en aquel tiempo de finales del siglo XVIII y principios del XIX, por una especial coyuntura. Aquel contexto convulso, caracterizado por la guerra y la revolución -dos procesos estrechamente imbricados entre sí-, supuso que surgieran, desde el principio, diferencias entre las élites ilustradas. Así aparecieron los reaccionarios o absolutistas, que rechazaban rotundamente cualquier novedad; los moderados o reformistas, que defendían una adaptación parcial de los principios revolucionarios; y los liberales, que plasmaron su ideario en la Constitución de 1812 y, anteriormente, en la de Bayona de 1808, la primera constitución escrita de la historia de España. Las dos fueron elaboradas por españoles y ambas definían por primera vez las instituciones de un Estado constitucional. 

No puede dejar de ubicarse esa preocupación por transformar la España de súbditos en un país de ciudadanos, dotados de derechos y deberes, en el marco histórico de rupturas que vivieron sus protagonistas, y que propició el derrumbe de una monarquía absoluta secular para dar paso, por primera vez en España, a la construcción de un Estado moderno, regido por una monarquía constitucional.

Aquella monarquía española agotaba, en cuanto régimen absolutista, su proceso histórico tras las crisis sufridas a partir del hundimiento de la Armada (Trafalgar, 1805), la invasión francesa de la península, las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII (1808), la guerra que se inició entonces conocida como la Guerra de Independencia, y la rebelión de las colonias americanas desde 1810 por conquistar su independencia como estados. Todos estos factores explican la “revolución española” que, en aquel escenario de guerra de casi tres decenios de duración, impulsó una serie de propuestas revolucionarias de cambio institucional, que acabarían consolidándose como transformaciones estructurales, en respuesta a los desafíos de tan difícil momento.

Fue, de hecho, un cambio tan revolucionario que significó la aniquilación del Antiguo Régimen para construir en su lugar un Estado moderno, en que la soberanía la detentaba el pueblo y no el rey. Y allí estaban esas incipientes “izquierdas” protagonizando el empeño, conformadas por una élites intelectuales y los sectores protoburgueses de las capas medias del campesinado antifeudal que podrían considerarse los anclajes sociales y políticos de lo que, sin lugar a dudas, acabarían siendo las primeras izquierdas en España. Y aunque no se identificaban como partido (concepto que denostaban), fueron los embriones de los futuros partidos políticos. Unas izquierdas que en su origen fueron liberales, pues estaban enraizadas en principios liberales. Y de cuyas semillas brotaría lo que conocemos por izquierda en nuestro país.

-----

Bibliografía:
*Historia de las izquierdas en España, de Juan Sisinio Pérez Garzón. Ed. Catarata. Madrid, 2022.
*La construcción del Estado en España, de Juan Pro. Alianza editorial. Madrid, 2019.
*Breve historia de España, de Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga. Alianza editorial. Madrid, 1993.
*Los partidos políticos en el pensamiento español (1783-1855), de Ignacio Fernández Sarasola. Tesis doctoral.
*Evolución del Sistema de Partidos en España desde la Transición, de Daniel García Ruiz. Trabajo Fin de Grado en Economía.