Pandemia e información

La época de la censura ya ha sido olvidada por lo remota e improbable que nos parece. Sin embargo, durante la dictadura -no hace tanto, históricamente hablando- estuvo en pleno vigor por la necesaria autorización gubernativa (previa o posterior), que la hacía visible con demasiada frecuencia mediante la retirada en los quioscos de cualquier publicación que no contara con el correspondiente consentimiento administrativo o la mutilación de páginas o artículos que eran censurados en aquellas otras a las que se les permitía una difusión amputada. Más que Ministerio de Información, lo que existía entonces era, en la realidad, una Oficina de Control y Censura, cuyas tijeras -Camilo José Cela fue un censor en esos tiempos oscuros- se cebaban, con especial ahínco, con los semanarios de información general, como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo o Cambio16, por citar algunos ejemplos. Pero de tan férreo celo no se libraban siquiera las revistas humorísticas, como fueron el caso de Por favor o Hermano Lobo, entre otras. Afortunadamente, eran otros tiempos, felizmente superados, que hoy nos parecen inconcebibles.

No obstante, no resulta tan claro que la censura haya desaparecido definitivamente. Es verdad que no se ejerce de manera tan descarada y burda, pero sí de un modo sutil, casi imperceptible. Y es que, hoy en día, existen otras formas de controlar la información que consumen los ciudadanos sin que formalmente se les impida o niegue el acceso a su derecho a la información. Más que limitársela u ocultársela, ahora se les satura de un exceso apabullante de información que mezcla noticias, opinión, especulación, datos parciales, bulos y mentiras en un tótum revolútum del que es imposible obtener un juicio de valor objetivo. Se consigue, así, que el destinatario poco habituado a distinguir el grano entre tanta paja sea incapaz de formarse una opinión fundada y válida, independiente de la que le dicta cada medio de comunicación, según su línea editorial, o la que pretenden los poderes dominantes con su capacidad propagandística. Tal saturación informativa constituye, en la práctica, una nueva forma de censura, difícilmente detectable por los ciudadanos, máxime si el flujo de información a que están sometidos no sólo es ingente, sino además contradictorio, la mayoría de las veces sin verificar ni contrastar, fragmentario y, para colmo, superficial o elaborado desde una ignorancia que se limita cortar y pegar a un ritmo que posibilite ofrecer novedades y exclusivas cada día. De ahí la dificultad de que la avalancha informativa de semejante magnitud pueda ser asimilada por alguien que, siendo por lo general profano en la materia sobre la que desea informarse, acaba convirtiéndose en víctima de una manipulación que, incluso, no pretende ser intencionada, lo cual es peor porque no se reconoce.

Se trata de un problema o peligro que se acrecienta con los nuevos canales de comunicación social que multiplican la propagación de una información no contrastada, inexacta, raramente independiente, sospechosamente vertida por intereses políticos, ideológicos o comerciales, y en no pocas ocasiones simplemente falsa, como las famosas fakenews. Desgraciadamente, es el tipo de información que abunda en las redes sociales o el mundo digital, donde la facilidad de acceso, la gratuidad, la simplicidad y el anonimato u ocultamiento de identidad facilitan un consumo generalizado de información poco fiable y confusa, cuando no tendenciosa o falaz. Esa maraña de contenidos cuestionables, sin ninguna fiabilidad, basados en su mayor parte en rumores y especulaciones más que en información verificada y de fuentes fidedignas, constituye la vía informativa por excelencia de la mayor parte de la población, la más influenciable y, por ende, manipulable.

Tal ha sido, precisamente, el inquietante panorama que ha puesto de relieve el tratamiento informativo de la actual pandemia que a todos nos ha tenido en vilo, cuando no atemorizados, impulsándonos a recabar cuánta mayor información sea posible. El incremento de horas de televisión, compra de periódicos o conexiones a internet evidencian ese súbito apetito de información al que no todos los medios han respondido con el rigor y la profesionalidad que se les supone. La mayoría de ellos han pecado de practicar desinformación con la pandemia, lo que se conoce como infodemia, por su tendencia empresarial a satisfacer las demandas de sus “clientes” si resulta rentable para la cuenta de resultados. Ofrecen lo que se vende, no siempre lo que interesa o es verdadero.

Muchos de tales medios no han sido exigentes a la hora de recoger referencias, sin ninguna verificación, sobre, por ejemplo, la hidroxicloroquina u otros fármacos que se consideraron eficaces para el tratamiento contra la Covid-19. O han reiterado hasta la saciedad los riesgos exagerados de contagio a través de las superficies. Incluso, ahora, favorecen la alarma y las sospechas a causa de algunas vacunas, sin contextualizar unos riesgos sobre beneficios que, en otros ámbitos, aceptamos como normales aun siendo infinitamente más elevados, como los accidentes a la hora de conducir y las úlceras por la ingesta de aspirinas. Todo lo cual, unido a los mensajes populistas de políticos negacionistas o más interesados por la economía que por la salud de la población -como Trump, Bolsonaro y demás compañía-, que inundan los medios de comunicación sin apenas resistencia, ha contribuido a engordar esta colosal infodemia sobre la crisis sanitaria que aún nos asola.

Pero es que, por si fuera poco, la utilización como munición para la confrontación política que se ha hecho en nuestro país de los consejos de los “expertos”, especialistas dependientes de cada Administración y Autonomía, ha favorecido la proliferación contradictoria de informes, recomendaciones, medidas, datos, hallazgos, hipótesis y opiniones sin la suficiente credibilidad experimental y una endeble interpretación científica. Excepcionales han sido aquellos medios que han filtrado toda esa sobreabundancia de información para recoger sólo la relevante y contrastada.

La mayoría sigue así, actuando como protagonista de una desinformación que ha generado más confusión y alarma que certezas sobre el virus (SARS-CoV-19) y la enfermedad (Covid-19) que provoca. Esos medios no caen en la cuenta de que repiten el “desorden informativo”* que ya hace un siglo analizó Walter Lippmann y Charles Merz, en un estudio publicado por The New Republic, en 1920, en el que se preguntaban por la validez de la información. Y es que hoy, como entonces, la fiabilidad de la información que ofrecen los medios de comunicación convencionales, los que se supone están obligados a obtener y elaborar información de manera diligente y contrastada, adolece de una excesiva confianza en las fuentes oficiales, descansa en lo que le brindan las agencias de noticias y es escasa en investigación propia, crea confusión entre información, rumores y opiniones y, más grave aún, evidencia la pobre preparación en la materia de los encargados en recogerla y elaborarla, todo lo cual distorsiona involuntariamente la realidad de la que se pretende informar para que los ciudadanos se formen una opinión fundada y válida.

Desafortunadamente, los tiempos acelerados que vivimos no ayudan a que esta forma moderna de censura pueda ser combatida por los propios medios de comunicación, con profesionalidad y mecanismos de autorregulación, dada la complejidad de la sociedad actual y la competencia desigual que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pero tal exigencia de una información fiable y veraz sigue siendo imprescindible, hoy más que nunca, para que los ciudadanos puedan formarse una opinión pública en libertad, con rigor y sin riesgos de ser manipulados, a pesar de que la pandemia haya demostrado lo contrario.

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·        * "El `desorden informativo´ hace un siglo", por Hugo Aznar, Revista Claves de Razón Práctica, nº 274, págs. 116-125.    

Esquizofrenia gubernamental

Una especie de esquizofrenia aqueja a las autoridades gubernamentales de España a la hora de administrar la gestión de la pandemia que nos atenaza. Se debaten entre la protección a la salud de los ciudadanos y la protección de la actividad económica, como demandan los sectores afectados. Y no saben qué hacer sin molestar a unos y a otros. A los gobiernos regionales les era más fácil criticar cualquier medida que adoptara el Gobierno central cuando detentó el mando único del primer estado de alarma sanitaria, al inicio del brote pandémico. Desde las autonomías se cuestionaba, según ellas, la tardía reacción en decretar el confinamiento de la población y el parón subsiguiente de la actividad no esencial; la excesiva duración de tales medidas por, según sospechaban, ejercer un control único que evidenciaba la tendencia al autoritarismo del Gobierno de la nación; cuando por fin se confió las últimas etapas de la desescalada a la cogobernanza con las autonomías, se tildó al Ejecutivo de lavarse las manos y no asumir su responsabilidad; y cuando estas deben decidir las restricciones que se han de imponer en función de la evolución de la pandemia en cada territorio, empieza una competición entre ellas por ver quien atiende mejor las exigencias de los ciudadanos sin castigar paralelamente a la economía, culpando, eso sí, al Gobierno de no concretar medidas, en cada Consejo Interterritorial celebrado con el Ministerio de Sanidad, comunes para todo el mundo. En definitiva, se ha exhibido una porfía entre gobiernos, en la que cada cual se cree más preparado y eficaz, mientras que los demás son considerados manipuladores o sobrepasados por los contagios, sobre todo el central.

La cosa se complica a la hora de organizar un plan para las fiestas de navidad para que los ciudadanos puedan celebrarlas y los negocios apuren la última oportunidad del año para hacer caja. Cada uno exige ser compensado tras tantas restricciones y pérdidas como han sufrido, lo que agrava la actitud esquizofrénica de los gobernantes. Y estos, a su vez, pretenden contentar a todos, sin cometer graves errores que comprometan su continuidad política. Por eso se miran unos a otros y exigen del Gobierno de España medidas a la carta para cada uno de ellos. Madrid quiere que las farmacias realicen test de autodiagnóstico de anticuerpos, Andalucía pide ser ya, si no la primera, de las primeras en vacunar a la población, cuando la Agencia Europea del Medicamento aún no ha autorizado ninguna vacuna; otras anuncian autorizar reuniones familiares de hasta diez personas, entre convivientes y allegados, mientras otras las limitan a seis miembros, sólo de convivientes; y, así, hasta 17 propuestas de cara a las próximas fiestas, incluyendo, claro está, las distintas normas de aforo, horarios comerciales y movilidad ciudadana que cada una quiere adoptar en su respectiva comunidad.  

La segunda ola de la pandemia evidenció la imprudencia del relajo social permitido durante el verano. Los expertos epidemiológicos advierten de que repetirlo ahora en navidad supondría facilitar la llegada de una tercera ola, cada vez más aguda en contagios, aunque no en mortandad, pero que puede a volver a saturar los hospitales y las ucis. La crisis económica derivada de la pandemia no deja de hacer estragos en el empleo, las empresas y hasta en las cuentas del Estado, a pesar de las ayudas -Ertes, aplazamientos de impuestos y tasas, subvenciones, préstamos con aval estatal, etc.- implementadas para amortiguar su impacto en la actividad económica. Tal generosidad, que resulta insuficiente y no contenta a nadie, sólo se explica por el ingente apoyo acordado por la Unión Europea para la recuperación de los estados miembros.

Entre tantas improvisaciones y contradicciones, pensadas más para la confrontación política que para la solución del problema, lo único que perciben los ciudadanos es, simplemente, la apelación constante a la responsabilidad individual para que se respeten las normas generales que exige la situación, es decir, que se consuma pero que no se salga, que se guarde la distancia interpersonal que no se mantiene en muchos bares ni en el transporte público, que no se quite la mascarilla pero que se coma y beba para contribuir a recuperar la economía, que se mantenga el confinamiento perimetral del municipio, provincia o comunidad, incluso la de la zona básica de salud que alguna comunidad contempla como unidad territorial, mientras prolifera la publicidad institucional promocionando el turismo de cada región, etc.

En definitiva, esta esquizofrenia en la actuación gubernamental genera desconfianza e inseguridad en la ciudadanía y alimenta la tendencia hacia el negacionismo y la incredulidad en crecientes sectores de la población sobre autoridades, leyes y el conocimiento científico. La confusión que crea es peligrosa y dañina para el comportamiento social. Porque, mientras los expertos recomiendan este año no lanzarse a celebrar la navidad, los gobiernos regionales todavía discuten si aumentar las restricciones o evitar castigar aún más la economía, siendo conscientes, además, de que el Gobierno central propone endurecer las medidas, pero deja en manos de las autonomías cualquier decisión al respecto. Una auténtica esquizofrenia gubernamental.     

La vacuna del hastío

En esta anormalidad que llamamos “nueva normalidad”, en la que nos hallamos otra vez vapuleados por un segundo ataque de una pandemia que asola el planeta, asumimos conductas que anteriormente despreciábamos, bien por cabezonería, ignorancia o mera discrepancia. Ahora, que ya estamos atenazados de miedo y llenos de incertidumbres, obedecemos los consejos que nos hacen y nos comportamos como nos demandan. Ayer, sin ir más lejos, fui a vacunarme de la gripe. No era la primera vez que me vacunaba, pero sí la primera que lo hacía de forma voluntaria. Esta confesión resultará sorprendente, por contradictoria, si aclaramos que procede de quien ha sido un profesional sanitario hasta hace pocos años. Tampoco es que fuera un negacionista de las vacunas, puesto que todos mis hijos han sido vacunados según el calendario establecido por los médicos. Pero en el caso de la gripe, cuyo patógeno muta cada dos o tres años, siempre dudaba si la vacuna estaría inmunizándome contra una cepa que ya habría desaparecido. Pero, aparte de esta débil excusa, era mi estado físico, poco dado a padecer la gripe, lo que me envalentonaba a no actuar como debía, a pesar de pertenecer a los grupos de riesgo (por ser sanitario) en los que es indicado la vacunación. Mi excentricidad duró hasta ayer. Porque ayer me convertí en un abuelito más, en la cola del centro de salud, totalmente convencido de que, poniendo mi brazo ante la enfermera, estaba haciendo lo que debía de hacer: vacunarme. Y lo hice por miedo. Por miedo a caer enfermo y ser presa fácil de ese maldito virus “chino”, como lo denomina el aún más letal Trump, que aprovecha una crisis sanitaria mundial para hacer política y negocios.

He ido porque tenía miedo y un hastío enervante. Un miedo comprensible de morir a causa de alguna complicación que podría evitarse con una simple inyección subcutánea. Y hastiado hasta el fastidio por el bombardeo de información, bulos y propaganda con el que los responsables gubernamentales intentan culpar a la población de la propagación y la gravedad de esta nueva ofensiva de la epidemia, como si ellos hubieran hecho todo lo que estaba en sus manos para afrontarla y controlarla. Porque, tal como llevan gestionando este nuevo ataque, parece que no han aprendido nada después de enfrentarse al primer embate de una enfermedad que cogió a todos los países sin saber qué hacer. Ahora ya se sabe y no caben disculpas ni discusiones.

Han sido esos responsables gubernamentales de la sanidad los que permitieron una “desescalada” del confinamiento, que había logrado reducir los contagios, y un progresivo, tal vez acelerado, retorno a la actividad económica y social, enfáticamente calificada de nueva “normalidad”, que ha facilitado el actual rebrote de la enfermedad y su transmisión comunitaria. Tras prometer recursos y medios, ni la sanidad ni las residencias de ancianos ni los colegios ni los transportes públicos, ni la investigación, ni prácticamente nada, ha sido reforzado y preparado para enfrentarse a este reto pandémico con eficacia.

Las medidas adoptadas, con las que constantemente se les llena la boca, son meros parches que nada resuelven. Se limitan al uso de mascarillas, geles desinfectantes y distancia interpersonal. Pero las que de verdad erradican o aíslan al virus, y que exigen personal y medios, no se implementan con la fuerza debida. El personal sanitario es insuficiente, por causas de sobra conocidas porque son consecuencias de la anterior crisis financiera; los rastreadores de contagios son escasos para el volumen de la población a controlar; la “medicalización” de las residencias es un juego semántico (¿disponen de más profesionales sanitarios, camas de hospitalización y farmacias a los que alude el eufemismo?); los aislamientos no son controlados rigurosamente por ninguna autoridad; la distancia social no se cumple ni en bares ni en el transporte público (por mucha megafonía informativa que dispongan pero sin que nadie contabilice la entrada de viajeros). Y así, en casi todos los sectores de la economía, salvo en aquellos donde estas normas favorecen la rentabilidad económica y la contención del gasto en personal y servicios.

Y es que, mientras advertían de la obligación de cumplir con las medidas de higiene dictadas (las más fáciles y baratas), las autoridades gubernamentales estaban al mismo tiempo implementando el reinicio de la actividad económica. Todos los sectores exigían empezar a producir y a solicitar ayudas por las pérdidas sufridas. El debate en el Gobierno, en todos los gobiernos, era equilibrar la balanza entre la salud (de los ciudadanos) y la economía (de los empresarios y medios de producción). Abrir la mano por un lado significaba un perjuicio para el otro lado.

Eso es lo que explica que la segunda ola de la Covid-19 afecte fundamentalmente con mayor intensidad a los países más desarrollados del mundo, como Europa y Estados Unidos, aquellos que no pueden prescindir de su actividad económica y de una sociedad consumista. Ni en Vietnam ni en África la tasa de nuevos contagios es tan elevada como en tales países desarrollados.

Me hastía y me enfurecen esas acusaciones a una juventud irresponsable, a las reuniones familiares y a las aglomeraciones callejeras porque se comportan según lo permitido y, hasta ahora, de alguna manera incentivado por esos mensajes contradictorios de las autoridades. No hace falta recordar que se consistió la movilidad para salvar la temporada de verano (por algo el turismo es la primera industria de este país) y las ciudades abrieron todos sus comercios, con las formales limitaciones mencionadas, para compensar el “parón” económico del confinamiento. Y, ahora, la culpa la tienen, naturalmente, los ciudadanos por no saber enfrentarse al nuevo ataque de esta incurable pandemia.  

Por todo eso he decidido ir a vacunarme. Para no explotar de ira y evitar que me culpen, encima, de mi probable fallecimiento por negligencia mía, no de quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud de toda la población. Aun así, y con lo que está pasando, todavía hay gobernantes que dudan si supeditar la economía a la salud de la gente. ¡Qué asco!