Aquel 20 de noviembre

Nunca he olvidado dónde estaba y lo que hacía aquel 20 de noviembre de hace cincuenta años. Fue una fecha que se quedó grabada en mi memoria de forma indeleble. Por varios motivos. Uno fue porque me hallaba en casa de un amigo donde había pasado la noche en vela. Él era el único casado de un grupo jóvenes que nos reuníamos en su casa cada vez que apurábamos la noche para preparar algún examen de la carrera que cursábamos. También recuerdo quiénes estábamos allí estudiando, no más de cuatro personas. Todavía, cuando paso por allí, levanto la vista para mirar las ventanas de la vivienda que en aquel tiempo pertenecía a quien sigue siendo mi amigo.

La segunda razón es que, cuando bajé, al amanecer, a tomar café antes de irme a mi casa, escuché por la radio de un bar cercano que Franco había muerto. Aquella noche, mientras estudiaba, se dio por fin muerto a Franco, después de una larga agonía. Debo reconocer que, en cualquier caso, estos son motivos circunstanciales.

Otras razones han contribuido a que jamás haya olvidado esa fecha. Son políticas, de compromiso, que han servido para configurar mis convicciones. Yo no era “apolítico”, como se definen los que se resignan con lo establecido, sino que me gustaba estar “enterado” de la política del país. Tenía mis inquietudes. Será porque, por emular a mi padre, leía la prensa asiduamente y todo cuanto caía en mis manos. Siendo bachiller, devoraba el ABC que entraba en mi casa o adquiría de vez en cuando el sabanero diario Pueblo. Luego, en la universidad, me acostumbré al efímero Informaciones y, desde su nacimiento, a El País. También compraba en los quioscos la revista Cambio16 o Triunfo. Y la humorística Por favor. Más tarde, cuando empecé a trabajar me suscribí a Cuadernos para el Diálogo. Había tomado, por tanto, consciencia de lo que existía en España, de lo que era este país. Y aquel 20 de noviembre yo estaba del lado de la democracia, desde hacía tiempo.

Quizás por eso no entiendo a los que, hoy en día, ignoran, no recuerdan o no se creen que en España hubo, desgraciadamente, una dilatada dictadura (de 1939 a 1975) hasta que el dictador Francisco Franco, un militar golpista que promovió una guerra civil (1936/1939), murió, sin que nada ni nadie lo apeara del poder, un 20 de noviembre de 1975, a los 82 años de edad. Su fallecimiento en una cama hospitalaria, sin remordimientos y librándose de la justicia, con el cuerpo cubierto de sondas, catéteres y electrodos que intentaban retrasar lo biológicamente inevitable, llenó a muchos de alegría y a unos cuantos de rabia y preocupación. Los primeros llevaban mucho tiempo expectantes por descubrir la democracia y vivir en libertad, y los segundos temían perder sus privilegios y fortunas conseguidos al amparo de la dictadura.

Tras su muerte, al dictador lo enterraron en el mausoleo que se mandó construir en el Valle de los Caídos, donde sus restos serían exhumados en 2019, después de 44 años de exaltación de su figura y apología de la dictadura, con misas, concentraciones y saludos brazo en alto, incluso en plena democracia.

Por aquellos años soplaban aires esperanzadores en España. La otra dictadura de la Península Ibérica hacía poco que había sido barrida pacíficamente de Portugal por la Revolución de los Claveles, dando fin a los 48 años de la de Oliveira Zalazar y Marcelo Caetano, su sucesor. Y también había desaparecido, prácticamente al mismo tiempo, la dictadura de los coroneles de Grecia, tras ocho años de tiranía impuesta por un golpe militar. Como todas.

España era, pues, hace cincuenta años, una anomalía política en Europa que, salvo a los inquebrantables del “movimiento nacional”, nadie deseaba que continuara. Pero no fuimos capaces de quitárnosla de encima, sino que hubo de esperar a que la dictadura desapareciera de muerte natural. Los que estábamos a favor de la democracia llevábamos mucho tiempo aguardando el fin de la dictadura, tras lo cual emprendimos una historia, la de la Transición a la democracia, que aun hoy presenta sombras que nadie ha querido iluminar ni explicar. Tal vez sea porque no todos se atreven a especificar de qué lado estaban y cómo asumieron aquel 20 de noviembre.

Porque es difícil explicar por qué se prefería un régimen fascista caracterizado por la opresión y la represión de los disidentes, aislado y repudiado internacionalmente, a cuyo frente figuraba una persona autoritaria, reaccionaria y sectaria, jefe del único partido autorizado, que accedió al poder mediante un golpe de estado contra una República democrática legalmente elegida y constituida, y después de iniciar con su rebelión una guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y un país destruido, dividido, atrasado y paralizado por miedo a las purgas, las torturas, las represalias y los fusilamientos de los vencidos, de cualquier sospechoso que no mostrara la obligada adhesión a la “cruzada” del Caudillo o pensara distinto.

Era un régimen que suprimió todas las libertades democráticas individuales y colectivas, que no reconocía derechos ni a las mayorías (votar) ni a las minorías (la homosexualidad era delito), que derogó la Constitución republicana de 1931, decretó la abolición de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, impuso el nacionalcatolicismo como religión oficial, la cual correspondió paseando bajo palio al dictador, que no permitió la prensa libre y adoctrinó a los ciudadanos mediante un informativo cinematográfico de proyección obligatoria en todos los cines, conocido como el NO-DO, cuyo contenido exhibía, sin ningún disimulo, la ortodoxia ideológica del régimen. E impuso (1939/1977) la obligación de un servicio social a todas las mujeres solteras, de entre 17 y 35 años, que debían prestar a través de la Sección Femenina, imprescindible para acceder a un trabajo remunerado, obtener un título académico u obtener el carnet de conducir o el pasaporte, y que, en realidad, suponía un instrumento de control y adoctrinamiento de la mujer en el ideario del régimen.

Es difícil justificar -y menos hoy día- haber sido partidario de una dictadura cuando no has querido saber ni reconocer sus crímenes y abusos. Tan difícil como comprender a quienes en la actualidad, desconociendo cómo era vivir bajo un régimen semejante, muestran sus simpatías y apoyos a formaciones nostálgicas de aquella dictadura y el período nefasto que supuso para nuestra historia, y que reivindican el legado franquista mientras aborrecen la Memoria Democrática que pretende fomentar el conocimiento de la democracia y honrar a todas las víctimas, no solo las de un bando, de la Guerra Civil y la dictadura.

Por eso es oportuno recordar y hacer memoria. Por los olvidadizos y por los ignorantes. Es conveniente conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco y la restauración de la democracia en España. No para celebrar la muerte de un dictador, sino para difundir, analizar y, desde el conocimiento histórico del pasado, rememorar con espíritu crítico la profunda y dolorosa huella que dejó la dictadura en nuestro país y, así, poder apreciar y valorar la democracia que se conquistó cuando aquella pesadilla desapareció. Sin conocer sus vínculos con el pasado, no se puede comprender ni defender con criterio fundado el presente. Porque desconocer el pasado resta importancia a lo alcanzado: la recuperación de derechos y libertades que creemos asegurados, pero que nos pueden volver arrebatar.

De hecho, desconocer el pasado significa ignorar que nuestra democracia no pudo nacer hasta que el dictador falleció. Y que nació en las calles y por voluntad expresa del pueblo. Porque los aires que soplaban desde mucho antes de aquel 20 de noviembre inflaron las velas de nuestro país hacia horizontes de libertad y democracia, ilusionando a la gran mayoría de la población. Y aunque contradiga el relato establecido, esa democracia, la que disfrutamos hoy, no fue una concesión de seres providenciales y mentes esclarecidas, sino fruto de la presión de las masas, de las movilizaciones de los estudiantes, los trabajadores, las asociaciones de vecinos, las mujeres, los partidos y sindicatos semiclandestinos, de una prensa combativa, de colectivos profesionales, de determinados sectores minoritarios de la judicatura y el ejército, y de un largo etcétera.

Es verdad que no era la democracia “perfecta” que se anhelaba, pues venía lastrada por una monarquía no sometida a elección y por mantener en las instituciones a los que no creían en ella, pero al menos fue la democracia que devolvió las libertades que la dictadura había eliminado y que nos han permitido elegir a nuestros gobernantes, divorciarnos cuando el desamor rompía matrimonios, abortar si la mujer lo decidía, negociar convenios colectivos, conquistar nuevos derechos sociales, económicos y de protección frente a la discriminación y las desigualdades, así como poder expresar lo que se opina o profesar cualquier creencia sin miedo a la policía ni a la excomunión.

Considero pedagógico celebrar el medio siglo de nuestra democracia. Y más, ahora, cuando precisamente resurge el peligro real de involucionismo y de un neofascismo disfrazado de populismo que seduce a ignorantes y desmemoriados. Y cuando, encima, aquellos que continúan en las instituciones o sus herederos, sin renunciar del pasado, reaparecen para revertir el resultado que les desagrada de las urnas con operaciones torticeras desde el ámbito político, judicial y mediático, incluido el ámbito social a través de las redes digitales, desde donde propagan bulos y mentiras.

En definitiva, es terapéutico celebrar y recordar dónde estábamos aquel 20 de noviembre y de qué lado estamos hoy. Yo siempre lo he tenido muy claro. Por eso no me importa recordar y conmemorar el 50º aniversario de la muerte de un dictador que comparte con Hitler, Mussolini, Pinochet, Lenin, Stalin, Mao y tantos otros las páginas más negras de la historia. Porque recordar sirve para evitar caer en los mismos errores. Y ni así estamos seguros.                 

La “concordia” del agresor

En España todavía no hemos resuelto civilizada, democrática y éticamente la profunda herida y división que supuso para la población, la de entonces y hasta la de hoy, la Guerra Civil y la posterior dictadura que promovieron los agresores fascistas que se rebelaron contra el gobierno de la Segunda República. Ni siquiera, a estas alturas de la historia, hemos sido capaces de condenar sin ambages un levantamiento militar cruento y despiadado, un auténtico golpe de Estado, contra la legalidad de un Estado democrático, como era el de aquel gobierno republicano que luchaba contra imposiciones religiosas, económicas y sociales que privilegiaban a los poderosos y contra las disensiones internas de partidos enfrentados con visiones diferentes.

Décadas de férrea represión militar a los derrotados -militares y civiles-, mediante ajusticiamientos de los considerados traidores por defender la legalidad y con purgas, inhabilitaciones profesionales e incautaciones de bienes al resto de los que no se adhirieron al violento e indigno bando nacional, han incrustado en los supervivientes y sus descendientes una involuntaria actitud defensiva que ha interiorizado incluso el lenguaje de los vencedores, cuyos “valores” continúan condicionando el presente después de cerca de un siglo de aquella tragedia. Esa actitud contemporizadora de los vencidos y el rencor cainita de los herederos y simpatizantes de los vencedores es lo que explica que, hoy en día, subsistan fuertes reservas y hasta rechazo para afrontar sin dogmatismo unos hechos que se deberán asumir y condenar para que puedan ser superados en una auténtica reconciliación del pasado.

Pero todavía, hoy, hay quienes justifican y banalizan aquella guerra fratricida, añoran el autoritario régimen opresor que homogeneizó durante cuarenta años la sociedad con el molde retrógrado, carente de libertades y derechos, que impuso el dictador. Todavía hay quienes continúan negando el reconocimiento a las víctimas de tan oscura y sangrienta época, postergando cuanto pueden  no solo el reconocimiento de la dignidad y la memoria que merecen como inocentes sino también la recuperación de los restos, esparcidos en fosas anónimas, de los muertos y desaparecidos en la guerra y durante la larga noche de la posguerra para que sean enterrados por unos familiares que no cejan en buscarlos.

Es más, aun hay quienes pretenden que no figure en el libro de la historia la negra página de un período que nuestro país sólo pudo pasar tras el fallecimiento natural, en su cama del Palacio del Pardo, del dictador, lo que posibilitó la restauración de la democracia que ahora disfrutamos, la misma que se arrebató por las armas a la República. Una democracia que, con sus bondades para todos –como no puede ser de otra forma-, ampara la libertad de los que la combaten e intentan amordazarla para que se olvide un pasado que la explica y cuyo recuerdo obliga a valorarla y preservarla para evitar que ningún enfrentamiento violento vuelva a repetirse en España.

Esta democracia que se tardó en conseguir -la última de Europa- y que reconoce la pluralidad y diversidad de la sociedad española, es la que permite a la extrema derecha -los nostálgicos de la falta de libertades y de la censura- acceder a instituciones y gobiernos desde donde se dedica a blanquear la dictadura, justificar la Guerra Civil, seguir olvidando a las víctimas y manipular o falsear la historia. Es decir, a desandar todo lo avanzado en reconciliación, tolerancia, libertades y paz en nuestro país gracias a la memoria de un pasado vergonzoso cuyas cicatrices es imperativo restañar definitivamente.

Por eso causa suma intranquilidad que el PP y Vox, unidos en tal propósito, se dediquen a derogar leyes de Memoria Democrática en las comunidades autónomas donde gobiernan para sustituirlas por otra que llaman cínicamente de “concordia”. Es lo que han hecho o está en trámite, como primera medida adoptada, en Valencia, Aragón y Castilla y León (y continuarán haciendo en Andalucía, Murcia y Extremadura, si no al tiempo), utilizando el mismo truco legal y lingüístico con que rechazan la violencia machista para rebautizar sus políticas negacionistas de protección a la mujer como “violencia intrafamiliar”.

La supuesta “concordia” de la derecha y su vástago radical, representados por PP y Vox, sólo persigue la obstrucción de la verdad histórica, la falsedad de los hechos, la impunidad de sus criminales y la equiparación de verdugos y víctimas para que no se siga cuestionando la Guerra Civil ni los cuarenta años de dictadura franquista. Quiere impedir que se condene el franquismo, de cuyas ubres ideológicas y culturales se sienten alimentados y vinculados, cual herederos, hasta el punto de compartir la versión sectaria de los vencedores. Y por eso evita condenarlo expresamente, porque, bajo su concepto de concordia, resulta igual la democracia republicana que la dictadura franquista, el bando sublevado que el ejército leal a la legalidad, el botín de los vencedores (que explica el origen de muchas fortunas) que los expolios a los vencidos (que todavía ni pueden exigir la restitución de sus titulaciones académicos), los caídos por la “gracia de Dios” que los miles de muertos y desaparecidos forzosos que descansan en cunetas y fosas, el enaltecimiento de los vencedores que el olvido de los vencidos.

Tal es el significado de la concordia que pretenden las derechas patrias. Pero no es una actitud nueva. La derecha, de siempre, nunca se ha preocupado en serio por una reconciliación real. De ahí que sea reacia a condenar con honestidad y franqueza el franquismo. Y que se haya opuesto, en 2007, a la prudente ley de Memoria Histórica que impulsó el expresidente Zapatero, y que, antes aun, tampoco permitiera la inclusión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el currículo escolar. Se trata de la misma actitud intransigente que explica que, en las ciudades y pueblos donde gobierna, los consistorios en manos de la derecha se ufanen en  retirar o recortar drásticamente las ayudas a la protección de la mujer,  dejar de descubrir fosas comunes de represaliados por la dictadura e, incluso, negar el cambio en el callejero de la toponimia apologética del franquismo, entre otras iniciativas retrógradas.

Las derechas de este país no toleran una sociedad plural y diversa que aspira superar las  rémoras de un pasado bochornoso, cuyo conocimiento pueda ser accesible con rigor histórico. Porque no conocer el pasado convierte a un país en vulnerable frente a los manipuladores de la historia. Como los que emprenden esta campaña actual cuya finalidad es “reescribir la historia hasta convertirla en irreconocible”, como sostiene el profesor de la Universidad del País Vasco, Jesús Casquete, autor del libro Vox frente a la historia. Una manipulación que se materializa desmontando la legislación memorialista y utilizando un lenguaje de equidistancia que ya empleaban algunos líderes del PP desde antes de la Transición, para los cuales, a efectos institucionales, no solo las víctimas sino también los victimarios merecen el mismo trato. De este modo consiguen edulcorar o camuflar el amargo recuerdo de la dictadura y la sinrazón de una guerra fratricida.

Causa sonrojo, pues, que todavía no hayamos resuelto democrática y civilizadamente esta herida que nos divide, como hicieron otros países democráticos europeos que sufrieron idénticas experiencias autoritarias y en los que, no solo se ha condenado los hechos nefastos de su pasado, sino que en las escuelas se enseña que la lucha por las libertades públicas y los valores inherentes a la democracia es el arma más eficaz para evitar las consecuencias de los autoritarismos. Con ello no hacen otra cosa que seguir las recomendaciones y políticas europeas e internacionales de memoria histórica, que parten de la premisa de que la base más firme para la democracia es el conocimiento cabal de los episodios antidemocráticos sucedidos en el pasado, como fue el franquismo en nuestro país. Sin embargo, en España no hemos sido capaces de reconciliarnos realmente con el pasado porque las derechas han impedido toda revisión de la historia heredada del franquismo. Alemania e Italia, por ejemplo, han emprendido procesos de desnazificación y desfasticización que impregnan hasta las constituciones de esos países, sin que se haya abierto herida alguna. Aquí, en cambio, no supimos, no pudimos o no quisimos que la Carta Magna española recogiera ninguna prevención antifascista o, lo que es lo mismo, antifranquista.

Y eso es, justamente, de lo que carecen las leyes de “concordia” que impulsan las derechas, extremas o no, cuando pretenden blanquear el pasado franquista. No cumplen con la función de conocer el pasado y reconocer, resarcir y reparar a las víctimas de un golpe de Estado y posterior dictadura. Omiten en su articulado toda referencia a la Guerra Civil y el franquismo. Y no pueden cumplirlo porque la derecha y la extrema derecha están en contra de esa finalidad, ya que están en desacuerdo con la lectura rigurosa de ese pasado que para ellas fue glorioso. Creen que investigar seriamente y dar a conocer, con medios y procedimientos públicos, lo sucedido en la Guerra Civil y la dictadura es una especie de revanchismo que divide a los españoles. Cuando lo que en verdad divide a la sociedad y facilita su polarización es la ignorancia de la historia y la versión sesgada que difunden los vencedores de un pasado ignominioso.

Aun hoy, sorprendentemente, las derechas y sus  acólitos siguen en contra de cualquier legislación memorialista que se elabore con la intención de cauterizar la herida aun abierta y la división que la Guerra Civil y la dictadura franquista causaron en este país. Pero aun más sorprendente es que los mismos que exigen a otros perdón y arrepentimiento por culpas –ya saldadas judicialmente- del pasado, como a los nacionalistas abertzales, para considerarlos dignos de respeto en las instituciones democráticas, sean los que ni han pedido perdón ni condenan un pasado luctuoso que significó el mayor crimen colectivo y el régimen más represivo y totalitario acaecido en España en el siglo pasado. Y que, encima, tengan la desfachatez de presentarse como adalides de la “concordia”. “Manda huevos”, como diría uno de ellos.

Por qué exhumar a Queipo de Llano de una iglesia.

Hace unos días, con menos revuelo de lo esperado, se procedió a exhumar los restos del general Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) de su sepultura en el interior de la Basílica de la Macarena, de Sevilla. Se daba así cumplimiento a la ley de Memoria Democrática, que prohíbe que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no pueden ser ni permanecer inhumados en lugar preeminente de acceso público (…) que pueda favorecer la (…) exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la Dictadura”. Además, la ley propugna el reconocimiento de quienes padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación o identidad sexual, desde ese período hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.  

En consecuencia, un personaje que promovió, junto a otros golpistas capitaneados por el general Francisco Franco, un levantamiento militar contra el régimen legal y democrático de la II República, iniciando una Guerra Civil que instauró un régimen dictatorial en España durante más de cuarenta años, no debía continuar en lugar tan preeminente, como si fuera un santo varón de la iglesia. Es necesario, por tanto, recordar lo que significó este militar en una historia que se escamotea en la educación a los jóvenes con argumentos tan peregrinos, nada pedagógicos y en absoluto transparentes y cívicos, como los de no levantar heridas que quienes las causaron pretenden que sigan en el olvido.

Por ello, no es de extrañar que una gran parte de la juventud actual desconozca las atrocidades de una guerra fratricida que condenó España a sufrir una férrea dictadura durante décadas, en la que la arbitrariedad del poder, la intolerancia y el sectarismo de los vencedores, que impusieron su ley con sangre y fuego y mantuvieron su régimen mediante la represión, incautaciones y expropiaciones a los vencidos, constituye una de las páginas más negras y trágicas de nuestra historia. La única versión permitida de lo sucedido fue la que contaron los golpistas y simpatizantes en libros, calles, lápidas, monumentos y otros espacios para la exaltación de sus líderes, como esa tumba de Queipo de Llano en un templo de Sevilla.

Si la veracidad histórica y la dignidad de los vencidos requería que se conociera lo que, en realidad, significó aquella guerra y el régimen dictatorial que aplastó las libertades de los españoles, la exhumación del militar golpista de un lugar de culto constituía una obligación ineludible desde hacía ya mucho tiempo. Y ello, simplemente, en nombre de la paz y la reconciliación verdaderas. Porque no es posible ninguna paz auténtica sin el conocimiento objetivo de los hechos. Ni ninguna reconciliación se consigue sin el reconocimiento de las víctimas y la condena moral de los victimarios. La guerra civil y la dictadura son episodios negros de nuestra historia que sólo podrán asimilarse y superarse con la verdad de lo acontecido, con el perdón a las víctimas y con la restitución del honor y la dignidad de quienes fueron maltratados y violentados por aquellos hechos. Y no sólo para resarcir moralmente a tantos inocentes humillados y muertos, muchos de los cuales siguen aún desaparecidos en fosas comunes y bajo cunetas y tapias, sino para conjurar colectivamente, como sociedad civilizada, ese nefasto período de un pasado reciente y evitar que se repita. Eso es, precisamente, lo que se persigue con la extracción de los restos del general franquista de la Basílica de la Macarena.    

¿Pero, por qué estaba ese militar enterrado allí? Porque fue uno de los generales que encabezó la sublevación militar contra la República. Una sublevación que comenzó el 17 de julio de 1936 en Marruecos y se extendió por la Península a partir del 18, gracias a aviones proporcionados por el fascista italiano Mussolini para trasladar al ejército colonial de África, junto a moros y legionarios, en pequeños contingentes. Desde el primer momento, Queipo de Llano dirigió el levantamiento en Sevilla, por lo que fue nombrado Jefe del Ejército del Sur y asumió el Gobierno Militar y Civil en la región. Y enseguida comenzó a infundir odio y terror a través de sus soflamas por la radio e irradiar más terror y pánico con las órdenes que dictaba para la eliminación o el encarcelamiento de cualquier persona que por sus ideas, dudas o actos infundiera sospecha de “rojo” y fuera considerado enemigo de lo que los insurgentes llamaron Movimiento Nacional.

Queipo no había hecho otra cosa en toda su vida. Fue un militar que continuamente conspiró contra el poder establecido. Había apoyado al dictador Primo de Rivera para luego criticarlo. También conspiró contra la monarquía alfonsina, dirigiendo la Cuartelada de Cuatro Vientos, por lo que tuvo que exiliarse a Portugal. Declarada la II República, en la que escaló las más altas magistraturas militares, pronto volvió a mostrar su descontento para unirse a la sublevación encabezada por Franco desde África. Fue así como dirigió el levantamiento en Sevilla, perpetrando una cruel represión sobre una población indefensa en la que causó miles de muertos. Consiguió ser temido por todos y considerado virrey de Sevilla.

La iglesia católica apoyó sin reservas a los golpistas desde el principio. Una pastoral conjunta del episcopado español, del 1 de julio de 1937, calificaba de “cruzada” la guerra fratricida desatada por Franco y sus correligionarios golpistas. Y durante la posterior dictadura, paseaba al dictador bajo palio. Esa lealtad con los sublevados y su régimen recibiría el “premio” de la confesionalidad del Estado, conocido como el nacionalcatolicismo, en el que quedaban prohibidas las demás religiones. Tal sumisión de la iglesia, como la del resto de estamentos sociales, al poder conquistado con la fuerza de las armas es lo que explica que un asesino tenga cobijo en un templo relevante de Sevilla. Y que, incluso, hermandades de la ciudad hayan adoptado denominaciones derivadas del nombre del golpista o de su esposa como forma en su tiempo de honrarlo, caso de Santa Genoveva o San Gonzalo.

Si estos no fueran motivos suficientes para extraer los restos de Queipo de Llano de la Macarena, tal vez un verdadero sentimiento religioso de los que allí profesan su fe podría justificar el deseo y la conveniencia de que un templo católico sólo acoja las tumbas de almas que han dado ejemplo de auténtica vida cristiana, conduciéndose de acuerdo a sus creencias: esto es, sin matar, sin practicar el odio, con humildad, con entrega a los pobres y necesitados, sin afán de poder, ambición y riquezas. Justo lo contrario de lo que fue aquel golpista, que participó activamente en una cruel guerra civil que causó víctimas militares, pero también muchas más víctimas civiles inocentes debido a la brutal represión durante la dictadura por motivos políticos, sociales y religiosos. Para que haya reconciliación debe haber justicia. Por eso su exhumación del templo.