Wild América

La “wild América” de la política actual de Estados Unidos (EE.UU.), con su alma proclive al ajuste de cuentas y a la violencia, no deja de emular la época del Far West -la del Lejano, salvaje o viejo Oeste- en cuanto a tiroteos y asesinatos se refiere. También incluso por la existencia de forajidos y malhechores dispuestos a estafar al más pringado y desenfundar a la menor oportunidad.

No es de extrañar, por tanto, que el sábado pasado el presidente Donald Trump fuera objeto del tercer intento frustrado de asesinato. Ya es tener suerte. Y es que no se entiende la historia de ese país sin la violencia que la acompaña desde su fundación. Otros, antes que él, engrosan la lista de cuatro mandatarios estadounidenses asesinados mientras ejercían el cargo a manos de descontentos que recurrieron a la violencia homicida. Y otros tantos fueron atacados tras abandonar el cargo, de los que no todos resultaron ilesos. Alguno llegó a fallecer a consecuencia de las heridas ocasionadas en el atentado.

Desde Abraham Lincoln -el primer presidente asesinado, en 1865- hasta John F. Kennedy -asesinado en 1963-, cuatro presidentes han muerto por causas no naturales, sino a manos de la violencia (incluyendo a James A. Garfield, en 1881, y William McKinley, en 1901). Otros han salido ilesos de los atentados que se cometieron contra ellos. El primero en padecer un intento frustrado de asesinato fue Andrew Jackson, en 1835. Le siguieron Theodore Roosevelt, en 1912; Gerald Ford, que sufrió dos intentonas por asesinarle, ambos en 1975, y Ronald Reagan, en 1981, durante el ejercicio de su mandato y, precisamente, delante del mismo hotel donde han atentado contra Trump. A ellos hay que añadir a George Bush, al que le lanzaron una granada, en el año 2005, que no explotó debido a un fallo del detonador y que pasó desapercibida por el propio Bush y su equipo tras golpear en alguien de la multitud y no alcanzar su objetivo.

No cabe duda de que el inquilino de la Casa Blanca atrae a los pistoleros que intentan asesinarlo, pues en todos los casos se utilizó un arma de fuego. También contra Gerard Ford, al que una mujer, también pistolera, fue la que intentó perpetrar el asesinato en dos ocasiones distintas en breve plazo de tiempo. 

La cuestión es que en ese país las diferencias se resuelven, en casos extremos, a balazo limpio, incluyendo la discrepancia política y los deseos de cambiar la acción y hasta el titular del Gobierno. Pocos países de los considerados democráticos, desarrollados y modernos ofrecen un historial de violencia magnicida y política como EE.UU. Un historial que incluye no solo a los mandatarios del país, sino también a cargos electos estatales, personalidades relevantes y hasta agitadores políticos.

Es de sobra conocido el asesinato del reverendo Martin Luther King, líder por la igualdad racial y los derechos civiles, asesinado en 1968 mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón de un motel.  Otro líder religioso defensor de los derechos humanos, Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, sería asesinado anteriormente, en 1965, por sus ideas contra el supremacismo blanco. Cinco años después del asesinato de su hermano presidente, otro pistolero acabó con la vida de Robert F. Kennedy, senador por Nueva York, en 1968.

Con estos antecedentes es fácil caer en la tentación de percibir como normal el reguero de violencia que deja el pueblo norteamericano a lo largo de su historia. Máxime si, en la actualidad, desde 2021, el país ha registrado cinco asesinatos e intentos de asesinato de figuras políticas, una cifra insólita, solo comparable con la relación citada más arriba, de mediados del siglo pasado.

El año pasado, el activista conservador Charlie Kirk, miembro del grupo MAGA, fue blanco de un tiroteo mortal durante un acto en la Universidad de Utah Valley. En 2025, una congresista demócrata en Minnesota, Melissa Hortman, murió tiroteada junto a su marido. Horas antes, el senador John Hoffman fue víctima de un intento de asesinato junto a su esposa. En 2024, se declaró un incendio en la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, cuando este se encontraba en su interior con su familia. Años antes, intentaron atacar a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y, al no encontrarla en su domicilio, hirieron a su marido con un martillo.

El propio Donald Trump fue víctima, en 2024, de un intento frustrado de asesinato, durante un mitin en Pensilvania, en el que una bala disparada por un francotirador le rozó la oreja. Dos meses más tarde, se registró un tiroteo en su club de golf, en Florida, que la policía investigó como otro intento de asesinato. Y el del sábado pasado, en un hotel de Washington, sería el tercer atentado frustrado que sufre el actual presidente norteamericano en menos de dos años.

Tanta violencia explica también el asalto por los seguidores de Trump del Capitolio, en enero de 2021, con la intención de alterar el resultado electoral e impedir la alternancia democrática. Según las estadísticas, la violencia política afecta tanto a demócratas como a republicanos en un país que protege como un derecho inalienable la tenencia de millones de armas de fuego (un arsenal estimado en 400 millones), sin apenas control, en manos de cualquier persona. Resulta espeluznante que el 10,2 % de los votantes republicanos y el 8,3 % de demócratas justifiquen el uso de la violencia para lograr fines políticos, según encuesta de Chicago Projetct on Security & Threats.

Si a ello añadimos una polarización política extrema prolongada y una crispación social fomentada, en muchos casos, desde ámbitos gubernamentales, que exacerba la confrontación violenta e irracional en el espacio político, no resulta extraño que las consecuencias sean el deterioro de la convivencia y el recurso a comportamiento violentos, incluso homicidas, en la sociedad de EE.UU., acostumbrada, por lo que se ve, a resolver sus discrepancias como en el Viejo Oeste, a tiro limpio.

La persistencia de estos hechos evidencia que la “wild América”, lejos de ser algo de un pasado de vaqueros y bandidos, es una amenaza que continúa latente para la democracia y la convivencia no solo de EE.UU., sino del mundo entero por el efecto amplificador de los medios globales y la influencia mundial de la política norteamericana.

¿Cuál es el problema con Irán?

Israel y su aliado protector Estados Unidos han decidido que Irán no puede dotarse de bombas atómicas bajo ningún concepto, ya que ello significaría una amenaza grave para región. Para Israel, que dispone de armamento nuclear, se trata de una cuestión existencial de seguridad, como aduce cada vez que ataca instalaciones o asesina a científicos del programa nuclear iraní. Así, ambos socios llevan años advirtiendo a Teherán de que se abstenga de proseguir los pasos para fabricar la bomba nuclear, advertencias que se sustancian, unas veces, en negociaciones diplomáticas y otras, en el recurso a la fuerza.

Como en estos días. La impaciencia –y las ganas de que apartemos los ojos de Gaza- ha llevado a Israel, en una acción sin duda concertada con el impulsivo presidente norteamericano, a emprender una incursión aérea para aniquilar con bombas el liderazgo militar y científico iraní y destruir, de paso, las defensas antiaéreas del país para que, acto seguido, EE UU lanzase sus bombas antibúnker de 13 toneladas, con precisión quirúrgica, contra objetivos nucleares ocultos o bien protegidos. De esta forma han destruido todas las instalaciones conocidas, incluida la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, construida a unos 800 metros bajo tierra, debajo de una montaña, lo que la hacía invulnerable a las bombas convencionales. En conclusión: Israel ha iniciado una guerra express de 12 días que ha causado más de 600 iraníes y cerca de 30 israelíes muertos, aparte de numerosos daños materiales en Irán, sobre todo..  

Es la manera que tiene EE UU, el único país que ha hecho uso de bombas atómicas contra las ciudades japonesas de  Hiroshima y Nagasaki en 1945, de decidir quién puede tener acceso a armamento nuclear, independientemente de las intenciones ofensivas o defensivas que se alberguen para ello y aunque se suscriba el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), como han hecho EE UU, Rusia, China, Reino Unido y Francia, permitiendo las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. A Irán se le niega ese derecho con el que podría disuadir futuros ataques israelíes. Al parecer, este es en realidad el verdadero peligro que quita el sueño a un Israel amparado por la superpotencia mundial.

No obstante, ese acto ilegal de atacar militarmente al país, sin autorización de la ONU ni del Congreso de EE UU, no disuadirá a Irán de conseguir la bomba nuclear de forma secreta, viéndose obligado a retirarse del Tratado de No Proliferación que para poco le ha servido. Seguirá el ejemplo que le brindan India, Paquistán, Corea del Norte y el propio Israel de disponer armas nucleares y no firmar el TNP, sin que por ello hayan sido castigados ni atacados. Y porque la finalidad del ataque al programa nuclear iraní parece obedecer a otras razones. No hay que olvidar que Irán, que tiene una gran riqueza de recursos energéticos, es una potencia emergente en una región en la que disputa liderazgo religioso y político a Arabia Saudita y Qatar, además de Israel, todos aliados de EE UU. De ahí que impedirle el acceso a armamento nuclear resulte solo la excusa para debilitar a Irán y frenar su influencia en el mundo islámico de Oriente Próximo. Si no, no se explica tanta beligerancia.

Y es que, por si fuera poco, Irán es el único país que confronta con Israel en su conflicto con los palestinos y el que rechazó en su tiempo el plan de partición de Palestina de la ONU. Desde entonces presta ayuda económica y militar a la causa palestina. No perdona que Israel se fundara sobre territorio palestino, provocando la expulsión de cientos de miles de personas en un proceso de limpieza étnica conocido como la Nakba (catástrofe en árabe). Ello explica la ojeriza y el “peligro existencial” que tiene para Israel y sus dirigentes más intolerantes, como Netanyahu.

Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ambos países eran “amigos” e Israel se beneficiaba del petróleo barato iraní. Fue cuando, en plena Guerra fría, EE UU y Reino Unido propiciaron un golpe de Estado que instauró el régimen del shah Reza Palhavi, convirtiendo a Irán en aliado del bloque occidental. Pero la revolución del ayatolá Jomeini de 1979 rompió esa dependencia  de EE UU y estableció una política de confrontación con Israel, armando a las milicias que combaten la ocupación israelí de los territorios palestinos. Ese es el origen de la rivalidad y desconfianza que enfrenta a ambos países.

Si de verdad se pretendiera la no proliferación de armas nucleares, los que poseen más del 95 por cientos de todas ellas, EE UU y Rusia, empezarían por acordar una reducción sustancial de un arsenal que se estima en más de 22.000 ojivas, suficientes para provocar 100.000 hiroshimas. Y luego obligarían, a los países que disponen de armas nucleares y se niegan a firmar el tratado, a suscribirlo y permitir las inspecciones periódicas de sus arsenales para controlarlos y reducirlos.       

Israel se niega a reconocer que posee armas atómicas y a adherirse al TNP. Irán no ha ocultado que desarrolla un programa nuclear desde la década de 1950, bajo el paraguas del programa Átomos para la Paz de la ONU. Cuando surgieron sospechas de que podría aprovechar ese programa para fabricar bombas atómicas, suscribió el TNP y aceptó un acuerdo con Obama sobre un Plan de Acción Integral Conjunto, avalado por Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia, a cambio de suavizar las restricciones económicas que se le habían impuesto. Fue precisamente Donald Trump, en su primer mandato, quien abandonó unilateralmente dicho acuerdo para ahora atacar con bombas, en plan justiciero, un país al que acusa de fomentar el terrorismo en la región y al que Israel le gustaría borrar del mapa.

Lo de menos es, pues, que irán desarrolle un programa de energía nuclear, ni siquiera que ambicione dotarse de armamento nuclear para ser temido y respetado por su gran enemigo, Israel. Lo relevante es la obsesión de Israel por impedir que ningún país de su entorno, árabe o no, pueda alcanzar tal grado de poder económico y militar con el que pueda desafiarlo de igual a igual. Si Israel acatara las resoluciones de la ONU, permitiera la coexistencia de un Estado palestino independiente y soberano y se rigiera por el respeto a la legalidad internacional, el polvorín de Oriente Próximo no tendría razón de ser y reinaría la paz y la seguridad. Pero a Israel no le interesa. Y a Netanyahu mucho menos. Ese es el problema.       

Tiempos criminales

Años y décadas intentando construir un mundo en el que las relaciones entre los países estuvieran reguladas por convenciones, tratados, normas y leyes asumidas por todos, a partir del respeto a la soberanía de los Estados en condiciones de igualdad -lo que conocemos por legalidad o Derecho Internacional-, parece no servir de mucho en la actualidad. Antes al contrario, son continuas las violaciones que se comenten hoy en día contra el Derecho Internacional que afectan a la seguridad, independencia y soberanía de algunos países, ante la indiferencia o escasa reacción del resto de naciones y la incapacidad de los organismos que debían garantizar y defender el  cumplimiento de esa legalidad internacional, como son la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y hasta la OMS, entre otros, sin que nadie se alarme por ello.

Intereses políticos o ambiciones territoriales, económicas o comerciales de Estados muy poderosos son, por lo común, los motivos por los que aquel orden internacional laboriosamente trabajado está siendo sustituido por la ley del más fuerte, tanto a nivel nacional como en el plano internacional. El matonismo más descarado y las actuaciones decididamente ilegales o arbitrarias definen los actuales como tiempos criminales, en los que ni las Constituciones ni los Derechos Humanos son capaces de frenar los ánimos violentos de los agresores.

Es lo que explica, por ejemplo, que Israel entienda como “derecho de defensa” el genocidio que está practicando en la Franja de Gaza, bombardeando inmisericordemente a una población acorralada entre edificios en ruinas y sin posibilidad de escapar a ningún lugar seguro.  De hecho bombardea hospitales, escuelas y campos de refugiados con el pretexto de que entre los civiles podía esconderse algún elemento considerado terrorista por el agresor. Tras arrasar completamente el enclave, la acción en “defensa propia” de Israel, que aun continúa, ha causado cerca de 60.000 ciudadanos gazatíes muertos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, una cifra –superior a los 8.000 bosnios asesinados por las milicias serbias en Srebrenica- que delata la crueldad de lo que no es más que una venganza criminal por los 1.200 israelíes asesinados en el atentado perpetrado por la organización terrorista de Hamás de hace dos años.

El ánimo que impulsa semejante masacre no es defensivo sino genocida, de aniquilar completamente a la población palestina de un territorio que ya reconoce abiertamente querer anexionar a un Israel habitado exclusivamente por judíos, contraviniendo la resolución de la ONU que propugna la solución de los dos Estados; es decir, un Estado palestino separado del Estado de Israel.

Y es ese mismo ánimo el que mueve al Ejército hebreo a  disparar, incluso, contra la multitud que se agolpa ante los puntos de ayuda humanitaria en busca de comida. Según la Fundación Humanitaria para Gaza, han muerto ya cerca de 400 personas por disparos del Ejército israelí y más de 3.000 los heridos entre civiles hambrientos, desesperados y, sobre todo, inocentes. Y se hace con total impunidad ante los ojos del mundo entero y violando cuantas leyes y convenciones lo impiden y debieran sancionarlo.

Se trata de la idéntica actitud de menosprecio al orden internacional que exhibe el mandatario del Kremlin, Vladimir Putin, cuando decide invadir militarmente un país soberano y vecino, como es Ucrania, para resolver manu militari las diferencias y desacuerdos que les enfrentan, en vez de hacer uso de las vías pacíficas y diplomáticas convenientes para ello. Prefiere desatar, mejor, una guerra sin sentido por el mero hecho de creer poder hacer lo que la fuerza le permite y que nadie es capaz de impedir, sin importarle tratados, acuerdos, normas y leyes que amparan la independencia y soberanía de los Estados. Se anexiona, así, por la fuerza territorios (la península de Crimea y las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) y bombardea ciudades e instalaciones civiles que no constituyen objetivo militar alguno, cometiendo multitud de crímenes de guerra en los territorios ucranianos ocupados.

Ni el Derecho Internacional Humanitario, ni la Carta de Naciones Unidas, ni el Estatuto de Roma ni la Convención de Ginebra permiten el ataque o invasión de un Estado por parte de las fuerzas armadas de otro Estado, ni que se produzcan ataques deliberados contra objetivos civiles, como hospitales y comercios, o contra infraestructuras energéticas y zonas ampliamente pobladas. Las leyes también prohíben el secuestro, la tortura y el asesinato de civiles, las deportaciones forzadas, incluidas las de niños, y el asesinato y tortura de prisioneros de guerra. Sin embargo, se hace tabla rasa de esa legalidad en la ilegal invasión rusa de Ucrania sin que la presión internacional, las insuficientes ayudas al atacado o las sanciones económicas hayan servido para que Rusia acate la legalidad y se atenga al Derecho Internacional en la resolución de sus discrepancias con su vecina Ucrania, antigua república soviética de la URSS. Aquel orden racional que preservaba las relaciones pacíficas y el diálogo entre las naciones está siendo dinamitado por los que prefieren aplicar la ley del más fuerte, tal como evidencia Rusia en Ucrania. Y no se trata de una excepción, sino que es la norma de los tiempos que nos han tocado vivir.

No es de extrañar, por tanto, que se quiera obligar a cualquier país a amoldarse a las exigencias e intereses de los Estados poderosos, aquellos que deciden unilateralmente los límites del desarrollo económico y defensivo de los que consideran peligrosos, ya sea económica o estratégicamente. Es lo que persigue Israel, otra vez, cuando lanza un ataque aéreo contra Irán con el objetivo, asegura, de destruir enclaves nucleares de la República Islámica. El Gobierno israelí afirma haber eliminado a “nueve científicos y expertos de alto nivel” en lo que califica, en vez de asesinato, como “un duro golpe a la capacidad del régimen iraní para adquirir armas de destrucción masiva”. ¿Y quién es Israel para condenar a muerte a civiles extranjeros y obstaculizar el desarrollo nuclear de otro país?

No quiere que nadie sea tan fuerte como él en la región. Israel posee la bomba atómica desde finales de la década de 1970, aunque mantiene una política de ambigüedad –ni confirma ni desmiente- sobre su existencia. Pero no han atacado solo a la capacidad iraní para desarrollar su programa nuclear, sino también a la sede de la Policía, la dirección de espionaje de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria y la cadena estatal de televisión. Es decir, no ha sido un mero ataque preventivo, como ya hiciera hace años contra una central nuclear de Irak, sino una agresión directa que vulnera el consenso internacional y el derecho que rige las relaciones entre países. Y sin que Irán hubiera emprendido ninguna acción militar previa contra Israel y se hallaba en plenas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

Son tiempos canallas en que los matones se ayudan entre sí. Donald Trump, el impresentable presidente del país que suministra el armamento que utiliza Israel, ha amenazado con matar a Alí Jamenei, líder supremo de la teocracia iraní, con estas palabras: “Sabemos dónde se esconde y se nos agota la paciencia”. Y subrayó la amenaza aclarando que lo busca es la “rendición total” por parte de Irán. Es decir, obligar a un país a claudicar de su autonomía soberana a diseñar su propio futuro, algo que es percibido como una amenaza por parte de otros Estados sumamente poderosos.

Por eso se hacen guerras sin declarar, se derriban regímenes de manera violenta y se violan leyes y cuantas normas sean necesarias por turbios intereses de quienes se creen capacitados para imponer su voluntad por la fuerza y no gracias a la fuerza de la razón y la legalidad.

Comportamientos de países que vienen precedidos por las actitudes de sus gobernantes. De ahí que el autoritarismo, primer síntoma de un fascismo latente, sea una característica de esos comportamientos imperialistas y del autoritarismo que engalana a algunos personajes que se creen por encima de leyes y usos convenidos, como Netanyahu en Israel, Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos y otros de su calaña.

Algo grave está sucediendo con la destrucción del antiguo Orden Internacional cuando lo que emerge son líderes autoritarios y cínicos que no dudan en reprimir cualquier discrepancia y en normalizar la violencia. Y más grave aun cuando eso sucede en Estados Unidos, una democracia forjada con la intención de impedir el poder absoluto de los reyes, que está siendo corroída por mandatarios como Donald Trump, quien amenaza a todo el que ose contradecirle.

Ya no solo persigue a migrantes para expulsarlos del país sin que ningún juez medie en el proceso, sino también a periodistas, estudiantes, universidades, manifestantes y todos aquellos que no secunden y aplaudan sus decisiones; es decir, a los que no piensan como los MAGA, su doctrina. Y como Jefe de la violencia ejercida desde el poder,  ordena a agentes federales a detener a un representante público en un edificio oficial por pedir la orden de arresto y cuestionar sus políticas. Es lo que hizo anteriormente con un senador por california que también había sido apresado y tratado brutalmente por querer intervenir en una rueda de prensa para denunciar la militarización de Los Ángeles a causa de las redadas masivas contra inmigrantes.

Tal ambiente de autoritarismo y de violencia verbal y policial desencadena actitudes letales entre fanáticos que creen que todo está permitido. No es de extrañar, pues, que hayan sido asesinados en Minnesota una congresista demócrata y su marido, al tiempo que han resultado heridos un senador local y su esposa. Es indudable que tales actos los cometen desequilibrados que piensan que están luchando en favor de quien tolera una violencia justificada, como la que ejercieron los que asaltaron el Capitolio y fueron finalmente indultados por Trump nada más llegar a la Casa Blanca.

Estas actitudes de matonismo y de patente desprecio de la legalidad es lo que convierte estos tiempos actuales en criminales. Y algo habrá que hacer por corregirlo.

La “pax” de Trump

Llegó el emperador e impuso su paz en Ucrania, como Roma imponía “pax” en los territorios conquistados. Igual que Augusto ejercía su control sobre las provincias romanas, Trump también aplica su imperium maius o autoridad suprema para forzar una paz en Ucrania que le permita emplear su atención y fuerzas en otros frentes, como el de China. Pero del mismo modo que la de Augusto, la paz de Trump traerá una relativa tranquilidad durante un tiempo más o menos largo, pero a un alto precio.

Y es que el presidente norteamericano puede obligar al presidente ucraniano Volodimir Zelensky a aceptar la paz que le ofrece, bajo la amenaza de cortarle toda ayuda armamentística y la información de inteligencia  militar, en especial la de los satélites espías, a cambio de un endeble y limitado alto el fuego que favorece al atacante, el invasor ruso. Y lo puede hacer porque esa ayuda con la que Trump chantajea a Ucrania no puede ser reemplazada por Europa ni a corto ni a medio plazo, por mucho que se empeñe la Unión Europea en rearmarse para asumir, sin ayuda de EE UU, la seguridad continental.

Con Donald Trump en la Casa Blanca y su “comprensión” de las razones rusas para atacar Ucrania, el fin de la guerra estaba decidido. Era cuestión de poner en marcha el mecanismo poco diplomático –incluida la encerrona humillante al presidente ucraniano en el mismísimo Despacho Oval- para forzar la rendición de Ucrania, mediante una simple llamada telefónica al presidente de la federación Rusa, Vladimir Putin. Una llamada para un acuerdo de paz acordado entre el invasor y los norteamericanos, sin tener en cuenta ni a Europa ni a Ucrania, quienes, como partes afectadas, deberían, al menos, haber sido consultados si, acaso, por cortesía. Pero las opiniones de Ucrania y Europa hubieran sido requeridas si la finalidad de las negociaciones fuese un verdadero plan de paz coherente, justo y duradero. Y no era el caso. Por eso  se las excluye y trata como convidados de piedra. Y es que solo negocian –y se reparten el pastel- el emperador yanqui y el “amigo” considerado “primus inter pares”.

No hay que esperar, por tanto, un gran acuerdo de paz, digno de tal nombre, de esas conversaciones, sino algo parecido a una rendición escasamente maquillada con alusiones a la paz, la seguridad y el respeto a los intereses estratégicos de las partes concernidas, que no son otras que EE UU y Rusia. Así de claro.

Ignorar la realidad, aun siendo injusta, es errar en las soluciones, por mucho que sufra Ucrania una violenta invasión militar por parte de Rusia desde hace tres años. Aunque ello constituya una flagrante violación del derecho internacional y de la carta de Naciones Unidas de consecuencias, hasta la fecha, catastróficas, con centenares de miles de soldados muertos entre ambos bandos, miles de civiles asesinados o desplazados, infraestructuras básicas destrozadas y una enorme amenaza para la paz y la seguridad de toda Europa. Una violación de las normas, las leyes y el derecho internacional tan descarada como la que se perpetra simultáneamente en Gaza.

No es de extrañar, por tanto, que, contraviniendo también los acuerdos y normas establecidos, Donald Trump imponga un plan de paz que atiende solo las razones rusas y hace caso omiso al derecho de Ucrania, como cualquier estado, a su soberanía e integridad territorial. Justamente los objetivos declarados por Putin para declarar la guerra: impedir una Ucrania democrática,  libre, soberana e integrada en Europa y bajo el paraguas de la OTAN. Tales fueron las causas fundamentales de un conflicto por el que Putin siempre ha mirado con hostilidad a Ucrania, sobre todo a partir del levantamiento de Maidán y la expulsión del presidente prorruso Yanukóvich. Y las que había expuesto por carta, subrayándolas como condiciones inasumibles, al Gobierno de EE UU y a la Alianza Atlántica, sin que fueran tomadas en cuenta. Si se compara objetivamente, se parece mucho a los motivos por los que EE UU no permite una Cuba soberana a pocas millas de Miami y a la que lleva boicoteando su economía desde que la percibió alineada con el viejo enemigo comunista. Siendo, además, agredida e infructuosamente invadida, como acredita la existencia de Guantánamo, esa base-cárcel yanqui en la isla que avergüenza a todo demócrata. Un paralelismo curioso sobre el comportamiento de ambas potencias en sus zonas de influencia.

Y es que entre matones se entienden. Por eso el magnate norteamericano negocia, por un lado, con el agresor y excluye a la víctima agredida y desprecia olímpicamente, por el otro, la seguridad del continente. Simplemente, porque solo le interesa el reparto territorial de las respectivas áreas de influencia y la obtención, encima, de beneficio económico mutuo: tierras raras para uno, centrales de energía para el otro. Así, comparten tácticas y objetivos. En esta ocasión, ambos tratan de impedir que Europa se convierta en una potencia que rivalice con EE UU y Rusia, al menos, económicamente, a nivel mundial.

De ahí que difícilmente la “pax” trumpana pueda ser justa, coherente y verdadera, aunque acabe con la guerra y traiga el silencio de las armas y las bombas. Tampoco significará una garantía para la seguridad y tranquilidad de Europa, que seguirá permanentemente amenazada por las ambiciones geoestratégicas tanto de Rusia como de EE UU. Y, a partir de ahora, sin la confianza que confería ser parte de la estructura defensiva de una OTAN incapacitada para cumplir con sus obligaciones, hasta verse paralizada por un dilema existencial, como el que se presentaría si EE UU invade y arrebata, como ha prometido Trump, Groenlandia, un territorio perteneciente a Dinamarca, país europeo miembro de la Alianza Atlántica.

Lo único positivo de esta situación quizás sea comprender al fin, a nivel continental, que la alternativa para contrarrestar todas estas amenazas sería una Europa más fuerte, unida e integrada políticamente, y con una acción exterior y una defensa común propia, autónoma y suficiente. Es decir, la única alternativa es más Europa, pero más unida.

Mientras tanto, como en tiempos de Augusto, reinará con el nuevo emperador de Washington la paz y el fin de las hostilidades en estos dominios de su imperio, gracias a un acuerdo inmoral que no respeta la dignidad de una víctima agredida salvajemente.

Pero confiemos en que, tras un período de paz, no suceda lo que pasó con la desaparición de Augusto: el comienzo del fin del imperio romano por unos bárbaros hartos de tanta “pax” impuesta. Es difícil prever el devenir de la historia ni aun conociendo a sus protagonistas.

Israel: un país de, por y para la guerra

La historia de Israel es la de un conflicto bélico permanente. Desde su creación ha entablado seis guerras para protegerse o atacar a sus vecinos árabes y consolidar o ampliar considerablemente su territorio más allá de las fronteras acordadas por la ONU. Israel es, por tanto, un país nacido de, por y para la guerra, por necesidad o ambición expansionista.

Porque lo que hoy llamamos Israel era lo que antes se conocía como Palestina, una parte del antiguo Imperio Turco Otomano. Cuando cayó este Imperio, tras la Primera  Guerra Mundial, el Reino Unido asumió la administración de Palestina sin poder calmar las exigencias de árabes, sionistas y hasta de Francia, con quien compartía mandato. Las hostilidades entre los gobernantes británicos, la población árabe y los inmigrantes judíos fueron especialmente intensas durante las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, debido a la formación de grupos militares árabe y judíos.

Y es que, desde finales del siglo XIX (cuando se celebra, en 1897,  el primer congreso sionista con intención de crear un hogar para los judíos en Palestina), comienza la llegada de inmigrantes judíos a aquellas tierras, la mayoría provenientes del Este de  Europa, empujados por el creciente antisemitismo que sufrían en el Viejo Continente. Una inmigración que se dispararía con el ascenso nazi en Alemania y el exterminio que emprende de los judíos europeos. Esas oleadas de judíos hacia Palestina provocaron enfrentamientos cada vez más virulentos entre los palestinos que reivindicaban su independencia y los judíos recién llegados que consideraban como suyo aquel territorio.

Incapaz de contener el conflicto, el Reino Unido delega en Naciones Unidas, que emite en 1947 la Resolución 181, consistente en un plan que reparte la región entre dos Estados, uno árabe y otro hebreo, correspondiéndole a este último el 54 por ciento del territorio. Además, se le otorga a Jerusalén, ciudad simbólica para las tres religiones monoteístas presentes en la región (islamismo, judaísmo y cristianismo), el estatus de “corpus separatum” bajo un régimen internacional. Ni qué decir tiene que el plan fue aceptado con renuencia por los israelíes y rechazado por los árabes. Desde entonces,  el conflicto no ha hecho más que enconarse y agravarse, justificando continuas escaramuzas y la permanente actitud bélica de Israel hacia sus vecinos.

De hecho, el mismo año en que se erige como Estado, Israel es atacado por Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano, librando, así, su primera guerra regional, denominada Guerra de Independencia., con la que ocupa  el 58 por ciento de Palestina, incluido el oeste de Jerusalén. Ello le permite ampliar en un 40 por ciento el territorio que tenía asignado en la resolución de la ONU. Y expulsa a un millón de palestinos al exilio, como refugiados, a Líbano y otros países árabes o los confina en Gaza y Cisjordania. Esta expulsión de palestinos de sus tierras es considerada como la “Nakba” (desastre o catástrofe) y otra resolución de la ONU (194) reconoce el derecho de retorno de estas personas refugiadas y de sus descendientes, cosa que sigue sin cumplirse.

En 1956 estalla la Guerra de Suez, debido a la actitud pro rusa del presidente de Egipto, el coronel Nasser, quien, guiado por sus aspiraciones nacionalistas contrarías al dominio colonial occidental, nacionaliza el Canal de Suez. Las potencias coloniales se alían entonces con Israel y atacan Egipto. Israel invade la península del Sinaí, y Gran Bretaña y Francia bombardean los aeropuertos egipcios y desembarcan en el puerto de Said, al norte del Canal. Es en este contexto cuando los refugiados palestinos comienzan a organizarse y surge Al Fatah, el Movimiento Palestino de Liberación, creado por Yasser Arafat, el grupo más importante de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina).

Una década más tarde, Egipto, con Siria e Irak, países adheridos al nacionalismo panárabe liderado por Nasser, ataca en 1967 a Israel, que responde de manera fulminante en lo que se conoce como la Guerra de los seis días. El Ejército israelí ocupa por entero la Península del Sinaí (Egipto), la Franja de Gaza y Cisjordania (enclaves palestinos) y los Altos del Golán (Siria). Aprovecha también para ocupar el Este de Jerusalén.

Al poco tiempo, en 1973, Siria y Egipto, con intención de recuperar los territorios perdidos en la guerra de 1967 y contando con el apoyo de Irak, Jordania, Marruecos y hasta de la antigua URSS, vuelven atacar a Israel, desatando la Guerra del Yon Kippur (por coincidir con la fecha de esa festividad del judaísmo que conmemora el Día del Perdón). Gracias al suministro ininterrumpido de ayuda bélica desde EE UU, Israel inicia una fuerte contraofensiva que le permite recuperar posiciones y conservar los territorios ocupados en 1967. En virtud de un armisticio auspiciado por la ONU, Israel devuelve el Sinaí a Egipto y éste se compromete, como contrapartida, a no atacar Israel nuevamente. Poco después, en 1974, la ONU reconoce a la OLP como legítima representante del pueblo palestino.

Pero los conflictos no cesan. La OLP atrinchera sus milicias en Líbano. Y para alejar ese potencial peligro, Israel decide atacar Líbano y Siria en 1982, librando la Guerra de Líbano. Durante esta ofensiva, se produce la masacre de los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, en Beirut oeste, perpetrada por milicianos falangistas cristianos amparados por el Ejército israelí. Asesinaron a más de 3.000 personas inocentes: un auténtico genocidio, como lo calificó la ONU (Resolución 37/123). Obligado por las bombas, la OLP abandona Beirut y se traslada a Túnez. Líbano se compromete a no albergar grupos armados en su territorio.

Hasta hoy, en que Israel retoma las armas contra Gaza, Cisjordania, Líbano y Siria en una ofensiva que considera de legítima defensa. Con ninguna de estas guerras el pueblo palestino ha resultado beneficiado ni respetado. Al contrario, solo ha conseguido ser expulsado de sus tierras o comprobado cómo menguaba un territorio que habitaba históricamente hasta quedar constreñido a la Franja de Gaza y algunas poblaciones en Cisjordania.

Los palestinos, en realidad, se hallan arrinconados y prácticamente encarcelados, ya que Gaza se ha convertido en la prisión más grande del mundo, donde malviven confinados poco más de dos millones de palestinos. Desde 2007 la Franja está bloqueada por Israel, que controla férreamente las entradas y salidas del enclave. Y para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina (Gobierno palestino), dominada por la OLP, y dividir y aislar a los palestinos de Gaza de los de Cisjordania, Israel apoyó en Gaza a Hamás, el grupo paramilitar islamista que accedió al gobierno de la Franja mientras su rival político, Al Fatah, conservaba el de Cisjordania. Y han sido, precisamente, milicianos de Hamás, junto a otros grupos armados palestinos, los que han desencadenado la última guerra al atacar a Israel el 7 de octubre de 2023 con cohetes dirigidos hacia el sur del país y cruzar la frontera para atacar varias localidades israelíes, dejando un reguero de más de 1.200 israelíes muertos y otros 200 secuestrados.

Así arrancó la Guerra de Gaza, la sexta guerra con la que Israel, en respuesta a ese ataque de Hamás, no dudó en lanzar miles de bombas sobre Gaza, sin respetar ni escuelas  ni hospitales ni refugios de civiles, y procedió a imponer un completo asedio, ordenando la evacuación de su población a la par que impedía todo suministro de combustible, alimentos y demás recursos básicos. Una ofensiva que, hasta la fecha, no solo no ha concluido, sino que continúa, extendiéndose hacia Líbano, Siria y, con misiles de advertencia, Irán.

Después de poco más de un año de guerra, el resultado es una catástrofe humanitaria en Gaza que no tiene precedentes, causando más de 45.000 victimas mortales, la mayoría de ellas mujeres y niños. En comparación con las víctimas israelíes, se trata del balance más desproporcionado desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, Gaza está totalmente devastada y sus infraestructuras completamente destruidas. Cerca del 90 por ciento de las viviendas están en ruinas. Se trata de una guerra en la que Israel ha cometido actos prohibidos en la Convención sobre el Genocidio, pues su propósito específico, confesado en diversas declaraciones no oficiales, es el de destruir a la población palestina de Gaza, como recoge un informe de Amnistía Internacional. Por ello, además, Israel ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional, que ha dictado órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa, Yoav Galiant, y el comandante de Hamás Mohammed Deif.

Seis guerras que, sin embargo, no garantizan la paz ni la seguridad entre judíos y árabes en Oriente Próximo, pero de las que siempre sale perjudicado el pueblo palestino. Ni siquiera los pasos dados para lograr una paz mediante el diálogo -como pretendían las Cumbres de Camp David y los Acuerdos de Oslo-, con el que ambos contendientes reconociesen su derecho a un Estado independiente y soberano, coexistiendo en pacífica convivencia y mutua seguridad, han conseguido resolver el conflicto.

Israel no se fía de sus vecinos y estos lo contemplan como un tumor que crece en un organismo (territorio) árabe, devorando una de sus vísceras: el pueblo palestino. Sometido a constantes escaramuzas, intifadas, atentados o guerras francas, la solución no se vislumbra al alcance de las bombas de unos o el terrorismo de otros. Todavía no han surgido dirigentes con altura de miras, aunque sí belicosos fanáticos cortoplacistas, capaces de afrontar el reto de dialogar y pactar una mutua y permanente convivencia en paz entre judíos y palestinos, como exhortaba la ONU en su primera resolución de los dos estados.

¿Cuántas guerras más precisará este conflicto para encarrilarse?.

Los espejos exteriores

Si miramos, como país, lo que sucede en el exterior, los espejos sociopolíticos que nos ayudan a  orientar el rumbo nos muestran una imagen que creíamos barrida por el vendaval populista de derechas que azota Europa: el triunfo de las fuerzas del progreso en el Reino Unido y Francia, dos territorios que lindan con nuestro recorrido histórico. Es una señal inequívoca de que, cuando las pintan calvas y la hartura ciudadana no acepta más mentiras y engaños, se puede corregir el destino al que nos quieren conducir los amigos del fascismo y la intolerancia. Esos que siempre andan defendiéndonos, sin que se lo hayamos pedido, para salvarnos de los problemas de la inmigración (¿qué problema?). del campo (¿Europa no les resulta rentable?), de las autonomías (¿el centralismo era más cercano y eficaz?), del trabajo (¿más neoliberalismo favorecería al trabajador?), del feminismo (¿reconocer la igualdad de la mujer nos hace menos hombres?) o de seguridad (¿de verdad necesitamos más soldados y policías?). La imagen que nos muestran los retrovisores es otra. Nos muestran otro rumbo.

Por un lado vemos que el Reino Unido ha dado un volantazo a la izquierda. Un cambio de sentido categórico, radical. Hartos ya de mentiras y caminos falsos que supuestamente los llevarían, por el atajo del Brexit, directamente al paraíso, los británicos han optado por lo seguro y conocido. Giraron hacia una izquierda que promete atender a los más desfavorecidos y no dejar a nadie abandonado en la cuneta, pues todos pueden compartir el vehículo del país, aunque unos viajen en primera y otros en segunda.

Después de las falacias conservadoras que acarrearon, mientras detentaron el poder, el estancamiento de los sueldos, la falta de inversión en infraestructuras básicas y el deterioro insoportable de la sanidad y la educación públicas, el Partido Laborista ha ganado las elecciones generales del pasado 4 de julio, pasando de los 202 escaños que había conseguido en la Cámara de los Comunes en 2019 a los 412 logrados ahora. Se trata de la victoria laborista más amplia desde Tony Blair en 1997.

En contrapartida, el Partido Conservador ha obtenido el peor resultado de su historia, reteniendo sólo 121 escaños de los 365 que tenía. Y es que tras las mentiras ultranacionalistas del Brexit, que provocaron el caos y el empobrecimiento en el país, los ciudadanos dijeron ¡basta!. Esta no es la ruta. Lo curioso de este resultado es que los votantes, con su monumental enfado, han castigado al Partido Conservador, la derecha moderada que hizo suyas e implementó las ideas de la extrema derecha euroescéptica británica, mientras que el líder de ésta, la que propuso el Brexit, el radical Nigel Farage, consigue representación en la Cámara con cinco escaños, tras siete intentos fallidos. Y es que no todo iban a ser rectas diáfanas en el nuevo camino emprendido.  

La tarea que debe  afrontar el nuevo Gobierno es ingente si pretende enderezar el rumbo. En primer lugar, ha de reflotar una economía que dé confianza a los mercados. Y, al parecer, es voluntad de Keir Starmer, el flamante Primer Ministro laborista, de conseguirlo, pues ha nombrado como canciller de Hacienda a Rachel Reves, una prestigiosa economista del Banco de Inglaterra.

Y en segundo lugar, deberá arreglar el estropicio del Brexit. En este sentido, Starmer promete revisar el Acuerdo de Comercio y Cooperación con la Unión Europea (UE) para mejorar sus condiciones, aunque sin precisar si intentará formar parte, otra vez, del mercado único y, más tarde, tal vez  a largo plazo, volver a ingresar en la UE como país miembro.

Pero por lo pronto, y en tercer lugar, ha cancelado el programa de deportaciones a Ruanda de los inmigrantes que arriben ilegalmente en el Reino Unido. Todo un síntoma del nuevo camino emprendido.

Por el otro lado, vemos que en Francia se ha conseguido el hito impensable de parar lo que todos los sondeos pronosticaban como inevitable: la victoria de la extrema derecha, ya prácticamente asegurada tras sus éxitos en los comicios europeos y en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas por el presidente Emmanuel Macron.  Un hito colosal logrado gracias al cordón sanitario de la izquierda y el centro-derecha moderado, que unieron sus fuerzas en el Nuevo Frente Popular, para cerrar el paso al partido de extrema derecha Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen.  

Parecía que el rumbo que anunciaban las encuestas no se podría esquivar, pero los franceses pusieron su empeño en corregirlo. Y demostraron que, unidos y con las ideas claras, podían evitar que los partidarios de las políticas anti-inmigración, xenófobas y euroescépticas no dirigieran sus destinos. Separaron del volante a una extrema derecha que ya prácticamente lo asía con sus sectarias e intolerantes manos y la empujaron al tercer puesto del Parlamento, justamente cuando ya saboreaba su triunfo.

No se debe omitir que, para que el cordón sanitario funcionase, la dirigencia política también contribuyó a cortar por lo sano cualquier intento de pactar con los ultras, como demostraron los republicanos galos al expulsar fulminantemente a su líder por querer llegar a acuerdos antes de las elecciones con el partido de Le Pen, convencidos de que cualquier alianza con la extrema derecha acaba obligando a asumir su ideario retrógrado y excluyente.

Justo lo contrario de lo hecho aquí, donde la derecha supuestamente moderada no hace ascos a coaligarse con Vox, el partido patrio de extrema derecha, si la suma entre ambos le permite gobernar. De hecho, gobierna con los ultras en seis comunidades autónomas y más de un centenar de ayuntamientos, aceptando e implementando sus ideas sobre inmigración, violencia machista, medio ambiente, derechos del colectivo LGTBI, el feminismo, el aborto, la memoria democrática y hasta su sectaria concepción de la cultura, sin contar con la eliminación de ayudas a sindicatos,  a oenegés y a la cooperación.  Es más, incluso se presta de buena gana a conceder medallas a estrafalarios ultras extranjeros por no se sabe qué méritos y apoyar oscuras maniobras judiciales o propagandiísticas de organizaciones ultraderechistas tan ejemplares como Manos Limpias y HazteOir. 

Así pues, los espejos exteriores nos ayudan a enfilar el carril que deberíamos recorrer, para no perder el rumbo que beneficia a la mayoría, evitando que nos desviemos por engañosas indicaciones que solo conducen a destinos de extrema derecha, a esos inexistentes paraísos en los que prometen resolver los graves y complejos problemas que nos agobian con soluciones simples y drásticas. Paraísos en los que vive una sociedad uniformada de pensamiento único, aislada de su entorno, unívocamente tradicional y católica. Y en la que no se tolera la diversidad de la gente ni  la pluralidad cultural, de creencias  y de costumbres, ni por supuesto la libertad y la tolerancia. Tal es el negro horizonte que han vislumbrado y evitado en el Reino Unido y en Francia. Y el que aparece por los retrovisores de nuestro país, ese horizonte hacia el que nos pretenden guiar quienes piensan que España será pronto sometida  por aquellos que creen que el poder les pertenece por derecho propio, sea divino o de cuna, al margen del resultado de las urnas y la voluntad soberana de los españoles.

Y es que no nos creen capaces de que también nosotros podamos corregir el rumbo, confiando en lo que nos muestran los espejos retrovisores y nuestra capacidad crítica. ¡Andan listos si nos consideran inútiles para conducir!.

Gaza, campo de exterminio.

Veamos las cosas como son. Israel no está ejerciendo el derecho a la legítima defensa. Lo que hace Israel es practicar el exterminio del pueblo palestino de Gaza. De este modo, Israel ha mutado de víctima del holocausto judío a victimario del holocausto palestino en Gaza. Y acomete dicha tarea genocida ante la indiferencia cómplice de la inmensa mayoría de países del mundo que se consideran democráticos pero desisten del cumplimiento de los Derechos Humanos y el respeto a la legalidad internacional. Tal es la situación.

La matanza indiscriminada de la población civil de Gaza solo puede compararse con la masacre de Srebrenica y el sitio de Sarajevo. Pero sobrepasándolos con creces en cuanto al número de víctimas y crueldad inhumana. Más de 35.000 palestinos han sido asesinados sin piedad, la mayoría de ellos mujeres y niños, acorralados en un espacio cercado, bombardeado e invadido por un ejército fuertemente armado, como si se enfrentara a una guerra con un enemigo de igual capacidad, y no contra una milicia de civiles militarizados con cuchillos, rifles y cohetes caseros. Ambos matan, pero unos, en el peor de los casos, a no más de 1.500 inocentes, y otros, sin esforzarse mucho, a más de 35.000 víctimas también inocentes.  

El balance provisional de los que están predestinados a perder, tras seis meses de esa “legítima defensa” que practica Israel, es, pues, descaradamente desproporcional, en comparación con el inesperado y salvaje ataque de Hamás al sur de Israel. La venganza israelí es monstruosamente sangrienta, pero no ciega. Utiliza inteligencia artificial para realizar una vigilancia masiva de los habitantes de Gaza y seleccionar a los que se convertirán en objetivo a abatir, según determine un algoritmo diseñado para tal fin. Hasta fosas comunes con centenares de civiles muertos, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda, han sido halladas bajo los escombros de hospitales y escuelas tras el paso de las tropas hebreas. Y es que ni siquiera la búsqueda y rescate de los 240 rehenes capturados en aquel ataque del pasado 7 de octubre les hace aflojar el gatillo vengativo. A estas alturas, cuando ya comienza el ataque a Rafah, el último rincón donde se refugia más de un millón y medio de palestinos que han huido del resto de un territorio completamente arrasado, solo cabe esperar que el líder de U2 componga una canción para emocionarnos hipócritamente, dentro de unos años, encendiendo móviles o mecheros en los conciertos por la matanza de Gaza.

Porque lo que Israel está haciendo en Gaza es, simplemente, un delito de lesa humanidad por el que tarde o temprano tendrá que rendir cuentas ante la justicia y/o la historia. Ningún país civilizado y democrático puede emprender el exterminio de un pueblo, por enemigo que sea, con el descaro, la impunidad y la inmoralidad con que lo está haciendo Israel  en Gaza. Así solo se comportan las autocracias más miserables y racistas que no dudan en invadir y ocupar por la fuerza territorios limítrofes, simplemente para expulsar a sus habitantes y expandir sus fronteras.

Y eso es, exactamente, lo que lleva haciendo Israel prácticamente desde su fundación como Estado sionista. Y cada vez con más desfachatez y cinismo, actuando con total impunidad, porque cuenta con el respaldo incondicional de EE UU., que lo protege con su veto cada vez que la ONU vota alguna resolución o acuerdo que disguste a Israel. Y le proporciona el apoyo armamentístico que necesite para sus incursiones defensivas y ofensivas en la región. Por eso Israel se comporta como se comporta: como un matón sin escrúpulos. 

La cuestión es que Israel no oculta ya que tiene un plan en marcha, y no es el que la ONU propugna para solucionar el conflicto palestino-israelí. Un conflicto que nació el mismo día que se creó el Estado de Israel, en 1948. Aquella partición del antiguo Mandato británico de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe, acordada por la ONU, nunca ha sido del agrado de las autoridades de Israel.

El objetivo hebreo  ha sido siempre el de construir una gran nación para todos los judíos en la que no tienen cabida los palestinos ni los árabes originarios del territorio. La fórmula de los dos Estados le repugna a Israel y jamás ha dado un paso hacia esa solución acordada por la ONU. Y no lo acepta porque la población árabe era mayoritaria en esas tierras y sofocaba demográficamente a la judía. De ahí la expulsión de árabes y palestinos de sus territorios a lo largo de todo este tiempo y las sucesivas guerras e intifadas que han estallado desde la fundación de Israel.

De hecho, Israel rechaza de plano el retorno de los palestinos expulsados y refugiados en campamentos de Líbano, Jordania o Siria, entre otros lugares, mientras aplica, simultáneamente, una constante política de “disolución” de la población palestina residente en Cisjordania mediante la creación de colonias y asentamientos judíos ilegales, que infestan el reducto supuestamente palestino. En ese contexto, el de invadir tierras y expulsar a su población, hay que insertar la guerra aniquiladora que Israel ha emprendido en el único trozo de Palestina que era habitado en exclusiva por su población autóctona: Gaza. Una guerra que el insólito ataque de Hamás propició para que Israel pudiera considerar al enclave como un ente hostil, una amenaza, incluida su población civil, que debía ser “neutralizada”, es decir, literalmente eliminada, a pesar de que Gaza siempre ha estado asediada y controlada por el Ejército israelí, hasta el extremo de que de allí no salía ni entraba nadie sin su consentimiento.

¿Y qué hace el mundo ante tamaño desastre humanitario? Absolutamente nada efectivo. Se limita a pedir contención y cautela, pero se resiste adoptar medidas de presión, como hace contra otros agresores en condiciones semejantes. Nadie se atreve a romper vínculos diplomáticos, boicotear su economía o productos y cesar de venderle armas y municiones, como se ha hecho con Rusia por invadir Ucrania. Sólo cuando aparecen síntomas de escalada del conflicto, los equidistantes alzan un poco la voz. Como cuando vociferaron para condenar a Irán por lanzar misiles contra Israel en represalia del ataque israelí a la embajada de Irán en Damasco (Siria), que destruyó totalmente las instalaciones y mató a siete mandos del Ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica. El temor a que se extendiera el conflicto hizo que el pulso militar entre ambos enemigos declarados se limitara a esas escaramuzas sumamente controladas y exquisitamente quirúrgicas. Al menos, por ahora. Porque el mundo tembló ante la posibilidad de que Irán cerrara el Estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, por donde pasa una quinta parte del petróleo y gas a Occidente, sin trayectos alternativos.  Eso fue lo que movió a la diplomacia internacional a pedir contención a las partes.

Sin embargo, contra la barbarie y el sufrimiento a los que se somete a los gazatíes, la “presión” internacional ha sido absolutamente inútil. Entre otras coas, porque esa presión es testimonial  y, como mucho, se circunscribe a recordar el respeto a los Derechos Humanos cuando se ejerce esa “legítima” defensa que nadie discute  a Israel. Porque lo único que hay en juego son vidas humanas de palestinos inocentes, no petróleo ni gas.    

Ese doble rasero para juzgar el conflicto contamina, incluso, al mismo organismo internacional que impulsó y autorizo la creación del Estado judío. Así, la ONU ha rechazado la resolución, presentada por Argelia, de aceptar a Palestina como país miembro, impedida por al veto de EE.UU y dos abstenciones entre una votación de 12 miembros. El veto de Washington, al ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha dejado sin efecto la propuesta. Este alineamiento tan incondicional de EE.UU. con Israel  está quebrando el apoyo social al presidente Joe Biden, provocando algaradas, manifestaciones y concentraciones entre los estudiantes universitarios, que recuerdan a las organizadas por sus abuelos durante la guerra de Vietnam.

A pesar de su aparente impunidad, la verdad es que ya nadie, salvo Israel y EE.UU., se traga que lo que hace Netanyahu en Gaza sea “legítima” defensa, sino un auténtico genocidio a la vista del mundo entero. Y todos esos "nadies" confían en que, más tarde o temprano, tales acciones criminales acaben siendo objeto de persecución penal y sus responsables, castigados con la debida  condena. Es lo que, al menos, cabría esperar si la decencia, la legalidad, la moral y la justicia continúan inscritas en el frontispicio de las naciones civilizadas y, por ende, democráticas, a pesar de que, hoy día, parezca que esos principios también han sido víctimas de las bombas que destruyen Gaza.

Sarpullido palestino-israelí

Como si de la recaída de una enfermedad incurable se tratase, otro brote de inusitada virulencia vuelve a surgir en el interminable conflicto que sufren, sobre todo, el pueblo palestino y también el israelí. Un enésimo sarpullido que, como las reacciones alérgicas, es cada vez  más grave y dañino, máxime si no se administran vacunas y antihistamínicos para prevenirlo y contrarrestarlo. De igual manera se comporta el larvado y nunca resuelto enfrentamiento letal que mantienen Israel y Palestina, y que condena a esa región del Oriente Próximo a un sufrimiento y una violencia inextinguibles.

Otra vez, una más, otra guerra declarada, por si no tenían bastante con todas las anteriores, desde que se proclamó el Estado de Israel, en 1948, en lo que era, desde los tiempos de los romanos, la tierra de Palestina. Pero, en esta ocasión, sin que nada aparentemente la “justificara”  o provocase, como suele ser habitual en un conflicto que se alimenta históricamente de provocaciones y respuestas, de acciones y reacciones por ambas partes.

Nunca se han podido o querido encontrar soluciones a unas hostilidades que llevan décadas enconándose, engendrando odio, ira y víctimas entre los contendientes. Pero esta vez parecía distinto, a pesar de que, según la ONU, el año en curso ya registraba la cifra de 200 palestinos y casi 30 israelíes muertos, hasta agosto pasado, por escaramuzas mutuas. Esta vez, cosa rara, había tibias esperanzas, al menos en el bando israelí, de que se estaban dando pasos hacia una anhelada pacificación de la convivencia, fruto del reconocimiento árabe (algunos de ellos) al Estado hebreo. No así en el bando palestino, para el que la promesa y los acuerdos de un Estado propio, con idénticos derechos, independencia y soberanía que el hebreo, sólo son sueños incumplidos. En cualquier caso, eran incipientes pasos para la paz en una región que la desconoce. Pero no ha sido así. Al final, el año va a convertirse en el más mortífero desde 2005. Los cohetes y las bombas ya se encargan de ello.

Porque, el día después del 50º aniversario del comienzo de la última gran guerra árabe-israelí de 1973, conocida como la del Yom Kippur, las milicias de Ezedim Al Qasam, brazo armado del movimiento islámico Hamás –considerado terrorista por EE UU y Europa- han lanzado desde la Franja de Gaza, el pasado 7 de octubre,  una de las más sanguinarias, atrevidas e inesperadas ofensivas, denominada Operación Inundación de Al Agsa, contra poblaciones limítrofes del sur de Israel.  Previo lanzamiento de más de 7.000 cohetes desde la Franja, unos 1.500 “soldados” de esta milicia, junto a otros de la Yhihad Islámica, han atravesado la verja fronteriza o la han saltado con parapentes motorizados para invadir y ocupar durante tres días algunas localidades sureñas de Israel, causando una matanza inaudita que ha llenado de estupor al mundo entero. Más de mil muertos, la mayoría de ellos civiles israelíes, es el resultado inicial de esta masacre, de los que cerca de 300 corresponden a unos jóvenes que se divertían en un festival del kibutz Reim, asesinados fría y arbitrariamente. A este balance hay que sumar más de un centenar de rehenes, entre civiles y militares, que fueron capturados por las milicias de Hamás y llevados a Gaza.

Se trata, como decimos, del enésimo capítulo, sumamente sangriento, de un conflicto que ninguna de las partes parece estar dispuesta a resolver y que perjudica, fundamental y desgraciadamente, a la causa palestina. Entre otras razones, porque es una batalla más del prolongado enfrentamiento que libran ambos contendientes, y que ni es nuevo ni se limita a ese enclave, pero que escamotea con su salvajismo e irracionalidad las auténticas raíces del problema: el expolio que sufre el pueblo palestino. Desde ese punto de vista, a pesar de que no tiene justificación alguna, se podría interpretar el criminal ataque a Israel como una reacción desesperada, precisamente en un momento en que el conflicto parecía quedar relegado u olvidado de la atención mundial.

No hay que obviar que los palestinos están pagando, desde 1948, el sentimiento de culpabilidad del antisemitismo europeo y el Holocausto nazi que determinó la fundación del Estado de Israel. Desde entonces se ven expulsados de sus tierras y humillados y arrinconados en un territorio que no para de menguar. Tras años de estéril lucha, al final los palestinos aceptaron la existencia del Estado de Israel en las fronteras anteriores a 1967, establecidas por resoluciones de la ONU, con la esperanza de poder construir su propio Estado con el resto de lo que había sido suyo: Jerusalén oriental, Cisjordania y Gaza. Esta era la famosa solución de los “dos estados”, alcanzada en los Acuerdos de Oslo, en 1993, y con la que Yasir Arafat, líder de la OLP y presidente de la Autoridad Nacional Palestina, e Isaac Rabin, primer ministro de Israel, estuvieron de acuerdo y se estrecharon la mano. 

Sin embargo, aquellos acuerdos se convirtieron en papel mojado y sus pacifistas autores fueron laminados por la historia. La nueva política que los sustituyó, con Ariel Sharon primero y Benjamin Netanyahu después, se basó en sabotear aquellas negociaciones, incumplir los acuerdos, extender la ocupación israelí en territorio palestino y enterrar el objetivo de los dos estados. Para los nuevos dirigentes hebreos, Israel no debía renunciar a sus conquistas militares ni a la expansión de sus fronteras, a costa de tierras palestinas. De hecho, se ha anexionado Jerusalén Este (la ciudad santa prevista como capital de los dos estados), declarándola única capital de Israel, y ha retenido los altos del Golán (conquistados a Siria), aparte de trufar de colonias judías (ilegales) Cisjordania, en un intento descarado por poblarlo de israelíes y expulsar a los árabes. En 2005 se retiró de Gaza, aunque la mantiene férreamente enjaulada y en la que limita los desplazamientos de los gazatíes (rigurosos controles de entrada y salida) , convirtiendo la Franja en prácticamente una cárcel donde la población vive confinada. Allí ganó Hamás las elecciones en 2006 y ejerce el poder sin reconocer el Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, en manos en manos de la OLP, en Cisjordania. Hay que recordar también que Hamás no apareció hasta 1998, a raíz del estallido de una Intifada que denunciaba la brutal ocupación que soportaba el pueblo palestino.

En ese contexto de un pueblo apaleado, expulsado de sus tierras, saqueadas sus pertenencias, tiroteado si se acerca a las vallas o muros, ajusticiado con sentencias extrajudiciales o arbitrarias y enclaustrado en guetos, como sucede en Gaza, donde se apiñan más de dos millones de personas, la mitad de ellos niños, privado de recursos y bombardeado cada vez que Israel se siente atacado, es en el que hay que circunscribir el actual enfrentamiento de innecesaria violencia y atrocidad. 

Lo que queda es la venganza, que no la justicia. Ya asistimos a la respuesta de Israel al ataque, cuando reclama su derecho a defenderse a cualquier precio. Y veremos responder con brutalidad desproporcionada a esa brutalidad asesina de los terroristas de Hamás, alimentando una espiral sin límites. Gaza está siendo arrasada por las bombas de la aviación hebrea  (Operación Espadas de Hierro) y, mientras se escriben estas líneas, está a la espera de ser invadida, como se hizo en 2014, por tierra con los tanques de la maquinaria militar israelí, lo que ha dejado ya un balance provisional de 1.500 gazatíes muertos, entre ellos 500 niños, y cerca de 7.000 heridos.

A la ilegalidad y la brutalidad de una parte se le responde diabólicamente con la brutalidad y la ilegalidad de la otra parte. Sin embargo, la legítima defensa no ampara una reacción brutal y despiadada, y menos contra inocentes, puesto que hasta para la guerra –incluida la que se libra contra el terrorismo- existen leyes que hay que respetar. El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente los atentados a la población civil, personas civiles o bienes civiles, como establece el Protocolo primero. Además, está prohibido atacar, destruir y sustraer o invalidar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (Protocolo 7). Y eso es, justamente, lo que pretende hacer Israel con Gaza, a la que ya ha bloqueado la luz, el agua, los combustibles y el abastecimiento, instando a sus habitantes a que abandonen el norte del enclave, cuando la población no tiene dónde huir ni por dónde escapar –todo está destruido o lleno de escombros- o refugiarse, puesto que hasta las locales o escuelas de la ONU son bombardeados.

Israel le ha declarado la guerra y se dispone a aplastarla con toda la fuerza de que es capaz, en una venganza sin precedentes, que en realidad constituye un flagrante crimen de guerra. Esta desproporción en la violencia, los destrozos y las víctimas es lo que evidencia la desigualdad de este conflicto y la distinta responsabilidad que asume cada bando. Hamás acabará pagando, bien merecido lo tiene, su criminal ataque, pero el pueblo palestino, que maldita culpa tiene, terminará masacrado, expulsado de las pocas tierras que conserva y continuará siendo  exterminado de manera impune. Todas las violencias son injustificables, pero sólo una de ellas cargará con las peores consecuencias. De ahí que los palestinos soporten un doble castigo: el que ejerce Israel para controlarlos y arrinconarlos y el que aplican las milicias que dicen combatir en su nombre, mientras no dudan en reprimir cualquier oposición y conducirlos a las dianas de las balas, los misiles y los morteros.

Sólo un exjefe del espionaje israelí, el almirante Ami Ayalon, ha sabido entender el conflicto: “tendremos seguridad cuando ellos tengan esperanza”.  Todo lo contrario de lo que piensa Netanhayu, que lamentablemente no es ningún estadista que busque la paz y la convivencia entre israelíes y palestinos, sino un populista ultraconservador que se aprovecha de cualquier circunstancia, como este ataque que le viene al pelo, para afianzarse en el poder y esquivar la acción de la justicia por sus corruptelas. Triste sino el de ser israelí en medio de este conflicto, pero mucho peor si se es palestino, que nace predestinado a ser carne de cañón.

Un año de guerra

Digámoslo sin demora: la guerra en Ucrania es ilegal, innecesaria, ilógica, inmoral e injusta. No existen razones ni amenazas o disputas que justifiquen la invasión militar rusa en territorio ucranio. Tampoco hay nazis ni antisemitas gobernando la república cosaca. Por no haber, no hay siquiera fuerzas enemigas (OTAN) estacionadas en aquel país, por mucho que Vladimir Putin blandiese esa excusa, entre otras, para enviar sus soldados a matar y morir en el país vecino. Como mucho, existía y existe la voluntad de los ucranianos de acercarse a Occidente, alejándose de la órbita soviética, para disfrutar de la libertad (formal) y del consumismo (real) de los que gozan los países capitalistas de Europa y EE UU. Pero tal aspiración no suponía ninguna novedad que no hubiera sido explorada anteriormente y materializada, por ejemplo, por países bálticos de la antigua URSS, como Lituania, Letonia, Estonia, etc., sin que Moscú mostrase su oposición como hace ahora con Kiev.

¿Por qué, entonces, esa brutal reacción de Rusia contra su antigua República Popular de Ucrania? ¿Qué peligro presenta esa frontera que no la tenga, también, la de Finlandia, próxima a la base de Severomorsk (sede de la Flota del Norte)? ¿Es que los 1.300 kilómetros de frontera entre Finlandia y Rusia son menos estratégicos que los 1.974 terrestres y poco más de 300 marítimos que la separan de Ucrania? ¿Acaso son más importantes militarmente los puertos navales mediterráneos de Crimea que los del ártico de Kola? ¿O es, quizás, que una Ucrania integrada en la UE es un ejemplo intolerable de emancipación nacional ante el resto de las repúblicas bajo influjo soviético? ¿La integración de Finlandia en la UE en 1995 y su petición de formar parte de la OTAN en 2022 no es el mismo escenario pro-occidental infausto que se le quiere hurtar a Ucrania?¿Qué oscuras y perversas intenciones existen para violar la integridad soberana de un Estado y hacer añicos el delicado equilibrio de la legalidad internacional para obrar de manera tan violenta y asesina?

La respuesta se encuentra en la iluminada mente de Putin, quien sigue empeñado en jugar una mortal partida en el flanco europeo por no se sabe qué objetivos o intereses estratégicos. Puede que pretenda debilitar u obstaculizar Europa como proyecto continental unitario, o averiguar la capacidad del continente para protagonizar su propia defensa o, incluso, testar hasta qué punto estaría dispuesta la OTAN (y EE UU) a cumplir sus compromisos defensivos con Europa. Puede, quién sabe, que sólo pretenda dar un aviso a navegantes a todas sus exrepúblicas con idénticas veleidades occidentales. O, simplemente, busca afianzar su liderazgo en la cúspide del Kremlin y ante una población que muestra signos evidentes de cansancio por las cortapisas a la libertad, las persecuciones políticas y los tics autoritarios de su Presidente, un antiguo agente de la KGB.

En todo caso, nada se sabe a ciencia cierta porque lo que mueve al mandatario ruso se esconde tras una nebulosa opaca dentro de su cabeza. Se trata de una incógnita infranqueable e incognoscible, pero que alimenta desde hace un año una guerra ilegal, innecesaria, inmoral e injusta en Ucrania. Y una incógnita que parece dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, sin importar si perjudica a civiles ucranianos, a ciudadanos rusos, a los europeos y cualesquiera se interpongan en su camino. En otras palabras, la guerra va para largo sin que las razones para ello hayan sido explicadas, discutidas o negociadas, de manera diplomática y pacífica, en ningún foro o mesa de diálogo, como corresponde a países civilizados y democráticos. Y tal vez en esto radique parte del problema: suponer democracia y civilización en naciones que todavía se guían por viejas nociones imperiales, más próximas al feudalismo que al Estado de Derecho. Y que usan la fuerza como único medio válido y eficaz de resolver sus disputas.

La historia tampoco ayuda a apaciguar los ánimos. Porque el conflicto bélico estalla, para más inri, entre países que comparten un legado histórico de más de mil años y que propició lo que actualmente son Ucrania y Rusia. Se trata de una historia de encuentros y desencuentros  que culmina en la actual guerra, con la que Putin busca asegurarse, al menos, las tierras al este del río Dniéper, cuyos habitantes mantienen fuertes lazos con la vieja Rusia, compartiendo  idioma y la religión ortodoxa. Esa “rusificación” cultural vivió su momento más dramático cuando, en la década de los 30 del siglo pasado, las políticas de colectivización de Stalin provocaron una hambruna que causó la muerte de millones de ucranianos, lo que obligaría al dictador a repoblar el este de Ucrania con ciudadanos de Rusia y de otras repúblicas que ni siquiera sabían ucraniano ni tenían lazos con la región. Sus descendientes son los prorusos que ahora  Putin dice querer defender de los “nazis” que gobiernan Ucrania.

A todo ello se suma que la Crimea que Moscú transfirió a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1954, y en la que ubicó la base de la Flota rusa del Mar Negro, acabaría siendo anexionada y ocupada a la fuerza por Rusia en 2014, al tiempo que instaba y apoyaba el levantamiento secesionista del Donbás, justamente la región oriental situada en la margen izquierda del Dniéper, hasta que se constituyó en sendas repúblicas independientes, las de Luhansk y Donetsk, que ya han sido reconocidas e integradas en la Federación Rusa.

Estas dos almas que tiran de Ucrania hacia Oriente y Occidente nunca han hallado un punto de convivencia común sin tensiones, lo que explica que los últimos líderes del país, tanto el proamericano Victor Yushenkpo, como el proruso Vitor Yanukovich o el proeuropeo Petró Poroschenko y el actual Volodymir Zelenski, hayan sido incapaces de cohesionar una sociedad multicultural y multiétnica tan dividida y polarizada.

Sea por lo que fuere, no cabe duda de que la peor forma de dirimir estos conflictos es la guerra que lleva ya un año desarrollándose en suelo Ucranio, con decenas de miles de muertos en ambos bandos y sin que existan visos de cesar tal matanza fratricida. Un año de guerra ilegal, innecesaria, ilógica, inmoral e injusta a la que asistimos impotentes, intentando ayudar al agredido, mientras procuramos que el agresor desista de sus intenciones mediante sanciones económicas. ¿Cómo acabará esto? Sólo Putin podría saberlo, porque sólo él sabe lo que quiere. El resto de atónitos espectadores intentamos comprender la evolución de los acontecimientos y el contexto en que se producen y condiciona. Poco más. Y así desde hace un año.

Nuevos aires en la política mundial

El paroxismo y la polaridad que impregnaban la política en gran parte del planeta parecen haber pasado a mejor vida. Otros aires, frescos de esperanza, soplan en el escenario de la `cosa pública´ a escala y repercusión mundial. Basten, de muestra, dos ejemplos recientes: ni Trump ni Netanyahu propalan ya sus rencores y sectarismos desde las tribunas presidenciales de sus respectivos países, aunque ambos amenacen con un retorno que, no sólo no descartan, sino que preparan concienzudamente en sus cuarteles de invierno, rumiando una venganza que los libere de la humillación de ser vistos como perdedores. Sin embargo, el mundo es mucho mejor, más dialogante y menos imprevisible, por tanto, más seguro, sin ellos. La sola defenestración de estos personajes tan autoritarios como tramposos ha supuesto que nuevos aires, limpios y transparentes al no transportar la polución de la arbitrariedad y la demagogia, renueven la atmósfera política del mundo, trayendo tranquilidad, sensatez, confianza y diálogo en las relaciones internacionales, y lealtad con sus instituciones y organismos.

Joe Biden, en lo que será el último servicio público que prestará en su vida dada su edad (78 años), ha recuperado la Casa Blanca para la alta política basada en la profesionalidad y la honestidad. Su programa se resume en la frase “América ha vuelto” con la que saluda cada encuentro que protagoniza. Pero su mayor triunfo ha sido desalojar a Donald Trump de la cacharrería de Washington en la que se desenvolvía como elefante colérico. Y está empeñado en retomar los usos y costumbres civilizados, educados y dialogantes de la política, en su más noble sentido. Lo está demostrando con el regreso de EE UU a la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OMC (Comercio Mundial), al Pacto de París (Contra el calentamiento global) y a los demás acuerdos y compromisos que situaban a su país en la cúspide mundial en la defensa de la democracia y las libertades. De hecho, en su primera salida al exterior, Biden se ha reunido con sus aliados de la Unión Europea y la OTAN para estrechar lazos y enmendar las arbitrariedades de mal recuerdo de Trump, sin desplantes y los malos modos que este acostumbraba.

Pero el reto principal del presidente Biden es, sin duda, luchar contra las desigualdades y la polarización reinantes en su propio país, una sociedad dividida y enfrentada por las políticas sectarias y racistas que implementó su predecesor en la Casa Blanca. El odio y la violencia, puestos de manifiesto con el asalto de las turbas trumpistas al Capitolio, serán difíciles de erradicar en una población sobrealimentada continuamente de intolerancia, egoísmo y supremacismo socioeconómico. Esas heridas nacionales costarán más en cicatrizar que las transfonterizas, donde la diplomacia y el pragmatismo consiguen curas milagrosas. El tratamiento a unas y otras ya se está aplicando sin demoras, lo cual es buena señal de que el cambio ha sido favorable. Soplan, pues, otros aires.

En Israel sucede otro tanto. Tras más de una década (desde 2009) como primer ministro, el conservador Benjamín Netanyahu, el impulsor de iniciativas anexionistas de territorios palestinos, contraviniendo resoluciones de la ONU, e intervencionistas, como poder regional, en las relaciones israelíes con el entorno árabe, ha sido apeado de la poltrona por una coalición de partidos que abarca todo el espectro político. Hasta ocho formaciones de distinto signo, incluida una por primera vez de la minoría árabe, se han conjurado para apartar al incombustible Netanyahu del poder. Había hartazgo de un personaje que se aferraba al sillón gubernamental a cualquier precio. Tenía sus motivos. Porque, más que sus políticas, han sido sus problemas judiciales y la corrupción que ha crecido a su alrededor lo que ha motivado su derrota. Un nacionalista de derechas, Naftali Bennet, acaba de sustituirlo en la jefatura del Gobierno, dando fin a más de dos años de parálisis política en Israel. Una parálisis producida por cuatro elecciones generales en dos años que resultaron inútiles para formar gobierno, un impasse mantenido por la negativa de Netanyahu a abandonar un cargo que le confiere aforamiento e inmunidad ante los problemas que tiene pendientes con la justicia por fraude y soborno. Eso era hasta ahora, en que nuevos aires refrescan Israel.

No se trata, no obstante, de un cambio radical, pero sí de talante, de sensibilidad a la hora de abordar los enormes retos del país hebreo, manteniendo, al mismo tiempo, la firmeza frente a las agresiones y los enemigos. Como demostró sin vacilar el nuevo gobierno al ordenar un ataque sobre Gaza tras el envío de globos incendiarios desde la franja hacia Israel. Sin embargo, ese talante brilló en la promesa del nuevo estadista de abrir “una nueva etapa con los árabes de Israel”, considerados y tratados por Netanyahu como ciudadanos de segunda clase.  También se evidenció al ordenar el desvío del recorrido de una nueva Marcha de las Banderas de zonas palestinas, para evitar enfrentamientos innecesarios, como los sucedidos en ocasiones anteriores. Lo dicho, otros aires.

Otros aires que renuevan una atmósfera contaminada de populismo que trajeron Trump, Netanyahu, Salvini, Orbán o Bolsonaro, entre otros, con sus políticas sectarias, ultranacionalistas, aislacionistas, racistas y unilateralistas. No todos han desaparecido, pero el alivio de esperanza se nota ya en el ambiente. Algo es algo.