Una princesa en la universidad

Ha sido noticia digna de portadas (El País, 8/9/26) que la princesa Leonor de Borbón, hija del rey Felipe VI, inicie sus estudios universitarios y curse la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. En pantalones vaqueros y rodeada de alumnos y profesores (los escoltas del servicio secreto no aparecían en las imágenes), tanto la joven princesa (con su vestuario y gestos) como los artífices de organizar el evento ante la opinión pública (Gabinete de Comunicación y Protocolo de la Casa Real) parecen querer subrayar la “normalidad” de un hecho que, no obstante, mereció ser destacado en los medios de comunicación de masas, junto a titulares sobre la crisis de Ceuta, el acceso de la extrema derecha al gobierno de un estado alemán o la última novedad en la instrucción judicial contra el expresidente Zapatero.

Como si fuera una alumna más, aunque heredera a portar sobre su cabeza la corona del reino de España, la princesa (parece que narramos un cuento de hadas) iniciaba sus estudios universitarios. Y a pesar de su apariencia de normalidad, incluso cercana y familiar, el hecho fue destacado no solo por las revistas del corazón, sino que ocupó portadas de la prensa supuestamente seria y formal.

Pero nada en ella es normal, aunque se empeñe la Zarzuela en intentar dar esa imagen. La futura reina de España sigue al pie de la letra un detallado plan, no solo formativo sino también institucional, elaborado concienzudamente desde la Casa Real para construir su imagen pública como una figura cercana al pueblo, que comparte sus mismos retos (¡ha de estudiar, caramba!) y que se prepara para asumir cuando corresponda las altísimas responsabilidades de la Jefatura del Estado. Se instruye a quien está destinada a ser reina de España y se trata de modernizar, al mismo tiempo, a una institución monárquica que presenta más manchas que brillos.

Así, la distinguida alumna, no en vano princesa, fue recibida a las puertas de la universidad, en medio de una multitud de estudiantes, vecinos y curiosos, por el mismísimo rector de la universidad, la vicerrectora de Estudiantes y el decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Como se hace con todos los nuevos alumnos, supongo. Pero no accedía a la universidad tras un currículo convencional como cualquier bachiller, sino después de haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Y tras superar, naturalmente, el proceso de selección para la admisión de estudiantes que realizaron el bachillerato en el extranjero. ¡Difícil papeleta para el comité que la evaluó!

Y es que, por si fuera poco, la princesa Leonor llegaba a la universidad después de haber pasado tres años de preparación militar en las academias del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Por esa etapa “militar” recibirá, en julio de 2027, los reales despachos que la acreditarán como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, además de alférez de navío de la Armada. Ahí es nada, para sus escasos 20 años de edad. Todo muy normal.

Tan normal que los estudios que cursará en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, con una duración de cuatro años, incluyen el análisis de los sistemas políticos junto a materias como Derecho, Economía, Historia y Relaciones Internacionales, entre otras. Unos estudios en los que deberá analizar cómo se organiza el poder, cómo se legitima y cómo se somete al control democrático. Es decir, la princesa se estudiará a sí misma para conocer y legitimar la institución monárquica, ese arcaísmo que ella representa y que encarnará en un futuro inmediato, integrado en un Estado democrático. Pero algo se ha avanzado. Al menos, ya no se considera a los soberanos como representantes de los dioses para gobernar, pero siguen sin ser elegidos por sus representados. ¿Cómo se lo explicarán?

Y para que no haya distingos, la propia princesa ha dejado de manifiesto no querer trato diferencial en una universidad, mira qué casualidad, que lleva el nombre de uno de sus antepasados dinásticos del linaje de los Borbones. Algo así como una universidad bautizada con el nombre de su tatarabuelo, el rey del despotismo ilustrado. También muy normal.

Sin embargo, lo único que no es normal es que, en pleno siglo XXI, sigamos considerando a determinadas personas y sus familias como seres que, por nacimiento, pertenecen a ámbitos superiores e inaccesibles para el resto de los mortales -por ser reyes, princesas, infantas y demás cohorte real-, cuya función social no está sujeta a control ni mucho menos a elección, como corresponde en una democracia.

Por eso, la princesa jamás podrá ser un alumno más, lo que explica la cobertura mediática que ha generado su ingreso en la universidad. Aparte de compaginar su asistencia a clases con sus actividades institucionales (audiencias, visitas, inauguraciones, viajes, discursos, etc.), su exclusiva formación se adecuará a las exigencias de la forma de gobierno que representa, muy alejadas de cualquier consideración de “normalidad”.

Porque ella no va a la universidad para aprender y poder ganarse la vida en lo que desee, sino para “adornar” el trabajo que ya tiene asignado desde que nació con apariencias de “normalidad” y ejemplaridad. Una forma de justificar sus privilegios hereditarios, como primogénita de la familia Borbón -la única línea sucesoria de una monárquica jamás refrendada-, a pesar de que sea la forma de gobierno en España, impuesta después de una larga dictadura, desde que en 1978 se aprobó la Constitución.

Así pues, que una princesa vaya a la universidad no supone que la monarquía parlamentaria española, como forma de gobierno, sea cercana y más “normal” que la legitimidad democrática de un Jefe del Estado elegido en las urnas. Y no lo es porque, a pesar de todas estas modernidades cosméticas, la monarquía es para buena parte de la población española una imposición histórica que “chirría” en una sociedad que ha evolucionado y demanda gobernantes sometidos al control democrático y la rendición de cuentas, sin impunidades ni inviolabilidades legales que blinden sus desmanes penales y conductas inmorales. 

Reales privilegios

Que la monarquía, ese régimen arcaico por el que un linaje familiar se convierte en la representación política de un país, disfruta de privilegios exclusivos que se niegan al resto de los ciudadanos, es cosa sabida. Pero  hasta dónde alcanzan esos privilegios, ya no es tan conocido por los súbditos de cualquier monarquía, aunque se disfrace de parlamentaria, como la española. Y ha sido, desgraciadamente, durante la devastación producida por la DANA en Valencia cuando algunos de tales privilegios han salido a la luz, sin que los poderes públicos, los elegidos democráticamente para representarnos y gobernarnos, hayan podido hacer nada por impedirlo o, cuando menos, regularlos para que el interés general, y más en caso de catástrofe, prevalezca sobre el interés particular… de una marquesa, por ejemplo.

Porque, aunque cueste creerlo, ha sido una marquesa precisamente, una prima del rey Juan Carlos I -el emérito autoexiliado en un país árabe por sus fechorías morales, económicas y fiscales-, la que ha hecho valer sus reales privilegios frente a las actuaciones humanitarias por los damnificados de la DANA de una aldea cercana a su cortijo de caza. Tan alto representante de la nobleza ha exigido, de manera burocrática, que los socorristas que pretendían acceder a una aldea aislada por la DANA no cruzasen por el único camino viable, el que atraviesa su coto de caza. Y lo ha prohibido mediante un escrito formal enviado a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Consellería de Agricultura, Aguas, Ganadería y Pesca de la Generalitat valenciana, en el que se queja de que los vecinos, al no poder acceder a su aldea por el paso habitual de un puente, lo hicieran invadiendo un camino perteneciente a su propiedad.

A la señora marquesa no le importaba que los aldeanos, afectados por la riada que destruyó parcialmente ese único puente, quedaran aislados en una zona de difícil acceso por la orografía montañosa del lugar. Ni que, en realidad, fueran unos cuantos vecinos de una pedanía de pocas decenas de casas los que se vieran obligados a atravesar por su coto privado para adquirir víveres y otros suministros con los que combatir los daños ocasionados por la catastrófica DANA. Ni que los socorristas, tan aplaudidos en otras localidades de Valencia, no pudieran prestar su ayuda a esos escasos vecinos de Reatillo, una pedanía prácticamente deshabitada situada al noroeste del municipio valenciano de Siete Aguas, del que depende administrativamente, y cuyas tierras pertenecen casi en su totalidad al Marquesado de Villaverde. Como en los tiempos feudales.

Nada de eso importaba a la señora marquesa. Lo único que le importaba a tan noble dama era su coto privado de caza y el privilegio de hacer con él lo que quisiera a su real antojo. Estos es: cualquier cosa, menos permitir que un camino de su propiedad pudiera facilitar la comunicación con la aldea y servir de ayuda a esos pobres vecinos desgraciados. Tal es la distancia moral que separa la nobleza –una clase que aun existe- del populacho, meros súbditos en cualquier monarquía. El caso es que ni la Guardia Civil podía doblegar la voluntad de la señora marquesa ni esgrimiendo causas de fuerza mayor. Porque la mayor causa para la marquesa era la defensa de sus privilegios indiscutibles e inquebrantables.

Tal oprobio lo consiguen los que defienden, aunque lo desconozcan, una institución como la monarquía, que crea a su alrededor una casta social -la Nobleza- con la que mantiene una relación simbiótica de mutuo apoyo a cambio de privilegios, como el Marquesado de la señora marquesa y su intocable coto privado de caza.

Una casta de barones, condes, marqueses, duques, infantes, príncipes y reyes, junto a una aristocracia del poder económico, religioso y militar, siempre  dispuesta a arrimarse al sol que más calienta, conforman un estrato social que se caracteriza por su amor a la patria, su patria, la que ellos identifican con sus pertenencias y privilegios. Y cuyos herederos  más tiernos, aunque carezcan de oficio o prestigio, ya son capaces de exhibir sin recato una adhesión fervorosa a esa élite. Y que, creyéndose invulnerables por los privilegios que disfrutan, incluso se atreven a mostrar públicamente, sin hipocresías, la tendencia ideológica que asumen, aquella que coincide, casualmente, con la que defiende su estatus social y protege sus privilegios.

Por eso no es de extrañar que una sobrina del rey de España publicara, en una story de instagram, una defensa de su tío, en la que descubre sus simpatías políticas: “El rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara, y Pedro Sánchez, que sí lo tiene, huye. Así es cómo se resume todo. Un rey que sufre por su pueblo y un presidente que lo desprecia”.  La ingenua sobrina piensa que así apoya al régimen monárquico que encarna su tío, sin caer en la cuenta –o siendo consciente de ello- que con su opinión está amplificando los bulos y la desinformación que sectores radicales de ultraderecha propagan, aprovechando la catástrofe valenciana y el descontento de la población afectada, para atacar al Gobierno.

Cree este cachorro de la nobleza, igual que la señora marquesa, que sus privilegios le permiten, no solo primar su interés particular sobre el general, sino expresar opiniones no completamente veraces y tendenciosas que causan división y odio en la sociedad. Porque ni Pedro Sánchez huyó de la zona, sino que fue evacuado tras ser atacado con un palo y en un coche con los lunas traseras rotas. Ni desprecia a un pueblo sobre el que se vuelca en propiciar el reconocimiento de nuevos derechos y libertades, a fin de combatir cualquier tipo de desigualdad, sea económica, religiosa, sexual, racial, cultural o social. Justo lo contrario de lo que contempla una monarquía, en la que una familia cree tener el derecho exclusivo y hereditario, sin que la elija el pueblo, de representar a un país. Y puestos a hablar de fugas, el único poderoso que ha huido de este país, en la actualidad, es el abuelo de la niña de noble cuna.  Flaco favor le ha hecho a la monarquía esta joven al manifestar, con insinuaciones y datos subjetivos, que le parecía más digno la actitud del no elegido que la del elegido, sin apreciar todas las circunstancias. Cuando, por si fuera poco, la propia alcaldesa de la localidad repudió aquellas algaradas, achacándolas a infiltrados violentos con deseos de provocar enfrentamientos y altercados durante la visita de las autoridades.  

Y es que, la pobre ingenua, a pesar de sus privilegios, no da para más, por lo que no merece la pena exigirle mejor y más fundado juicio. Pero sí, al menos, dada la exquisita educación que se le supone, podía esperarse que se condujera con más prudencia y respeto a la hora de opinar sobre el Gobierno de su país, máxime en momentos tan graves y dramáticos como los que se han vivido en Valencia por culpa de una DANA. Entre otras cosas, porque para difundidores de bulos y patrañas ya tenemos a Iker Jiménez con sus discursos demagógicos y mensajes engañosos que nada ayudan a los afectados por las inundaciones en Valencia y otras zonas de España.

Difícil empeño, ya que estos miembros de la realeza o la nobleza, independientemente de su edad, gozan de tantos privilegios que se creen con derecho a hacer o decir lo que quieran, pues se consideran impunes e invulnerables frente al resto de los mortales súbditos

Soberana barbaridad

Disfrutó de tantos privilegios que acabó creyéndose intocable. Y lo era, pero ya no engaña a nadie. Cuando ejercía de “jefe supremo” se comentaba en voz baja que de vez en cuando cometía deslices inapropiados, pero cuando fue cazado en Botswana en uno de esos deslices inapropiados para una institución suprema como la suya, la cosa ya no se pudo ocultar más. Como soberano cometía barbaridades sin freno, por lo que tuvo que abdicar para proteger, no a su persona puesto que era intocable, sino la credibilidad y continuidad de la institución que encarna y carga sobre su cabeza. Pero lo último desempolvado acerca de sus correrías indecorosas  de hace tres décadas avergüenza hasta a sus propios aduladores y protectores. Son de una soberana barbaridad. Y nunca mejor empleados estos términos literal y figuradamente.

Porque ya no es que se sospeche que el supuestamente campechano era irrefrenablemente mujeriego y saltimbanqui, sino que se confirma documentalmente que era de bragueta fácil, comisionista sin escrúpulos, delincuente fiscal  y malversador de fondos públicos. Pero sigue siendo intocable, aunque se ha retirado, en un exilio voluntario, a un país amigo de desiertos remotos, donde lo visitan periódicamente amigos, alguna hija sentimental y algún nieto aspirante a la buena vida. Pero no está lejos de su país, sino de su hijo varón y sucesor en el trono a fin de evitar mancharlo con las salpicaduras de su cochambre impúdica, tan impropia de su condición como jefe supremo o, mejor dicho, de exjefe supremo, es decir,  jefe emérito, con asignación económica, personal adscrito, escoltas de seguridad y demás gastos a cargo de los Presupuestos del Estado. Se lo cree merecido todo por ejercer un cargo vitalicio de suprema relevancia y, salvo en una ocasión, no recuerda haber hecho nada de lo que deba disculparse. Lo dicho: se cree intocable.

Pero, para  representar a una institución que se reinstauró por capricho de un dictador, que no fue elegida democráticamente por los ciudadanos y que se renueva por linaje hereditario como en tiempos medievales, poco ha hecho el intocable por dignificar su propia razón de ser y garantizar la aceptación y continuidad de su estirpe con la ejemplaridad de su conducta y dedicación como símbolo supremo de nuestro sistema político. Era lo único que tenía que hacer a cambio de vivir como un rey sin dar golpe. Pero no. Estaba convencido de que era intocable, que lo es, pero se excedió, acumulando riquezas de procedencia inconfesable y dando vía libre a sus picores de entrepìerna, por decirlo coloquialmente, a causa de una pulsión incontenible que lo entronca con el derecho de pernada de algunos de sus antepasados en el puesto. Y es que,  además de intocable, se creía el más guapo y listo del mundo, dejando un reguero de historias de vodevil que, si no fuera porque las pagamos a tocateja entre todos, a nadie le importaría un bledo. Allá él con su moral y su reputación. Total, no eran más que bribonadas de un rijoso ambicioso, como muchos de los que abundan entre los recios machos con posibilidades y privilegios, tan católicos y patriotas ellos de cara a la galería.

Pero una de sus “amigas” lo ha cazado. Lo cazó hace más de 30 años, cuando se entregaban al fornicio feliz y despreocupado, amparados por la opacidad de su estatus supremo y la protección de los servicios más secretos del Estado. Y lo que solo eran sospechas que se callaban, ahora se acaban de confirmar documentalmente para sonrojo de súbditos y.alcahuetes. Grabaciones de audio y de vídeo que muestran las debilidades humanas de quien debía representar con su persona al país como símbolo supremo del Estado. Pero lo conocido repugna y da asco. El mismo que provocaría ver usar la bandera nacional, otro símbolo del Estado, de papel higiénico. Pero, entiéndase bien, el asco no es por las calenturas del intocable ni porque se constate ahora que se bajaba los calzoncillos para refocilarse en alcobas ajenas y se le fuera la lengua entre las sábanas, cual bocazas encoñado, sobre nuestros representantes políticos y otros asuntos todavía turbios de aquella Transición que tanto nos vendieron como modélica. Sino porque sus sinvergonzonerías eran silenciadas generosamente con pagos millonarios a cargo de las arcas del Estado y perfectamente toleradas y protegidas por el gobierno, militares, empresarios, medios de comunicación y demás instituciones compinches de sus deslices impropios e inaceptables, sin que ningún juez, de esos que gustan instruir  prospectivamente hasta hallar algún indicio delictivo, haya osado mirar a palacio. Era y continúa siendo intocable.

Y eso es lo verdaderamente repugnante y preocupante de lo que ya es notorio y se publica sin cautelas regias. Esa total impunidad del intocable para cometer sus fechorías, que no consistían sólo en “regalar” dinero a cambio del silencio de sus víctimas, sino sus elusiones fiscales, su evasión de capitales, sus fundaciones opacas, sus cuentas bancarias en paraísos fiscales, sus delitos por malversación de caudales públicos y, para colmo, su inviolabilidad con la que obligaba al Estado a hacerse cargo de las gratificaciones entregadas a sus despechadas `amigas´ por los servicios carnales prestados. Todo un truhán y un señor, como cantaba aquel.

Un tinglado de complicidades en las más altas instancias del Estado para supuestamente defender el andamiaje político que se construyó en la Transición sobre la institución que el intocable representa. Y que no dudó en valerse de los servicios de inteligencia para “limpiar” las sucias huellas de sus deslices inapropiados, como cuando sometieron a acoso a la empresaria alemana, con la que cruzó continentes en secreto y se dejó fotografiar en actos oficiales sin rubor alguno mientras vivieron un romance, por negarse a devolver los 100 millones de dólares que el intocable le había regalado en forma de “donación irrevocabñle” y que después reclamaba. Un dinero, por cierto, obtenido de un país árabe rico en petróleo por la adjudicación de las obras del  tren de Alta Velocidad. Y un romance que acabó en pleito y puso al descubierto la catadura de unos personajes que vivían, entre achuchones, un mundo de adulterios, codicia, corrupción, espionaje y cacería de elefantes.    

O cuando aquella otra, conocida por su afición a deslumbrar como vedette, que después de una relación de más de 15 años, recibió 25 millones de las antiguas pesetas por no hacer público el material que grabó, la muy cuca, de sus encuentros. Y que no contenta con ello, logró un acuerdo por el que, además obtendría otros 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros), divididos en un primer desembolso de 100 millones y el resto en pagos anuales de 50 millones, durante 10 años, por destruir esas grabaciones. ¿Qué contenían de tanto valor?

Indudablemente, su valor radica no sólo en las  acrobacias amatorias de sus protagonistas, sino en las insinuaciones y confidencias que se hacían entre ellos, referidos, entre otros asuntos, a lo que sabía el intocable sobre el frustrado golpe de Estado antes de que produjera. Comentarios bajo las sábanas acerca del general Alfonso Armada, preceptor militar y secretario de su casa durante 12 años, quien, por su implicación en la intentona golpista, “ha pasado siete años en la cárcel, cariño, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. ¡Jamás! En cambio, este otro está largando…” El otro al que se refiere el intocable es Sabino Fernández Campo, también jefe de su casa hasta que prescindió de él y que, según el libro de memorias de José Bono, dijo que el intocable no esperaba tiros cuando escuchó los disparos en el Congreso el día del golpe. ¿Esperaba algo el intocable?

Demasiada impunidad y demasiadas zonas oscuras en el desempeño de las supremas funciones del intocable que deberían ser esclarecidas y corregidas por el bien de nuestra convivencia en democracia y para no tener que transigir con similares barbaridades soberanas en el futuro. De lo contrario, sería preferible modificar el sistema por otro en que el jefe supremo no sea intocable y fuera elegido cada cierto tiempo por los ciudadanos, sin más historias. Digo yo.       

La cara del rey

Pedro Sánchez, tras merecer la confianza por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para ser proclamado presidente del Gobierno, prometió ante el rey Felipe VI, en un acto celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, “cumplir con las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros”. 

Era la tercera vez, desde que promovió la moción de censura contra Mariano Rajoy en julio de 2018, que el líder socialista protagoniza este trámite protocolario sobre un ejemplar de la Carta Magna, asistido por la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, como notaria mayor del Reino. Y del que fueron testigos la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y el del Consejo General del Poder Judicial por suplencia, Vicente Guilarte.

Aunque se trata de un acto de escasa duración, de poco más de dos minutos, indistinguible de los anteriores, esta vez destacó por un detalle que a nadie pasó inadvertido: el semblante excesivamente serio y circunspecto del rey. El monarca mantuvo una expresión de ceño fruncido desde que recibió a la presidenta del Congreso con la comunicación del resultado del proceso de investidura y durante el acto del juramento constitucional del presidente del Gobierno. Una expresión inédita, entre enfado y preocupación, que se presta a ser relacionada con alguna circunstancia que no parece ser de su agrado.

A falta de una explicación oficial, es plausible especular con que al rey le disgustase la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. Si ese fuese el motivo, su gesto delataría una reacción inoportuna que contrasta con la que lució en enero de 2020, cuando la entonces presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, le informó también que Sánchez había sido investido. ¿Qué le molesta, hoy, al rey para poner esa cara?

Ante la ausencia de aclaraciones fidedignas, y siguiendo el hilo argumental arriba expuesto, cabría suponer que el rey se sentiría contrariado con la concesión de una amnistía a quienes él mismo había amonestado de manera expresa, en alocución televisada en octubre de 2017, por el “inaceptable intento de secesión en una parte del territorio nacional”, en la que advirtió, además, que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”.

Si tal fuera el caso, sería comprensible que Su Majestad se sintiera especialmente molesto con un Gobierno que nace llevándole la contraria y que, en cierto modo, premia a los que él recriminó por su conducta inaceptable y condenable. Un enfado comprensible pero injustificable, por cuanto, como Jefe de Estado de una monarquía parlamentaria, su función se limita a ejercer un papel moderador y tasado, en el que todos sus actos han de ser refrendados por el Gobierno. Mostrar disconformidad con una decisión gubernamental no cabe entre sus atribuciones  ni es acorde con una democracia que establece que la soberanía reside en la ciudadanía española, que es la que elige a quienes la gobernarán. De ahí que el rey reine, pero no le está permitido gobernar.

Con todo, lo más grave sería que el rictus facial del rey ponga en evidencia sus simpatías ideológicas, legítimas a título personal para depositar su voto secreto en unas elecciones, pero en modo alguno para insinuar públicamente sus preferencias políticas, coincidentes o no con los postulados o actuaciones de cualquier formación representada en el Parlamento. Al rey no se le está permitido evidenciar ni adoptar decisiones políticas. Si así lo hiciera, el régimen de España no sería una democracia, pues la soberanía popular dejaría de estar en el pueblo español sino en el rey, y el rey no es elegido. Es un símbolo, sin más, y así ha de comportarse: absoluta y escrupulosamente neutral.

Por eso la Constitución establece que el rey “no tiene responsabilidad” sobre lo que firma, incluido, si se le presentase, la futura ley de amnistía. Su función se limita a “sancionar las leyes con su firma”, puesto que esas leyes llevarán consigo el refrendo del cargo político competente y del Gobierno surgido de la voluntad popular.

Poner caras que denoten su estado anímico durante un acto oficial, más allá de las que diplomáticamente sean pertinentes y hasta aconsejables, no entra en su cometido como rey ni en el ejercicio profesional de su alta magistratura como Jefe de Estado. Esas caras han de reservase para el ámbito privado de su intimidad. A menos que, como sugiere Javier Aroca en un comentario publicado en elDiario.es, el rey sea incapaz de disimular una dolorosa situación, la del estreñimiento. En ese caso, tiene suerte Su Majestad de vivir en Madrid, la ciudad que dispone de la mejor fruta de España. Sería aconsejable que el rey coma fruta, como pregona Isabel Díaz Ayuso desde la galería de invitados del Congreso, porque la fibra de las frutas ayuda a evitar esa calamidad intestinal que le tuerce el rostro.  

Ni católico ni monárquico

Espero no espantar a nadie si admito que no soy católico (y de ninguna otra religión) ni monárquico. Pertenecer a ellas por tradición o costumbre –como suele la mayoría de sus acólitos- me parece ilógico y acomodaticio. Soy arisco a ambas sectas por personal elección racional. He de reconocer, no obstante, que mis padres me prestaron ayuda, pues no corrieron a bautizarme hasta que yo fuera capaz de tener una opinión al respecto. Y, evidentemente, elegí no hacerlo. Pero la elección de la monarquía no ha estado a mi alcance ni a la de nadie, pues nos la incluyeron de manera inseparable, como los suplementos dominicales de los periódicos,  con la Constitución. Ello no obsta para que siga prefiriendo la república a una monarquía.

Porque, por un parte, para mí, creer en un ser sobrenatural y eterno que, en función de mandamientos y normas sospechosamente humanos, nos impone una tutela moral a nuestras vidas más allá de cualquier consideración ética del bien y del mal, me parece de un infantilismo supino, más propio de supersticiosos y miedosos de la soledad ontológica que producto de un razonamiento crítico.

Y por otra, pienso que la máxima representación del Estado de un país civilizado –un símbolo convenido en democracia- recaiga por herencia  en el linaje de una familia determinada, me resulta no sólo ingenuo sino un arcaísmo que se arrastra desde cuando considerábamos, por ignorancia o fantasías de poder, que los reyes eran encarnaciones de los dioses. Por todo ello, no creo ni en dios ni en el rey. Es más, desconfío de religiones y de coronas inviolables y sucesorias, por muy parlamentarias que sean estas últimas.

Dicho lo cual, creo que, desde esa percepción externa carente de vínculos afectivos o tradicionalistas, podría aportar algún comentario, tal vez menos subjetivo que el de los acólitos aludidos, acerca de la curiosa coincidencia temporal y espacial (aquí y ahora) que se ha producido hace unos días con la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica de nuestro país y el juramento (que no promesa, que sería lo correcto en un acto civil y no religioso) de la Constitución, realizado por la heredera al trono de España, la princesa Leonor de Borbón Ortiz.

Son dos hechos distintos, pero no distantes ni nimios, que afectan a los símbolos de los poderes, divino y terrenal, que aun subyugan nuestra convivencia como comunidad supuestamente libre y democrática. Aparte de rituales y anécdotas, la monarquía y la iglesia son instituciones atávicas que han controlado -y controlan- a veces con hierro y otras con guantes de seda, los destinos de los españoles desde hace siglos, incluido el largo paréntesis de la dictadura, de la que la iglesia formó parte imprescindible para ahormar el espíritu religioso e ideológico de varias generaciones de españoles, y de la también emanó, por capricho arbitrario del dictador, la restauración de la actual dinastía borbónica que reina España, con la bendición "a posteriori" de la Constitución. De ahí que no sorprendan esos cuatro minutos de aplausos que dedicaron sus señorías parlamentarias al discurso de la princesa.

Ha sido un hollywoodense espectáculo de márketing, con salva de cañonazos, paseos en Rolls Royce, calles llenas de banderolas en las farolas, pantallas de televisión gigantescas en plazas madrileñas, reparto gratis de pastelitos con los colores de la enseña de España y empalagosos reportajes de televisión y prensa, la soporífera ceremonia de juramento a la Constitución de la princesa Leonor al cumplir 18 años, su mayoría de edad. Se alimentaba así, entronizándola como heredera al trono y a la futura Jefatura del Estado, la añoranza de una institución obsoleta que ha perdido casi todo el prestigio que consiguió cuando el rey Juan Carlos I hizo lo que tenía que hacer, apoyar la legalidad constitucional frente al golpe de Estado del teniente coronel Tejero, pero que ese mismo rey, ahora exiliado en una monarquía "hermana" árabe, dilapidó con sus desmanes personales y económicos.

Aunque quisiéramos, es un régimen del que no podemos libranos democráticamente porque nos está vedado gracias a la práctica imposibilidad de modificar la Constitución. En vez de votar un Jefe de Estado en unas elecciones o destituirlo en virtud de un proceso parlamentario, los españoles "disfrutamos" de una monarquía que solo tiene dos salidas: la abdicación o el derrocamiento, ninguna de ellas por decisión soberana del pueblo en las urnas. Mientras tanto, los ciudadanos hemos de asumir como elementos intrínsecos de la institución los privilegios que rodean a la familia real, las desigualdades que entraña y los insoportables cultos a la personalidad del monarca y su prole, como el que se ha producido con el acto de la princesa Leonor. ¿Todavía alguien estima más conveniente la monarquía que una república? ¿Qué miedos nos han inoculado para creer tal cosa?

Pero si el poder terrenal es motivo de desconfianza, el "divino", representado y ejercido por la Iglesia, no es más tranquilizador. Y entre los muchos miedos que genera la iglesia, católica en este caso, figura no el de arder en el infierno sino el daño físico y psíquico que causa en los niños, criaturas indefensas y vulnerables que son víctimas de pederastia cuando se acercan con ingenuidad e inocencia a las sotanas de algunos de sus pastores. Un daño que, por otra parte, siempre se ha sospechado o sabido y nunca denunciado, pero que a raíz de un informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, realizado por encargo de las Cortes Generales, se ha podido conocer, cuantificar y señalar responsabilidades.

El amplio informe, fruto de un trabajo no exento de obstrucción y opacidad por parte de muchas diócesis, recopila los abusos que se produjeron entre los años 60 y 90 del siglo pasado en el ámbito religioso, lo que permite hacer una extrapolación estadística y sociológica que arroja un resultado de más de 400.000 víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia Católica española, casi el uno por ciento de la población total. Pero la jerarquía eclesial, lejos de asumir el resultado del informe, con el cinismo con el que siempre ha procurado ocultar estos hechos acaecidos en su seno, ha intentado ahora minimizarlos y "contextualizarlos" con los producidos en otros ámbitos, como si eso restara gravedad y responsabilidad a lo sucedido tras los muros de las iglesias, parroquias, colegios religiosos, seminarios, etc.

Sin embargo, los datos revelan, para sonrojo de feligreses y ateos, que la Iglesia Católica española encabeza las iglesias del orbe católico en las que los depredadores sexuales de niños vestían hábitos religiosos y tenían colgados crucifijos del pecho. Y en la que era común encubrir a estos pederastas trasladándolos de parroquia o diócesis para negar los hechos. La propia iglesia cometía, de este modo, un doble pecado: el de encubrimiento y el de complicidad, que se añadían a la crueldad que se perpetraba en sus templos y demás espacios e instituciones dependientes de la Iglesia Católica de nuestro país.

La hipocresía exhibida por la Conferencia Episcopal ha sido inmensa, a la hora de valorar el alcance de un problema que, en cualquier otro ámbito, hubiera acarreado importantes consecuencias penales y sociales. Y la ha mostrado porque, como entidad privada que disfruta de enormes privilegios, trata de eludir su responsabilidad, negar reparación a las víctimas y ser reacia a pedir perdón de modo sincero y honesto. Una actitud sorprendente, pues, aunque sea sabido que este asunto de la pederastia en la Iglesia Católica es global y en cada país se ha abordado y tratado de forma desigual, la resistencia de la jerarquía eclesial española no tiene comparación con la reacción que ha tenido en otros países. Hasta el Papa se ha visto obligado a convocar a los obispos españoles a una reunión extraordinaria en el Vaticano, prevista para finales de noviembre. Si bien el objeto de la misma es abordar la inspección de los seminarios en España, no pasa desapercibido que se produce en el contexto de la investigación de los abusos a menores en la iglesia.

Está visto que, por mucho que lo nieguen, el reino de las religiones -de todas ellas- está en este mundo, donde cometen los mismos abusos y atropellos que cualquier otro poder, aunque se escuden en las aspiraciones espirituales y morales con las que intentan adoctrinar a creyentes y no creyentes. Miedo me dan. Pero, con todo, todavía no sé de qué desconfío más: si de las religiones o de las monarquías. Mirándolo bien, asemejan idéntico tinglado. Es para pensárselo un rato, ¿no creen?