Las formaciones políticas han emprendido una desbocada
carrera propagandística para atraer al electorado antes incluso de que comience
oficialmente la campaña de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre
próximo. Y no dudan en difundir mensajes y eslóganes de discutida originalidad,
pero que resultan novedosos para la frágil memoria de los ciudadanos, incapaces
de recordar lo que propone cada partido y, mucho menos, las estrategias que
emplearon en el pasado para ganarse el voto. De ahí que veamos ahora una
invitación al “cambio” y la propuesta de un “contrato” como modernísimos
instrumentos de marketing electoral con la intención de engatusar a los
olvidadizos. Y los utilizan como si constituyeran la última novedad, a pesar de
que ninguno de ellos aspire a lo que la literalidad en realidad expresa. Pero
nos los venden de forma descarada como auténticas genialidades innovadoras por
el partido que más posibilidades reúne para ganar las elecciones. Van así de
sobrados.
La verdad es que el verdadero y original “cambio”, como
reclamo electoral, ya fue utilizado por el PSOE en 1982, cuando en aquellas
históricas elecciones Felipe González se convirtió en el tercer presidente de
la España democrática y el primero socialista. Era la primera vez que la
izquierda accedía al poder en la época contemporánea. “Por el cambio” era el
lema que motivó a más de diez millones de españoles a depositar su voto a favor
de los socialistas para asegurar una transformación que ilusionaba a una
ciudadanía deseosa de superar los residuos de un franquismo que continuaba
incrustado en el Estado y la sociedad. Ello se evidenciaba en la procedencia de
los presidentes que, tras la muerte del dictador, dirigieron el Gobierno: antes
de la democracia, Arias Navarro, acérrimo al régimen dictatorial; y ya en
democracia, Adolfo Siuárez y Leopoldo Calvo Sotelo, políticos que se educaron y
crecieron en el franquismo.
El lema del PSOE propugnaba un auténtico cambio de la
realidad política del país que sirviera para modernizar España y situarla, como
una más, entre las naciones democráticas de Europa, en la que se reconocieran y
respetaran las libertades y los derechos que la dictadura negaba. Enumerar los
avances -políticos, sociales, culturales, económicos- que aquel cambio supuso
requeriría de un espacio que este comentario no puede abarcar.
En la actualidad, y sin ningún rubor por plagiar el eslogan,
el Partido Popular promete emprender un “cambio” profundo si gana las próximas
elecciones. Según van desglosando algunos de sus dirigentes, incluido su líder,
piensan introducir reformas en la ley del aborto, en el sistema de pensiones,
en la política fiscal para bajar impuestos, la política migratoria para
endurecerla, algunos derechos de las personas LGBTIQ+ (diversas
orientaciones sexuales e identidades de género), etc.
Para Alberto Núñez Feijóo, el candidato conservador a
presidente de Gobierno, los retos que afrontará con su cambio en la próxima
legislatura “solo serán comparables a los de hace 50 años”, refiriéndose a los
realizados durante la Transición, arriba esbozados. Ha llegado a afirmar que
“por cada nueva ley hay que derogar tres”. Incluso sugiere que las bajas
médicas las gestionen las mutuas para reducir el “absentismo” laboral.
Más que un cambio para avanzar parece un cambio para
retroceder. El cambio original trajo consigo la extensión de la sanidad pública
al conjunto de la población, la ampliación de derechos de los trabajadores,
libertad para divorciarse, la igualdad de la mujer, la modernización del tejido
productivo y muchos otros derechos y libertades que hoy creemos asegurados y
existentes desde siempre.
El ”cambio” que promete la derecha representa, sin más, un
retroceso en algunos de esos derechos y una limitación en muchas de las
libertades conquistadas. Y lo hace con la disyuntiva habitual, ofreciendo
“seguridad” y estabilidad a expensas de libertad y derechos, y crecimiento
económico basado en la contención salarial y recortes en el Estado del
bienestar. Tanta es su obsesión restrictiva que hasta confunde las bajas
temporales por enfermedad con el absentismo laboral, abrazando así el sueño de
los empresarios: que los trabajadores vayan a trabajar incluso si están
enfermos, por temor a ser despedidos. Y la protección por si esto sucede
también sufrirá menguas en cuanto a duración y cantidad de las prestaciones por
desempleo.
Avisan incluso que ni las pensiones se salvan pues
representan, según las derechas, un “gasto” inasumible para el Estado. Pero no
aclaran cómo afrontará el supuesto problema, que afecta a diez millones de
personas, de la financiación del sistema que, según la portavoz parlamentaria
del partido, “ha petado”. Ni las becas seguirán igual con esa mentalidad
austericida del gasto social.
Un “cambio” que contempla, asímismo, la construcción de un
millón de viviendas, pero obviando que tal promesa descansa en que el mercado
satisfaga esta necesidad y que el Estado se limite a facilitar el negocio
cediendo terrenos. Fue la política de vivienda de los gobiernos de Aznar que
generó una burbuja inmobiliaria y que obligó a “ayudar” a los bancos, no a las
familias que quedaron atrapadas por hipotecas desorbitadas.
No, el “cambio” del Partido Popular no se parece en nada al
cambio del PSOE de 1982. Entre otros motivos, porque será un cambio retrógrado,
reaccionario, que empobrecerá aun más a los pobres y enriquecerá todavía más a
los ricos, supondrá frenos para los trabajadores y rienda suelta para los
empresarios, limitará derechos y libertades en general e incrementará el poder
de las élites del Capital y de los pudientes. No es un cambio: es un paso
atrás.
La otra oferta electoral “novedosa” es un “Contrato con
España” que se presenta, con solemnidad impostada, enarbolando un documento que
contiene generalidades y promesas, tales como garantizar el castellano en las
aulas y la prohibición de regularizaciones colectivas. Incluye, además, “defender
la soberanía nacional y la integridad territorial”, elevar la “calidad de
nuestra democracia” (¿para no impedir la renovación de organismos e
instituciones, como el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo?), “erradicar el
adoctrinamiento en las aulas” (¿todo adoctrinamiento, incluido el religioso?) y
hacer un “Estado más limpio y más ligero” (menos social), entre otras medidas. Se
trata, en suma, de un mero resumen del programa del Partido Popular y un esbozo
de las intenciones de Feijóo, destinados a facilitar una música agradable a los
oídos de la ultra derecha, por si las cuentas fallan y es necesaria una
coalición gubernamental.
Pero este ofrecimiento de contrato tampoco es novedoso ni
original. Es una iniciativa de marketing electoral que también ha sido plagiada
descaradamente. Ya en 1999, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín,
inauguró la fórmula de establecer una colaboración directa con los vecinos
mediante contratos firmados con los barrios que necesitaban una atención
preferente. Así, ese año se firmaron 126 contratos-programa que contenían 1.207
estipulaciones. En 2003, repitió la fórmula, firmando 328 contratos, y en su
tercer mandato, otros 428 contratos. Durante esa década como alcalde, los
contratos de Monteseirín permitieron lo que se llamó una segunda modernidad
para Sevilla (tras la primera de la Expo del 92), que posibilitó la
peatonalización del centro y otras zonas de la ciudad, la construcción del
metrocentro, el inicio de las obras del metro, la recuperación de la plaza de
la Encarnación con “las setas” y un sinfín de mejoras más.
En definitiva, tales contratos fueron verdaderos compromisos
con la ciudad que permitieron que despertase del profundo letargo (industrial, de
inversiones, cultural y social) en que había caído Sevilla tras los fastos de
la Expo. No fue un mero recurso propagandístico, sino un contrato real, cuyo
cumplimiento rondaba el 80 por ciento en cada mandato.
El ”contrato” de Feijóo, sin partidas ni plazos, es antes
una pieza publicitaria que un acuerdo firme con la ciudadanía. Una simple copia
de un recurso de marketing con el que ilusionar a incautos. Alardes
ornamentales que ocultan las verdaderas actuaciones que la derecha tiene
decidido emprender para imponer su modelo social y económico, un modelo
conservador en lo social y neoliberal en lo económico.
Y eso es lo que hay que valorar a la hora de votar, en vez
de confiar en “cambios” y “contratos” propagandísticos que ni siquiera son
originales, pues son meros plagios descarados. Lo inquietante es que, si así de
chapuceros se muestran en campaña, no quisiera imaginar cómo serán cuando
gobiernen.
