martes, 9 de junio de 2026

Una de barquitos

Desde hace algún tiempo me sorprendo relacionando el juego juvenil de los barquitos con hechos que acontecen en mi entorno personal. Y no es que yo fuera un practicante asiduo de este entretenimiento barato y simple, que habré jugado como mucho en menos de diez ocasiones a lo largo de toda mi vida -la mayoría de ellas con mis nietas-, ni tampoco de los que perciben o viven la vejez como una etapa de pérdidas y decrepitud. Pero el dichoso jueguecito me viene a la cabeza cada vez que una nefasta noticia afecta a alguien que conozco y con el que he tenido alguna relación de cercanía física. Una curiosa combinación con el pasatiempo juvenil que mi mente relaciona con una situación vital. Cosas de la edad, supongo.

La cuestión es que, al parecer, la partida de los barquitos la disputo con la muerte, mi contrincante en este macabro juego mental. Es ella la autora que hace agua, toca o hunde las “embarcaciones” que dispongo en el tablero imaginario del que formo parte. Y, así, cada vez que fallece alguien conocido de mi entorno -amigo, vecino o familiar-, lo relaciono de inmediato con los resultados posibles del juego.

El caso es que, en corto espacio de tiempo, han fallecido dos vecinos en el edificio donde su ubica mi vivienda y, aparte de lamentarlo emocional y humanamente, no he podido evitar pensar que, con sus muertes, habían hundido dos barcos de mi tablero vital y que mi contrincante se acercaba peligrosamente a la destrucción de mi estrategia defensiva. Un pensamiento similar me había embargado anteriormente cuando asistí, en el curso de pocos años, al entierro de un compañero entrañable del trabajo, jubilado como yo, y cuando un familiar acabó de manera prematura en la tumba. Se trata de un juego mortal en el que, cuando sufro un achaque de cierta importancia, considero que me han “tocado”. Percibo esas situaciones como especie de embates mortíferos que, como los aciertos en la batalla de los barquitos, amenazan las fortalezas de mi integridad, al barco que me representa en ese damero maldito, sin que logren hundirlo… de momento.

La relación en esta etapa crepuscular de mi vida con el juego de los barquitos no es ningún desvarío senil ni una patología psiquiátrica, sino simplemente una forma de asumir banalmente el inevitable destino que a todos nos aguarda como seres vivos: la muerte.  Un destino que, a partir de determinada edad, se vislumbra mucho más cercano e insoportablemente probable. Tal vez parezca un juego macabro para quienes tienen toda la vida por delante y ni siquiera piensan en desaparecer, porque creen que la muerte es cosa que concierne a otros, a los viejos, y que con ellos no va, ya que “la muerte es, para los jóvenes, un naufragio y para los viejos, llegar a puerto”, como diría Baltasar Gracián. Pero cuando ves que tus conocidos, vecinos y familiares, con edades comprendidas en tu misma generación, van desapareciendo a tu alrededor, no puedes dejar de imaginar que integras la lista de objetivos a los que está tratando de hundir tu adversaria la muerte. Porque estás llegando, tú también, a puerto.

Entonces es mejor asumirlo como un juego más que con miedo obsesivo. Y jugarlo como un divertimento mental que apenas afecta a la conducta, salvo esos segundos en que se tarda en declarar “agua, tocado o hundido” cualquier ataque de la guadaña a tu entorno, para continuar seguidamente con las rutinas y dedicaciones diarias que colman de propósitos y contenidos la vida. Al fin y al cabo, como dijo Benedetti, “la muerte es solo un síntoma de que hubo vida”.

No es más que una manera de restarle importancia a la certeza pesada y grave de la muerte, tratándola como un juego de estrategias simplonas en un marco que permite limitadas opciones, para que no influya de manera dominante en la capacidad de regir nuestra vida hasta el último suspiro, cuando seamos final y fatalmente hundidos. Por eso relaciono últimamente la muerte con los barquitos. Y lo hago, al menos, mientras compruebo que hacen agua, tocan o hunden cualquier “barco” de mi tablero, sin que ello impida, más bien lo contrario, que emprenda nuevos proyectos vitales. Es decir, seguir jugando en tanto en cuanto mantenga conciencia de mí mismo, ya que la muerte es la disolución de esa conciencia. O, como pensaba Borges, “la vida es una muerte que viene”. Así que tira, que te toca, ingrata.      

lunes, 1 de junio de 2026

No todo vale

Resulta que los votos no son la única manera de tumbar a un gobierno cuando sus adversarios están decididos a desalojarlo del poder sin aguardar al veredicto de las urnas. El respeto a los procedimientos democráticos que los ciudadanos consideraban sagrados no siempre se cumple por los impacientes dispuestos al “todo vale” con tal de acceder al poder, por quienes se valen de atajos mediáticos, judiciales, policiales y de manipulación política para conseguir desgastar y obligar a renunciar a un gobierno, sea de mayoría absoluta o minoritario con apoyos parlamentarios, surgido de unas elecciones.

La lealtad política, institucional y democrática brilla por su ausencia cada vez que se recurren a tales métodos espurios de ejercer oposición. Y en España, desde hace tiempo, esta deslealtad irrespetuosa e irresponsable viene empleándose para desbancar al Gobierno desde que, en 2018, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, presentó una moción de censura al Gobierno conservador del Partido Popular (PP), presidido por Mariano Rajoy, que fue apoyada por la mayoría del Congreso de los Diputados, siendo la primera moción que tiene éxito desde la restauración de la democracia en España.

Aquella moción victoriosa venía motivada porque el PP, a tenor de las investigaciones del llamado caso Gürtel, mantenía una estructura de contabilidad “paralela” (caja B) de financiación ilegal, con la que también retribuía a altos dirigentes de la organización (entre otros, figuran apuntes a “M.Rajoy” en dicha contabilidad), mediante un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, según sentencia de la Audiencia Nacional. Es decir, se debió a la corrupción del PP confirmada por sentencia judicial. Y se justificó, como señaló Sánchez en el debate, porque “la corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aun en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad”. 

Se inicia, entonces, una campaña por deslegitimar, con razones o sin ellas, al nuevo Gobierno por parte del partido que fue desalojado abruptamente del poder, en 2018, mediante aquella moción que permitió a Sánchez ser presidente de Gobierno. El socialista se convertía, de este modo, no solo en el primer presidente que resulta investido gracias a una moción de censura, sino además en el primero que lo consigue sin ser diputado desde que existe la democracia de 1977, pues había renunciado al acta de diputado en 2016 para no compartir la decisión de “abstención técnica” que su partido había adoptado para facilitar la investidura de Rajoy. También sería el primer presidente español que domina el idioma inglés. Muchas, quizá demasiadas, novedades para el “presidencialismo” español.

Hay que recordar que el PP había ganado por mayoría simple las elecciones de 2016 y Mariano Rajoy, tras cuatro meses de negociaciones, fue investido con los apoyos de Ciudadanos y otras formaciones de la derecha, más la abstención del PSOE, en una segunda sesión de investidura. Ese gobierno conservador duró hasta 2018, cuando le fue retirada la confianza del Congreso con la cuarta moción de censura registrada en la historia de la democracia y la segunda de la XII legislatura, una de Podemos y otra del PSOE, ambas contra Mariano Rajoy.

Y con su final se ponía en marcha una campaña de desprestigio y desgaste que Rajoy exhibió ausentándose de su escaño para no reconocer con su presencia la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, legitimidad avalada por los votos del Congreso. Rajoy abandonó su escaño durante horas, ofreciendo aquella imagen del bolso de la vicepresidenta ocupando su lugar, mientras se debatía la moción y jamás volvió a sentarse en él como expresidente. Se limitó asistir dos minutos durante la segunda sesión del debate de la moción para ser el primero en felicitar al nuevo presidente, al que se acercó corriendo a estrechar la mano antes de desaparecer del hemiciclo. Fue un escueto acto de cortesía parlamentaria. Desde ese momento empezaron en el PP las acusaciones de que “el Gobierno de Sánchez es ilegítimo y se lo debe a los populistas, los viejos amigos de ETA y los enemigos de España”.

Se iniciaba, así, la campaña de “acoso y derribo” al Gobierno socialista, antes incluso de que el expresidente José María Aznar, que ejerce de oráculo del PP, solicitara aquello de que “el que pueda hacer que haga”, frase con la que llamaba a un ataque por cualquier medio contra el Gobierno con las armas que cada cual tenga (mediáticas, judiciales, policiales y políticas). Y es que, para él y los suyos, el presidente Pedro Sánchez representa “un peligro para la democracia”. Y no han parado en el empeño por todos los medios posibles (legales, alegales e ilegales) para tumbar al Gobierno. La derecha, históricamente, siempre ha tenido muy mal perder porque tiene un sentido patrimonialista del poder y considera que le pertenece por “la gracia de Dios”. Piensan que lo normal es que ellos gobiernen, y lo anormal y peligroso sería que lo haga la izquierda.

Así se ha comportado siempre la derecha de este país. Las malas artes, la mezquindad, la mentira y la marrullería han sido herramientas usuales de la derecha a la hora de enfrentarse con el adversario político. Ejemplo palmario fue la acusación de fraude de unas elecciones, en 1993, que tachó de "pucherazo". También en Andalucía, donde Javier Arenas no consiguió, pese a ganar en votos, la presidencia de la Junta. Acariciaba su sueño dorado después de intentarlo como cabeza de lista en múltiples ocasiones. Incluso la CEOE, que apoyó a sus cuates andaluces (CEA), diseñó un cartel que reproducía la imagen de una manzana y un gusano para aquellas elecciones andaluzas. Como se ve, la derecha, tanto política como económica o mediática, suele jugar sucio. 

Y lo sigue haciendo. “Acabar con el Gobierno con todos los medios a nuestro alcance hasta echar a Pedro Sánchez” es la consigna textual para todas sus iniciativas, aunque sin aclarar si han de ser también ilegales, alegales e inmorales, como las que se están produciendo actualmente a través de acusaciones falsas, bulos, información tendenciosa y zafias mentiras sobre Pedro Sánchez, su familia y el Gobierno. No importa: el fin justifica los medios. Y en esas estamos.

De hecho, ya no es solo el partido derrotado el que ejecuta en solitario un plan de acoso que le permita recuperar el poder sin esperar al veredicto de las urnas. Son también todos sus satélites afines los que están confabulados en acabar con el Gobierno socialista. Fundaciones y pseudosindicatos de extrema derecha ejercen la “acción popular” en procesos judiciales contra el Gobierno, su presidente, su familia u otras personalidades ligadas al mismo.

Es lo que se deduce de quienes han conseguido sentar en el banquillo al hermano del presidente por presunto tráfico de influencias y prevaricación, gracias a las acusaciones de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox, Liberum, Iustitia Europea y PP. Toda una camarilla de entidades de marcado cariz ultraderechista que se apuntan a cualquier proceso que pueda deteriorar la confianza en el Gobierno y su credibilidad.

Los mismos que se han juramentado para encausar judicialmente a Begoña Gómez, la esposa del presidente, mediante recortes de prensa de escaso rigor, pero que han servido para que un juez emprenda una instrucción prospectiva sin elementos indiciarios y hasta con un informe en contra de la policía judicial que no halló pruebas de ilicitud en sus cuentas bancarias. Y todo por seguir ejerciendo su trabajo en una Universidad madrileña, como hacía antes de que su marido fuera presidente de Gobierno.

Tan bajo ha llegado ese afán por desprestigiar al mandatario socialista que se intentó construir un falso escándalo por el negocio de saunas que su suegro regentaba y que, según sentencia de la Audiencia Nacional en 2024, era una “actividad privada lícita”. Sin embargo, ello no impidió que el líder del PP preguntara al presidente de Gobierno, en una intervención parlamentaria de hace poco, “¿de qué prostíbulos ha vivido usted?”. Una muestra más del todo vale, hasta la infamia. 

Y es que, desde 2018 hasta hoy, una retahíla de casos judiciales acosa al Gobierno y obstaculiza e, incluso, paraliza su normal desenvolvimiento. Unos fundados y otros, no tanto. En ocho años de mandato socialista, ocho causas se han sumado contra el Ejecutivo, prácticamente a una por año, y una detrás de otra. Son las siguientes:  Casos hermano, esposa, suegro, Cerdán, Leire, Ábalos, Fiscal general y, por último, Zapatero. Para un Gobierno que nació con voluntad de erradicar la corrupción, ya que con ese motivo reemplazó a otro gobierno acusado y condenado por corrupción, parecen demasiados los casos de presunta corrupción que brotan a su alrededor, y todos ellos denunciados por sus adversarios de la derecha. No obstante, sea casualidad o no, de todos ellos deberá defenderse el Gobierno, rendir cuentas y aclarar su actuación en cada caso.

Es lo que exige la ciudadanía y lo que conviene a un sistema democrático, a pesar de que la coincidencia de todos ellos contra el Gobierno en tan breve plazo de tiempo resulte, cuando menos, sospechosa. Son explicaciones más que necesarias para evitar la desconfianza de unos ciudadanos saturados por tantos casos de corrupción que resultan ya indistinguibles: Ábalos/Koldo, Bárcenas, David Sánchez, Gürtel, Begoña Gómez, Leire, Kitchen, Plus Ultra, Cerdán, Zapatero, Aldama, Dana, Adamuz, Montoro, etc. Explicaciones imprescindibles para evitar aquello de lo que prevenía Hannah Arendt: que el individuo más conveniente para un régimen totalitario es el que no distingue la realidad de la ficción. Aclaraciones, por tanto, ineludibles que ayuden a no confundir la realidad con la ficción y no caer presa fácil de manipuladores y demagogos.

Porque la desolación y la desafección del electorado es una carcoma para la democracia. La desconfianza ciudadana en sus dirigentes abona la abstención y desnaturaliza con la ineficacia el sistema democrático. Sólo con transparencia e información, veraz y precisa, se puede combatir y contrarrestar cualquier campaña de acoso y derribo, aunque sea infundada, pero más aun si presenta motivos plausibles o indiciarios.

Es muy probable que asistamos a un cambio de ciclo político, pero este ha de producirse en las urnas y con el voto de los ciudadanos, no a causa de la desinformación, los bulos, las argucias judiciales, la presión mediática y demás artimañas políticas con las que se intenta ganar lo que no se consigue en unas elecciones. En definitiva, sin votos, no todo vale, aunque algunos crean lo contrario y hasta estén confiados en ello. Entre otras cosas, porque les sirve para que estemos hablando de cuestiones judiciales, sin que todavía exista ninguna sentencia, en vez de la acción del Gobierno y de las iniciativas legislativas que ha impulsado en beneficio de la mayoría de la población. Les sirve porque desvía nuestra atención de lo que en realidad nos interesa: salario mínimo, educación, sanidad, empleo, vivienda, pensiones, becas, igualdad, libertades, sostenibilidad, medio ambiente, dependencia, etc. ¡Mira que hay cosas de las hablar!   

lunes, 25 de mayo de 2026

Oporto, más que vinos y puentes

Tenía una espinita clavada con Oporto y por fin me la he quitado. He podido satisfacer el deseo de conocer esta ciudad portuguesa, ribereña del Duero en su desembocadura en el Atlántico. Y la impresión no ha podido ser más grata. Me gustó la ciudad, a pesar de sus cuestas, como me entusiasman los lugares que perviven sin renegar de su pasado mientras luchan por construir un futuro de esperanza y prosperidad.

Es lo que refleja Oporto al visitante: su historia medieval, los signos de decadencia tras la pérdida de las colonias portuguesas y la negra dictadura, y el entusiasmo con que encara un presente de modernidad y progreso. De ahí que Oporto ofrezca mucho más que sus famosos vinos dulzones y las bellas postales de sus puentes impresionantes. Ofrece el tesón por seguir siendo lo que fue sin dejar de evolucionar hacia una ciudad más cómoda y mejor para sus habitantes y, por qué no, para los foráneos que se ven atraídos por sus indudables encantos y su barroca belleza.

Porque lo primero que sorprende a quien no la conoce son sus muros, escondidos tras las edificaciones, que la protegieron en su enclave elevado de los embates de la naturaleza, como el tsunami que arrasó Lisboa tras el terremoto de 1755, donde las aguas y los derrumbes causaron entre 60.000 y 100.000 víctimas mortales. Gracias a esos muros y una falla submarina que frenó la propagación de las ondas sísmicas hacia el norte, el terremoto apenas tuvo impacto en Oporto, a pesar de que se sintió con intensidad. Solo se produjeron superficiales daños materiales, que no llegaron a provocar colapsos en las construcciones ni muertes entre la población. El estuario del río Duero amortiguó la fuerza del mar, evitando que la gran ola alcanzara el centro de la ciudad.

Esa situación elevada, con murallas para impedir las invasiones de suevos y alanos, ya había sido prevista desde los antiguos asentamientos de griegos y romanos, que denominaron Cale al lugar donde un rey suevo de Galicia fortificó un castillo que albergaba viviendas en su interior.  En la base de esa colina se situaba el Portus Cale (Puerto de Cale), origen del topónimo Portugal.

Para los romanos, esa aldea era una parada obligada en la ruta entre Braga y Lisboa. Posteriormente sería tomada por los visigodos hasta que los árabes la conquistaron en el año 716. Con la reconquista, la plaza pasó a manos del rey Alfonso I de Asturias. En 1096, el rey Alfonso VI de León casó a su hija Teresa con Enrique de Borgoña, concediéndole el Condado Portulacense, con capital en Oporto, dependiente del reino de Galicia, que pertenecía, a su vez, al reino de León. Dicho condado se extendía desde el río Miño hasta el Duero. Un hijo de este matrimonio sería el primer rey independiente de Portugal, Alfonso Henríques. Entre tanto, en 1123, se fundó oficialmente la ciudad de Oporto.

Con esos datos básicos, es fácil dejarse llevar por sus callejuelas empedradas, plazas y miradores para admirar el legado cultural y monumental de la ciudad. Y se comprende que la Unesco declarara, en 1996, Patrimonio de la Humanidad a todo su centro histórico. Una ciudad que desde antiguo mantuvo una cierta rivalidad con Lisboa, pues en ella se asentaron comerciantes ingleses de vino que la dotaron, con sus bodegas e industrias subsidiarias, de una indudable pujanza fabril. Un refrán dice que “Lisboa se divierte, Coimbra estudia, Braga reza y Oporto trabaja”. Puede que no sea exacto, pero algo de verdad encierra, cuando menos un sentimiento compartido.

Y esa historia se aprecia también en la Estación de Tren de Säo Bento, en cuyo vestíbulo más de 20.000 azulejos bitonos, azules y blancos, representan hazañas históricas, como la conquista de Ceuta. Hasta la decoración del techo sirve para señalar los límites entre los ríos Miño y Duero del antiguo Condado que dieron origen a Portugal.

Muy cerca de la Estación se halla otro de los edificios más antiguos y señeros de Oporto; la Catedral, conocida como la Sé, ubicada en lo alto de una colina. Su construcción se remonta al siglo XII y combina el románico original con modificaciones en gótico y barroco. Es un buen enclave para otear la ciudad y el cauce del río.

Tampoco hay que dejar de ver, en un recorrido por el centro de la ciudad, la afilada Torre de los Clérigos, de 76 metros de altura, desde donde pueden verse unas vistas panorámicas que abarcan toda la ciudad, el río Duero y la vecina localidad de Vila Nova de Gaia, siempre y cuando se esté en disposición de subir los 240 escalones que dan acceso a la cúspide.

Y para despedirnos de la zona alta, merece la pena acercarse a la parte moderna y de expansión de la ciudad para contemplar, en el extremo superior de la Avenida de los Aliados, el Ayuntamiento de Oporto, un edificio con fachada de granito y mármol, de estilo neoclásico e imagen impresionante. Toda la avenida, cuyo bulevar conecta la Plaza de la Libertad con el Ayuntamiento, representa el corazón neurálgico de Oporto, y el amplio paseo peatonal central está diseñado con jardines y fuentes.

Sin embargo, donde bulle la diversión, la gastronomía y las riadas de turistas es en la zona baja, la famosa ribera o barrio de la Ribeira, la parte baja donde Oporto se deja acariciar por el Duero. Es la zona más fotografiada de la ciudad y en la que se hallan innumerables bares y restaurantes, amén de puestos de souvenir y recuerdos. Desde cualquier punto de su largo paseo, que se extiende desde el Puente de Arrábida hasta el Puente Don Luís I (obra de un discípulo de Gustave Eiffel), los visitantes compiten por capturar en sus móviles las maravillosas imágenes de la cara más conocida de Oporto, la de sus puentes. Es también el lugar donde se pueden contratar paseos en barco (los típicos rabelos, que servían antiguamente para transportar barriles de vino desde los viñedos hasta las bodegas) que recorren el Duero, atravesando por debajo de sus seis puentes -cada uno con su historia-, y que te permiten desembarcar en la orilla opuesta, en el municipio de Vila Nova de Gaia, donde se concentran las bodegas del apreciado y peligroso (por su alta graduación alcohólica para lo apetitoso que es) vino Oporto.

Y desde allí, al atardecer, puede uno completar la visita extasiándose con la puesta del Sol sobre Oporto, una ciudad que es mucho más que sus vinos y sus puentes.                

lunes, 18 de mayo de 2026

El lío de Andalucía

Juanma Moreno, como quiere que le llamen, se ha metido en un lío que le avinagra su indiscutible y robusta victoria en las elecciones autonómicas de Andalucía, dejándole un desagradable sabor de boca. Porque, como anunciaban todos los pronósticos, Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato conservador y actual presidente de Andalucía, ha revalidado el cargo y continuará sentándose en el Palacio de San Termo, sede de la Junta de Andalucía, pero sin haber conseguido la ansiada mayoría absoluta que le permitiera gobernar en solitario.

Ese era su mayor reto, el propósito sobre el que basó toda su campaña electoral, llegando a calificar de lío cualquier otra posibilidad (en realidad, la única a la que se enfrentaba: tener que necesitar apoyos para gobernar). Y, en ese sentido, su triunfo le sabe a derrota porque no lo ha conseguido. Por poco, pero no logró la mayoría absoluta, quedándose solo a dos escaños de conseguirlo. Así, él solo se ha metido en el lío que tanto temía. Su dilema, el lio de Juanma, consistía en tener que recabar los apoyos de la ultraderecha para gobernar, con lo que ello supone, y ha fracasado en el empeño. Va a necesitar a Vox para asegurar su investidura y formar gobierno.

Todo un desastre para el Partido Popular, que se ha visto abocado a esa dependencia en todas las elecciones realizadas hasta la fecha (Extremadura, Castilla y León y Aragón) y que, con ésta de Andalucía, evidencia lo que, en caso de elecciones generales, podría suceder en España: que gobernase con la ultraderecha. Esa percepción de que sólo en unión con los ultras se podría derrotar al Gobierno socialista del PSOE, coaligado con Sumar, más que fortalecer la alternativa al sanchismo, robustece a los socialistas en unas elecciones generales.

De ahí el temor de Juan Manuel Moreno Bonilla por ver también ligado su mandato con la ultraderecha de Vox, el ejemplo definitivo de lo que cabe esperar en una futura convocatoria electoral de carácter general. Y no por miedo a los ultras, sino porque restan votos a la propuesta conservadora.

Aunque peor está el PSOE, que sigue cavando su tumba en lo que era su feudo electoral. Si ya había llegado a su suelo, del que creía no poder descender más, con estas elecciones ha obtenido el peor resultado histórico en Andalucía, perdiendo aun dos escaños por el camino. Una derrota amarga para un partido que fue hegemónico durante décadas y que mantuvo el poder en la Junta de Andalucía durante 36 años. Ni la todopoderosa exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha logrado frenar el descalabro de los socialistas, pendientes aún de pasar página de los escándalos que empañaron sus gobiernos y de presentar un candidato regional que trabaje el territorio e insufle ilusión y confianza al votante socialista.

Las izquierdas alternativas al PSOE, divididas como siempre, no son suficientes para construir un bloque ideológico que equilibre al de la derecha. Restan más que sumar, puesto que se reparten entre ellas el voto de una izquierda huérfana de representación sólida y determinante en el Parlamento de Andalucía.

El enésimo invento de los comunistas (IU), agrupados ahora con Sumar y lo que queda de Podemos bajo el liderazgo de Antonio Maíllo en Por Andalucía, no arranca más escaños que los cinco que ya tenía, viéndose superada por la izquierda soberanista y anticapitalista de Adelante Andalucía, dirigida por José Ignacio García, que suma seis escaños a los dos que tenía en el Parlamento de Andalucía. En su conjunto, renuevan caras, pero mantienen estrategias y fórmulas que apenas atraen a la gente dispuesta a luchar por un mundo mejor y modificar las estructuras económicas que perjudican a los más desfavorecidos.

En fin, con un Parlamento de 109 escaños, en el que el Partido Popular consiguió 53, el PSOE 28, Vox 15, Adelante Andalucía 8 y Por Andalucía 5, el futuro de Andalucía continúa marcado por gobiernos de la derecha que impondrán sus políticas liberales en lo económico y conservadoras en lo social, cultural y moral. Es lo que hemos elegido y será lo que nos merecemos.      

jueves, 7 de mayo de 2026

Lo que nos jugamos el 17 de mayo

Nada a lo que nos expongamos el próximo 17, con las elecciones en Andalucía, será nuevo. Los proyectos o programas de las formaciones en liza son de sobra conocidos, tanto por su literalidad como por su materialización no solo en el pasado, sino por lo acordado e impulsado en el presente. Sabemos, por tanto, lo que nos aguarda tras los resultados de estos comicios en los que nos jugamos la Andalucía en la que nos gustaría vivir.

Porque la disyuntiva es clara: o un gobierno conservador de derechas, en solitario o en coalición, liderado por el Partido Popular (PP), o uno progresista de izquierdas en coalición, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No hay más opciones, sin que ninguna de ellas represente el “lío” del que nos advierte ladinamente el candidato popular y actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el fin de aglutinar el voto en sus siglas para conseguir la mayoría absoluta.

Y es que, con él como favorito en los sondeos, es fácil predecir las iniciativas que impulsaría un Gobierno andaluz bajo su batuta, tanto si lo hace en solitario como en compañía de la ultraderecha, representada por Vox. Ya dio muestras en su primer mandato de su capacidad para sumar los votos de todas las derechas que permitieron el refrendo parlamentario a su investidura.

Aunque ahora haga ascos a firmar acuerdos con Vox, ya lo hizo cuando ganó las elecciones de 2018 y formó coalición de gobierno con Ciudadanos. Pero sin el apoyo parlamentario suscrito con Vox, no hubiera sumado los votos necesarios para ser presidente de la Junta de Andalucía. Posibilitaba así que, por primera vez, se produjera la alternancia política en Andalucía, gobernada durante 36 años por el PSOE, pero también el acceso de la ultraderecha a las instituciones y que pudiera ejercer su influencia en los ejecutivos que precisan de su apoyo.

Fue la primera vez, en efecto, que, en España, la extrema derecha conseguía influir en las políticas de los gobiernos del Partido Popular. Una “novedad” que se inició en Andalucía de la mano de Moreno Bonilla. Y lo hizo sin despeinarse y con la sonrisa con la que desde entonces intenta aparentar ser amable, moderado, simpático y fiable.

Y si ya entonces no tuvo reparos en firmar un pacto por escrito con Ciudadanos y Vox, hoy también lo suscribiría desde el primer minuto en que se conozca el resultado electoral, si fuera necesario y salieran las cuentas. Además, por si hubiera dudas, es justamente lo que está haciendo su formación en todos los lugares en que ha necesitado el apoyo de la ultraderecha para formar gobierno.

En Andalucía no será, pues, diferente la estrategia de pactos del PP del que forma parte Moreno Bonilla. Y asumirá, llegado el caso, todas las políticas que le imponga su socio de extrema derecha, como han hecho los gobiernos del PP en Extremadura, Aragón, Castilla y león, Valencia y Murcia. Es decir, criminalizar al inmigrante, cuestionar la violencia machista, negar el cambio climático, aumentar la desigualdad social con el nuevo reclamo de “prioridad nacional”, adelgazar y deteriorar los servicios públicos (sanidad y educación, fundamentalmente) en beneficio de la iniciativa privada y, en definitiva, imponer progresivamente un modelo neoliberal de sociedad que abandona a los más desfavorecidos o necesitados a su suerte.

Aunque lo temamos, es lo que sabemos que hará si, como en aquellas comunidades, necesitara a Vox para gobernar. Pero lo que calla es que lo haría de cualquier forma porque su ideario es coincidente con el de la extrema derecha y solo se diferencian en la gradación a la hora de aplicarlo.

De ahí que un gobierno en solitario del PP en Andalucía no ofrezca ninguna posibilidad de políticas distintas a las que implementaría en coalición con la extrema derecha, salvo en su inmediata contundencia y sin la máscara de la hipocresía.

El de Moreno Bonilla sería semejante, en su ejecutoria y objetivos, al gobierno de Ayuso en Madrid, donde se aplican recortes a la sanidad pública mientras se aprueba la creación de nuevos hospitales privados y se concierta con ellos la prestación de los servicios más rentables. Y donde se ahoga a universidades y colegios al reducirles la financiación, aparte de otras medidas de igual talante.

O al del gobierno de Valencia, que inauguró el modelo fracasado de la privatización de hospitales, con el de Alzira en 1999, como sistema de colaboración público-privada, que aumentó la deuda y empeoró la asistencia sanitaria.

Y es que el programa que comparten todos ellos es el mismo: el del Partido Popular, cuyo objetivo ideológico es la implantación de una sociedad regida por el neoliberalismo económico, el libre mercado y la libertad individual (para sufragarse sus propias necesidades), sin que el estado regule o intervenga en nada, ni siquiera en defensa de los más débiles, los que carecen de oportunidades.

Su mantra es la reducción de impuestos, que beneficia fundamentalmente a los más pudientes, y la eliminación de “gastos” de la Administración, que perjudica a los que no pueden costearse ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni la dependencia, ni el desempleo, ni la seguridad, ni la cultura, aparte de otras muchas carencias. Y la defensa a ultranza de los valores tradicionales de España, como la familia, el matrimonio heterosexual, la religión católica, la lengua castellana y la unidad homogénea de España, lo que lo enfrenta a la diversidad cultural y social del país, a las lenguas que se hablan en determinadas comunidades autónomas (euskera, gallego y catalán), a la libertad sexual y religiosa y, en definitiva, a la pluralidad de la sociedad española y el respeto al diferente.

Unas políticas que tienen consecuencias para los ciudadanos, a veces letales. No es casual que haya sido en Madrid donde se registró la mayor mortalidad en las residencias de ancianos por la pandemia de la Covid-19 en 2020. 7.291 ancianos murieron sin asistencia médica porque el protocolo que estableció la Comunidad impedía trasladarlos a los hospitales, excepto los que tuvieran un seguro médico con clínicas privadas. Al parecer, los viejos pobres podrían colapsar unos hospitales públicos, ya de por sí desbordados, no solo por la pandemia, sino por los recortes que sufrieron con las políticas que desmantelan la sanidad pública.     

Con idénticas medidas restrictivas, junto a la incapacidad para gestionar una crisis, en la Valencia gobernada por el PP murieron 238 personas a causa de una dana que provocó las peores riadas de la historia de este país. Se priorizó confrontar con el Gobierno a procurar la actuación coordinada entre las distintas administraciones para hacer frente a la catástrofe. Por eso, no es casualidad que estos desastres golpeen con mayor intensidad en territorios que regatean recursos a los servicios públicos.  

Es lo que sucedió en Castilla y León y Galicia, en el verano de 2025, donde la falta de recursos y de inversiones en la prevención de incendios forestales facilitó que se registren en esas comunidades una oleada de incendios histórica en Europa, con más de 403.000 hectáreas quemadas. La alta temporalidad con que se contratan los agentes forestales, con un modelo laboral precario, la externalización del servicio y el abandono de las zonas rurales, a causa de políticas de reducción del gasto, hicieron posible la voracidad inaudita de esos incendios.

Y es lo explica que en Andalucía más de 2.317 mujeres (4.000 según otros cálculos) estén afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama y el consiguiente retraso en los diagnósticos. El servicio de radiodiagnóstico del mayor hospital de la comunidad no daba para más -a pesar de haberlo denunciado a la consejería de Salud en repetidas ocasiones-, dado la reducción de personal al que se vio sometido por unas políticas que recortan recursos a la sanidad pública. Según la asociación AMAMA, al menos cuatro mujeres han muerto y decenas de ellas han desarrollado tumores debido a tales retrasos en el diagnóstico y falta de tratamiento.   

No hay que ser, pues, ningún adivino para saber a lo que nos exponemos a partir del próximo 17 de mayo. Y la única manera de afrontarlo es con nuestro voto, si votamos con la cabeza en vez de con las emociones, a las que tanto apelan los partidos en liza. Nunca antes había sido tan decisivo. Nos jugamos la Andalucía que anhelamos, ni más ni menos.