Claro que
también existían motivos para la alarma y el arrugar de nariz. Porque después
de siete años de impulsar con éxito una moción de censura contra un Ejecutivo
conservador cuyo partido acabó siendo condenado por corrupción, al ético
presidente que prometió acabar con esa lacra le han aflorado presuntos casos de
corrupción alrededor de su entorno político y personal. Muchos casos para un
Gobierno que pretendía ser limpio y ajeno a unas prácticas que ha empañado el
ejercicio de la función pública, bajo cualquier administración de este país,
desde que la democracia permite investigar y hablar de ello. Y antes también,
por supuesto.
En el ámbito
personal, con motivos fundados o no, a la esposa del presidente del Gobierno y
su hermano se les investiga por tráfico de influencia y prevaricación. Y en el
político, dos secretarios de Organización del partido gobernante, personas de
su máxima confianza, han sido imputados por estar implicados en el “caso
Koldo”, acusados de malversación, cohecho y tráfico de influencias. Además, una
exmilitante del PSOE es detenida y puesta en libertad por supuestos contratos
irregulares y buscar información sensible de quienes investigan las tramas
corruptas.
Pero la
actuación judicial con mayor repercusión política del año ha sido la imputación
y condena del fiscal general del Estado, un hecho inédito. Es la primera vez en
democracia que se condena a un fiscal general en ejercicio, con pena de dos
años de inhabilitación, por revelación de secretos relacionados con la
investigación de un defraudador confeso que es pareja sentimental de la
presidenta de la Comunidad de Madrid.
El año
también nos deparó otro hecho inédito: un apagón sin precedentes que dejó a
toda España a oscuras durante horas. Fue una jornada en la que recuperamos las
radios a pilas, nos alumbramos con linternas y velas, no funcionaron ni trenes
ni metros, los semáforos estaban apagados y volvimos a casa a pie, los bares
tuvieron que echar las persianas y almorzamos sándwiches fríos o latas de atún.
El Gobierno echa la culpa a las empresas energéticas y éstas al regulador del
sistema. Todavía no se conoce la causa concreta de un fallo que paralizó a todo
el país e, incluso, afecto al vecino Portugal.
Los efectos
del cambio climático también se sintieron en España, provocando un verano en
llamas por los incendios. Fue la peor temporada en décadas y con la mayor
superficie carbonizada que se recuerda. Según datos del Sistema Europeo de
Información sobre Incendios Forestales, más de 400.000 hectáreas se quemaron
ese año, casi diez veces más que en 2024. Pero ahora, como llueve, ya ni nos
acordamos.
Aunque tarde,
fue el año en que el presidente de la Comunidad de Valencia presentó su
dimisión, doce meses después de las inundaciones que afectaron a su región,
mientras el perdía el tiempo en una comida durante horas, en las que murieron
ahogadas más de 200 personas. Esperó un año acumulando sospechas, versiones
contradictorias y silencios para responsabilizarse de una ineptitud que no
tenía justificación posible, y menos por estar de comilona.
Por su parte,
al Gobierno de la nación, que al parecer tendrá que prorrogar por tercera vez
los Presupuestos, se le agota la capacidad de maniobra. El partido conservador
independentista, Junts per Catalunya, esencial para sumar mayoría en el
Parlamento, ha decidido dejar de apoyar al Ejecutivo. Rompía así el pacto de
investidura que posibilitó el actual Gobierno de coalición, por lo que
cualquier iniciativa legislativa parece difícil, por no decir imposible. La
gobernanza no está asegurada y un ruido de urnas se oye en el ambiente.
Y por si
fuera poco, España fue el único país que rechazó el incremento de gastos de la
OTAN acordado en la Cumbre de La Haya y mantuvo su posición de limitarlo al
2,1% del PIB. Ello ha despertado la ojeriza del presidente norteamericano, que
acusa a nuestro país de “no jugar limpio” y ha amenazado con represalias. No
doblegarse ante Trump es peligroso, por más que EE. UU. conserve estratégicas
bases navales y aéreas en suelo español. Una ojeriza que agrava el enfado del
norteamericano por el reconocimiento de Palestina por parte de nuestro país.
No hay que
olvidar que la moda ultra ya está aquí. Y se contagia. Sus siglas en España son
las únicas que crecen en cada elección, como ha demostrado Extremadura,
condicionando cualquier política que se quiera aplicar. Y contagia a la derecha
moderada, como en Badalona, donde el alcalde de la localidad tiene el indigno
honor de ser el primero en dictar un desalojo masivo de inmigrantes de un
colegio abandonado en plenas fiestas de Navidad. Más de doscientas personas
fueron echadas a la calle cuando las lluvias y el frío azotaban a la población,
con la manida excusa -es un clásico- de acabar con un foco de delincuencia. Si
no es racismo, se le parece; y si no es aporofobia, también. En cualquier caso,
es el proceder maniqueo de esos ultras que dicen salvaguardar la civilización
occidental y la cultura cristiana, justamente aquella que se dotó de derechos y
libertades para combatir las desigualdades, las injusticias y los abusos de los
poderosos por cuestión de raza, lengua, creencia o sexo. El alcalde en cuestión
lo que defiende es la barbarie y la discriminación, como buen cristiano que
celebra estas fiestas a su manera. Lo malo es que le votan y no lo botan.
No obstante,
hay imágenes positivas en ese 2025 que nos deja. Y sorprendentemente son
económicas. La marcha de la economía va bien, digan lo que digan los agoreros,
con unas de las tasas de crecimiento más altas de los países de la zona euro.
Según la Comisión Europea, será casi del 3% del PIB. Y la tasa de paro quedará
por debajo del 11%, gracias a la creación de empleo cercano al 2% y una
inflación que se reduce algo por encima del 3%. Son datos macroeconómicos que nada nos dicen,
pero de alguna manera reflejan la salud económica de nuestro país. No todo iba
a ser funesto, impidiendo que albergáramos una tenue esperanza de cara al
próximo año. ¡Suerte y salud!
