No vivimos para sustos. Si no es una pandemia, es un volcán
que empieza a echar lava de súbito, la invasión rusa en Ucrania o un genocidio
en Gaza por parte de un Israel inhumano.
Por si nos parecía poco, también asistimos al secuestro -vía
militari-
del presidente de un país sudamericano por un quítame allá unos pozos de
petróleo y a otra guerra más, esta vez contra la antigua Persia, por el mismo
motivo e idéntico autor, el energúmeno que gobierna EE.UU. Todavía más, para
acabar de los nervios: tras las increíbles amenazas de anexionarse por la cara
Groenlandia, Cuba y Panamá, tuvimos que soportar el uso de subidas
unilaterales, increíbles y arbitrarias de aranceles como chantaje en las
políticas comerciales de Trump con el resto del mundo. Solo China le mantuvo el
pulso. Y, por otros motivos, también España, que se negó a incrementar su
aportación a la OTAN y a ceder las bases de utilización conjunta en nuestro
país para librar la guerra ilegal, desproporcionada e injustificada de USA
contra Irán.
Así, pues, cuando ya creíamos que con las olas de calor
-cada año más intensas y extensas- habíamos acumulado todos los motivos de
insomnio, decenas de miles de subsaharianos y marroquíes entran de forma ilegal
y al mogollón en Ceuta, esquivando el espigón fronterizo y echándose al mar a
nado o con flotadores. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y dejaron en mal
lugar a nuestro país. Se lo pusieron fácil a esos que solo necesitan cualquier
excusa para proferir las más apocalípticas catástrofes y desgracias que
obedecen, según ellos, al calamitoso y nefasto Gobierno que hemos votado y que
hasta las próximas elecciones no piensa dejar de gobernar, aunque le cueste
aprobar cualquier ley en un Parlamento fragmentado.
La cuestión es que, para colmo de sustos, entre 70.000 y
75.000 inmigrantes (hombres y niños, mayoritariamente) cruzaron y entraron de
forma ilegal el 30 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, en el transcurso de
solo un día y colapsando absolutamente la frontera y a las fuerzas policiales
encargadas de custodiarla. Una cantidad enorme de personas que desbordaron las
capacidades de gestión y de acogida de una ciudad de solo 83.000 habitantes
que, de un día para otro, dobló su población.
Por desgracia, más de 140 personas murieron en el intento
de cruzar la frontera, contando los cuerpos aparecidos en aguas españolas y
marroquíes. Fue el carísimo precio de la desesperación. Y aunque la mayoría ha
regresado por donde vinieron, el problema de saturación sigue existiendo ahora
en los centros de menores de Ceuta, ciudad que acoge a más de 1.000 menores
inmigrantes tutelados en unas instalaciones con capacidad solo para 30. A los
que se suman cerca de 1.500 que aun deambulan por las calles o se esconden para
no ser repatriados. Un problema que supera todas las previsiones.
Esta situación, que solo por su volumen es inédita, ha dado
pie a que la derecha y la extrema derecha culpabilicen al Gobierno,
declarándolo responsable de todo, hasta de poner en peligro la integridad
territorial de Europa. No obstante, Ceuta ya venía soportando una presión
migratoria desde antiguo, como se repite periódicamente en Canarias y Melilla,
al menos desde 2005, por su ubicación geográfica fronteriza. En 2021, sin ir
más lejos, más de 5.000 personas entraron en la ciudad al relajar Marruecos sus
controles como protesta por la acogida hospitalaria en nuestro país de un líder
del Frente Polisario. Casi todos los años, con la llegada del buen tiempo, se
suceden llegadas migratorias semejantes, bien en pateras o saltando verjas, en
estas fronteras sureñas del continente europeo, si bien es verdad que no con
tanta intensidad.
Sin embargo, a la derecha supuestamente civilizada que
representa el Partido Popular (PP) le ha faltado tiempo para relacionar estos
hechos con la reciente regularización de inmigrantes que ya vivían y trabajaban
en España -proceso finalizado y que exigía unos plazos de residencia
demostrada-, afirmando que creaba un “factor de atracción”. Es lo que suele
calificar de “efecto llamada”. Como si fuese necesario llamar a los migrantes
de la parte empobrecida del mundo para que se busquen las habichuelas en la parte
próspera, separadas solo por un espigón o una valla metálica.
Y para la ultraderecha, con sus exageraciones habituales, el
cruce masivo en la frontera fue, sin más, una invasión, una avalancha
y una guerra, frente a lo cual hacía un llamamiento a los “españoles”
para que hagan lo que se supone no hace el Gobierno: el enfrentamiento y la
expulsión violenta y sin contemplaciones ni garantías. Había que “cazarlos o
pescarlos” clamaba, megáfono en ristre, un desalmado dirigente ultra porque,
según ellos, todos los inmigrantes, sin excepción, son delincuentes y
representan un peligro para nuestra sociedad.
Pero no fueron los únicos. El populismo de derechas de
Europa y Norteamérica también aprovechó para barrer para casa e irradiar su
ideología racista y xenófoba. La primera ministra italiana, la radical Giorgia
Meloni, se apresuró a suspender el espacio Schengen y aplicar controles
fronterizos a los pasajeros no comunitarios procedentes de España. Responde con
una manida estrategia emocional, común a todas las derechas, de utilizar la
inmigración como recurso de movilización electoral, cuando ni sus propias
iniciativas, como esos centros para solicitantes de asilo ubicados en Albania,
no consiguen el respaldo legal de la justicia italiana.
Por su parte, el imprevisible y siempre bocazas Donald Trump
también relacionó las imágenes fronterizas de Ceuta con lo podría pasar en su
país si se deja de aplicar la política salvaje del ICE contra los inmigrantes
en USA, que hasta muertos ha causado entre ciudadanos norteamericanos. Incluso
Elon Musk, que no pierde ocasión para aportar su pullita, se permitió comparar
la “invasión” ceutí con las espeluznantes escenas de la película de zombis Guerra
Mundial Z, en su obsesión por identificar los migrantes con una enfermedad
contagiosa que amenaza nuestra existencia. Qué se puede esperar de quien gusta
saludar al estilo nazi.
Más aun, algunas democracias europeas que comparten el
proyecto común, como Finlandia y Suecia, también cuestionaron la actuación de
España al criticar que hay “países que no cumplen con su obligación de proteger
las fronteras”. Entre el vocerío alarmista destaca que el Vaticano haya sido
uno de los pocos Estados que ha evitado la demagogia fácil del racismo y la
agitación interesada del miedo, limitándose a pedir, en cambio, atención
humanitaria para los migrantes.
Y es que todo el que ha podido sacar rédito con lo sucedido
en Ceuta lo ha hecho, destacando solo lo que le convenía y eludiendo lo
relevante del asunto. Porque en Ceuta no se ha producido únicamente una crisis
migratoria, sino un conflicto complejo en el que confluyen presiones
diplomáticas, limitaciones estructurales, intereses estratégicos y polarización
política. Es decir, había de todo menos lealtad institucional, honestidad
intelectual y política de Estado.
Nadie se preocupó por hacer un pormenorizado análisis de los
acontecimientos y del colapso humanitario sufridos en Ceuta. Las críticas se
centraron en exigir mayor dureza (¿tal vez militar, con cañoneras en la costa?)
en los controles fronterizos para repeler esos intentos de entrada ilegal y
denunciar la incapacidad de nuestros servicios de información para detectar y
prever estos movimientos. También cuestionaron que el Gobierno no exigiera
responsabilidades al reino de Marruecos por no controlar a su población.
Son críticas válidas pero superficiales e interesadas, por
cuanto no profundizan en el uso de los movimientos migratorios como
instrumentos de presión política, interferir en decisiones económicas u obtener
concesiones de otros Estados. “No buscan solo abrir un paso, sino sembrar
incertidumbres, desgastar instituciones y dividir a las democracias”, señala la
exministra de Exteriores Arancha González Laya en un artículo. Máxime si estas
crisis se producen entre países que mantienen una delicada y ambivalente
relación de vecindad por cuestiones de soberanía, tanto por las plazas
españolas en el norte de África como por la descolonización y reconocimiento
del Sáhara Occidental. Ambos asuntos constituyen el elefante blanco para la
diplomacia española-marroquí.
A ello habría que sumar las últimas políticas de la Unión
Europea (UE) que mutan hacia potenciar la seguridad presuntamente debilitada de
los Estados frente a los derechos humanos, en respuesta al avance de la
ultraderecha en gobiernos europeos. Gana peso el relato que supedita los
derechos a la seguridad supuestamente amenazada por la inmigración. De ahí que
la UE financie a Marruecos con millones de euros para la gestión de fronteras,
la lucha contra las mafias de personas y el control de los flujos migratorios,
y deje en segundo lugar los derechos inherentes que amparan al migrante.
Además, por si fuera poco, Marruecos se ha lineado con
EE.UU. en los Acuerdos de Abraham, promovidos en 2020 durante el primer mandato
de Trump, para la normalización de relaciones entre Rabat e Israel a cambio del
reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara
Occidental, en perjuicio de la paz israelí-palestina. No es de extrañar, por
tanto, que el embajador israelí ante la ONU pusiera en cuestión la soberanía
española de Ceuta y la propia Casa Blanca responsabilizara de la crisis a las
políticas “globalistas” y de “extrema izquierda” de España.
Es decir, cada cual arrimó el ascua a su sardina para
aprovechar la situación en beneficio propio, obviando el problema real y
desentendiéndose olímpicamente de quienes siempre pierden: los propios
inmigrantes, algunos de los cuales pagan con su vida. Declaraciones que
evidencian una instrumentalización vomitiva de la crisis y que no aportan
ninguna iniciativa tendente al abordaje del problema espinoso de la frontera
entre Europa y África, ninguna actuación coordinada y eficaz, ni la más simple
alusión a una respuesta europea sobre su frontera exterior, más allá de la
retórica contra España y de exigencia de una mayor dureza policial.
Pero si la complejidad no fuera ya mayúscula, hay que sumar
al conflicto el triángulo de relaciones de España con Marruecos y Argelia,
sabiendo que los dos países árabes se profesan mutua animadversión y compiten
por el poder y la influencia regional en el Magreb. Estrechar relaciones con
uno genera desconfianza y hasta desencuentros con el otro, incluso
incumplimientos de contratos. España intenta mantener un delicado equilibrio en
sus relaciones con los dos países norteafricanos, a los que califica de ”socio
estratégico”, cuando se refiere a Argelia por la dependencia que tiene del gas
argelino, y de “nación amiga” a Marruecos, con el que le une lazos históricos,
culturales y económicos. Pero ambos países difieren, hasta romper sus
relaciones diplomáticas, por su actitud sobre el Sáhara Occidental, en la que
Argelia apoya al Frente Polisario y Marruecos reclama la soberanía de la
antigua colonia española.
No es solo, pues, una crisis migratoria lo sucedido en
Ceuta, sino una encrucijada geoestratégica con múltiples ingredientes, donde
algunos utilizaron y probablemente promovieron movimientos migratorios como
modo de presión, otros como arma electoral, sin que faltaran quienes corrieron
para argumentar amenazas e infundir miedo y odio entre la población.
Allí confluyeron dos maneras de entender la convivencia: los
que levantan muros entre países o razas y los que prefieren defender los
derechos humanos, migrantes incluidos, protegiéndoles la vida y respetándoles
su dignidad como personas, y también a la población ceutí. Ni los migrantes ni
los ceutíes han de sufrir las consecuencias de maniobras políticas que los
ignoran y desprecian, utilizándolos solo como piezas de un ajedrez
geoestratégico.
No se
puede ni se debe afrontar ninguna crisis migratoria renunciando a las
herramientas legislativas y el ordenamiento legal con los que garantizamos, en
un Estado de Derecho, los derechos y libertades de las personas, tanto
nacionales como extranjeras. Y si son menores de edad, con mayor firmeza aun con
el fin de evaluar circunstancias y evitar situaciones de vulnerabilidad. Es lo
que se espera de un país democrático, sujeto al imperio de la ley, y civilizado
como es España. Todo lo demás es charlatanería miserable y cortoplacista que no
resuelve nada
