Un comentario sobre los aforismos

Un compañero columnista, arquitecto de profesión y especializado en el dibujo infantil como vía de expresión con el que los niños manifiestan tanto alegrías como temores, la visión del mundo que les rodea así como de ellos mismos, es también, además de magnífico escritor, un amante de los aforismos. En su columna de Montilla Digital, en el que compartimos espacio, acaba de publicar un comentario acerca de los aforismos que contiene mi libro Microrrelatos y Aforismos. Se trata de su 14º entrega sobre esta materia, las sentencias concisas, en la que ha abordado las producidas por Emil Cioran hasta Carlos Castilla del Pino. Y que me incluya en la selección me honra y me sonroja. Me sonroja porque carezco de méritos para estar incluido en la selección, y me honra pues su análisis profundiza en unos aforismos en los que expongo no solo mi visión del mundo, sino de mi mismo. Y ha conseguido, a través de ellos, acceder a mi interior como hace al de los niños por sus dibujos, logrando descifrar las claves de mi ser y de mi mirada. Gracias Aureliano. Decir que te lo agradezco es poco: te felicito.

https://www.montilladigital.com/2026/10/aureliano-sainz-aforismos-en-su-punto-14.html

Presentaciones emotivas

El libro Microrrelatos y Aforismos. Píldoras literarias está proporcionándome gratos momentos, como estos Actos de Presentación celebrados en las librerías Baobad, de Mairena del Aljarafe, y Botica de Lectores, de Sevilla. Aparte de la emoción, quisiera expresar mi gratitud tanto a quienes asistieron a ambos eventos, por la confianza e interés demostrados, como a las librerías que, dejando de lado la conveniencia comercial, no dudaron en apostar por una obra y un autor invisibles para la industria del libro. A todos, pues, mi más sincero agradecimiento, que también hago extensible a José Alfonso Bolaños Luque, autor del prólogo, que en todo momento estuvo arropándome y colaborando como introductor del encuentro para que estos actos fueran memorables. Quede aquí constancia de mi reconocimiento a todos.

Presentación en librería Baobad, jueves 15 de octubre:

Presentación en librería Botica de Lectores, viernes 16 de octubre:

¡Gracias a la librerías, gracias al presentador y prologuista y gracias a los asistentes!

 

¡Por fin!

Desde el mismo momento en que se conoció el resultado de las últimas elecciones generales de 2023, en las que el Partido Popular, ganador por número de papeletas, no consiguió reunir los votos necesarios para que el Congreso invistiera presidente a su candidato y líder (quien, como el zorro de la fábula, afirmó que no gobernaba porque no quería), desde ese instante, insisto, las derechas han machacado, día sí y día también, con el mantra de que el Gobierno era ilegítimo, que el presidente era un “okupa” de La Moncloa” y que lo que tenía que hacer era convocar de inmediato elecciones para que el pueblo hablase.

¡Ea, pues ya están aquí las elecciones! Y esas derechas lo celebran con una lona desplegada en la fachada de la sede madrileña del PP con la inscripción “Por fin”. Según ellas, ya lo han conseguido. Claro que, siendo puntillosos, el anuncio de las elecciones para el próximo 29 de noviembre supone un adelanto de solo nueve meses respecto a la fecha prevista (verano de 2027). Algo, por lo demás, nada extraordinario por cuanto cinco de los siete presidentes que ha tenido nuestro país ha adelantado las elecciones en alguna ocasión.

Visto así, ese “por fin” resulta una exclamación exagerada, porque, después de tres años largos, no se ha conseguido “tumbar” a un Gobierno que se apoyaba en una suma de minorías, entre progresistas y nacionalistas, del Parlamento. Sino que ha sido el desmarque del socio nacionalista más conservador del Gobierno (Junts per Catalunya) lo que ha precipitado la legislatura. Y no fue la labor en contra de la oposición, formada por el Partido Popular y Vox, es decir, por la derecha extrema y la extrema derecha ultra, lo que ha hecho desistir al presidente del Gobierno de agotar la legislatura. ¡Y mira que han hecho todo lo posible e imposible, lo legal y alegal, lo adecuado y lo inmoral por lograrlo!

Pues nada, ha terminado por finiquitarla una acampada de jóvenes que reclamaban el derecho a una vivienda digna tras el desalojo inmisericorde de una anciana de cerca de 90 años del piso donde residía desde hacía más de 70 años. Ni las denuncias por corrupción, ni las “invasiones” de inmigrantes, ni la falta de presupuestos han podido con el Gobierno, sino unos desmelenados que se manifestaban contra los rentistas y la falta de viviendas asequibles de protección oficial.

El decreto-ley que el Gobierno había elaborado, troceado en dos decretos para facilitar su aprobación por unos u otros, para responder a una inusitada demanda popular que se extendió como la pólvora por todas las ciudades del país, fue la puntilla que acabó por tumbar la legislatura. Y eso que ambos decretos garantizaban la seguridad ante posibles desahucios. El rechazo de la derecha nacionalista catalana a su aprobación hizo que el presidente del Gobierno convocara elecciones anticipadas. ¡Por fin!

Sí, pero un “por fin” al que ya se le ponen peros… Una actitud muy nuestra, la de poner la venda antes que salga el grano, no vaya a ser que, por lo que sea, los votantes contradigan los pronósticos. Y ese `lo que sea´ (que es perder), para las derechas siempre es fraudulento, tramposo y nada democrático, ya que lo “natural”, lo conveniente y lo que deseaban los ciudadanos es que ellos arrasen en las urnas y puedan gobernar como Dios manda. Pero, por si las moscas, han empezado a sembrar dudas sobre el voto por correo, cuestionando el funcionamiento de instituciones y la honradez de sus funcionarios, tanto de Correos como de la Oficina del Censo Electoral. ¡Si lo sabrá Feijóo, que fue presidente de Correos durante tres años!

Tal parece que anticipan una posible, aunque poco probable según los sondeos, derrota por culpa (a alguien tienen que culpabilizar, nunca es por ellos) del voto manipulado en Correos y de una avalancha de votos del exterior promovida, según adivinan, por la insidiosa ley de nietos. Como si esos votos fueran determinantes para el resultado electoral, cuando en ninguna elección de la democracia han tenido influencia para alterar la voluntad mayoritaria, expresada en las urnas, de los votantes. Pero, por si acaso…

Y es que la deslegitimación de las instituciones ha sido siempre una constante de las derechas cuando no gobiernan, aunque ello suponga erosionar y cuestionar la misma democracia, además de instalar la desconfianza y la desafección en los ciudadanos. Y en esta ocasión volverán a usar esta táctica, la de la basura dialéctica y máxima polarización en la diatriba política, que compense la falta de argumentos y de propuestas con las que confrontar el quehacer exitoso del Gobierno en materia económica y social.

Un balance que arroja más de 150 iniciativas tramitadas, con 43 reales decretos-ley y 22 leyes aprobadas por un Gobierno en minoría y precariedad parlamentaria, entre ellas la Ley de amnistía, la Ley ELA, la Ley de paridad e, incluso, una reforma constitucional para retirar el término “disminuidos” del artículo 49 de la Carta Magna. Si a ello añadimos la disminución reiterada de la tasa de paro, el importante incremento del salario mínimo interprofesional y otras medidas de carácter social, el resultado no puede calificarse de “legislatura fallida” o “gobierno inútil”, por muy opositor que se pronuncie uno del Gobierno.

Si para ganar unas elecciones hay que recurrir a la descalificación personal, a la insidia calumniosa, a la deslegitimación de las instituciones, a la manipulación, los bulos y las mentiras, sin reconocer en el adversario, cuando corresponda, sus aciertos y denunciar, siempre, sus fracasos, es que no se tiene confianza en la propia capacidad para ofrecer alternativas y propuestas que entusiasmen a los votantes.

Por eso ese “por fin” no parece responder a un deseo sincero de querer competir en unas elecciones, sino a una reacción que, en psicología, oculta una frustración o un complejo de inferioridad. De ahí que, por si acaso, ya se arguyen las motivaciones que podrían impedir nuestros anhelos, que es ganar y gobernar. Aparentamos fortaleza cuando nos sentimos -no que lo seamos- débiles, inferiores o menos dotados que nuestros contrincantes.

Por fin se convocan elecciones, aunque sean otros los que han provocado ese adelantamiento electoral. Aun así, por fin me puedo presentar como el que ha conseguido doblegar al Gobierno, aunque no sea cierto. Por fin... y a ver qué pasa.                

Viernes, 16: Presentación

El viernes 16 de octubre, a las 7 de la tarde, tengo el placer de presentar, junto a José Alfonso Bolaños, mi último libro Microrrelatos y Aforismos. Píldoras literarias, en la librería Botica de Lectores, sita en la Avd. República Argentina, 15, de Sevilla. El acto consistirá en un diálogo entre el prologuista de la obra y yo, abierto a la participación de los asistentes, para descubrir las claves y las causas de un libro tan sorprendente como personal. Estáis todos invitados. La entrada será libre, hasta completar aforo.

¿Es la vivienda un derecho?

No es una pregunta capciosa, sino pertinente ante la expulsión violenta y forzosa, con gran despliegue policial, de su vivienda en el barrio madrileño de El Retiro de una inquilina de 87 años, sumamente vulnerable (por edad, recursos y contexto familiar), que llevaba 70 años pagando su alquiler puntualmente. Su padre había alquilado el piso en 1956, que se subrogó a su madre y, finalmente, la hija continuó arrendándolo bajo un contrato de renta antigua (modalidad que se prorroga automáticamente y de precio congelado), por 500 euros mensuales, sin ningún impago.

Con los años, el piso ha cambiado dos veces de propietario hasta acabar en manos de un fondo de inversión. Estos nuevos propietarios le exigieron actualizar el alquiler y los 2.650 euros de mensualidad, para su pensión de 1.350 euros, eran inasumibles, por lo que se activaron los mecanismos legales para echarla de la vivienda. Su caso, no obstante, solo es uno de los muchos que sufren diariamente los inquilinos de viviendas en nuestro país. Y lo que nos incita a reiterar la pregunta: ¿es la vivienda un derecho?

El desahucio de esta inquilina nos mueve a pensar que el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47 reconociendo a todas las personas el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, es más formal que material. Es decir, constitucionalmente se reconoce un derecho como norma (formal), pero sus efectos y contenido no acaban de regularse, por muchas leyes de la vivienda que se hayan elaborado, para que sea efectivo (material), como otros derechos.

Porque el de la vivienda no parece un derecho tan protegido como el de la salud (Art. 43) o el de educación (Art. 27). Y no lo es porque ni los legisladores que lo redactaron ni los gobiernos que podían desarrollarlo han querido hacerlo, aunque tuvieran instrumentos para ello. Todo “arreglo” introducido en su desarrollo ha sido obligado por las circunstancias -como las acampadas en la actualidad-, entre otras razones, porque el derecho a la vivienda colisiona frontalmente con otro derecho: el derecho a la propiedad. Cualquier mejora en uno va en detrimento del otro. Y por esta razón asistimos hoy, perplejos, a desahucios forzosos y violentos de personas indefensas por mor de la voracidad del mercado.

Inmersos en el capitalismo, hemos naturalizado la existencia de un mercado inmobiliario. Asumimos como “normal” que la vivienda sea tratada como una mercancía más, sujeta a la dinámica de la oferta y la demanda, que es la que determina los precios. Este negocio inmobiliario es uno de los más activos de la economía, hasta el punto de crecer y fortalecerse cada vez más con medidas legales que lo protegen y amparan. Y ello hace que la ley priorice el derecho del casero al del inquilino a tener una vivienda.

Y es que, mientras actuamos como propietarios y podemos esperar plusvalías de nuestros inmuebles, nos parece fantástico este sistema. Pero si somos inquilinos o poseedores de una deuda hipotecaria, que incrementa sin parar su mensualidad, el mercado nos resulta sumamente injusto. ¡Dónde queda, entonces, ese supuesto derecho a la vivienda?

Es un problema que no siempre ha sido así, aunque el pobre siempre ha estado destinado a tener una vivienda precaria. En el mundo rural, el campesino se construía su propia vivienda o accedía a la casa adscrita a la tierra del señor feudal o cacique para el que trabajaba de sol a sol. Y en las urbes, las masas trabajadoras podían aspirar a viviendas protegidas patrocinadas por administraciones públicas, gremios industriales (telefónica, tabacalera, etc.) o patronazgos de cualquier tipo (sociales, religiosos, militares, sindicales, etc.). O, simplemente, arrendar una vivienda de renta congelada, como la de la que ha sido desahuciada la inquilina madrileña.

Es relativamente reciente la necesidad de que el mercado sea la vía exclusiva para acceder a una vivienda y que el precio sea el filtro que discrimina a quien aspira a disfrutar de ese derecho, en función del poder adquisitivo. Se trata de una consecuencia inevitable del capitalismo, que ha conseguido que todas las necesidades o aspectos de la sociedad sean satisfechos por el mercado. Una lógica que pocos discuten y todos acatamos, porque hemos interiorizado la búsqueda obsesionada del beneficio o la riqueza por encima de cualquier otra consideración. El beneficio como único objetivo en la vida. Tanto como decir que ya solo pensamos y actuamos economísticamente, como diría Tony Judt.

De este modo, la vivienda ha devenido producto mercantil sumamente goloso para particulares, empresas, entidades financieras e instituciones públicas. Todos esperan obtener pingues beneficios de ella. En especial, la privilegiada iniciativa privada, que llena las ciudades de grúas que acaparan los espacios disponibles en los que levantar barrios enteros de viviendas, inasequibles para los jóvenes o no tan jóvenes con salarios insuficientes para el ahorro. Los ayuntamientos, que gestionan la política de vivienda al tener transferidas tales competencias, son los primeros que transaccionan con el sector privado para recaudar suculentos ingresos que engordan las arcas públicas. Así, en vez de proporcionar un servicio público, cual es facilitar el derecho a la vivienda, favorecen que este sea provisto por el sector privado, devaluando el interés común frente al interés particular o el beneficio individual del sector privado.

¿Cómo corregir esta anomalía? Pues, sin inventar nada ni troceando decretos, recuperando la oferta de vivienda pública, sin ánimo de lucro y fuera del mercado, que equilibre el peso que actualmente monopoliza la oferta privada. De igual manera que coexisten la medicina pública con la privada y la enseñanza pública y la privada, el derecho a la vivienda también puede garantizarse con la construcción de viviendas de titularidad pública, en paralelo con las de promoción privada.

Porque lo que impide disfrutar del derecho a la vivienda es que el porcentaje de vivienda pública o social, de titularidad autonómica o municipal, es solo del 3,4 por ciento, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 9 por ciento. El resto del parque inmobiliario corresponde a la iniciativa privada. Ello ocasiona un desequilibrio escandaloso y sangrante, por cuanto la escasez de vivienda social perjudica gravemente a una gran parte de la población, a los más necesitados y vulnerables, que no pueden costearse el acceso a una vivienda a través de la iniciativa privada.

Además, para favorecer la equidad en la adquisición de una vivienda, sería perentorio que las administraciones autonómicas y municipales solo pudieran adjudicar el suelo público a la construcción de viviendas sociales y no a ofertas del sector privado. Porque elevar sustancialmente el porcentaje de vivienda pública hasta el 15 o 20 por ciento permitiría que la vivienda fuese en verdad un derecho material y no un negocio solo para pudientes y fondos buitres. Todas estas medidas posibilitarían, en última instancia, que los alquileres contuvieran su espiral demencial de crecimiento, al contar con un parque inmobiliario regulado y con precios tasados ajenos a la especulación.

Si esta compatibilidad de lo público con lo privado ya funciona con el derecho a la salud y a la educación, a pesar de todas sus deficiencias e insatisfacciones (nada es perfecto), ¿por qué no se efectúa con la misma intensidad con la vivienda? ¿Es que acaso la vivienda no es igualmente un derecho?

Es función de un Estado social y de derecho procurar el bienestar de los ciudadanos, proporcionando ciertos bienes y servicios por el simple hecho de que son de interés público. Y porque constituyen derechos irrenunciables. Pero, sobre todo, porque todos necesitamos servicios o bienes (como la vivienda) cuyos costes compartimos entre todos mediante una fiscalidad progresiva, como también señaló el citado Judt en Algo va mal. Podemos, por tanto, exigirlos mediante manifestaciones, concentraciones, acampadas, pero, fundamentalmente, votando. Somos nosotros los que elegimos a quienes nos gobiernan y sus políticas socioeconómicas. Que no se nos olvide.