Corrupción que mata

La corrupción es inaceptable, la cometa quien la cometa, porque es un cáncer que destruye la democracia. Practica corrupción gente avariciosa y sin escrúpulos que no duda en enriquecerse traicionando la confianza que depositaron en ellos, en primer lugar, los votantes y, después, quienes los escogieron para ocupar puestos y desempeñar ocupaciones en la esfera pública. Con su obrar delictivo socaban el principio que hace fuerte a toda democracia: la confianza de los electores en sus representantes elegidos, sin la cual aquellos acaban distanciándose de estos y desinteresándose del mejor sistema posible de configurar la voluntad popular en que se basa todo gobierno democrático.

La corrupción erosiona esa confianza y, a la postre, causa desafección política en los ciudadanos, favoreciendo que unos pocos decidan por todos, lo que abre las puertas a quienes están interesados, precisamente, en destruir desde dentro la propia democracia. Por ello, la corrupción es un cáncer para la democracia al que hay que combatir con determinación y presteza, de manera contundente y sin demora, caiga quien caiga, sean afines o adversarios. Sin miramientos porque el corrupto no tiene amigos ni ideología, sino egoísmo y deslealtad bajo cualquier máscara con la que se disfrace.

Pero no solo hay que evitar la rapiña de esos avariciosos que meten mano en el dinero de todos para su lucro personal o partidario, sino también la mediocridad, estulticia, negligencia e ineptitud de quienes, por su irresponsabilidad, se derivan consecuencias letales para los administrados, para la gente que confió en su solvencia y capacitación. Porque esa deplorable gestión de lo público también alimenta el cáncer que corrompe las instituciones y los gobiernos. Es una corrupción que mata.

Caso paradigmático es el de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad de Valencia, cuya poco aclarada conducta y su total desvergüenza contribuyeron a agravar la tragedia de la DANA, aquellas tormentas e inundaciones que provocaron más de 200 muertos en una población a la que no se le avisó a tiempo del peligro que corría, además de ingentes daños materiales en viviendas e infraestructuras. El president estuvo ilocalizable durante lo peor de la tragedia, cuando los muertos ya se acumulaban en los barrancos, sin asumir personalmente las competencias de su cargo para la gestión de la crisis. Nadie sabe todavía lo que hizo durante ese tiempo ausente. Le llueven los indicios penales que esquiva por su condición de aforado mientras reparte culpas a doquier, aun a costa de desprestigiar la democracia. Si la tuviera, en su conciencia carga con las víctimas evitables de la DANA.

Sin embargo, su proceder cuenta con antecedentes en otro gobierno del mismo partido, también en Valencia. Se trata de la catástrofe producida por el descarrilamiento del Metro de Valencia, en julio de 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos. Enfrascados en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, que se produciría cinco días más tarde, los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento trataron de pasar de puntillas sobre la tragedia, descargando toda la culpa a un error humano, al del maquinista que murió en el accidente. Y, como con la DANA, aquellos responsables políticos no asumieron su responsabilidad ni recibieron a los familiares de las víctimas. Se limitaron a echar las culpas a otros. Catorce años más tarde, cuatro directivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) fueron condenados a 22 meses de cárcel y tres años de inhabilitación. Una sentencia que, por supuesto, llegó demasiado tarde y tras movilizaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, que acudió incluso al Parlamento europeo en busca de respaldo, como han vuelto a hacer los afectados por la DANA. La negligencia de los responsables de que los servicios públicos sean seguros y funcionen correctamente ha causado daños letales entre los usuarios. No es casualidad que Francisco Camps y Rita Barberá estuvieran involucrados, además, en diversos casos de corrupción. Ni ellos ni nadie se han dignado a pedir perdón a la ciudadanía por una tragedia, otra más, evitable.

Un descarrilamiento por falta de seguridad adecuada, unido al despiste de un maquinista, se repetiría en otro accidente, el del tren Alvia, en Galicia, causando 80 muertos y 144 heridos, otro julio fatídico de 2013.  Sólo después de 11 años de investigación judicial, una sentencia hallaba culpables al maquinista del tren y a un exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif (la empresa estatal que administra las infraestructuras ferroviarias), condenados por negligencia y por la ausencia de medidas que mitiguen el riesgo, que -¡mira por dónde!-  figuraban en el proyecto del trazado. Y es que aquellos kilómetros finales de la línea carecían del sistema automático de frenado con el que cuenta el resto del trayecto, lo que dejaba sin protección al tren en caso de que, por cualquier circunstancia, el maquinista no atendiese las obligaciones de velocidad máxima del cuadro de mandos. Y todo por “ahorrar” en una inversión que era prioritario inaugurar cuanto antes. Otra decisión política negligente con resultado de muerte.

Como en Madrid, donde se dejó morir a 7.291 ancianos sin asistencia médica en sus residencias por un Protocolo elaborado por el gobierno de la Comunidad, durante la pasada pandemia, que por razones de edad les negaba el traslado a hospitales públicos. Es así como Madrid tiene el triste honor de contar con el índice más alto de mortalidad por la pandemia de España. Y su presidenta, también del mismo partido que los casos citados anteriormente, culpabiliza de ello a las autoridades nacionales por coartar libertades al imponer medidas de confinamiento sanitario a la población, como hizo el resto de países que siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. La desvergüenza ideológica (los ancianos que tenían seguros privados podían acudir a sus hospitales privados), unida a la mediocridad intelectual, derivó en consecuencias funestas para la gente. Aun así, la irresponsable política permanece en el cargo sin que se le caiga la cara de vergüenza y sin que le moleste el ruido de la corrupción que emite su entorno de allegados.

Negligencias e intereses opacos que acaban desembocando en tragedia, como la sucedida con el avión Yakovlev 42,  fletado a través de una cadena de subcontratas por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo, casualmente del mismo partido que los anteriores, y que se estrelló en la costa norte de Turquía de regreso de Kabul, con 75 personas muertas, 62 de las cuales eran militares españoles. Fue la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas de nuestro país en tiempos de paz, producida un nefasto día de mayo de 2003. Pero lo vomitivo vendría después, cuando se quiso parecer diligente con los familiares de las víctimas y se les entregaron cuerpos sin identificar o confundidos por las prisas. Sólo tres militares fueron condenados en 2009, de los cuales uno se libró de la cárcel por enfermedad y dos acabaron indultados por el Gobierno de Rajoy, ante el estupor de los afectados. Una vez más, una corrupción que mata.

Corrupción que obedece a cuestionables decisiones políticas asumidas a espaldas del interés general por la debilidad moral e intelectual de algunos responsables políticos, como la que nos embarcó, basándose en mentiras, en una guerra ilegal en Irak, en 2003, y que causaría miles de muertos en aquel país. Es una forma de corromper la democracia que condena a muerte a ciudadanos indefensos e inocentes, en este caso iraquíes, pero también del contingente español enviado al país. Y a los que se les ha hurtado toda explicación y disculpas. Peor aun, se les ha tratado de manipular electoralmente con trágicas alusiones y mentiras, como pretendió el mismo político que decidió ir a la guerra  cuando intentó atribuir los atentados yihadistas del 11 M a ETA, lo que beneficiaba electoralmente a su partido en el Gobierno. En aquellos atentados, provocados por terroristas islámicos por nuestra participación en la guerra de Irak, fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas.

Jamás el dirigente que nos involucró en una guerra ilegal se ha dignado a pedir perdón a los españoles, como hicieron otros mandatarios de la tristemente foto de las Azores, a pesar de conocer el resultado del Informe Chilcot –una investigación oficial del Reino Unido- que concluyó que “Blair y Aznar acordaron la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación que mostrara que habían hecho todo lo posible para evitar la guerra”. Es más, Aznar llegó incluso a negar que España mandase soldados a aquella guerra, cuando alrededor de 2.600 soldados españoles fueron desplegados en Irak entre 2003 y 2004, de los que 11 perdieron la vida, junto a dos periodistas (Julio Anguita Parrado y José Couso) de cuyos asesinatos no se ha podido hacer justicia. Otro tipo de corrupción política que manipula la verdad y vuelve a ocasionar muertes.

Ninguna corrupción es tolerable, pero la que atenta contra la vida de las personas es aun más deleznable, aunque aparentemente no afecte al dinero público. Compañeros o colaboradores de los que protagonizaron corrupción letal se han visto envueltos posteriormente en cambalaches de corrupción económica, como Jaume Matas, Eduardo Zaplana. Rodrigo Rato, Luis Bárcenas y otros, pagando incluso penas de cárcel. Otros, sin embargo, han tenido más suerte, como Ana Botella, la mujer de Aznar, que vendió como alcaldesa de Madrid viviendas sociales a un fondo buitre donde trabajaba su hijo, sin sufrir ningún reproche por ello.

Y es que hay corrupción y corrupción, depende del cristal con que se mire. Pero todas son igual de repudiables. Máxime si matan.

¡Por fin, un caso de corrupción!

Han hallado, por fin, un caso de corrupción que afecta al Gobierno que había prometido acabar, precisamente, con la corrupción y que accedió al poder tras la condena por corrupción, a título lucrativo, del partido que sustentaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde aquella moción de censura que la apeó del machito de forma inesperada -la primera vez en democracia que eso sucedía-, la derecha no ha cejado en buscar o inventar motivos con los  que acusar al Gobierno socialista de toda clase de males y desgracias inimaginables. Así, desde el primer día, hasta hoy.

En un principio se aludió a que los socialistas no habían ganado las elecciones porque no fueron el partido más votado. Luego, que ese Gobierno había traicionado a la patria por aliarse con formaciones nacionalistas y soberanistas, de izquierdas y de derechas,  representadas legalmente en el Parlamento. Posteriormente, se acusó al Gobierno progresista de haber comprado tales apoyos parlamentarios mediante una amnistía a los condenados por el procés catalán. Incluso sostuvieron que era el Gobierno el que mantenía secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, impidiendo su renovación tras más de un lustro con el mandato caducado. Y que, en fin, después de varias elecciones generales, el Gobierno seguía siendo ilegítimo, indigno, dictatorial e inmoral por “okupar” un poder que la derecha considera suyo. Y descarga la culpa de ello a la ambición patológica del presidente, Pedro Sánchez, por su afán de permanecer en el Gobierno a cualquier precio. De ahí que califique peyorativamente de sanchismo a los sucesivos gobiernos que el Partido Socialista Obrero Español ha formado en coalición con Podemos y Sumar. Y esa es la razón de que, a  dos por año, la derecha haya convocado multitudinarias manifestaciones y concentraciones callejeras para exigir ruidosamente la dimisión del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.

También, al principio, se esgrimió que el líder conservador no gobernaba porque no quería, aunque no consiguiera, como intentó en el debate de investidura, el refrendo mayoritario de la Cámara. Y que no estaba dispuesto a gobernar como sea, a pesar de contar con el apoyo insuficiente de la extrema derecha, con la que ya había pactado gobiernos en muchas comunidades autónomas. Al mismo tiempo, se empeñó en denunciar que la economía y el país iban de mal en peor, aunque los datos macroeconómicos, las cifras del paro y otras magnitudes socioeconómicas reflejasen cosa distinta. Su catastrofismo no se correspondía con la realidad. Y cuando ni los más negros augurios sirvieron para desbancar al inquilino de La Moncloa, la derecha comenzó a  hacer uso de la imaginería de las insinuaciones, las acusaciones sin pruebas, las informaciones incompletas, las mentiras ramplonas y los bulos para poder armar una opinión pública contraria al Gobierno y convencerla  de la necesidad de nuevas elecciones. Se acostumbró, desde entonces, a utilizar como munición política las acusaciones falsas o sin demostrar.  

La cosa empezó pronto. Nada más ser elegido secretario general del PSOE, la derecha inicia una campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez, en la que atacaba incluso a su entorno personal. Fue cuando un excomisario, famoso por sus grabaciones de extorsión, afirmó que un negocio de sauna del padre de su mujer había sido utilizado en operaciones policiales. Los medios afines recogieron las insinuaciones del comisario con el siguiente titular: “El suegro de Pedro Sánchez y la prostitución gay”.

Esa campaña de desprestigio aumentó de intensidad cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Los tiros apuntaron entonces a su esposa, Begoña Gómez, una mujer que ha seguido ejerciendo su actividad profesional, sin limitarse a ser simplemente la esposa del presidente del Gobierno, con una trayectoria de años al frente del África Center del Instituto de Empresa, una universidad privada. El pseudosindicato Manos Limpias la acusó de presuntos delitos de influencias y corrupción privada por haber firmado una serie de cartas de recomendación a favor del empresario y codirector de la cátedra que ella dirigía. A los dos días se personaron en el caso, como acusación personal, la organización Hazte Oír y el partido Vox, ambos de extrema derecha.  También la vincularon con el rescate de la compañía Air Europa. Todo está por ver.  

Paralelamente, las acusaciones de la derecha enfilaron al hermano del presidente, David Sánchez, también conocido en el ámbito musical como David Azagra. Denunciaron que su contrato con la Diputación de Badajoz para ocupar la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, plaza posteriormente denominada como Jefe de la Oficina de Artesa Escénicas, era ilegal. La denuncia partió, otra vez, de Manos Limpias por supuestamente incumplir los requisitos legales para el acceso a empleos públicos. También se personaron en el caso Vox y el Partido Popular, representantes de la extrema derecha y la derecha extrema, respectivamente. Con semejante presión mediática, política y judicial, el acusado decidió presentar su dimisión, lo que no evita que el asunto siga dando vueltas por los juzgados.

Y es que, por debilitar al Gobierno, se ha denunciado, incluso, al Fiscal General del Estado de haber filtrado a la prensa datos secretos sobre un investigado por Hacienda a causa de un fraude admitido por el propio defraudador, quien resulta ser, casualmente, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la líder conservadora que con mayor ahínco confronta con el Gobierno. Un caso más para esa derecha que siempre ha considerado que el Gobierno surgido por una mayoría parlamentaria no era legítimo.

Sin embargo, nada de lo anterior ha sido eficaz para los objetivos de la derecha, hasta que, por fin, se ha descubierto un verdadero caso gravísimo de corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno, y podría definitivamente tumbar al Gobierno.

Una corrupción que, como todas, se vale de adjudicaciones públicas para favorecer a determinadas empresas que, en contrapartida, reparten sustanciosas comisiones, llamadas vulgarmente “mordidas”, a sus benefactores políticos. Todas las tramas de corrupción conocidas en este país se basan en el mismo método de detraer fondos públicos para enriquecer bolsillos o intereses privados, llámense Gürtel, Púnica, los Eres, Zaplana, Bárcenas, Ábalos o Koldo, etc. Antes de la democracia, la corrupción era la norma. Con la democracia es la excepción, pero continúa existiendo, aparte de las avaricias individuales, porque es una forma de financiación ilegal de partidos políticos que confunden la Administración pública con su chiringuito particular.

Desgraciadamente, es lo que ha vuelto a suceder bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y lo que podría malograr su continuidad al frente del partido y del Gobierno. Porque es la guinda que le faltaba a sus opositores para abatirlo y conseguir el adelanto de las elecciones, esta vez sin mentiras, bulos o denuncias falsas. Si así fuera, el Gobierno caerá por deméritos propios y no por méritos de sus adversarios. Pero también por ignorar la ilusión, la confianza y las convicciones de cuantos creyeron en su ejemplaridad y votaron sus siglas. Votantes y simpatizantes que hoy sienten vergüenza por ver al Gobierno que iba acabar con la corrupción cometiendo el mismo pecado que decía combatir. Una vergüenza que ruboriza el rostro de quien escucha las grabaciones entre el secretario de organización del PSOE (Cerdán) , un exministro (Ábalos) y su chófer (Koldo)  para repartirse “mordidas” y “colocar” amigas y amantes en empresas públicas. Provocan náuseas.

Lo triste del caso es que esas “prácticas corruptas siguieran creciendo al amparo de la defensa incondicional de los gobernantes y los dirigentes del PSOE hecha por sus seguidores y electores”, como escribió en 1994 Javier Pradera y cita Jordi Amat en su columna de El País. Porque es triste y preocupante esa frustración y desengaño que la corrupción provoca en quienes confiaron en un Gobierno que quiso simbolizar la honradez y la transparencia en su gestión y que ha aprobado leyes tan relevantes como la del aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, la de protección a la infancia, la reforma laboral que incentiva el contrato indefinido, la del cambio climático, contra la violencia machista, la de libertad sexual, la reforma de la educación y la formación profesional, la actualización de las pensiones y un largo etcétera de materias progresistas de izquierdas que corregían desigualdades y ampliaban derechos en nuestra sociedad.

Todas esas ilusiones y esperanzas han sido barridas de las expectativas de los ciudadanos que confiaron en un Gobierno que ha sufrido una cacería salvaje para derribarlo desde el primer minuto y que él solo se ha puesto en la diana para ser abatido por corrupción.  A menos que adopte medidas drásticas y ejemplarizantes contra los corruptos y los corruptores. Y que  acometa de verdad esa prometida regeneración democrática de nuestro sistema político y dirima responsabilidades sin importar quien caiga. Y ello es posible porque la ausencia de menciones a Pedro Sánchez en esas grabaciones brinda la posibilidad de enarbolar su inocencia y resarcirse del golpe a su credibilidad y honestidad. Todavía, que se sepa, su nombre no ha aparecido como antes sí lo hacía un tal M.Rajoy. Y por eso cayó. ¿Caerá también Sánchez?     

La corrupción que no cesa

En España tenemos un serio problema con la corrupción. Así, en general. Pero, en particular, con la que germina en el ámbito de la política. No conozco ningún partido gobernante, desde que tengo uso de razón, que haya estado exento de corrupción por culpa de algún listillo de forma individual o como mecanismo estructural y fraudulento de financiación o de  remuneración adicional a la dirigencia. Insisto: salvo la UCD -que yo sepa, porque no lo he investigado- todos los partidos que han gobernado en este país desde la restauración democrática han protagonizado escándalos de corrupción. Eso incluye a formaciones nacionales y a las de ámbito autonómico  y municipal.

Es en esos ámbitos donde mejor puede enraizarse la corrupción entendida  como el “abuso del poder público para beneficio privado”, como la define el Banco Mundial. Y es allí donde se manifiesta en forma de malversación de fondos, uso del cargo público para el enriquecimiento personal, adjudicaciones fraudulentas a cambio de sobornos, nepotismo y mil maneras más.

En todos los partidos que han gobernado en todas las Administraciones del Estado ha aflorado la semilla de la corrupción. Unos de manera recurrente y otros de forma esporádica. Los hay que la cultivan de forma intencionada y los que son víctimas de la falta de control y transparencia o del exceso de confianza en personas de todo pelaje. Por lo que sea, ninguno se ha librado de unas prácticas que todos, paradójicamente, siempre denuncian y rechazan con rotunda pero ineficaz contundencia, sin que nunca se haya puesto freno al problema.

Y es que, al parecer, la corrupción es una tara que arrastra un buen número de españoles y con la que contaminan las organizaciones a las que pertenecen. Por eso se trata de un asunto grave. El segundo, después del paro, entre los problemas que más inquietan a los ciudadanos, según las encuestas. Es tan frecuente que parece consustancial con nuestra naturaleza o manera de ser. Y no es de extrañar porque, en cuanto podemos, tendemos a pasarnos de listos, como si los demás no cayeran en ella por tontos. No en balde, España es el país de la picaresca. Y por algo será, no sólo por el ingenio literario. Quizás por eso percibimos la corrupción como una forma moderna del pícaro que tanto contribuyó al prestigio de nuestra novela del Siglo de Oro.

Repasar la lista de casos de corrupción en nuestro país es desmoralizador. Además, ocuparía mucho espacio para un simple artículo periodístico. Es preferible recordar solo sus últimos episodios como muestra de la tesis que defiende este comentario. Y es para echarse a llorar. Porque, ni en las peores circunstancias vividas para la totalidad de la población en las últimas décadas, como fue la pandemia, la corrupción no ha dejado de aparecer entre las acciones adoptadas para combatirla. Acciones urgentes, de primera necesidad, para limitar la mortalidad de una pandemia atroz. Adquirir mascarillas en aquellos momentos angustiosos supuso para algunos desaprensivos una posibilidad de oro para enriquecerse con comisiones, por la intermediación, exorbitadas. Y de manera fácil, sin requerir grandes esfuerzos. Solo era necesario poseer pocos escrúpulos y ninguna decencia.  Y conocer a alguien.

Es lo que sucedió en el ayuntamiento de Madrid por parte de un hermano de la presidenta de la Comunidad. Y lo que ahora aflora en el Gobierno por parte de un asesor de un exministro de Transportes. Ambos casos se aprovechan de la urgencia por comprar mascarillas para vendérselas a la Administración a precios abusivos, gracias a la rebaja de controles en los procedimientos administrativos durante el Estado de Alarma. Que se muriera muchísima gente por Covid era lo de menos. Lo de más era que representaba una oportunidad providencial para un negocio redondo. Como dirían los implicados, parafraseando a Clinton: se trata del libre comercio, estúpidos.

Actualizando los mecanismos de la picaresca, la corrupción actúa como forma tradicional de agilizar trámites para solventar cualquier contratiempo a la hora de adquirir un bien o satisfacer una necesidad, máxime si es perentoria. Pero no en beneficio del interés general, sino el particular del corrupto. Como en esos casos a los que nos referimos.

El tal Koldo, émulo del Lazarillo de Tormes, es ejemplo de ello y representa un fenómeno que no cesa en nuestro país. Algo que practican quienes están dispuestos a aprovechar las oportunidades de enriquecimiento ilegítimo que se presenten en sus vidas. Justamente, lo que suele hacer el listillo a la menor ocasión. Es la conducta que explica que, cuando podemos, no respetemos una cola ni para coger el autobús, que eludamos  algún dato a Hacienda que pueda aminorar nuestros pagos de impuestos, que recurramos a amigos, familiares o conocidos para conseguir cualquier cosa, que busquemos “enchufes” a la hora de buscar empleos o para colocar a familiares en puestos sin respetar la igualdad de oportunidades, que prefiramos las facturas sin IVA o hasta que intentemos copiar en los exámenes. Es algo tan extendido que ni el rey emérito ha podido evitar la tentación. Porque somos así, proclives a los chanchullos. Es más, hasta nos parece lo más natural del mundo. Incluso nos vanagloriamos de ella como si fuera una demostración de inteligencia para afrontar los obstáculos que hallamos al vivir en una sociedad tan competitiva, compleja y exigente.

Si así nos conducimos para el trapicheo, no es de extrañar que, cuando accedemos a puestos en los que se administran caudales públicos, sea altamente probable que la corrupción salga a relucir con cualquiera de sus caras en esos manejos turbios que, si surgen a la luz, alimentan grandes titulares y enormes pero inútiles alarmas. Hoy nos quedamos boquiabiertos con lo que empieza a conocerse del caso Koldo y su padrino Ábalo. Ayer, con lo del hermano de la presidenta Ayuso. Y, más atrás, con lo que depararon Rato, la Gürtel, los Eres, Undargarín, Púnica, Roldán, Banca Catalana, etc. Tantos que, según un estudio publicado por el institut de Recerca en Economía Aplicada Regional i Pública de la Universidad de Barcelona, recogido por Infobae, sobre la corrupción que ha sufrido España entre los años 2000 y 2020, se produjo un caso cada dos días. Y es el Partido Popular el que más causas de corrupción acumula (40,5%) en esas dos décadas, seguido por el PSOE, implicado en el 38,3% de los casos. El motivo: ambos son los que más tiempo y más administraciones han gobernado.

Es evidente, por tanto, que albergamos un serio problema con la corrupción en España, aunque afortunadamente no sea de manera generalizada, como pudiera parecer. De hecho, la corrupción entre los funcionarios es la más baja de Europa. Pero existe corrupción, sobre todo cuando surgen períodos explosivos, de boom en las demandas, ya sea en el mercado inmobiliario o el sanitario, como sucedió con las mascarillas. Y, ante la posibilidad de negocio, aparece la picaresca. Buena parte de ella obedece a esa conducta que pretende burlar la igualdad de condiciones que se atiene al mérito y al imperio de la ley. Y que contribuye a que se perciba la democracia como sistema imperfecto o poco eficaz a la hora de regular nuestras complicadas relaciones de convivencia de forma que satisfaga a todos. Y al no sentirnos satisfechos, buscamos atajos que se benefician de los defectos institucionales importantes y las áreas de riesgo poco controladas, permitiendo la arbitrariedad y los abusos.

Todo ello nos ofrece una imagen social que resalta la falta de desarrollo que padecemos en nuestra formación cívica y en el respeto por el funcionamiento de nuestras instituciones. Y algo peor: evidencia la desconfianza que mostramos por nuestro sistema político y legal, lo que alimenta la incredulidad hacia la democracia. Es, sin duda, la consecuencia más peligrosa de la corrupción: debilita una democracia que tanto esfuerzo ha costado y socaba la legitimidad de las instituciones que la sostienen.

No hay que ser, por tanto, indulgentes con la corrupción, sea poca o mucha. Aunque la percepción que tengamos de ella sea cada vez mayor por tomar conciencia de su extensión y magnitud, no podemos dejar de denunciarla ni confundirla con aquellas prácticas tradicionales de los tiempos de la picaresca. Porque la corrupción es, simplemente, un delito que perjudica a todos. Y, como tal, merece el castigo penal, se dé donde se dé y caiga quien caiga. Tiene que cesar de una vez por todas.