Viernes, 16: Presentación

El viernes 16 de octubre, a las 7 de la tarde, tengo el placer de presentar, junto a José Alfonso Bolaños, mi último libro Microrrelatos y Aforismos. Píldoras literarias, en la librería Botica de Lectores, sita en la Avd. República Argentina, 15, de Sevilla. El acto consistirá en un diálogo entre el prologuista de la obra y yo, abierto a la participación de los asistentes, para descubrir las claves y las causas de un libro tan sorprendente como personal. Estáis todos invitados. La entrada será libre, hasta completar aforo.

¿Es la vivienda un derecho?

No es una pregunta capciosa, sino pertinente ante la expulsión violenta y forzosa, con gran despliegue policial, de su vivienda en el barrio madrileño de El Retiro de una inquilina de 87 años, sumamente vulnerable (por edad, recursos y contexto familiar), que llevaba 70 años pagando su alquiler puntualmente. Su padre había alquilado el piso en 1956, que se subrogó a su madre y, finalmente, la hija continuó arrendándolo bajo un contrato de renta antigua (modalidad que se prorroga automáticamente y de precio congelado), por 500 euros mensuales, sin ningún impago.

Con los años, el piso ha cambiado dos veces de propietario hasta acabar en manos de un fondo de inversión. Estos nuevos propietarios le exigieron actualizar el alquiler y los 2.650 euros de mensualidad, para su pensión de 1.350 euros, eran inasumibles, por lo que se activaron los mecanismos legales para echarla de la vivienda. Su caso, no obstante, solo es uno de los muchos que sufren diariamente los inquilinos de viviendas en nuestro país. Y lo que nos incita a reiterar la pregunta: ¿es la vivienda un derecho?

El desahucio de esta inquilina nos mueve a pensar que el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47 reconociendo a todas las personas el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, es más formal que material. Es decir, constitucionalmente se reconoce un derecho como norma (formal), pero sus efectos y contenido no acaban de regularse, por muchas leyes de la vivienda que se hayan elaborado, para que sea efectivo (material), como otros derechos.

Porque el de la vivienda no parece un derecho tan protegido como el de la salud (Art. 43) o el de educación (Art. 27). Y no lo es porque ni los legisladores que lo redactaron ni los gobiernos que podían desarrollarlo han querido hacerlo, aunque tuvieran instrumentos para ello. Todo “arreglo” introducido en su desarrollo ha sido obligado por las circunstancias -como las acampadas en la actualidad-, entre otras razones, porque el derecho a la vivienda colisiona frontalmente con otro derecho: el derecho a la propiedad. Cualquier mejora en uno va en detrimento del otro. Y por esta razón asistimos hoy, perplejos, a desahucios forzosos y violentos de personas indefensas por mor de la voracidad del mercado.

Inmersos en el capitalismo, hemos naturalizado la existencia de un mercado inmobiliario. Asumimos como “normal” que la vivienda sea tratada como una mercancía más, sujeta a la dinámica de la oferta y la demanda, que es la que determina los precios. Este negocio inmobiliario es uno de los más activos de la economía, hasta el punto de crecer y fortalecerse cada vez más con medidas legales que lo protegen y amparan. Y ello hace que la ley priorice el derecho del casero al del inquilino a tener una vivienda.

Y es que, mientras actuamos como propietarios y podemos esperar plusvalías de nuestros inmuebles, nos parece fantástico este sistema. Pero si somos inquilinos o poseedores de una deuda hipotecaria, que incrementa sin parar su mensualidad, el mercado nos resulta sumamente injusto. ¡Dónde queda, entonces, ese supuesto derecho a la vivienda?

Es un problema que no siempre ha sido así, aunque el pobre siempre ha estado destinado a tener una vivienda precaria. En el mundo rural, el campesino se construía su propia vivienda o accedía a la casa adscrita a la tierra del señor feudal o cacique para el que trabajaba de sol a sol. Y en las urbes, las masas trabajadoras podían aspirar a viviendas protegidas patrocinadas por administraciones públicas, gremios industriales (telefónica, tabacalera, etc.) o patronazgos de cualquier tipo (sociales, religiosos, militares, sindicales, etc.). O, simplemente, arrendar una vivienda de renta congelada, como la de la que ha sido desahuciada la inquilina madrileña.

Es relativamente reciente la necesidad de que el mercado sea la vía exclusiva para acceder a una vivienda y que el precio sea el filtro que discrimina a quien aspira a disfrutar de ese derecho, en función del poder adquisitivo. Se trata de una consecuencia inevitable del capitalismo, que ha conseguido que todas las necesidades o aspectos de la sociedad sean satisfechos por el mercado. Una lógica que pocos discuten y todos acatamos, porque hemos interiorizado la búsqueda obsesionada del beneficio o la riqueza por encima de cualquier otra consideración. El beneficio como único objetivo en la vida. Tanto como decir que ya solo pensamos y actuamos economísticamente, como diría Tony Judt.

De este modo, la vivienda ha devenido producto mercantil sumamente goloso para particulares, empresas, entidades financieras e instituciones públicas. Todos esperan obtener pingues beneficios de ella. En especial, la privilegiada iniciativa privada, que llena las ciudades de grúas que acaparan los espacios disponibles en los que levantar barrios enteros de viviendas, inasequibles para los jóvenes o no tan jóvenes con salarios insuficientes para el ahorro. Los ayuntamientos, que gestionan la política de vivienda al tener transferidas tales competencias, son los primeros que transaccionan con el sector privado para recaudar suculentos ingresos que engordan las arcas públicas. Así, en vez de proporcionar un servicio público, cual es facilitar el derecho a la vivienda, favorecen que este sea provisto por el sector privado, devaluando el interés común frente al interés particular o el beneficio individual del sector privado.

¿Cómo corregir esta anomalía? Pues, sin inventar nada ni troceando decretos, recuperando la oferta de vivienda pública, sin ánimo de lucro y fuera del mercado, que equilibre el peso que actualmente monopoliza la oferta privada. De igual manera que coexisten la medicina pública con la privada y la enseñanza pública y la privada, el derecho a la vivienda también puede garantizarse con la construcción de viviendas de titularidad pública, en paralelo con las de promoción privada.

Porque lo que impide disfrutar del derecho a la vivienda es que el porcentaje de vivienda pública o social, de titularidad autonómica o municipal, es solo del 3,4 por ciento, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 9 por ciento. El resto del parque inmobiliario corresponde a la iniciativa privada. Ello ocasiona un desequilibrio escandaloso y sangrante, por cuanto la escasez de vivienda social perjudica gravemente a una gran parte de la población, a los más necesitados y vulnerables, que no pueden costearse el acceso a una vivienda a través de la iniciativa privada.

Además, para favorecer la equidad en la adquisición de una vivienda, sería perentorio que las administraciones autonómicas y municipales solo pudieran adjudicar el suelo público a la construcción de viviendas sociales y no a ofertas del sector privado. Porque elevar sustancialmente el porcentaje de vivienda pública hasta el 15 o 20 por ciento permitiría que la vivienda fuese en verdad un derecho material y no un negocio solo para pudientes y fondos buitres. Todas estas medidas posibilitarían, en última instancia, que los alquileres contuvieran su espiral demencial de crecimiento, al contar con un parque inmobiliario regulado y con precios tasados ajenos a la especulación.

Si esta compatibilidad de lo público con lo privado ya funciona con el derecho a la salud y a la educación, a pesar de todas sus deficiencias e insatisfacciones (nada es perfecto), ¿por qué no se efectúa con la misma intensidad con la vivienda? ¿Es que acaso la vivienda no es igualmente un derecho?

Es función de un Estado social y de derecho procurar el bienestar de los ciudadanos, proporcionando ciertos bienes y servicios por el simple hecho de que son de interés público. Y porque constituyen derechos irrenunciables. Pero, sobre todo, porque todos necesitamos servicios o bienes (como la vivienda) cuyos costes compartimos entre todos mediante una fiscalidad progresiva, como también señaló el citado Judt en Algo va mal. Podemos, por tanto, exigirlos mediante manifestaciones, concentraciones, acampadas, pero, fundamentalmente, votando. Somos nosotros los que elegimos a quienes nos gobiernan y sus políticas socioeconómicas. Que no se nos olvide.        

Culpable de ser quien es

El juez Peinado culmina su estrambótica y arbitraria investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, con el auto de apertura de juicio oral, acusándola, dicho a las claras, del “delito” de ser la mujer del presidente. Es lo que se deduce de un sumario de 67 páginas que firmó seis días antes de su jubilación, en el que el magistrado, tras más de dos años de instruir el caso a partir de una denuncia presentada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, concluye que Begoña Gómez “se aprovechó de su condición de esposa del presidente para extender una red de influencias y proyectar su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid”, por lo que inevitablemente cometió los delitos de tráfico de influencia y malversación.

El juez Peinado ha llevado a cabo una instrucción sobre las actividades académicas de la mujer del presidente, buscando prospectivamente indicios delictivos de hechos de la denuncia que han quedado fuera de la causa (adjudicación de contratos al empresario Barrabés), para acabar enviándola a juicio oral por otros ilícitos distintos que no se concretan, atribuyéndole un aprovechamiento de su condición de mujer del presidente. Un aprovechamiento inútil porque el juez ha sido incapaz de especificar el beneficio económico que obtuvo la acusada por ese presunto tráfico de influencias.

Además, en un auto tan errabundo como arbitrario, el juez Peinado considera que la acusada utilizó el apoyo de su asistente en La Moncloa para ejercer su actividad profesional y académica, a pesar de tratarse de actuaciones completamente ajenas a las "funciones institucionales” que el magistrado imagina le corresponden como cónyuge del presidente. En razón a ello, la acusa, junto a la asistente, de malversación en la contratación de su ayudante.

Por este presunto e inverosímil delito, el juez quiso imputar también al ministro Félix Bolaños porque el nombramiento de la asistente se realizó cuando este era director general de Presidencia. Pero el Tribunal Supremo rechazó la propuesta del juez. No obstante, también llegó a imputar durante un tiempo a los sucesores del ministro en el cargo por el mismo motivo, aunque finalmente retiró las imputaciones. No pudo escarbar más.   

Y aunque no se vislumbra ni un atisbo de conductas criminales en base a los hechos investigados, el ínclito juez Peinado ha querido darse un homenaje por su jubilación enviando al banquillo a Begoña Gómez, acusada, por lo que se deduce de su auto, de ser la esposa del presidente del Gobierno. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!

Puede parecer una broma (de mal gusto) o una debilidad senil (peor gusto aun) elaborar una causa sin sustento jurídico sólido y que asemeje una utilización de la justicia con fines políticos, pero la condena del anterior fiscal general del Estado, en noviembre de 2025, sin que la sentencia demuestre su culpabilidad, por el delito de revelación de supuestos datos reservados que conocían más de un centenar de personas, en relación con la publicación de una nota aclaratoria sobre la investigación de un presunto fraude a Hacienda -reconocido por el propio defraudador- que afectaba a la pareja de una conocida política madrileña, demuestra que un sector importante de la justicia actúa con fines espurios y ajenos a su función. Evidencia que hay una confrontación judicial contra el Gobierno.

Y lo que es más grave: que a sus autores no les importa el descrédito reputacional que le hacen con sus actuaciones a la justicia, como poder independiente que garantiza el cumplimiento de la ley en un Estado de derecho y como sustento de la democracia.

Aquella sentencia, escribía el exjuez Garzón, que condenó al exfiscal general ha marcado un antes y un después en la concepción y la credibilidad que se tiene de la justicia. Y la instrucción rocambolesca del juez Peinado participa de lleno en vaciar de contenido a la justicia, que debería estar caracterizada por la virtud como institución social, del mismo modo que la verdad en los sistemas de pensamiento, como afirmaba el filósofo John Rawls.

Ese “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, es lo que se conoce como lawfare (anglicismo que proviene de law (derecho) y warfare (guerra), según la definición de Vollenweider y Romano citada en el libro de Garzón (La democracia amenazada, Planeta, 2026).

Un lawfare al que el juez Peinado se ha sumado poniéndole la guinda de una instrucción que pasará a los anales de la injusticia.        

Viaje a Mercurio

El planeta Mercurio, el más pequeño -un poco más grande que nuestra Luna- y cercano al Sol, es el menos explorado del Sistema Solar y el que más incógnitas presenta para la ciencia. La razón es sencilla: enviar naves hasta allí es sumamente complicado, casi una odisea. En la historia de la carrera espacial, solo dos misiones norteamericanas tuvieron por finalidad estudiar el planeta: la Mariner 10 de la NASA, en 1974, y la Messenger, en 2011, que realizaron sendos sobrevuelos sobre el planeta, aportando datos insospechados sobre su débil campo magnético y de su superficie, llena de cráteres, muy parecida a la de Luna. Los soviéticos, ni en su mejor época de esplendor astronáutico, desarrollaron campaña alguna sobre Mercurio. Y los chinos, en la actualidad, solo lo incluyen como un objetivo a medio plazo, a partir de la siguiente década.

Mercurio, como Venus, la Tierra y Marte, es un planeta rocoso. Su estructura interna está dominada por un enorme núcleo de hierro, mucho más grande, en comparación, que el de la Tierra. Y no tiene atmósfera, sino una delgada exosfera formada por átomos expulsados de la superficie por el viento solar y el impacto de los meteoritos. Es un planeta, en suma, que ofrece más misterios que respuestas.   

Y por ello es digno de destacar la misión que la Agencia Espacial Europea (ESA), junto a la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), está a punto de coronar su objetivo para la investigación de Mercurio. Es la primera misión europea al planeta menos explorado del Sistema Solar.  Se trata de la misión BepiColombo, una nave compuesta por dos orbitadores científicos independientes: el Orbitador Planetario a Mercurio (MPO, por sus siglas en inglés), de la ESA, enfocado a estudiar la superficie del planeta, su geología y composición interior; y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio ((MMO), de la JAXA, destinado a analizar el campo magnético y la magnetosfera de Mercurio.

El objetivo de la misión será desvelar algunos de los misterios del planeta, estudiando su superficie, su estructura interna y su gran núcleo, además del origen de su campo magnético, las dinámicas de su magnetosfera y cómo interactúa con el viento solar. También elaborará mapas globales y tomará imágenes de sus formaciones para comprender mejor los procesos geológicos, la actividad tectónica y otros fenómenos que presenta su superficie (como volcanes y depósitos de hielo polar en cráteres donde no llega la luz solar) que permitirán saber más sobre su origen y comprender mejor la evolución del planeta.

Pero ninguno de esos módulos orbitadores aterrizará en Mercurio, sino que lo sobrevolarán a diferentes alturas para estudiarlo desde el espacio. Lo que acaban de hacer es separarse del Módulo de Transferencia (Mercury Transfer Module, MTM), la sonda que, tras un viaje de ocho años desde que fuera lanzada en 2018 por un cohete Arianne 5, ha estado proporcionando al conjunto la energía y la propulsión necesarias para llegar hasta las cercanías del planeta. Aun así, y todavía a más de tres millones de kilómetros de su objetivo, la llegada de estos orbitadores requerirá un proceso gradual de maniobras de aproximación que se extenderá a lo largo de los próximos meses. Se espera que entren en órbita a finales de noviembre y que comiencen a transmitir datos a partir de abril del próximo año.

El nombre de la misión es un homenaje al matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), conocido por haber explicado las peculiares características de rotación de Mercurio, un planeta que gira alrededor del Sol describiendo una órbita muy corta y rápida, lo que hace que un año mercuriano dure solo 88 días terrestres. Sin embargo, rota sobre su eje a un ritmo muy lento, tanto que un día de Mercurio es como 58 días de la Tierra.

Esta combinación de rotación lenta y traslación rápida origina un hecho curioso: el Sol tarda mucho en salir y ponerse. Y hay veces que amanece dos veces en ciertos lugares del planeta. Y en el lado opuesto, también anochece dos veces. Ello se debe a que, durante días previos al perihelio, cuando el planeta está más cerca del Sol, la velocidad de traslación supera momentáneamente a la de rotación, causando que el movimiento aparente del Sol se invierta durante un tiempo. Es decir, en ciertos lugares de Mercurio, un observador podría ver salir el Sol hasta la mitad de su recorrido, después volver a ponerse parcialmente para, al final, volver a salir antes de ponerse del todo, y todo ello en un solo día mercurial.  

Por otra parte, este pequeño y veloz planeta posee un débil campo magnético global (aprox., el 1 % del terrestre), cuyo origen y geometría desconcierta a los científicos, pues, en teoría, un mundo tan pequeño debería haberse enfriado y solidificado hace millones de años, apagando el núcleo interno que genera el magnetismo. Sin embargo, su eje magnético está desplazado cerca de 500 kilómetros al norte del centro geográfico del planeta, lo que provoca que el escudo magnético sea mucho más débil en el hemisferio sur.

Ya durante el primer sobrevuelo de la sonda BepiColombo (que ha realizado nueve sobrevuelos -uno a la Tierra, dos a Venus y seis a Mercurio- para ralentizar su “caída” hacia el Sol antes de entrar en órbita alrededor del planeta), los instrumentos detectaron que los electrones de la magnetosfera caen precipitados directamente contra la superficie, emitiendo rayos X. Son como auroras boreales que tocan el suelo.

Todos estos misterios -y los que todavía se ignoran- constituyen el objetivo de la misión BepiColombo que ya hace su aproximación final al planeta Mercurio. Se espera que su investigación aporte datos que revolucionen los precarios conocimientos que se tienen del planeta y ayuden a desentrañar incógnitas acerca del origen de su campo magnético, su inusual densidad interna y la composición geológica de su superficie.

Mientras en la Tierra seguimos a la greña por acaparar riquezas y poder, la Ciencia espacial nos permite conocer el entorno sideral en que nos hallamos y valorar exactamente lo que representamos en relación con la inmensidad del Universo. Por eso es tan conveniente como interesante seguir los avances y descubrimientos de la investigación espacial. Como esta misión de la Agencia Espacial Europea en colaboración con la japonesa. Ojalá logre un éxito rotundo.

Una princesa en la universidad

Ha sido noticia digna de portadas (El País, 8/9/26) que la princesa Leonor de Borbón, hija del rey Felipe VI, inicie sus estudios universitarios y curse la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. En pantalones vaqueros y rodeada de alumnos y profesores (los escoltas del servicio secreto no aparecían en las imágenes), tanto la joven princesa (con su vestuario y gestos) como los artífices de organizar el evento ante la opinión pública (Gabinete de Comunicación y Protocolo de la Casa Real) parecen querer subrayar la “normalidad” de un hecho que, no obstante, mereció ser destacado en los medios de comunicación de masas, junto a titulares sobre la crisis de Ceuta, el acceso de la extrema derecha al gobierno de un estado alemán o la última novedad en la instrucción judicial contra el expresidente Zapatero.

Como si fuera una alumna más, aunque heredera a portar sobre su cabeza la corona del reino de España, la princesa (parece que narramos un cuento de hadas) iniciaba sus estudios universitarios. Y a pesar de su apariencia de normalidad, incluso cercana y familiar, el hecho fue destacado no solo por las revistas del corazón, sino que ocupó portadas de la prensa supuestamente seria y formal.

Pero nada en ella es normal, aunque se empeñe la Zarzuela en intentar dar esa imagen. La futura reina de España sigue al pie de la letra un detallado plan, no solo formativo sino también institucional, elaborado concienzudamente desde la Casa Real para construir su imagen pública como una figura cercana al pueblo, que comparte sus mismos retos (¡ha de estudiar, caramba!) y que se prepara para asumir cuando corresponda las altísimas responsabilidades de la Jefatura del Estado. Se instruye a quien está destinada a ser reina de España y se trata de modernizar, al mismo tiempo, a una institución monárquica que presenta más manchas que brillos.

Así, la distinguida alumna, no en vano princesa, fue recibida a las puertas de la universidad, en medio de una multitud de estudiantes, vecinos y curiosos, por el mismísimo rector de la universidad, la vicerrectora de Estudiantes y el decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Como se hace con todos los nuevos alumnos, supongo. Pero no accedía a la universidad tras un currículo convencional como cualquier bachiller, sino después de haber cursado el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Y tras superar, naturalmente, el proceso de selección para la admisión de estudiantes que realizaron el bachillerato en el extranjero. ¡Difícil papeleta para el comité que la evaluó!

Y es que, por si fuera poco, la princesa Leonor llegaba a la universidad después de haber pasado tres años de preparación militar en las academias del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Por esa etapa “militar” recibirá, en julio de 2027, los reales despachos que la acreditarán como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, además de alférez de navío de la Armada. Ahí es nada, para sus escasos 20 años de edad. Todo muy normal.

Tan normal que los estudios que cursará en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, con una duración de cuatro años, incluyen el análisis de los sistemas políticos junto a materias como Derecho, Economía, Historia y Relaciones Internacionales, entre otras. Unos estudios en los que deberá analizar cómo se organiza el poder, cómo se legitima y cómo se somete al control democrático. Es decir, la princesa se estudiará a sí misma para conocer y legitimar la institución monárquica, ese arcaísmo que ella representa y que encarnará en un futuro inmediato, integrado en un Estado democrático. Pero algo se ha avanzado. Al menos, ya no se considera a los soberanos como representantes de los dioses para gobernar, pero siguen sin ser elegidos por sus representados. ¿Cómo se lo explicarán?

Y para que no haya distingos, la propia princesa ha dejado de manifiesto no querer trato diferencial en una universidad, mira qué casualidad, que lleva el nombre de uno de sus antepasados dinásticos del linaje de los Borbones. Algo así como una universidad bautizada con el nombre de su tatarabuelo, el rey del despotismo ilustrado. También muy normal.

Sin embargo, lo único que no es normal es que, en pleno siglo XXI, sigamos considerando a determinadas personas y sus familias como seres que, por nacimiento, pertenecen a ámbitos superiores e inaccesibles para el resto de los mortales -por ser reyes, princesas, infantas y demás cohorte real-, cuya función social no está sujeta a control ni mucho menos a elección, como corresponde en una democracia.

Por eso, la princesa jamás podrá ser un alumno más, lo que explica la cobertura mediática que ha generado su ingreso en la universidad. Aparte de compaginar su asistencia a clases con sus actividades institucionales (audiencias, visitas, inauguraciones, viajes, discursos, etc.), su exclusiva formación se adecuará a las exigencias de la forma de gobierno que representa, muy alejadas de cualquier consideración de “normalidad”.

Porque ella no va a la universidad para aprender y poder ganarse la vida en lo que desee, sino para “adornar” el trabajo que ya tiene asignado desde que nació con apariencias de “normalidad” y ejemplaridad. Una forma de justificar sus privilegios hereditarios, como primogénita de la familia Borbón -la única línea sucesoria de una monárquica jamás refrendada-, a pesar de que sea la forma de gobierno en España, impuesta después de una larga dictadura, desde que en 1978 se aprobó la Constitución.

Así pues, que una princesa vaya a la universidad no supone que la monarquía parlamentaria española, como forma de gobierno, sea cercana y más “normal” que la legitimidad democrática de un Jefe del Estado elegido en las urnas. Y no lo es porque, a pesar de todas estas modernidades cosméticas, la monarquía es para buena parte de la población española una imposición histórica que “chirría” en una sociedad que ha evolucionado y demanda gobernantes sometidos al control democrático y la rendición de cuentas, sin impunidades ni inviolabilidades legales que blinden sus desmanes penales y conductas inmorales.