Balance apresurado del año

2023 no ha sido un año fácil ni feliz. Más bien ha resultado problemático y revoltoso. Trajo como herencia  la guerra sin sentido y fratricida de Ucrania, invadida por la acomplejada Rusia con la excusa de “desnazificar un país vecino a pesar de estar gobernado por un judío. A ella se sumó otra guerra con peores y más crueles intenciones, esta vez  en el empobrecido y minúsculo enclave palestino de la Franja de Gaza, al que Israel bombardea brutalmente en respuesta a un ataque de la milicia terrorista de Hamás contra poblados agrícolas israelíes. Estos últimos causaron 1.600 muertos en Israel, y la desproporcionada venganza israelí suma ya más de 21.000 palestinos muertos y el desplazamiento de la totalidad de la población, que se siente acorralada y sin protección en cualquier rincón del territorio al que huya. Si antes aquello era una cárcel, ahora es una ratonera que se destruye sin misericordia. Ambas son guerras carentes de motivo, pero que se valen de los más variopintos argumentos para justificarlas. Y que a nadie convencen, salvo a sus promotores. Aparte de otros conflictos que continúan activos en el mundo (Siria, Yemen, Pakistán, etc.), sólo con los anteriores basta para calificar a 2023 como uno de los peores años para la legalidad internacional, la diplomacia y la paz en el planeta.

Por otra parte, un rejuvenecido espectro del fascismo, como lo fuera el deshilachado fantasma del comunismo, recorre actualmente el mundo y continúa su imparable expansión entre países que parecían protegidos por democracias más o menos consolidadas. Junto a los Orbán, Salvini, Le Pen, Meloni, Trump,  Bolsonaro, Abascal y demás ralea, a finales de 2023 se unió a ellos Milei, en Argentina, con su discurso de la motosierra, carajo. Todos y cada uno de estos estrambóticos personajes de la extrema derecha representan el resurgir de un neofascismo que, cual virus patógeno, infecta las democracias para acabar con ellas mediante un ideario totalitario, antidemocrático y ultranacionalista que se distingue por su sectarismo, intolerancia, racismo, desigualdad y violencia. Todos comparten un único objetivo: implantar “un encuadramiento unitario de la sociedad”, en definición de Norberto Bobbio.

Aquí, en España, estuvimos a punto de izar al gobierno a nuestra extrema derecha de Vox, cuyo líder, el enardecido Santiago Abascal, ya acariciaba la vicepresidencia. La ola conservadora que barrió municipios y comunidades en mayo pronosticaba un asequible triunfo de la derecha en las generales de julio. Faltaron cinco votos para conseguirlo. Los mismos que sumaron las izquierdas para impedirlo, permitiendo la reedición del gobierno de coalición de PSOE y Sumar, al que las derechas del PP y Vox, enrabietadas por unas expectativas frustradas, acusan de ilegal, traidor y otras lindezas por el estilo. Y no se les pasa el berrinche: continúan sin admitir su derrota ni asumir que, en democracia, a veces se gana y otras se pierde. Legítimamente. Hasta concentraciones diarias siguen organizando frente a la sede madrileña del PSOE para exigir que se les devuelva lo que consideran suyo por voluntad divina: el poder. Rezan incluso para que dios o el ejército atienda sus rogativas extemporáneas.

Entre tanto, el Gobierno en funciones, salvo el último mes, ejerció la presidencia rotatoria de la Unión Europea con un balance legislativo de récord. Es verdad que no todos los asuntos de la agenda fueron resueltos, pero los más destacados encontraron solución bajo la presidencia semestral de España. Y como guinda, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, consiguió ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones, demostrando el peso y la confianza que España merece en Europa, a pesar de las descalificaciones y advertencias catastrofistas con que la derecha española, tan patriota ella, tacha al gobierno en cualquier foro y ocasión.

A esta inestabilidad política durante gran parte del año, habría que añadir la pertinaz sequía que sufre el país desde hace tres años. La situación es grave, aunque se procura no alarmar a la población. Particularmente, en Cataluña y Andalucía, donde la escasez de precipitaciones hace que el volumen del agua embalsada no supere el 20 por ciento. Ya se han implantado restricciones al uso agrícola y al ornamental (riego jardines, fuentes, etc.). Pero si en la próxima primavera no llueve en abundancia, los recortes del suministro de agua afectarán al uso doméstico. Sin embargo, seguimos ampliando regadíos en la agricultura, llenando piscinas y autorizando industrias que precisan enormes cantidades de agua para su funcionamiento. Es decir, todavía no hacemos un uso racional y sostenible de un bien escaso como el agua en nuestro país, como si estuviera garantizado que cada temporada las nubes proveerán tan vital elemento. 2023 ha sido un año seco y, para colmo, el más cálido de la historia. ¿Y qué hacemos? Pues, como la derecha en Madrid, rezar. Y tomar iniciativas cosméticas de cara a la galería: publicar bandos con consejos para evitar el despilfarro (No vaciar las cisternas, cerrar el grifo durante el cepillado de dientes, etc.). Eso sí, se aprovecha la situación para aumentar las tasas municipales en el recibo del agua y tratamiento de residuos urbanos. Ya está la derecha pensando en pedir la dimisión de Pedro Sánchez por no garantizar el suministro de agua a los españoles, como hizo el popular “Juanma” Moreno en Andalucía por no atender a los regantes ilegales de Doñana. Todo vale para la crispación, la confrontación y la polarización, término, este último, elegido por la FundéuRAE, como palabra del año. Y no me extraña. Pero aun falta por elegir al polarizador del año (persona o colectivo). Yo lo tengo claro.

En resumen: 2023 ha sido difícil y complejo, porque, además de lo señalado, la inflación, la incompleta recuperación tras la pandemia y las carencias que todavía nos acompañan han hecho que despidamos el año con la esperanza de que 2024 sea un poco mejor. Sólo un poquito mejor, en el que las instituciones funcionen como es debido, los políticos se comporten con responsabilidad y educación, la economía atienda también a los desfavorecidos, la cultura abarque a todos, el deporte proporcione alegrías, las creencias se reserven a la intimidad y los templos y la sociedad asuma y respete la pluralidad y diversidad de sus miembros. ¿Acaso es mucho pedir? Yo creo que nos lo merecemos después de tantas guerras, pandemias, volcanes y crisis diversas. Ya es hora de normalidad y relaciones civilizadas, como país y como personas.

Última semana

Apuramos la última semana del año, de Nochebuena a Nochevieja, con la impresión de que los años se precipitan sin remedio y apenas nos permiten diferenciar el ayer del hoy, un ayer cada vez más lejano y un presente inaprensible y raudo. Es tan veloz la carrera que los calendarios solo sirven para registrar una fugaz sucesión de meses que se acumulan desordenados en la memoria, como escombros caídos de un edificio en ruina. Años que se escurren entre los rutinarios ciclos de las estaciones y que agotan nuestra capacidad para la sorpresa  y nos instalan en el pesimismo más decepcionante, aquel que no tiene ilusión por nada y que califica cualquier novedad como más de lo mismo. Únicamente los niños son capaces de disfrutar de estas fiestas con sincera emoción, llenos de ingenuidad y libres de hipocresía, porque en sus ojos todavía brilla la alegría de las vacaciones y el misterio de los regalos.

Este año, como todos, se presta a dar relevo numérico al siguiente para que la existencia celebre una contabilidad que carece de sentido. Porque nada cambia, a pesar de las promesas y los brindis. Puede que haya, en competición absurda, más luces en las calles que nos invitan a un consumo inútil con la esperanza de no vernos orillados de la euforia mercantil que ha transformado unas fechas familiares en carnavales de ostentación y felicidad por decreto.  Todo permanece inmutable en el teatro del mundo, salvo los niños con su inocencia y nosotros, que nos hacemos viejos, un estatus que antes otorgaba respeto senatorial y que hoy te condena al aislamiento físico y psíquico de un asilo, donde no estorbes.

El mundo no cambia, en fin. Es así de tozudo. Los poderosos persisten en amasar sus fortunas y los pobres, en no dejar de soñar que les toca la lotería, ya que la suerte, siempre incierta y arbitraria, es el único consuelo. Unas guerras toman el relevo de otras para que no se detenga el gasto en munición que sostiene el próspero negocio de la muerte. Populismos con nuevo envoltorio resucitan viejos regímenes totalitarios y reaccionarios, que se presentan con el disfraz de la libertad, la raza y, otra vez, la religión. La democracia y los derechos, en cambio, van y vienen, ¡ay!, según conveniencia de las élites locales y globales dominantes. Unas élites que consienten que acudamos cada cuatro años a votar para que nos entretengamos con unas urnas cuyos votos tienen un valor desigual, como la desigualdad que todavía nos divide en favorecidos o perjudicados, en función de la cuna y el lugar donde hayamos venido al mundo. En todas partes del mundo nada cambia por más que sumemos años a la historia de la humanidad. Simplemente se adapta al nuevo dígito para que todo siga como estaba y nadie escape de su lugar en la sociedad.    

Esta última semana finaliza dando lugar al cambio convencional del año cuando arranquemos la hoja del calendario. El sol mantendrá a nuestro planeta girando alrededor de su esfera incandescente para que los días y las noches se alternen en nuestras vidas, como lleva millones de años sucediendo. Pero esta última semana será distinta, para quien así la transite, porque contribuirá, con su convencionalismo, a mostrarnos que la existencia es lo único que cambia ante la indiferencia de los días. Celebremos, por tanto, que, a pesar del vértigo de los años acumulados, podemos contarlo. Es el motivo por el que también recurro al tópico de desearles ¡felices fiestas!     

Holocausto palestino

Utilizo holocausto para expresar lo que, según el diccionario de la RAE, en su primera acepción, significa el término: “gran matanza de seres humanos”, pero también para valerme de la connotación que, en su segunda acepción, infiere: “exterminio sistemático de judíos…”. Porque con holocausto nos referimos, habitualmente, al genocidio cometido por el régimen nazi de Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando asesinaron a seis millones de judíos europeos. Esa matanza es conocida también por el término hebreo Shoá. Además, tradicionalmente para los israelitas, el holocausto era el sacrificio religioso en que se quemaba una víctima. Se trata, por tanto, de una palabra que engloba para los hebreos historia, costumbres y religión. Pero parece que olvidan todos sus significados.

Porque lo que está haciendo actualmente el Gobierno hebreo de Netanyahu es un holocausto del pueblo palestino: una masacre, una matanza, el exterminio, si no sistemático, constante y paulatino de los seres humanos que históricamente habitaban Palestina, el territorio que hoy ocupa Israel y de donde los quiere expulsar o eliminar. El último capítulo de este plan de exterminio es la actual ofensiva bélica de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que, aplicando la “doctrina Dahiya”, está golpeando a la indefensa población gazatí de manera desproporcionada con toda la maquinaria militar disponible, sin discriminar entre civiles y combatientes de Hamás, al considerar que todos ellos son objetivos legítimos. Es decir, los judíos contemporáneos están cometiendo un holocausto sobre el pueblo palestino, olvidándose de su propia historia, costumbres y creencias.

No hay otra forma de entender la enloquecida reacción “defensiva”, promovida por el gabinete sionista de Netanyahu, tras el ataque terrorista de la milicia palestina de Hamás contra algunos poblados rurales israelíes, limítrofes con Gaza, en los que causó 1.200 israelíes asesinados y secuestraron otros 230 que retienen en Gaza como rehenes. El contra-ataque “defensivo” de Israel ha ocasionado, hasta la fecha, más de 19.000 gazatíes muertos, entre ellos 7.000 niños,  5.000 mujeres y miles de desaparecidos, sin importar si eran civiles o combatientes. Y donde ha matado a personal sanitario y periodistas, destruido más de 50 instalaciones de la ONU, 26 hospitales, 55 ambulancias, 81 mezquitas, 278 escuelas y decenas de miles de viviendas y edificios públicos. Dado este balance, más que legítima defensa, lo que está practicando en Gaza es una venganza que transgrede el Derecho Internacional Humanitario y que persigue un fin preciso: el exterminio de la totalidad de la población palestina gazatí.

Algo que también, aprovechando la operación militar sobre Gaza, se está haciendo en Cisjordania, aunque en menor medida pero con idéntica desconsideración de vidas inocentes. Allí los pasos fronterizos con Jerusalén, controlados por Israel, han sido cerrados y las incursiones militares y los arrestos arbitrarios se han incrementado considerablemente desde el pasado 7 de octubre. El resultado es de más 300 palestinos muertos, entre los que hay que contar más de 70 niños, nueve de ellos a manos de colonos israelíes. Sin ningún motivo que justifique la acción israelí, estas cifras de muertos palestinos son ya las más altas desde la Segunda Intifada, convirtiendo al año 2023 en el más sangriento en la Cisjordania ocupada, un territorio palestino al que Israel continuamente salpica con colonias ilegales de asentamientos judíos.       

Y todo ello gracias a que Israel, al no tener que atender otros frentes bélicos con sus vecinos por contar con la cobertura estadounidense en la región, se puede concentrar tranquilamente en aplastar al pueblo palestino en sus menguantes territorios de Gaza y Cisjordania, hasta su total aniquilación, si la comunidad internacional no lo impide. Un auténtico holocausto.

Pero, más allá de repetir en dirección opuesta –de víctima a verdugo- la historia y las costumbres hebreas sobre el holocausto, Israel también se deja llevar por las connotaciones religiosas del término, al creerse el “pueblo elegido” por Dios y considerar a Palestina la “tierra prometida”. Tal componente religioso no es más que el fruto de una lectura fundamentalista de los textos bíblicos, de la que extrae la leyenda de que esa tierra palestina le pertenece por “Derecho Divino”.  De ahí que, desde la fundación del Estado hebreo hace 75 años, Israel esté obsesionado y absolutamente convencido en ocupar totalmente la antigua tierra de Palestina, de la que expulsa o aniquila su población árabe, a la que sacrifica bajo el fuego de las bombas en pos de ese designio religioso. Holocausto del pueblo palestino en su tercera acepción.

Ya no se acuerdan los judíos –o sus gobernantes más radicales- que fueron víctimas del holocausto de Hitler. Pero, si lo recuerdan, no han aprendido que la matanza de seres humanos es un crimen injustificable e inextinguible de lesa humanidad. Y que del mismo modo que ellos todavía persiguen a criminales nazis para hacer justicia, también podrían los dirigentes y responsable hebreos ser buscados y condenados en el futuro por la expulsión del pueblo palestino de sus tierras y los continuos planes que ejecutaron, con múltiples excusas, para su exterminio. Podrían ser castigados por el holocausto palestino que están llevando a cabo directamente en Gaza e indirectamente en Cisjordania.  Un sonrojante bochorno para cualquier hebreo con conocimiento de su historia, costumbres y creencias, englobadas en una misma palabra: holocausto.    

¿Quién era Kissinger?

Hace poco, supimos la noticia del fallecimiento, en Kent (Connecticut, EE.UU) de Henry Kissinger. El hecho no apareció en los medios porque el finado tuviera una edad a la que la muerte pareciera haberle concedido varias prórrogas. Sino por quien había sido. Henry Kissinger fue un todopoderoso Secretario de Estado durante las presidencias de Richard Nixon y Gerard Ford que, en la última mitad del siglo pasado, influyó y orientó la política internacional de los Estados Unidos de América (EE UU). Era la época en que EE UU estaba detrás del golpe de Estado de Chile y arrasaba con napalm Vietnam y Camboya. También, fueron los años en que Washington hacía la vista gorda cuando Pakistán masacraba Bangladesh, matando más de 300.000 personas y empujando a 10 millones de perseguidos hacia el exilio en la India de Indira Ghandi. O apoyaba la asonada del General Suharto en Indonesia, quien permaneció en el poder hasta 1998. Se podría decir, en fin, que Kissinger era el representante y teórico de la época del imperialismo cañonero que defendía la hegemonía global de los Estados Unidos de América.

Fue un personaje en verdad belicoso y ambicioso, dotado de una inteligencia privilegiada para el maquiavelismo y los tejemanejes políticos, a los que se entregaba sin reservas morales, éticas o legales. Un auténtico Rasputín de la Casa Blanca, experto en estrategia de Guerra Fría y Realpolitik e inventor de la diplomacia itinerante, lo que lo llevaría a estar presente en todos los conflictos y salsas políticas que se cocieron en aquellos años.

Acumularía tanto poder que llegó a ser la primera persona de la historia de EE. UU. en abarcar de forma simultánea los cargos de Asesor de Seguridad Nacional (1969/1975) y Secretario de Estado –ministro de Exterior- (1973/1977) de Nixon y Ford. Sin embargo, su ambición tenía un tope insuperable: como no era norteamericano nativo, no pudo aspirar a la presidencia del país, algo vetado a las personas no nacidas en EE.UU.

Heinz Alfred Kissinger era un inmigrante alemán de origen judío que huyó de su país con su familia para escapar de la persecución nazi. Natural de Fuerth (Alemania, 1923), en 1938 recaló en EE.UU, con tan sólo 15 años de edad, donde cambió su nombre por Henry. En 1942 obtiene la nacionalidad norteamericana y se integra de lleno en la sociedad yankee, alistándose al Ejército y trabajando en el Cuerpo de Contrainteligencia. Estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, en la que posteriormente también se dedica a la enseñanza, antes de dar el salto a la política bajo el paraguas del Partido Republicano. Obsesionado siempre con la política geoestratégica nacional, no dejó de trabajar como consultor de seguridad para diversas agencias gubernamentales, entre 1965 y 1968, durante las presidencias de Eisenhower, Kennedy y Johnson, hasta que finalmente Richard Nixon lo nombra, en 1969, Asesor de Seguridad Nacional y Secretario de Estado, en 1973.

Kissinger, por tanto, fue no sólo testigo, sino muñidor de buena parte de las políticas, con conflictos, fracasos y aciertos, de lo llegaría a denominarse el siglo estadounidense, aquel orden internacional posterior a 1945 en el que EE.UU. imponía su control y dominio cual gendarme mundial. Entre los logros más aplaudidos de Kissinger, que cambiaron las relaciones internacionales, figura la apertura a la China comunista y el reconocimiento diplomático del régimen de Mao Zedong, propiciando, así, la primera visita de un presidente norteamericano a China, que protagonizó Nixon en 1972. También se consideran un acierto sus políticas de distensión con la Unión Soviética y su reconocimiento como interlocutora de la hegemonía mundial (Conferencia de Helsinki, 1975). Además, como tercer logro, no puede obviarse su implicación en la búsqueda de la paz entre Israel y sus vecinos árabes, mediando para poner fin a la Guerra de Yom Kippur (1973). Son hechos que, vistos desde la actualidad, ofrecen un balance agridulce debido a la persistencia del conflicto Palestino-Israelí, la actitud agresiva de Rusia hacia Occidente y el enfrentamiento estratégico de China por disputar la hegemonía estadounidense. Fueron éxitos diplomáticos más bien temporales.

Y lo que es más grave de su legado, porque fue algo más controvertido que, a la postre, significó una derrota humillante de EE.UU,, fue su participación en los Acuerdos de París, junto a su homólogo Lê Dúc Tho, para poner fin a la guerra de Vietnam. Paradójicamente, gracias a esta labor recibieron ambos interlocutores el premio Nobel de la Paz, en 1973. El vietnamita tuvo la honradez de rechazar un galardón que premiaba unas negociaciones manchadas de sangre, acordes con la predisposición de Kissinger a valerse de la guerra como medio para alcanzar la paz, soslayando, cuando fuera preciso, el respeto a los derechos humanos y exhibiendo su simpatía por regímenes represivos y dictadores.

De hecho, la acción internacional de EE.UU., siguiendo los dictados y consejos de Kissinger, prosiguió con el apoyo a grupos nacionalistas violentos, en su pulso de poder con la Unión Soviética, como la Unita en Angola, los Contra en Nicaragua y toda clase de dictadores de África y Oriente Medio, según conveniencia de los intereses geoestratégicos de EE.UU., su país de adopción.      

Toda estas iniciativas y actuaciones de Kissinger, quien calificaba el Poder como “el gran afrodisíaco”, fueron materia para un libro de Christopher Hitchens, “El juicio de Henry Kissinger” (2001), en el que lo acusa de cometer, supuestamente, numerosos crímenes de guerra, por los cuales jamás se vio obligado a sentarse en el banquillo ni le provocaron remordimiento alguno.

Por el contrario, lo encumbraron a lo más alto del prestigio político y de la fama. Sus libros son todavía de obligada lectura entre los académicos de relaciones internacionales y los aspirantes al pragmatismo cínico en política, donde dio sobradas muestras de que, por lo general, la teoría y las buenas intenciones no siempre concuerdan con el ejercicio del poder.

Así era el Secretario de Estado más emblemático de EE.UU. que falleció el pasado mes de noviembre a los cien años de edad. Una edad que no le impidió realizar una última visita no oficial a China, protagonizando un encuentro con el presidente Xi Jinping de fuerte connotación simbólica, cincuenta años después de aquella con la que inauguró las relaciones entre EE. UU. y la China de Mao Zedong,  Y es que, dicen los que le conocieron, Kissinger conservaba aun, a esa edad provecta, la lucidez mental y la memoria, con la que repasaba su influyente y paradigmática trayectoria, sin que la conciencia le perturbase el ánimo. Todo un personaje.

Constitución, 45 años

La Constitución española (CE) cumplió el miércoles pasado 45 años en vigor. Se convierte, así, la de más larga duración de la historia de España. Fue aprobada un 31 de octubre de 1978 por las Cortes y ratificada en referéndum constitucional el 6 de diciembre del mismo año por los españoles con su voto en las urnas. Es un hecho relevante del que deberíamos sentirnos orgullosos porque la CE situó a nuestro país, apenas recién salido de una dictadura vergonzante, entre las democracias que envidiábamos de nuestro entorno. Un orgullo que sienten incluso los que no la votaron, como fue mi caso.

Cerca del 59 por ciento del censo electoral de aquel año (17 millones largos de personas) votó a favor del texto elaborado por los ponentes de las Cortes constituyentes: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca por parte de UCD (partido gobernante de Adolfo Suárez), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Manuel Fraga (AP) y Miguel Roca (Minoría Catalana). El árido texto jurídico fue corregido de tecnicismos innecesarios por Camilo José Cela y su preámbulo es obra de Enrique Tierno Galván, alcalde socialista de Madrid. La Carta Magna salió adelante en todas las provincias, salvo en Álava, Guipúzcoa, Lugo, Orense y Vizcaya, donde los síes no superaron la media del censo, haciendo prevalecer la abstención. 

Yo engrosé esa lista de poco más de 8.700.000 personas que se abstuvieron. Me resistí a votarla porque incluía la aceptación de una Monarquía que no había sido sometida a consideración de los ciudadanos previamente. El referéndum constitucional era un todo inseparable: lo tomabas o lo dejabas. La democracia que nos garantizaba la Constitución no permitía, en cambio, la posibilidad de elegir democráticamente entre República o Monarquía, como anhelábamos muchos que éramos jóvenes utópicos en aquella época. No se permitió ninguna opción alternativa. Finalmente, el rey sancionó la flamante Constitución y se convocaron nuevas elecciones que inauguraron el actual periodo democrático que disfrutamos en nuestros días. De eso hace ya 45 años. ¡Y ojalá que dure otros 45 más!

Esa Ley de leyes fue fruto de unas circunstancias y de un momento dado de nuestra historia que, afortunadamente, confluyeron de forma pacífica y positiva. Sus redactores, los padres fundacionales citados, intentaron adecuar su articulado a los posibles cambios que pudieran producirse en una sociedad que, como todas, se ve sometida a modificaciones constantes. Y no deja de evolucionar. Pero el texto permanece intacto, prácticamente inalterable. Por eso, la Constitución prevé su reforma a través de dos procedimientos: uno rápido y otro más rígido (arts. 167 y 168 CE), que se diferencian en virtud de la materia afectada. El procedimiento agravado se aplica cuando la reforma afecta a los artículos relacionados con los derechos fundamentales (Título I) y a los de la Corona (Título II). Tales precauciones para la reforma, sea simple o reforzada, persiguen con su complejidad mantener la estabilidad del sistema y la supremacía de la CE sobre las leyes, pero posibilitando cambios cuando una mayoría parlamentaria amplia lo considere necesario.

Así y todo, la Constitución ha sufrido algunas, muy pocas, modificaciones. La más importante se acometió para garantizar en el texto constitucional  los derechos de los acreedores (art. 135 CE) tras el estallido de la crisis financiera de 2007. Pero continúa pendiente, aunque no sea necesaria porque no hay primogénito varón, una reforma que evite la discriminación evidente, ¡con rango constitucional!, que sufre la mujer respecto de la sucesión al trono. La Constitución señala la prevalencia del varón sobre la mujer en los derechos sucesorios, como establecían las antiguas Leyes Sálicas. Un anacronismo. Pero también una auténtica contradicción con el derecho a la igualdad de todos los españoles, sin importar condición, incluida la de género, que reconoce la propia Constitución. No se trata, por tanto, de una reforma urgente, pero sí conveniente y oportuna, por coherencia constitucional.

En cualquier caso, resultaría casi imposible, en la presente coyuntura de enfrentamiento político y crispación social, emprender reforma alguna de la Constitución. No hay más que ver las dificultades para renovar el CGPJ, que exige para su renovación, pendiente desde hace más de cinco años, una mayoría similar a la necesaria para la reforma de la Constitución. Si no somos capaces de respetar las normas –aun declarándonos constitucionalistas- para renovar un órgano constitucional, menos aún seremos capaces de acometer ninguna reforma de la Constitución, como precisa Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, en un artículo reciente.     

A pesar de sus defectos, la Constitución española  ha legitimado un Estado social y democrático de Derecho que, si bien es manifiestamente mejorable, es el que ha proporcionado el mayor período de libertad, justicia, igualdad y pluralismo de España, como propugna en sus valores superiores. Ha posibilitado el mayor período de democracia, paz, progreso y tolerancia que jamás hemos disfrutado en este país nuestro, tan inclinado al cainismo. Y eso es algo que hay que agradecer, incluso, por quienes en su día no ratificamos su aprobación y por esos otros que, a día de hoy, abogan por derogar una Constitución que les reconoce el derecho para disentir y cuestionarla.

La Constitución nos enseña que los derechos y las libertades no son concesiones permanentes, sino conquistas democráticas que constantemente hay que defender y preservar en la calle, en el trabajo, en los templos, en la convivencia y en todos los lugares donde se pongan en cuestión. Esa es la mejor y más eficaz manera de celebrar el 45º aniversario de nuestra Constitución.

La música de diciembre

Cada vez que llega este mes, en mis oídos resuena una melodía de piano que siempre acompaña los días cortos, fríos y fantasmagóricos del invierno. Desde hace décadas no dejo de relacionar esa música con la estación que nos obliga a abrigarnos y buscar refugio en el calor placentero del hogar o dejándonos acariciar por tímidos rayos de sol. Es la música de diciembre que desde entonces no dejo de aconsejar desde esta bitácora y que, otra vez, vuelve a encabezar mis predilecciones para un mes que se presta al intimismo y a la introversión, como fórmula apropiada para dejarse transportar por los ensueños y los ensimismamientos que las notas de December nos producen. Gracias a las notas armoniosas de su melodía es posible desconectar de las urgencias contingentes de la rutina para reposar en la placidez de una tranquilidad espiritual que sosiega al alma más inquieta y desesperada. Tal es el estado al que me eleva esta música de diciembre desde que la escuché por primera vez. Y no dejo de acurrucarme en ella desde entonces.

     

Una legislatura a cara de perro

Con la investidura de Pedro Sánchez, la formación de su gobierno y la inauguración oficial, el pasado miércoles, de la XV Legislatura por parte del rey Felipe VI en sesión solemne en Las Cortes ante congresistas y senadores, daba comienzo el nuevo curso político, probablemente el más abrupto, crispado y turbio de los últimos tiempos.

Aunque, bien mirado, ninguno de los gobiernos socialistas anteriores, desde Zapatero hasta el actual, ha disfrutado de una atmósfera de colaboración y lealtad por parte de la oposición conservadora como para describir a esta legislatura de la más cuestionada, tensionada y bronca desde la restauración de la democracia en España. Siempre ha habido confrontación, unas veces con buenos modos y otras, desabridas.

Desde que el PP es PP (AP nunca gobernó) jamás ha dejado de acusar a los gobiernos socialistas de todas las catástrofes habidas y por haber cada vez que se ha visto obligado a ocupar los bancos de la oposición. Con Aznar hasta Rajoy, pasando por Casado y acabando con Feijóo, el mantra de los conservadores ha sido, inevitablemente, la ineptitud de cualquier gobierno socialista y el peligro que representa para la unidad de España, a las tradiciones más señeras o al bienestar y la moralidad de los españoles.

Pueden variar las excusas, pero no el núcleo de un relato que adaptan a la actualidad de cada época. Así, lo que antes era ETA, ahora el arma arrojadiza es Hamás; o la crisis financiera de 2008 se convierte hoy en la del covid del 2019 como ejemplo de gestión nefasta. España, según el discurso eterno de la derecha, siempre está rompiéndose, desde entonces  hasta hoy. Y siempre por culpa de algún gobierno socialista. El que sea y haga lo que haga. Es la manera de hacer política de la derecha, su política. Y es su forma de entender el país, su modelo de país. No se les puede pedir más.

Por eso no es  de extrañar que sigan comportándose de igual forma, pero en esta ocasión animados y acompañados por los cachorros ultras de Vox, que se desgajaron del árbol común de los herederos del franquismo, y que los espolean a ser más agresivos si cabe, como si sólo las derechas fueran las únicas legitimadas para gobernar España, esa patria que tanta saliva les genera y de la que no se separan, cargándola en pulseritas rojigualdas en la muñeca. La sufren, cuando no gobiernan, como si fuera una posesión privada e intransferible que se verá desvalijada si es administrada por otros que no sean ellos. La izquierda cuando gobierna es una `okupa´, como la definen en pancartas y eslóganes.

Tal es el ambiente enrarecido con el que se inicia la actual legislatura. Vuelven a poner en cuestión la legalidad del actual gobierno, la legitimidad de Pedro Sánchez para gobernar, la limpieza electoral, la constitucionalidad de algunas leyes e, incluso, a distorsionar la realidad para poner en duda valores democráticos con tal de tachar al gobierno de totalitario y procurar una dictadura. Si sabrán ellos, viendo de donde proceden ideológicamente, lo que es realmente una dictadura que, mira por dónde, la última de las cuales jamás han condenado. Será que la añoran.

No contentos con promover escraches diarios, durante semanas, ante la sede madrileña del PSOE, con convocar a corresponsales de prensa extranjera para pedir auxilio por España, con hacer el ridículo en Europa en su afán por frenar una ley que se tramitará por los procedimientos legales, como cualquier ley orgánica, en un parlamento democrático, y con cuestionar las instituciones del Estado sin importarle la desafección de la sociedad no sólo hacia las instituciones, sino también hacia el propio régimen democrático de nuestro país, las derechas, no contentas como decimos, se valen además de su presencia en las instituciones para boicotear la acción de un gobierno al que pretenden desprestigiar por todas las maneras posibles: con la verdad o con la mentira, con la lealtad o la deslealtad, con honestidad  o desvergüenza, legal o torticeramente.

No tienen empacho en instrumentalizar el Senado y el CGPJ para usarlos como terminales institucionales en su confrontación a muerte con el Gobierno y obstaculizar iniciativas gubernamentales. En cualquier otro país causaría bochorno, por ejemplo, que el mandato del CGPJ lleve cinco años caducado debido a la obstinación del PP por impedir que sus miembros reflejen las mayorías elegidas del Congreso de los Diputados, como establece la Constitución, con tal de no perder la mayoría conservadora que todavía conserva de legislaturas anteriores. ¡Y luego se declaran constitucionalistas!

Ya ni las Cortes ni el rey son dignos de su consideración y confianza. Al segundo lo insultan cada noche en esos escraches, en pancartas y gritos con el apodo de “Felpudo VI”, y las primeras son objeto de desplante y mala educación al negar el aplauso al discurso de la tercera autoridad del Estado en el acto de inicio de la XV Legislatura. Y es que así son las derechas si no comulgas con sus ideas. No les gustó, al parecer, que la presidenta del Congreso subrayara que “la decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio”. ¿Acaso es falso? Tampoco serían de su agrado que enumerara leyes aprobadas en las Cortes que han supuesto nuevos derechos y ampliado libertades para el conjunto de la sociedad. ¿Destacar los frutos legislativos del Parlamento es una provocación para las derechas? Por lo visto, sí.  

Cada vez que la izquierda accede al poder, la derecha reacciona de manera exagerada con amenazas, insultos y descalificaciones por no poder impedirlo ni arrebatárselo. Pero esta vez, además, porque el Ejecutivo de coalición se inaugura impulsando una ley de amnistía que causa un rechazo visceral no sólo en sectores conservadores, sino también en no pocos integrantes de la izquierda y otros estamentos sociales. Para colmo, las negociaciones entre el PSOE y Junts, cuyo acuerdo fue clave para lograr la investidura, se cubre de un velo de opacidad que oculta, dicen que momentáneamente, la identidad de la persona o institución que verificará su cumplimiento*. Es decir: más leña para la desconfianza y munición para la oposición. Y, por si no fuera poco, unas declaraciones de Pedro Sánchez sobre la reacción de defensa de Israel que excede el derecho humanitario causa una grave crisis diplomática, cuyo alcance está por determinar. Crisis que el PP aprovecha, cómo no, para que su nuevo portavoz inaugure el cargo acusando a Sánchez de ponerse “del lado de los terroristas”, en alusión a Hamás, sin que le conmueva al portavoz, tan cristiano y devoto él, los más de 15.000 muertos inocentes de Gaza que nada tuvieron que ver con el ataque terrorista a Israel. Lo que ya decía: ahora Hamás sustituye a ETA en el fangal político en el que gusta chapotear la derecha.

Se barrunta, por tanto, una legislatura polarizada, tensa, bronca  y complicada, sobre la que nadie apuesta por su duración. Y no sólo por la constante labor de zapa de las derechas, sino también por la complejidad y las dificultades que caracterizan las relaciones del Gobierno con unos socios parlamentarios, diversos y con intereses opuestos entre algunos de ellos, con los que tendrá que negociar todas y cada una de sus iniciativas gubernamentales. De ahí que la legislatura no se prevea fácil ni cómoda, hasta el extremo de poder calificarla, sin riesgo a equivocarme, de abrupta, crispada y tensa. A cara de perro, vamos.

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Actualización: 3/12/2023

A última hora de ayer, 2 de diciembre, se dio a conocer el nombre del verificador o coordinador de las negociaciones entre PSOE y Junts: el salvadoreño Francisco Galindo Vélez (1955), abogado, diplomático y vinculado a la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.

La cara del rey

Pedro Sánchez, tras merecer la confianza por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para ser proclamado presidente del Gobierno, prometió ante el rey Felipe VI, en un acto celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, “cumplir con las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros”. 

Era la tercera vez, desde que promovió la moción de censura contra Mariano Rajoy en julio de 2018, que el líder socialista protagoniza este trámite protocolario sobre un ejemplar de la Carta Magna, asistido por la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, como notaria mayor del Reino. Y del que fueron testigos la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y el del Consejo General del Poder Judicial por suplencia, Vicente Guilarte.

Aunque se trata de un acto de escasa duración, de poco más de dos minutos, indistinguible de los anteriores, esta vez destacó por un detalle que a nadie pasó inadvertido: el semblante excesivamente serio y circunspecto del rey. El monarca mantuvo una expresión de ceño fruncido desde que recibió a la presidenta del Congreso con la comunicación del resultado del proceso de investidura y durante el acto del juramento constitucional del presidente del Gobierno. Una expresión inédita, entre enfado y preocupación, que se presta a ser relacionada con alguna circunstancia que no parece ser de su agrado.

A falta de una explicación oficial, es plausible especular con que al rey le disgustase la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. Si ese fuese el motivo, su gesto delataría una reacción inoportuna que contrasta con la que lució en enero de 2020, cuando la entonces presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, le informó también que Sánchez había sido investido. ¿Qué le molesta, hoy, al rey para poner esa cara?

Ante la ausencia de aclaraciones fidedignas, y siguiendo el hilo argumental arriba expuesto, cabría suponer que el rey se sentiría contrariado con la concesión de una amnistía a quienes él mismo había amonestado de manera expresa, en alocución televisada en octubre de 2017, por el “inaceptable intento de secesión en una parte del territorio nacional”, en la que advirtió, además, que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”.

Si tal fuera el caso, sería comprensible que Su Majestad se sintiera especialmente molesto con un Gobierno que nace llevándole la contraria y que, en cierto modo, premia a los que él recriminó por su conducta inaceptable y condenable. Un enfado comprensible pero injustificable, por cuanto, como Jefe de Estado de una monarquía parlamentaria, su función se limita a ejercer un papel moderador y tasado, en el que todos sus actos han de ser refrendados por el Gobierno. Mostrar disconformidad con una decisión gubernamental no cabe entre sus atribuciones  ni es acorde con una democracia que establece que la soberanía reside en la ciudadanía española, que es la que elige a quienes la gobernarán. De ahí que el rey reine, pero no le está permitido gobernar.

Con todo, lo más grave sería que el rictus facial del rey ponga en evidencia sus simpatías ideológicas, legítimas a título personal para depositar su voto secreto en unas elecciones, pero en modo alguno para insinuar públicamente sus preferencias políticas, coincidentes o no con los postulados o actuaciones de cualquier formación representada en el Parlamento. Al rey no se le está permitido evidenciar ni adoptar decisiones políticas. Si así lo hiciera, el régimen de España no sería una democracia, pues la soberanía popular dejaría de estar en el pueblo español sino en el rey, y el rey no es elegido. Es un símbolo, sin más, y así ha de comportarse: absoluta y escrupulosamente neutral.

Por eso la Constitución establece que el rey “no tiene responsabilidad” sobre lo que firma, incluido, si se le presentase, la futura ley de amnistía. Su función se limita a “sancionar las leyes con su firma”, puesto que esas leyes llevarán consigo el refrendo del cargo político competente y del Gobierno surgido de la voluntad popular.

Poner caras que denoten su estado anímico durante un acto oficial, más allá de las que diplomáticamente sean pertinentes y hasta aconsejables, no entra en su cometido como rey ni en el ejercicio profesional de su alta magistratura como Jefe de Estado. Esas caras han de reservase para el ámbito privado de su intimidad. A menos que, como sugiere Javier Aroca en un comentario publicado en elDiario.es, el rey sea incapaz de disimular una dolorosa situación, la del estreñimiento. En ese caso, tiene suerte Su Majestad de vivir en Madrid, la ciudad que dispone de la mejor fruta de España. Sería aconsejable que el rey coma fruta, como pregona Isabel Díaz Ayuso desde la galería de invitados del Congreso, porque la fibra de las frutas ayuda a evitar esa calamidad intestinal que le tuerce el rostro.  

El damero de la investidura (y III)

Al fin se ha completado el damero. Había comenzado a completarse cuando Pedro Sánchez admitió por primera vez la amnistía en una reunión del Comité Federal del PSOE. Ha transcurrido algo más de un mes entre la investidura fracasada del candidato conservador  Alberto Núñez Feijóo y la exitosa del socialista. Tal ha sido el tiempo que ha necesitado este último para rellenar las casillas que le permitirían resolver el damero de su investidura. Pero no ha sido sin dificultades y obstáculos, como corresponde a la política de altura: negociar, ceder, exigir y pactar hasta lograr consensos.

El juego comenzaría el pasado 23 de julio, cuando el Partido Popular cosechó mayor número de votos en las elecciones, pero no consiguió ni los escaños suficientes ni los apoyos parlamentarios necesarios para formar gobierno de coalición con VOX. Tal imposibilidad permitiría al candidato del PSOE optar a la investidura, iniciando negociaciones y alcanzando acuerdos con las formaciones que no apoyaron al candidato conservador, haciendo depender su éxito al pacto con partidos nacionalistas e independentistas más pequeños, además de Sumar, que agrupa a Podemos y un rosario de formaciones izquierdistas.

Conforme sellaba pactos con todos esos partidos, aumentaba  el enfado de la derecha derrotada en las urnas que, con la excusa de la amnistía que se barruntaba, incendiaba las calles con manifestaciones, concentraciones y mítines. Una reacción exagerada y a veces violenta destinada a abortar la investidura del socialista con la finalidad de que se convoquen nuevas elecciones. Sólo en dos ocasiones se han tenido que repetir elecciones en España, en el período democrático, ante la imposibilidad de investir un candidato, y tal era el objetivo de las movilizaciones convocadas por el PP y Vox. Núñez Feijóo no dudó en expresarlo de manera meridiana: “no nos vamos a callar hasta que hablen las urnas”, haciendo caso omiso a que las urnas ya habían hablado, dando como resultado el rechazo a su investidura. Una reacción nacida de la frustración por no detentar el poder. Su enfado no era, pues, por la amnistía, sino por un poder se les vuelve a escapar. A las derechas les enerva que vuelva a gobernar Sánchez, como explicaba The Economist a sus 27 millones de lectores.

De este modo, las manifestaciones semanales por toda España y las concentraciones diarias frente a la sede madrileña del PSOE, muchas de las cuales acabaron en enfrentamientos violentos con la Policía, han servido de prolegómeno y acompañamiento al debate de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno.  Un debate que arrancaba con el pacto previo suscrito por el PSOE con ERC, Junts per Catalunya (independentistas y nacionalistas catalanes), PNV (soberanista vasco) y CC (nacionalista canario) que garantizaba el éxito, por 179 votos, a la investidura del socialista. Había una enorme expectación ante el discurso de Sánchez por su promesa de promover una amnistía a los encausados del procés, es decir, a los autores (políticos, civiles, funcionarios) que promovieron un referéndum ilegal y una declaración fugaz de independencia en Cataluña, incumpliendo la legalidad, alterando la convivencia entre catalanes y el resto de España y deteriorando profundamente las relaciones políticas e institucionales entre aquella comunidad y el Estado.

Para las derechas la amnistía, en vez de ser contemplada como una medida excepcional para superar el profundo desencuentro que nunca debió de judicializarse y como una oportunidad para encauzar el problema territorial con Cataluña a través del diálogo, la negociación y la política, basados en el respeto a la legalidad y la Constitución, la apreciaban llanamente como una traición a la patria y una ruptura, una vez más, del país. Máxime cuando el pacto entre el PSOE y Junts incorpora el término lawfare (persecución judicial), referido a las comisiones parlamentarias que prevé sobre los casos `Pegasus¨ (escuchas telefónicas a políticos catalanes e, incluso, al presidente del Gobierno) y el denominado  `policía patriótica´ (utilización de la policía durante los gobiernos de Mariano Rajoy para criminalizar a políticos catalanes, entre otros), pero que nada tiene que ver con controles parlamentarios sobre decisiones judiciales. Las derechas ven en la amnistía una extinción del Estado de Derecho y un ataque a la igualdad de todos ante la ley. Esta crítica se ha visto acompañada por toda clase de políticos conservadores, togados corporativistas y demás partidarios del enardecimiento callejero por cualquier motivo. Es sorprendente que jueces y magistrados se concentren exigiendo la independencia del Poder Judicial en protesta por una iniciativa política del Poder Ejecutivo, que se coinvertirá en ley de acuerdo con el procedimiento legal del Poder Legislativo. Tal es el batiburrillo que las derechas han organizado en las calles.      

Descontado, por los acuerdos previos, el éxito de la investidura, lo que más expectación suscitaba del debate eran las explicaciones y argumentos que ofrecería el candidato sobre la cuestión que más recelos y críticas ha generado y que ha polarizado a buena parte de la sociedad: la amnistía. Pero en la primera sesión, de once horas de duración, Pedro Sánchez defraudó. La amnistía sería abordada fugazmente y sin convicción. Se limitó a ofrecer dos razones, a su juicio, nacidas de una necesidad convertida en virtud: atender el resultado de las urnas, que otorgaron mayoría a un gobierno progresista  frente a otro sostenido por la extrema derecha.  Y en la conveniencia de apostar por la convivencia y el cierre de heridas, gracias al perdón de la medida de gracia, para finalizar la situación anómala de la representación política en Cataluña, donde cerca de la mitad de la población respaldó las iniciativas ilegales promovidas por los independentistas. Que estos pacten, a partir de ahora, la defensa de sus ideas con sujeción a las leyes y dentro del marco de la Constitución, comprometiéndose con la gobernabilidad del país y renunciando a la unilateralidad, es una medida que medios como Finanfcial Times, The Econoimist o The Guardian, relevantes en sectores económicos moderados y liberales, estiman muy positivo para resolver el conflicto.  

Sin embargo, esas razones no convencieron ni al PP ni a Junts, tampoco, por supuesto, a Vox. El primero exhibió su rechazo frontal al próximo Gobierno de Sánchez y a la ley de amnistía. Y el segundo expresó las dudas que le merecían lo expuesto por el candidato durante su intervención. Núñez Feijóo avisó de emprender una batalla contra la amnistía en todos los frentes, incluyendo el filibusterismo en el Senado. Acusó al presidente del Gobierno en funciones de cometer “fraude electoral” y “corrupción política”, a cambio de ambiciones personales,  por impulsar una medida que no figuraba en su programa electoral. Y se erigió defensor de esa España supuestamente  humillada y traicionada por el candidato socialista. Al menos reconoció, después de que  el candidato le enumerase las veces que la derecha ha esgrimido la amenaza de ruptura de España cuando la izquierda asume el poder. que la mayoría parlamentaria que sustentará al Ejecutivo es legítima, aunque esos votos, añadió inmediatamente, no los consiguió limpiamente, “sino que los ha comprado firmando cheques que pagarán todos los españoles”.  La extrema derecha, por su parte, calificó al futuro Gobierno de Sánchez de ilegal y comparó al candidato con Hitler: “Hitler también llegó al poder mediante elecciones y después maniobró para liquidar la democracia”. Y acusó a Sánchez de preparar un golpe de Estado en connivencia con las minorías separatistas. La presidenta del Congreso le conminó a rechazar las alusiones antidemocráticas y, al negarse el portavoz, ordenó que se retiraran del diario de sesiones. Tras la furibunda intervención de su líder, los integrantes de Vox abandonaron sus escaños y no esperaron siquiera la respuesta del candidato.

Pero quien se mostró más contrariada con los mensajes de Sánchez, que consideraba como un perdón a la medida de gracia para los autores del procés, fue la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras. Esta le recordó al candidato desde la tribuna que el pacto suscrito entre PSOE y Junts no era para iniciar ningún diálogo, sino para entablar negociaciones de igual a igual, como dos naciones, para resolver un conflicto político. Y que si no se cumplían todos los acuerdos firmados, la legislatura no estaría garantizada. Por unos instantes,  los votos de Junts para la investidura parecieron estar en el aire, y de hecho se celebraron reuniones por los pasillos del hemiciclo para restablecer la confianza. La portavoz reclamó a Sánchez el compromiso de cumplir las 1.486 palabras firmadas en el pacto de Bruselas, cosa que hizo Sánchez en su respuesta.

Con los apoyos garantizados, a pesar de las desconfianzas y las dudas, el candidato sólo tuvo que esperar la votación nominal de los 350 miembros del Congreso de los Diputados, que le nombraron presidente por mayoría absoluta, con 179 votos a favor y 171 en contra. Era la tercera vez que el líder socialista ganaba una investidura, iniciando una legislatura que se espera complicada y en tensión. El damero, al fin, se había completado.

Seguimos para bingo

Con la frase del título no me refiero (solo) al juego que es tan popular en España, en especial entre quienes tienen edad de pasar las tardes perdiendo tiempo en sus salas de juego. Pero hago analogía del mismo para comparar lo que nos jugamos todos por el mero hecho de nacer. La vida es una especie de bingo que nos dispone estar al capricho de la arbitrariedad de lo que nos suceda hasta completar nuestra particular cartilla. Yo ya he conseguido línea, con la que he alcanzado el triunfo de la jubilación, y sigo para bingo, aguardando la suerte que me depare la bolita vital. Pero en el bingo de la vida todos conseguimos, tarde o temprano, completar nuestra cartilla. La gracia del juego consiste en demorar lo máximo posible ese bingo con el que ganamos el premio de la guadaña: la vida eterna en la nada. Yo sigo para bingo, confiando en que la próxima bolita le sirva a otro para completar su cartilla. Mientras tanto, ¡llene aquí, maestro!  

Ni católico ni monárquico

Espero no espantar a nadie si admito que no soy católico (y de ninguna otra religión) ni monárquico. Pertenecer a ellas por tradición o costumbre –como suele la mayoría de sus acólitos- me parece ilógico y acomodaticio. Soy arisco a ambas sectas por personal elección racional. He de reconocer, no obstante, que mis padres me prestaron ayuda, pues no corrieron a bautizarme hasta que yo fuera capaz de tener una opinión al respecto. Y, evidentemente, elegí no hacerlo. Pero la elección de la monarquía no ha estado a mi alcance ni a la de nadie, pues nos la incluyeron de manera inseparable, como los suplementos dominicales de los periódicos,  con la Constitución. Ello no obsta para que siga prefiriendo la república a una monarquía.

Porque, por un parte, para mí, creer en un ser sobrenatural y eterno que, en función de mandamientos y normas sospechosamente humanos, nos impone una tutela moral a nuestras vidas más allá de cualquier consideración ética del bien y del mal, me parece de un infantilismo supino, más propio de supersticiosos y miedosos de la soledad ontológica que producto de un razonamiento crítico.

Y por otra, pienso que la máxima representación del Estado de un país civilizado –un símbolo convenido en democracia- recaiga por herencia  en el linaje de una familia determinada, me resulta no sólo ingenuo sino un arcaísmo que se arrastra desde cuando considerábamos, por ignorancia o fantasías de poder, que los reyes eran encarnaciones de los dioses. Por todo ello, no creo ni en dios ni en el rey. Es más, desconfío de religiones y de coronas inviolables y sucesorias, por muy parlamentarias que sean estas últimas.

Dicho lo cual, creo que, desde esa percepción externa carente de vínculos afectivos o tradicionalistas, podría aportar algún comentario, tal vez menos subjetivo que el de los acólitos aludidos, acerca de la curiosa coincidencia temporal y espacial (aquí y ahora) que se ha producido hace unos días con la presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en el seno de la Iglesia Católica de nuestro país y el juramento (que no promesa, que sería lo correcto en un acto civil y no religioso) de la Constitución, realizado por la heredera al trono de España, la princesa Leonor de Borbón Ortiz.

Son dos hechos distintos, pero no distantes ni nimios, que afectan a los símbolos de los poderes, divino y terrenal, que aun subyugan nuestra convivencia como comunidad supuestamente libre y democrática. Aparte de rituales y anécdotas, la monarquía y la iglesia son instituciones atávicas que han controlado -y controlan- a veces con hierro y otras con guantes de seda, los destinos de los españoles desde hace siglos, incluido el largo paréntesis de la dictadura, de la que la iglesia formó parte imprescindible para ahormar el espíritu religioso e ideológico de varias generaciones de españoles, y de la también emanó, por capricho arbitrario del dictador, la restauración de la actual dinastía borbónica que reina España, con la bendición "a posteriori" de la Constitución. De ahí que no sorprendan esos cuatro minutos de aplausos que dedicaron sus señorías parlamentarias al discurso de la princesa.

Ha sido un hollywoodense espectáculo de márketing, con salva de cañonazos, paseos en Rolls Royce, calles llenas de banderolas en las farolas, pantallas de televisión gigantescas en plazas madrileñas, reparto gratis de pastelitos con los colores de la enseña de España y empalagosos reportajes de televisión y prensa, la soporífera ceremonia de juramento a la Constitución de la princesa Leonor al cumplir 18 años, su mayoría de edad. Se alimentaba así, entronizándola como heredera al trono y a la futura Jefatura del Estado, la añoranza de una institución obsoleta que ha perdido casi todo el prestigio que consiguió cuando el rey Juan Carlos I hizo lo que tenía que hacer, apoyar la legalidad constitucional frente al golpe de Estado del teniente coronel Tejero, pero que ese mismo rey, ahora exiliado en una monarquía "hermana" árabe, dilapidó con sus desmanes personales y económicos.

Aunque quisiéramos, es un régimen del que no podemos libranos democráticamente porque nos está vedado gracias a la práctica imposibilidad de modificar la Constitución. En vez de votar un Jefe de Estado en unas elecciones o destituirlo en virtud de un proceso parlamentario, los españoles "disfrutamos" de una monarquía que solo tiene dos salidas: la abdicación o el derrocamiento, ninguna de ellas por decisión soberana del pueblo en las urnas. Mientras tanto, los ciudadanos hemos de asumir como elementos intrínsecos de la institución los privilegios que rodean a la familia real, las desigualdades que entraña y los insoportables cultos a la personalidad del monarca y su prole, como el que se ha producido con el acto de la princesa Leonor. ¿Todavía alguien estima más conveniente la monarquía que una república? ¿Qué miedos nos han inoculado para creer tal cosa?

Pero si el poder terrenal es motivo de desconfianza, el "divino", representado y ejercido por la Iglesia, no es más tranquilizador. Y entre los muchos miedos que genera la iglesia, católica en este caso, figura no el de arder en el infierno sino el daño físico y psíquico que causa en los niños, criaturas indefensas y vulnerables que son víctimas de pederastia cuando se acercan con ingenuidad e inocencia a las sotanas de algunos de sus pastores. Un daño que, por otra parte, siempre se ha sospechado o sabido y nunca denunciado, pero que a raíz de un informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, realizado por encargo de las Cortes Generales, se ha podido conocer, cuantificar y señalar responsabilidades.

El amplio informe, fruto de un trabajo no exento de obstrucción y opacidad por parte de muchas diócesis, recopila los abusos que se produjeron entre los años 60 y 90 del siglo pasado en el ámbito religioso, lo que permite hacer una extrapolación estadística y sociológica que arroja un resultado de más de 400.000 víctimas de agresiones sexuales en el seno de la Iglesia Católica española, casi el uno por ciento de la población total. Pero la jerarquía eclesial, lejos de asumir el resultado del informe, con el cinismo con el que siempre ha procurado ocultar estos hechos acaecidos en su seno, ha intentado ahora minimizarlos y "contextualizarlos" con los producidos en otros ámbitos, como si eso restara gravedad y responsabilidad a lo sucedido tras los muros de las iglesias, parroquias, colegios religiosos, seminarios, etc.

Sin embargo, los datos revelan, para sonrojo de feligreses y ateos, que la Iglesia Católica española encabeza las iglesias del orbe católico en las que los depredadores sexuales de niños vestían hábitos religiosos y tenían colgados crucifijos del pecho. Y en la que era común encubrir a estos pederastas trasladándolos de parroquia o diócesis para negar los hechos. La propia iglesia cometía, de este modo, un doble pecado: el de encubrimiento y el de complicidad, que se añadían a la crueldad que se perpetraba en sus templos y demás espacios e instituciones dependientes de la Iglesia Católica de nuestro país.

La hipocresía exhibida por la Conferencia Episcopal ha sido inmensa, a la hora de valorar el alcance de un problema que, en cualquier otro ámbito, hubiera acarreado importantes consecuencias penales y sociales. Y la ha mostrado porque, como entidad privada que disfruta de enormes privilegios, trata de eludir su responsabilidad, negar reparación a las víctimas y ser reacia a pedir perdón de modo sincero y honesto. Una actitud sorprendente, pues, aunque sea sabido que este asunto de la pederastia en la Iglesia Católica es global y en cada país se ha abordado y tratado de forma desigual, la resistencia de la jerarquía eclesial española no tiene comparación con la reacción que ha tenido en otros países. Hasta el Papa se ha visto obligado a convocar a los obispos españoles a una reunión extraordinaria en el Vaticano, prevista para finales de noviembre. Si bien el objeto de la misma es abordar la inspección de los seminarios en España, no pasa desapercibido que se produce en el contexto de la investigación de los abusos a menores en la iglesia.

Está visto que, por mucho que lo nieguen, el reino de las religiones -de todas ellas- está en este mundo, donde cometen los mismos abusos y atropellos que cualquier otro poder, aunque se escuden en las aspiraciones espirituales y morales con las que intentan adoctrinar a creyentes y no creyentes. Miedo me dan. Pero, con todo, todavía no sé de qué desconfío más: si de las religiones o de las monarquías. Mirándolo bien, asemejan idéntico tinglado. Es para pensárselo un rato, ¿no creen? 

Miura

El titular de esta entrada no se refiere a una ganadería de indómitos toros bravos de lidia ni a un licor anisado, con o sin guindas silvestres, fabricado en un entrañable pueblo serrano de Sevilla, sino a un cohete espacial. Pero es tan español como todos los ejemplos citados con los que comparte nombre tan icónico. Y a mucha honra, porque, al parecer, ambiciona la misma solera de prestigio, excelencia y rentabilidad.

Se trata  del cohete Miura 1, que fue lanzado el pasado 7 de octubre desde las instalaciones del INTA en El Arenosillo (Huelva), convirtiéndose, así, en el primer lanzamiento que se realiza en España de un cohete suborbital privado y el primero que utiliza combustible líquido. Toda una proeza para una industria que es incipiente, aunque prometedora. La empresa que lo construyó y ha conseguirlo lanzarlo es la española PLD Space, nacida de la iniciativa de dos jóvenes ingenieros, Raúl Torres y Raúl Verdú, dispuestos a posicionar España entre los países que cuentan con un lanzador con sistema de propulsión propio. Y el primer paso para ello ha sido este Miura 1 que ha despegado desde la costa onubense en su primer vuelo de prueba. Tal hazaña no ha sido fácil ni barata, pues ha necesitado doce años, desde 2011, y 65 millones de euros para llegar a ser realidad. En la actualidad, no obstante, la empresa cuenta con 150 empleados y un futuro brillante.

Miura 1 es un cohete suborbital de poco más doce metros de longitud y unos 2600 kilogramos de peso, capaz de transportar 100 kg de carga útil hasta una altitud de unos 100 kilómetros, aproximadamente. Parecen -y lo son- cifras modestas, pero que permiten a nuestro país adelantarse a otras iniciativas europeas que actualmente desarrollan microlanzadores espaciales. De hecho, este lanzamiento ha posicionado a PLD Space como la primera compañía en efectuar un lanzamiento, desde territorio continental, de un cohete de combustible líquido.

Y lo ha conseguido al tercer intento, todo un éxito, puesto que los anteriores intentos fallidos no fueron achacables a problemas del prototipo, sino a circunstancias adversas. El primero de ellos, el 31 de mayo pasado, se suspendió por culpa de las rachas de viento en la zona; y el segundo, el 17 de junio, se abortó de manera automática a pocos segundos antes del despegue por detectarse una medida imprecisa en un sensor de inclinación del mástil de la plataforma.

Pero al tercer intento, retransmitido en directo, el cohete se elevó desde el suelo hasta una altura cercana a 50 kilómetros, no consiguiendo llegar al apogeo de 80 kilómetros, como se pretendía. Realizó un vuelo de 306 segundos de duración, de los que 103 fueron con el motor encendido, describiendo una trayectoria balística más “plana” de lo esperado, de manera que a partir de los 32 segundos el vehículo ya estaba sobrevolando el Atlántico. Con todo, según PLD Space, se cumplieron todos los objetivos primarios de este lanzamiento del Miura 1, demostrando que, con mejoras y medios adecuados, alcanzar la órbita no supondrá mayores quebraderos de cabeza.

Y es que el siguiente paso será el Miura 5, sobre el que ya trabajan, que se prevé despegue hasta ponerse en órbita desde la Guayana Francesa, en 2025. Los datos obtenidos con el Miura 1 están siendo utilizados para diseñar y construir el Miura 5, un lanzador orbital con el que se podrá colocar una carga de una tonelada de peso en una órbita baja ecuatorial u otra de 500 kg en órbita polar.

Todos estos esfuerzos convierten a España en el décimo país del mundo con acceso directo al espacio, objetivo que, según la empresa PLD Space, está al alcance de la mano. La compañía estima que el Miura 5 presenta oportunidades comerciales por más de 320 millones de euros, lo que garantiza una clientela para las primeras diez o doce misiones del lanzador español.

No deja de ser curioso que esta faceta de la marca Miura, ahora como cohete, parezca destinada a conseguir idéntica relevancia que las precedentes de la ganadería y la alimentación. Un prestigio del que debemos sentirnos orgullosos. Enhorabuena, pues, a la innovación astronáutica española.

Mi posición en el conflicto israelí-palestino

Me duele y me solidarizo con el pueblo palestino, lo que no significa que apoye y no rechace las acciones armadas y asesinas de Hamás, quien se arroga indebidamente una representación que no le corresponde ni social, ni política, ni moral ni legalmente. También, porque cuestione y rechace absolutamente la reacción vengativa del Ejército hebreo, promovida y autorizada por el Gobierno ultraconservador de Netanhayu, culpo al pueblo de Israel de lo que sucede en la Franja de Gaza ni pongo en cuestión su derecho a vivir en paz en un Estado reconocido por todos, idéntico al derecho que merece Palestina para disponer del suyo.

La guerra abierta entre Israel y Hamás en Gaza es una atrocidad que no tiene disculpa ni excusa. La criminal matanza que Hamás causó en tierras de Israel tampoco tiene disculpas ni excusas. Pero ambas acciones deplorables y sangrientas tendrán que ser juzgadas y sus culpables condenados por la Justicia a la luz del Derecho y las Leyes. Porque ningún ciudadano inocente, sea israelí o palestino, debería ser víctima del fanatismo de unos y la venganza ciega de otros. El derecho Internacional y las normas y tratados internacionales o humanitarios existen precisamente para evitar todo tipo de excesos arbitrarios de violencia como los que se están produciendo actualmente en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

Que apoye a Palestina no significa que no apoye igualmente a Israel. Y que repudie el bombardeo indiscriminado de Israel a la población palestina de Gaza no significa que no rechace con idéntica repugnancia los atentados de Hamás y Hezbolá contra la población hebrea. Estoy en contra de toda violencia para resolver ningún conflicto. Sólo desde el diálogo y la negociación, con respeto a la ley y la justicia, se conquistan la paz, el entendimiento y la convivencia pacífica, aunque los ejemplos de Gaza y Ucrania, como tantos otros en el mundo, disuadan de lo contrario. Pero precisamente por eso es por lo que, en estos duros momentos, hay que insistir, y posicionarse sin falsa equidistancia y disimulo, por la concordia y la paz en la política y las relaciones entre países.    

El damero de la investidura (II)

En una entrega anterior hacíamos la comparación del resultado de las elecciones generales de julio pasado con un damero por el número de palabras (siglas) con las que debía jugar la partida política quien desease ser investido por el Congreso de los Diputados presidente del Gobierno. En aquella ocasión expusimos las dificultades a las que se enfrentó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para completar un resultado del damero que le fuera favorable, fracasando en el intento. A pesar de considerarse vencedor de las elecciones, gracias al número de votos cosechados en las urnas, no pudo reunir las palabras (siglas) suficientes para conseguir ser investido, y salió derrotado. Tenía más votos, pero no más apoyos para su investidura. Y, como estaba anunciado, resultó fallida.

A los pocos días, otro contrincante con posibilidades lo intentaría, convencido de que, aunque con un millón menos de votos, obtendría mayores apoyos parlamentarios para conseguir la investidura. Y desde entonces, Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente en funciones del Gobierno, está negociando los favores de las siglas que podrían permitirle mantenerse en el poder, reeditando un gobierno de coalición con Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, su actual vicepresidenta en funciones y con quien acaba de acordar un programa para toda la legislatura.

Sin embargo, el asunto más controvertido para lograr la investidura es la exigencia,  por parte de los partidos independentistas catalanes, de una amnistía para los encausados –políticos y funcionarios- en el caso del procés, el “conflicto” judicial catalán derivado de la consulta no autorizada, y por tanto ilegal, realizada a los ciudadanos de aquella comunidad y, a tenor de sus discutibles resultados (pues carecían de las debidas garantías), declarar, para dejarla acto seguido en suspenso, una República catalana, contraviniendo en fondo y forma la Constitución española, que no contempla más nación que España.

Se  trata, para contextualizar, de un histórico problema (no conflicto) territorial que afecta a las nacionalidades vascas y catalanas, las cuales, por sus aspiraciones soberanistas, no acaban de encontrar acomodo en la construcción del Estado en España. La última solución, el Estado autonómico -prácticamente federal- diseñado por la Constitución de 1978, con comunidades autónomas de ocho provincias, cuatro uniprovinciales, unas con fueros especiales y otras sin fueros pero con distinta intensidad por razones lingüísticas, no termina de cuajar definitivamente. De ahí los “conflictos” que todavía surgen en el mapa autonómico español a causa de aquellas regiones a las que la autonomía no les parece suficiente porque no garantiza su singularidad lingüística o identitaria (hecho diferencial) que pretenden distinguir y preservar.

Un problema que, en el caso de Cataluña, la amnistía que se debate en las negociaciones intenta devolver al ámbito de la política y canalizarlo a través de los cauces pacíficos y legales que contempla la Constitución. Tal es el nudo de las negociaciones que está desarrollando el candidato socialista para su investidura y sobre las que impera un atronador y sospechoso silencio. Un mutismo que se acompaña, además, de la parálisis casi absoluta del funcionamiento de un Congreso formalmente constituido que debería ejercer el pertinente control del Gobierno cuando, precisamente, España ostenta la presidencia rotatoria de la UE y se enfrenta, para si fuera poco, al estallido de otro conflicto bélico entre Israel y la milicia armada palestina de Hamás en la Franja de Gaza. Además, a ello  habría que añadir los compromisos políticos, económicos y militares que el Gobierno mantiene con Ucrania en la guerra que libra dicho país contra la invasión rusa. Y las medidas que implementa para garantizar los suministros energéticos y comerciales afectados por el boicot impuesto por la UE a Rusia. ¿Qué iniciativas está tomando el Gobierno en relación con estos y otros asuntos? Y es que, por muy en funciones que esté el Gobierno, el poder legislativo no puede quedar al margen de la acción del Gobierno. Y menos aun, precisamente, cuando el Poder Ejecutivo se halla en funciones y con sus prerrogativas limitadas.

En este interregno entre una investidura y otra, el candidato conservador, derrotado en la primera investidura, ha continuado tratando de impedir o, al menos, desprestigiar no sólo esas negociaciones que con él no fructificaron, sino la probabilidad de que el candidato socialista pudiera coronar con éxito la suya. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Esta ofensiva contra Pedro Sánchez  y sus negociaciones con los independentistas comenzó incluso antes de que se celebrase la sesión de investidura de Núñez Feijóo, congregando en Madrid a más de cuarenta mil personas para protestar contra quien todavía ni siquiera era candidato al segundo proceso de investidura.

Previamente habían ensayado con otro mitin en Santiago de Compostela, que también contó con el protagonismo del candidato conservador en la tribuna de oradores, desde donde profirió su habitual retahíla de amenazas y admoniciones contra el socialista y sus pretensiones gubernamentales. Esta campaña callejera de rechazo tuvo su momento álgido durante la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, convocada por la Societat Civil Catalana, que congregó a la flor y nata del conservadurismo patrio que no acepta su derrota electoral. Hasta la Ciudad Condal se desplazaron sus más egregias figuras, como Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal y el mismo Núñez Feijóo, entre otras.

Pero no se resignan. Continúan organizando actos y manifestaciones en contra de un probable Gobierno progresista. Es por ello que el mitin que no pudieron celebrar en Málaga, por estar ocupado con antelación el espacio previsto, lo trasladaran a Toledo, donde Feijóo, acompañado de la plana mayor de su partido, ya dio por superada la investidura de Sánchez, advirtiendo de que tal Gobierno nacería muerto, puesto que “los españoles no están dispuestos a perder la dignidad”. Los demás oradores abundaron en la misma sintonía catastrofista. Pero, por si alguien no se había enterado, el mismo cartel que arropa al derrotado candidato conservador no descarta retomar la organización del mitin de Málaga y, a primeros de noviembre, celebrar otro en Valencia.

Con todo, el acto más contundente contra de la amnistía y un probable Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por nacionalistas e independentistas, tuvo por escenario institucional el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta. Los conservadores convocaron la comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, a la que todos los presidentes autonómicos están invitados por sistema. Como era patente que se trataba de una sesión forzada por el PP para hacer oposición al Gobierno en funciones a cuenta de la amnistía, los presidentes autonómicos socialistas evitaron la encerrona y no asistieron, como también hizo el lehendakari vasco, Urkullu. No obstante, el que menos esperaban, el presidente de la Generalitat de Catalunya, se presentó.

 Pere Aragonés acudió a la comisión senatorial e intervino, hablando en catalán, para defender la Catalunya de todos. Y también advirtió que la amnistía y un referéndum  de autodeterminación serían las metas que culminarían el conflicto que enfrenta aquella comunidad con el Estado. Acabada su intervención, el presidente catalán abandonó la Cámara sin escuchar al resto de intervinientes. Y ese resto de presidentes se despachó a gusto contra la posible amnistía y en denostar al futuro Gobierno aun no constituido.

Llama la atención que tal uso partidista e instrumental del Senado fuera posible porque su presidente es un hombre fiel al Partido Popular, es decir, un disciplinado militante fiel a su líder, por lo que participa, como un engranaje más, de la estrategia conservadora para torpedear la investidura de Pedro Sánchez o complicarle la legislatura, si resulta investido. De hecho, este altísimo senador ha reconocido que el Senado será, en manos de los `populares´, una trinchera idónea contra un Gobierno al que consideran inmoral, indigno e ilegítimo, y al que procuran obstaculizar de tal modo que se vea obligado a convocar nuevas elecciones, como desearía Núñez Feijóo, el líder que designó a tan obediente afiliado para ocupar la presidencia de la Cámara Alta. Y así se porta.

Claro que también el Congreso de los Diputados no está exento de los manejos de los partidos que hacen prevalecer sus mayorías. Tanto es así que, si al candidato conservador se le concedió el plazo de poco más de un mes para reunir apoyos a su investidura, al candidato socialista no se le limita plazo alguno para articular las negociaciones que podrían facilitarle la suya. De hecho, sólo está concernido por la norma que regula que, tras una primera investidura fallida, al cabo de dos meses se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones. Esto es, el 27 de noviembre. El  tiempo, por tanto, transcurre sin que nadie sepa cuándo se convocará  el pleno para el debate de investidura  de Pedro Sánchez ni el contenido de las silentes negociaciones que mantiene para conseguir dicha investidura. Tal mutismo, reconocido por los propios negociadores, es sepulcral, aunque prometen transparencia con sus  resultados. ¿Cuándo será eso?

Hay que reconocer que quien disfrutó de una mayor interinidad en el Gobierno fue Mariano Rajoy. Este se mantuvo durante 314 días en funciones (más de 10 meses), desde los comicios de diciembre de 2015 hasta su investidura en octubre de 2016. Y causó una parálisis parlamentaria semejante, hasta el extremo de que el Tribunal Constitucional dictaminó, en una resolución de 2018, que “el hecho de que el Gobierno –el del PP en aquel entonces- estuviera en funciones no impedía la función de control de las Cámaras”.

Como se ve, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo ese inesperado elogio de Núñez Feijóo a la sinceridad de Puigdemont (aquel “fugado” catalán, ¿se acuerdan?), a quien dice ahora respetar. ¡Qué misterios aparecen en este damero de la investidura!