Lo que nos jugamos el 17 de mayo

Nada a lo que nos expongamos el próximo 17, con las elecciones en Andalucía, será nuevo. Los proyectos o programas de las formaciones en lisa son de sobra conocidos, tanto por su literalidad como por su materialización no solo en el pasado, sino por lo acordado e impulsado en el presente. Sabemos, por tanto, lo que nos aguarda tras los resultados de estos comicios en los que nos jugamos la Andalucía en la que nos gustaría vivir.

Porque la disyuntiva es clara: o un gobierno conservador de derechas, en solitario o en coalición, liderado por el Partido Popular (PP), o uno progresista de izquierdas en coalición, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No hay más opciones, sin que ninguna de ellas represente el “lío” del que nos advierte ladinamente el candidato popular y actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el fin de aglutinar el voto en sus siglas para conseguir la mayoría absoluta.

Y es que, con él como favorito en los sondeos, es fácil predecir las iniciativas que impulsaría un Gobierno andaluz bajo su batuta, tanto si lo hace en solitario como en compañía de la ultraderecha, representada por Vox. Ya dio muestras en su primer mandato de su capacidad para sumar los votos de todas las derechas que permitieron el refrendo parlamentario a su investidura.

Aunque ahora haga ascos a firmar acuerdos con Vox, ya lo hizo cuando ganó las elecciones de 2018 y formó coalición de gobierno con Ciudadanos. Pero sin el apoyo parlamentario suscrito con Vox, no hubiera sumado los votos necesarios para ser presidente de la Junta de Andalucía. Posibilitaba así que, por primera vez, se produjera la alternancia política en Andalucía, gobernada durante 36 años por el PSOE, pero también el acceso de la ultraderecha a las instituciones y que pudiera ejercer su influencia en los ejecutivos que precisan de su apoyo.

Fue la primera vez, en efecto, que, en España, la extrema derecha conseguía influir en las políticas de los gobiernos del Partido Popular. Una “novedad” que se inició en Andalucía de la mano de Moreno Bonilla. Y lo hizo sin despeinarse y con la sonrisa con la que desde entonces intenta aparentar ser amable, moderado, simpático y fiable.

Y si ya entonces no tuvo reparos en firmar un pacto por escrito con Ciudadanos y Vox, hoy también lo suscribiría desde el primer minuto en que se conozca el resultado electoral, si fuera necesario y salieran las cuentas. Además, por si hubiera dudas, es justamente lo que está haciendo su formación en todos los lugares en que ha necesitado el apoyo de la ultraderecha para formar gobierno.

En Andalucía no será, pues, diferente la estrategia de pactos del PP del que forma parte Moreno Bonilla. Y asumirá, llegado el caso, todas las políticas que le imponga su socio de extrema derecha, como han hecho los gobiernos del PP en Extremadura, Aragón, Castilla y león, Valencia y Murcia. Es decir, criminalizar al inmigrante, cuestionar la violencia machista, negar el cambio climático, aumentar la desigualdad social con el nuevo reclamo de “prioridad nacional”, adelgazar y deteriorar los servicios públicos (sanidad y educación, fundamentalmente) en beneficio de la iniciativa privada y, en definitiva, imponer progresivamente un modelo neoliberal de sociedad que abandona a los más desfavorecidos o necesitados a su suerte.

Aunque lo temamos, es lo que sabemos que hará si, como en aquellas comunidades, necesitara a Vox para gobernar. Pero lo que calla es que lo haría de cualquier forma porque su ideario es coincidente con el de la extrema derecha y solo se diferencian en la gradación a la hora de aplicarlo.

De ahí que un gobierno en solitario del PP en Andalucía no ofrezca ninguna posibilidad de políticas distintas a las que implementaría en coalición con la extrema derecha, salvo en su inmediata contundencia y sin la máscara de la hipocresía.

El de Moreno Bonilla sería semejante, en su ejecutoria y objetivos, al gobierno de Ayuso en Madrid, donde se aplican recortes a la sanidad pública mientras se aprueba la creación de nuevos hospitales privados y se concierta con ellos la prestación de los servicios más rentables. Y donde se ahoga a universidades y colegios al reducirles la financiación, aparte de otras medidas de igual talante.

O al del gobierno de Valencia, que inauguró el modelo fracasado de la privatización de hospitales, con el de Alzira en 1999, como sistema de colaboración público-privada, que aumentó la deuda y empeoró la asistencia sanitaria.

Y es que el programa que comparten todos ellos es el mismo: el del Partido Popular, cuyo objetivo ideológico es la implantación de una sociedad regida por el neoliberalismo económico, el libre mercado y la libertad individual (para sufragarse sus propias necesidades), sin que el estado regule o intervenga en nada, ni siquiera en defensa de los más débiles, los que carecen de oportunidades.

Su mantra es la reducción de impuestos, que beneficia fundamentalmente a los más pudientes, y la eliminación de “gastos” de la Administración, que perjudica a los que no pueden costearse ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni la dependencia, ni el desempleo, ni la seguridad, ni la cultura, aparte de otras muchas carencias. Y la defensa a ultranza de los valores tradicionales de España, como la familia, el matrimonio heterosexual, la religión católica, la lengua castellana y la unidad homogénea de España, lo que lo enfrenta a la diversidad cultural y social del país, a las lenguas que se hablan en determinadas comunidades autónomas (euskera, gallego y catalán), a la libertad sexual y religiosa y, en definitiva, a la pluralidad de la sociedad española y el respeto al diferente.

Unas políticas que tienen consecuencias para los ciudadanos, a veces letales. No es casual que haya sido en Madrid donde se registró la mayor mortalidad en las residencias de ancianos por la pandemia de la Covid-19 en 2020. 7.291 ancianos murieron sin asistencia médica porque el protocolo que estableció la Comunidad impedía trasladarlos a los hospitales, excepto los que tuvieran un seguro médico con clínicas privadas. Al parecer, los viejos pobres podrían colapsar unos hospitales públicos, ya de por sí desbordados, no solo por la pandemia, sino por los recortes que sufrieron con las políticas que desmantelan la sanidad pública.     

Con idénticas medidas restrictivas, junto a la incapacidad para gestionar una crisis, en la Valencia gobernada por el PP murieron 238 personas a causa de una dana que provocó las peores riadas de la historia de este país. Se priorizó confrontar con el Gobierno a procurar la actuación coordinada entre las distintas administraciones para hacer frente a la catástrofe. Por eso, no es casualidad que estos desastres golpeen con mayor intensidad en territorios que regatean recursos a los servicios públicos.  

Es lo que sucedió en Castilla y León y Galicia, en el verano de 2025, donde la falta de recursos y de inversiones en la prevención de incendios forestales facilitó que se registren en esas comunidades una oleada de incendios histórica en Europa, con más de 403.000 hectáreas quemadas. La alta temporalidad con que se contratan los agentes forestales, con un modelo laboral precario, la externalización del servicio y el abandono de las zonas rurales, a causa de políticas de reducción del gasto, hicieron posible la voracidad inaudita de esos incendios.

Y es lo explica que en Andalucía más de 2.317 mujeres (4.000 según otros cálculos) estén afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama y el consiguiente retraso en los diagnósticos. El servicio de radiodiagnóstico del mayor hospital de la comunidad no daba para más -a pesar de haberlo denunciado a la consejería de Salud en repetidas ocasiones-, dado la reducción de personal al que se vio sometido por unas políticas que recortan recursos a la sanidad pública. Según la asociación AMAMA, al menos cuatro mujeres han muerto y decenas de ellas han desarrollado tumores debido a tales retrasos en el diagnóstico y falta de tratamiento.   

No hay que ser, pues, ningún adivino para saber a lo que nos exponemos a partir del próximo 17 de mayo. Y la única manera de afrontarlo es con nuestro voto, si votamos con la cabeza en vez de con las emociones, a las que tanto apelan los partidos en lisa. Nunca antes había sido tan decisivo. Nos jugamos la Andalucía que anhelamos, ni más ni menos.  

Cumpleaños feliz de Averroes

No todos los años se puede celebrar el 900º aniversario del nacimiento de un personaje ilustre de la historia. Pero el pasado abril tuvimos ocasión de hacerlo. Se cumplía ese mes el noningentésimo aniversario del nacimiento, en la Córdoba andalusí de 1126, de Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd, más conocido como Averroes, un pensador erudito al que muchos consideran el mayor representante del racionalismo islámico, pues subordinaba la fe a la razón.

Nueve siglos que no apagan la luz de quien contribuyó a alumbrar el devenir del desarrollo cultural de Occidente, ya que su defensa de la razón frente a la fe religiosa lo convierte en una figura clave de la evolución del pensamiento occidental y un precursor de la modernidad intelectual. Y un puente entre el saber clásico (fue un lector y traductor de Aristóteles) y el mundo latino medieval, hasta el punto de ser considerado un referente de autoridad en la Edad Media e, incluso, el Renacimiento.

Jurista, filósofo, médico, matemático y astrónomo, Averroes provenía de una notable familia de cadís (funcionario judicial islámico, con competencias civiles, judiciales y religiosas, encargado de administrar justicia basándose en la ley religiosa o sharía), como su abuelo y su padre, a quienes sucedería en el cargo. Sus antepasados eran muladíes, descendientes de hispano-visigodos convertidos al islam. Su abuelo (1058-1126), llamado al-Yidd (el abuelo), fue cadí mayor de Córdoba y autor de famosas obras de jurisprudencia. Igual que su padre, del que apenas se conoce su existencia.

Este linaje no solo le otorgó posición, sino también una responsabilidad hacia el estudio y el conocimiento. De ahí que recibiera, en el seno de esa familia, una educación coránica que completaría con la jurídica y más tarde la médica. Esta formación abarcaría conocimientos de teología y del derecho, además de medicina y filosofía. Su erudición extendió su figura más allá de las fronteras de Al-Ándalus, gracias a obras, como el Libro sobre las generalidades de la Medicina, referente en todas las universidades de Europa, y otras de filosofía que dejaron profunda huella en la historia de los hombres, al armonizar el rigor de la lógica con la profundidad de la fe, dos formas de conocimiento que, según él, se complementan, pues no implica que existan verdades diferentes.

La tesis de su pensamiento se basaba en que “la verdad no se opone a la verdad”. Así defiende la armonía entre la revelación religiosa y la razón filosófica. Y es que, para Averroes, la razón es la mejor vía para comprender el sentido profundo y alegórico de las escrituras. De este modo, al afirmar la unidad de la verdad, hizo de la filosofía un saber autónomo, independiente de la teología y la religión. Al mismo tiempo, con ello buscó desactivar el fanatismo y los fundamentalismos que suelen afectar a las religiones, incluso en su tiempo. Desde este punto de vista, Averroes representa la capacidad del conocimiento para tender puentes, para la defensa de la razón y el valor del diálogo entre culturas. Y esa defensa de la razón -la ratio- frente a la fe -la fides- lo convierte no solo en una de las mentes más brillantes de la civilización andalusí, sino en una figura a reivindicar por toda sociedad que se asiente en el conocimiento, la tolerancia y el pensamiento crítico, tan necesarios hoy en día.

Córdoba, lugar de nacimiento de Averroes, rinde tributo a uno de suss pensadores más universales con un monumento que se levanta delante de la muralla histórica de la ciudad, entre las puertas de Almodóvar y de la Luna, al final de la calle Cairuán. Se trata de una escultura con pedestal, sobre el que se erige una estatua que representa a Averroes sentado y sosteniendo un libro sobre sus rodillas. El monumento, que fue realizado por Pablo Yusti Conejo en 1967 y, desde 1985, está catalogado como patrimonio histórico, sirve para honrar la memoria de este erudito andalusí cuyas obras buscaron conciliar la filosofía de Aristóteles (la razón) y la fe islámica (las creencias), dejando un legado que perdura en el tiempo hasta nuestros días.

Novecientos años es, pues, excusa suficiente para conocer a un hombre visionario cuya sombra intelectual se proyecta aun en la actualidad, ya que su vida fue testimonio de su búsqueda incansable de la verdad basada en la razón. Y del que, gracias a sus traducciones al hebreo y al latín y sus comentarios del Estagirita (fue conocido como “El Comentador” de Aristóteles), la Europa Medieval pudo conocer o redescubrir el racionalismo helénico.

Averroes mantuvo siempre su compromiso con la ciencia y el servicio público, la administración del derecho y el ejercicio de la medicina hasta que, en 1195, con la llegada de gobernantes ultraconservadores, fue sometido a un proceso por presunta impiedad, sus escritos fueron prohibidos y sus libros quemados. Fue desterrado a Lucena y acabó como médico en Marrakech (Marruecos), donde falleció en 1198.

Wild América

La “wild América” de la política actual de Estados Unidos (EE.UU.), con su alma proclive al ajuste de cuentas y a la violencia, no deja de emular la época del Far West -la del Lejano, salvaje o viejo Oeste- en cuanto a tiroteos y asesinatos se refiere. También incluso por la existencia de forajidos y malhechores dispuestos a estafar al más pringado y desenfundar a la menor oportunidad.

No es de extrañar, por tanto, que el sábado pasado el presidente Donald Trump fuera objeto del tercer intento frustrado de asesinato. Ya es tener suerte. Y es que no se entiende la historia de ese país sin la violencia que la acompaña desde su fundación. Otros, antes que él, engrosan la lista de cuatro mandatarios estadounidenses asesinados mientras ejercían el cargo a manos de descontentos que recurrieron a la violencia homicida. Y otros tantos fueron atacados tras abandonar el cargo, de los que no todos resultaron ilesos. Alguno llegó a fallecer a consecuencia de las heridas ocasionadas en el atentado.

Desde Abraham Lincoln -el primer presidente asesinado, en 1865- hasta John F. Kennedy -asesinado en 1963-, cuatro presidentes han muerto por causas no naturales, sino a manos de la violencia (incluyendo a James A. Garfield, en 1881, y William McKinley, en 1901). Otros han salido ilesos de los atentados que se cometieron contra ellos. El primero en padecer un intento frustrado de asesinato fue Andrew Jackson, en 1835. Le siguieron Theodore Roosevelt, en 1912; Gerald Ford, que sufrió dos intentonas por asesinarle, ambos en 1975, y Ronald Reagan, en 1981, durante el ejercicio de su mandato y, precisamente, delante del mismo hotel donde han atentado contra Trump. A ellos hay que añadir a George Bush, al que le lanzaron una granada, en el año 2005, que no explotó debido a un fallo del detonador y que pasó desapercibida por el propio Bush y su equipo tras golpear en alguien de la multitud y no alcanzar su objetivo.

No cabe duda de que el inquilino de la Casa Blanca atrae a los pistoleros que intentan asesinarlo, pues en todos los casos se utilizó un arma de fuego. También contra Gerard Ford, al que una mujer, también pistolera, fue la que intentó perpetrar el asesinato en dos ocasiones distintas en breve plazo de tiempo. 

La cuestión es que en ese país las diferencias se resuelven, en casos extremos, a balazo limpio, incluyendo la discrepancia política y los deseos de cambiar la acción y hasta el titular del Gobierno. Pocos países de los considerados democráticos, desarrollados y modernos ofrecen un historial de violencia magnicida y política como EE.UU. Un historial que incluye no solo a los mandatarios del país, sino también a cargos electos estatales, personalidades relevantes y hasta agitadores políticos.

Es de sobra conocido el asesinato del reverendo Martin Luther King, líder por la igualdad racial y los derechos civiles, asesinado en 1968 mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón de un motel.  Otro líder religioso defensor de los derechos humanos, Malcolm Little, más conocido como Malcolm X, sería asesinado anteriormente, en 1965, por sus ideas contra el supremacismo blanco. Cinco años después del asesinato de su hermano presidente, otro pistolero acabó con la vida de Robert F. Kennedy, senador por Nueva York, en 1968.

Con estos antecedentes es fácil caer en la tentación de percibir como normal el reguero de violencia que deja el pueblo norteamericano a lo largo de su historia. Máxime si, en la actualidad, desde 2021, el país ha registrado cinco asesinatos e intentos de asesinato de figuras políticas, una cifra insólita, solo comparable con la relación citada más arriba, de mediados del siglo pasado.

El año pasado, el activista conservador Charlie Kirk, miembro del grupo MAGA, fue blanco de un tiroteo mortal durante un acto en la Universidad de Utah Valley. En 2025, una congresista demócrata en Minnesota, Melissa Hortman, murió tiroteada junto a su marido. Horas antes, el senador John Hoffman fue víctima de un intento de asesinato junto a su esposa. En 2024, se declaró un incendio en la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, cuando este se encontraba en su interior con su familia. Años antes, intentaron atacar a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y, al no encontrarla en su domicilio, hirieron a su marido con un martillo.

El propio Donald Trump fue víctima, en 2024, de un intento frustrado de asesinato, durante un mitin en Pensilvania, en el que una bala disparada por un francotirador le rozó la oreja. Dos meses más tarde, se registró un tiroteo en su club de golf, en Florida, que la policía investigó como otro intento de asesinato. Y el del sábado pasado, en un hotel de Washington, sería el tercer atentado frustrado que sufre el actual presidente norteamericano en menos de dos años.

Tanta violencia explica también el asalto por los seguidores de Trump del Capitolio, en enero de 2021, con la intención de alterar el resultado electoral e impedir la alternancia democrática. Según las estadísticas, la violencia política afecta tanto a demócratas como a republicanos en un país que protege como un derecho inalienable la tenencia de millones de armas de fuego (un arsenal estimado en 400 millones), sin apenas control, en manos de cualquier persona. Resulta espeluznante que el 10,2 % de los votantes republicanos y el 8,3 % de demócratas justifiquen el uso de la violencia para lograr fines políticos, según encuesta de Chicago Projetct on Security & Threats.

Si a ello añadimos una polarización política extrema prolongada y una crispación social fomentada, en muchos casos, desde ámbitos gubernamentales, que exacerba la confrontación violenta e irracional en el espacio político, no resulta extraño que las consecuencias sean el deterioro de la convivencia y el recurso a comportamiento violentos, incluso homicidas, en la sociedad de EE.UU., acostumbrada, por lo que se ve, a resolver sus discrepancias como en el Viejo Oeste, a tiro limpio.

La persistencia de estos hechos evidencia que la “wild América”, lejos de ser algo de un pasado de vaqueros y bandidos, es una amenaza que continúa latente para la democracia y la convivencia no solo de EE.UU., sino del mundo entero por el efecto amplificador de los medios globales y la influencia mundial de la política norteamericana.

¿Qué España prefieres?

Conseguimos salir de una dictadura y transitar hacia una democracia de manera más o menos pacífica y consensuada, aunque es verdad que tuvimos que esperar a la muerte en su cama del dictador. Tal vez por reacción a cuarenta años de represión y censura, disfrutamos de la democracia con una tolerancia y unas ganas de libertad que hicieron de nuestro país un ejemplo de transición ordenada y eficaz; eso sí, con excesiva tendencia al olvido.

En pocos años, pasamos de no poder ver desnudos en el cine a poder casarnos con personas del mismo sexo, si ese era nuestro deseo, y sin obligación de que el matrimonio tuviera que ser administrado, para ser legal, por la iglesia católica. Un sarampión de libertad que, afectando a las costumbres, la cultura, el ocio y la vida misma, caracterizó aquellos lustros de recién estrenada democracia, en la que hasta un alcalde se atrevía a dar la bienvenida a la movida de su ciudad, junto a una actriz con una teta al aire, con una frase que hoy sería rápidamente descalificada: “¡Rockeros, el que no esté colocao que se coloque… y al loro!”.

Más allá de la anécdota, fueron años fecundos en avances libertarios en los que se buscaba la igualdad, la justicia, la tolerancia y la diversidad. Y la reconquista de derechos. Los trabajadores empezaron a ver reconocidos derechos que les habían sido negados, como el de negociación colectiva de convenios y el reproche penal del despido arbitrario o improcedente con la restitución al puesto de trabajo o la indemnización consecuente.

La mujer alcanzaba cotas de igualdad respecto al hombre jamás soñadas y su lucha feminista conquistaba hitos impensables, como decidir sin tutelas sobre su propio cuerpo o su presencia en ámbitos y estratos laborales y sociales que les estaban vetados, además de la legalización del aborto, el divorcio y hasta castigar como delitos los abusos y agresiones sexuales. Por su parte, la educación y la atención sanitaria se extendieron a toda la población, logrando aumentar la formación y la salud de las generaciones posteriores.

Los terratenientes y latifundistas fueron perdiendo el feudalismo señoritil con derecho a pernada que gozaban con la dictadura, cuando eran amos supremos de tierras y vidas, mientras los campesinos dejaron de limosnear trabajo en la plaza del pueblo para disfrutar del derecho al paro agrícola. Casas de cultura, hogares del pensionista, centros de salud, colegios e institutos permitieron a nuestros pueblos no depender de las grandes ciudades para abrazar la modernidad y acceder a recursos y prestaciones socioculturales que no estaban a su alcance.

De considerar las vacaciones un lujo de privilegiados a los viajes del Imserso para los mayores, de no salir del terruño ni en verano a recorrer Europa sin necesidad de pasaporte ni cambio de moneda, de la bicicleta y el tren renqueante al coche con GPS incorporado y el AVE que acorta distancias y tiempo, los avances económicos y sociales se sucedieron con denuedo ilusionante.

Es verdad que se tuvo que entrar en la OTAN para integrarnos en una Comunidad Europea que, gracias a los fondos de cohesión, impulsó y contribuyó a la transformación del país, equiparándonos en infraestructuras y servicios a las modernas naciones de nuestro entorno, hasta el extremo de que ya no miramos con envidia lo extranjero, sino que nos hemos convertido en referente envidiable. Ello posibilitó que nuestros Ejércitos compartieran misiones y maniobras militares con la Organización del Tratado atlantista en su conjunto y que nuestros chuscos generales franquistas, proclives al golpismo, tuvieran que aprender idiomas, participar y colaborar en ejercicios supranacionales con mando foráneo y aceptar la supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil que emana de la soberanía nacional.

De esta forma, y gracias a todos esos avances que acompañaron a la evolución social, dejamos de emigrar a Francia o Alemania, principalmente, y empezamos a recibir inmigrantes de otras latitudes que nos ven como nosotros veíamos aquellos países: una posibilidad de mejora para un futuro digno. España dejó de ser un país de emigrantes (con millones de salidas hasta finales de la década de los 70 del siglo pasado) a convertirse en un receptor de inmigrantes, experimentando una notable transformación demográfica, con más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, un 19 % de la población, según el último censo. Datos que la sitúan por detrás de Alemania y similar a la de Países Bajos o Suecia.

Y emigrábamos por idénticos motivos que impulsan a los inmigrantes que recibimos: guerras, violencia, miseria y falta de trabajo. Ahora, marroquíes, subsaharianos y sudamericanos copan trabajos que por sus condiciones y remuneraciones nosotros esquivamos, pero que agradecimos cuando tuvimos que emigrar, posibilitando la viabilidad de sectores como la agricultura, hostelería, construcción y cuidados de mayores, además de ayudar a mitigar el envejecimiento poblacional. Según estudios, la inmigración realiza una aportación neta positiva al Estado, con una contribución económica mayor que las ayudas que perciben.

Es decir, mientras adquiríamos nuevos derechos y disfrutábamos de crecientes libertades, no nos importó el color de piel ni las creencias y costumbres de quienes hicieron de nuestro país una tabla salvadora para huir del infierno de sus países de origen. De hecho, la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad se vio enriquecida cultural y económicamente con la inmigración, cuyos flujos han permitido, además, el crecimiento de la población española de las últimas décadas.

Pero, al parecer, aquella ilusión democrática con la que enterramos la dictadura y la presencia en las calles de ciudadanos extranjeros que comparten con nosotros las vicisitudes del presente nos ha vuelto desmemoriados, intransigentes y racistas.

Ahora nos aburre votar cada cuatro años, pensamos que todos los partidos son corruptos, que el sistema (político) está agotado, que los derechos y libertades están asegurados para siempre y que los inmigrantes nos quitan el trabajo y acaparan las ayudas que debieran estar destinadas solo a los “nuestros”, a los nacidos aquí. Creemos que la democracia ya no es útil para gobernarnos con la autoridad y determinación que son necesarios y que la diversidad racial y cultural desnaturaliza nuestra identidad como españolitos de recia estirpe. Y ello a pesar de que los servicios y prestaciones de un Estado constitucionalmente Social, que reconoce nuevos derechos y amplía o aumenta protecciones (Estado del bienestar), no deja de crecer cada año, y que la inmigración resuelve dificultades laborales y demográficas de nuestro país.

Peor aún, en la actualidad percibimos la inmigración con prejuicios discriminatorios y actitudes xenófobas que son alimentados por formaciones políticas de índole populista, ultranacionalista o reaccionaria. Una visión sesgada por cuestiones espurias e intereses partidistas que hace hincapié, con mensajes alarmistas, en la llegada y reparto de los inmigrantes que arriban a nuestras costas en pateras (los más pobres y vulnerables de los inmigrantes) y, específicamente, en los Menores No Acompañados (MENA), consiguiendo que relacionemos peligrosamente inmigración con delincuencia, cuando tal relación no se sostiene en datos fehacientes y cuando la inmigración que llega con visado, o sin necesidad de él por acuerdo entre países, es más relevante en términos de volumen e impacto a largo plazo sobre la sociedad y la economía española.

Hemos llegado a tal punto de ceguera y sectarismo que asumimos como sensato y conveniente el término de “prioridad nacional”, en lugar del principio de igualdad, a la hora de entender los derechos y la convivencia en una sociedad democrática. Ahora pretendemos que determinados derechos y la igualdad dependan de la nacionalidad, una discriminación por origen para definir quién merece ayuda, servicios o prestaciones y a quién se los negamos y dejamos en la cuneta. Parece no importarnos que se fomente así una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, un modelo de ciudadanía excluyente, como forma de convivencia, sin que se nos encienda una luz de alarma en el cerebro. Sin pensar que, de ahí a un Trump español que persiga inmigrantes con una desalmada policía de fronteras, va un paso. Y estamos dispuesto a darlo, por lo que parece y se acuerda en cuanto gobierna la extrema derecha.

Entre la España que fuimos y a la que estamos yendo, yo prefiero la primera. Porque, de seguir este rumbo, acabaremos en esa jaula de oro, pero jaula al fin y al cabo, a la que alude un colega columnista. Y para jaulas, ya tengo bastante en las que nos aprisionan los plutócratas y “tecnobros”, sin que nos demos cuentan, esos carceleros autoritarios semifascistas y sus compinches capitalistas que hoy dirigen el mundo a su antojo.

Me niego a levantar nuevas jaulas entre nosotros, ni para los propios (naturales) ni para los extraños (extranjeros) que creen que España es un paraíso de oportunidades, cuando todos estamos luchando por un futuro mejor, digno de personas. Yo sé qué España prefiero y deseo para mis hijos porque somos nosotros los que asumimos y decidimos nuestro futuro.

Soy de los podridos

Resulta que, para algunos, la pluralidad ideológica es un mal insoportable y el adversario político, un enemigo. Solo desde esa mentalidad, se puede alegremente insultar al votante de un partido que no te agrada, tachándolo de ignorante o cosas peores. Es lo que hacen quienes disienten y combaten ideas o iniciativas de alguna formación de la que desconfían, sobre todo si gobierna, mediante insultos, descalificaciones, tergiversaciones o sencillamente mentiras y bulos.

Utilizan lo soez y la agresión verbal como instrumento para el debate político o ideológico, en vez de la confrontación de programas y propuestas para los problemas que a todos conciernen como país. Y la verdad es que es un recurso del que se valen todos los partidos o políticos en mayor o menor medida, pero son los representantes de la derecha y la extrema derecha quienes profieren de manera más constante exabruptos y ataques personales al adversario político y, lo que es peor, insultos a simpatizantes o votantes de otros partidos.    

Ejemplo de ello es la última boutade de una alta personalidad del gobierno de la Comunidad de Madrid, nada menos que el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, famoso por sus insinuaciones y acusaciones insidiosas, la mayoría de ellas gratuitas y sin pruebas, aunque a veces, por esos misterios de la ceguera de la Justicia, no solo quedan impunes, sino que sirven de base para querellas y hasta para condenar al insultado o calumniado.

Tal es la especialidad a la que se ha dedicado este individuo que ocupa un despacho oficial del que emana el argumentario utilizado por su jefa, la ínclita Isabel Díaz Ayuso, cada vez que abre la boca cuando quiere cuestionar al Gobierno de la nación y, en especial al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que llegó a llamar hijo de p... desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.

La boutade a la que me refiero ha venido servida en unos tuits en los que el veterano y polémico político ha asegurado, como si fuera vidente, que el Tribunal Constitucional absolverá al exfiscal general del Estado, en respuesta al recurso presentado por este tras ser condenado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados.

Pero, no contento con mostrar su desconfianza con la independencia de tan alto Tribunal, ha aprovechado que estaba inspirado para, de paso, agredir por escrito a los votantes socialistas, considerándolos como “Un tercio de españoles podrido”.  Insulto que completa, por si no había quedado claro, con otro tuit: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…, Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”. Y se ha quedado tan pancho.

Personalmente, me doy por aludido. Pertenezco a ese porcentaje de población, según MAR, que vota a las izquierdas desde que se pudo hacer en este país, tras la muerte del dictador Franco. Soy, pues, del grupo de los podridos y no consiento la agresión sin defenderme, pero sin caer en aquello del “y tú más”, sino enorgulleciéndome de lo que diferencia mis valores de los que defiende el botarás Rasputín de Ayuso, es decir, del ideario de la derecha.

Y lo haré con los modos y medios con que defiendo mis convicciones: sin insultar ni desprestigiar a mis oponentes ideológicos y partidistas. Entre otras cosas, aparte de por educación, porque estoy convencido de que con diálogo y respeto todos podemos alcanzar acuerdos y lograr una convivencia social en paz y libertad en el marco de las leyes y la democracia, sin sectarismos ni imposiciones.

Cosa que este personaje insultador no puede ni sabe hacer. El modelo social y económico que postula lo pretende defender mediante mentiras, tergiversaciones, amenazas, campañas de desprestigio y bulos. Lo hace ahora y lo ha hecho siempre, como ya en otra ocasión describí. No es de extrañar, por tanto, que su última extravagancia tuitera reproduzca calificativos que suele utilizar cuando busca confrontar con adversarios políticos. Y que su elevado tono despreciativo provenga más del resentimiento y el nerviosismo que de una estrategia de polarización.

Es lo que cabe suponer puesto que, acostumbrado a mentir e insultar con impunidad, no siempre se sale con la suya, afortunadamente. Un nerviosismo que suponemos proviene del hecho de que, a principios de mayo, Miguel Ángel Rodríguez tendrá que declarar como investigado ante un juez por difundir la identidad, con nombres, apellidos y fotografías, de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre la pareja de Ayuso.

Para desacreditarlos, envió un mensaje difamatorio a varios medios, añadiendo, además, que los reporteros habían intentado entrar encapuchados en el domicilio de la presidente de la Comunidad madrileña y que habían “acosado” a los vecinos e, incluso, a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

Con ello intentaba contrarrestar lo que prefería que permaneciera oculto o, cuando menos, pasara desapercibido entre una maraña de bulos, ya que el mensaje lo difundió después de que un medio digital publicase la noticia que la pareja de Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda. Y él, como jefe de Gabinete de la novia del defraudador, tenía que salir en defensa del… presunto delincuente. Y lo hace a su modo y manera: inventándose noticias, desprestigiando a profesionales y a la profesión periodística, amenazando y coaccionando a cuantos pretendan averiguar la verdad, insultando y agrediendo oral o por escrito a todo el mundo. Es la manera de comportarse de MAR, lenguaraz y mezquino, como siempre ha sido.

Porque así defiende sus ideas este político que suele actuar bajo la sombra de algún poderoso que lo proteja y cuide. Es su estilo desde que era portavoz de Castilla y León y elaboró una lista negra de periodistas sospechosos de cuestionar al Gobierno regional; también desde la Oficina de Información del PP, en la que aparece como pagador de dinero negro a una presentadora de televisión; incluso cuando accedió a la Secretaría de Estado de Comunicación y ejerció de Portavoz del Gobierno de Aznar, desde donde amenazó al entonces dueño de Antena3; y,  ahora, desde su puesto de jefe de Gabinete de Ayuso, donde hace y deshace a su antojo para construir a una “lideresa” a su imagen y semejanza.

¿Debatir ideas, propuestas y programas? Quiá! Lo suyo es exclusivamente insultar e intoxicar. Pero yo, como aludido, no se lo voy a permitir. Porque podrido estará él. Y no porque yo lo diga, sino porque su currículo lo demuestra. Y sin necesidad de recurrir a cuantificar cuántos ladrones, malversadores, condenados, corruptos, manipuladores, acaparadores de instituciones y medios de comunicación, tramposos y macarras hay más en sus filas que entre los socialistas. No hace falta.

Pero lo grave y triste es que esas conductas y modos que MAR exhibe sin pudor se contagian a la formación que ha de representar unas ideas tan defendibles como las mías ante la tribuna de la opinión pública. Un debate de ideas que ha de hacerse sin agresividad ni imposiciones, sino con respeto mutuo y diálogo civilizado. Cosa que MAR no sabe ni hace; es más, impide que se haga.

Porque quien en realidad tiene putrefacta la boca es este señor que jamás se ha comportado con dignidad ni ha respetado las instituciones ni los cargos por los que ha pasado, causando vergüenza entre sus propios correligionarios decentes y honestos. Y, en contra de lo que él asume, no todo vale en política. Así, no. Yo no se lo consiento ni se lo voy a dejar pasar. Quede constancia.