Una legislatura a cara de perro

Con la investidura de Pedro Sánchez, la formación de su gobierno y la inauguración oficial, el pasado miércoles, de la XV Legislatura por parte del rey Felipe VI en sesión solemne en Las Cortes ante congresistas y senadores, daba comienzo el nuevo curso político, probablemente el más abrupto, crispado y turbio de los últimos tiempos.

Aunque, bien mirado, ninguno de los gobiernos socialistas anteriores, desde Zapatero hasta el actual, ha disfrutado de una atmósfera de colaboración y lealtad por parte de la oposición conservadora como para describir a esta legislatura de la más cuestionada, tensionada y bronca desde la restauración de la democracia en España. Siempre ha habido confrontación, unas veces con buenos modos y otras, desabridas.

Desde que el PP es PP (AP nunca gobernó) jamás ha dejado de acusar a los gobiernos socialistas de todas las catástrofes habidas y por haber cada vez que se ha visto obligado a ocupar los bancos de la oposición. Con Aznar hasta Rajoy, pasando por Casado y acabando con Feijóo, el mantra de los conservadores ha sido, inevitablemente, la ineptitud de cualquier gobierno socialista y el peligro que representa para la unidad de España, a las tradiciones más señeras o al bienestar y la moralidad de los españoles.

Pueden variar las excusas, pero no el núcleo de un relato que adaptan a la actualidad de cada época. Así, lo que antes era ETA, ahora el arma arrojadiza es Hamás; o la crisis financiera de 2008 se convierte hoy en la del covid del 2019 como ejemplo de gestión nefasta. España, según el discurso eterno de la derecha, siempre está rompiéndose, desde entonces  hasta hoy. Y siempre por culpa de algún gobierno socialista. El que sea y haga lo que haga. Es la manera de hacer política de la derecha, su política. Y es su forma de entender el país, su modelo de país. No se les puede pedir más.

Por eso no es  de extrañar que sigan comportándose de igual forma, pero en esta ocasión animados y acompañados por los cachorros ultras de Vox, que se desgajaron del árbol común de los herederos del franquismo, y que los espolean a ser más agresivos si cabe, como si sólo las derechas fueran las únicas legitimadas para gobernar España, esa patria que tanta saliva les genera y de la que no se separan, cargándola en pulseritas rojigualdas en la muñeca. La sufren, cuando no gobiernan, como si fuera una posesión privada e intransferible que se verá desvalijada si es administrada por otros que no sean ellos. La izquierda cuando gobierna es una `okupa´, como la definen en pancartas y eslóganes.

Tal es el ambiente enrarecido con el que se inicia la actual legislatura. Vuelven a poner en cuestión la legalidad del actual gobierno, la legitimidad de Pedro Sánchez para gobernar, la limpieza electoral, la constitucionalidad de algunas leyes e, incluso, a distorsionar la realidad para poner en duda valores democráticos con tal de tachar al gobierno de totalitario y procurar una dictadura. Si sabrán ellos, viendo de donde proceden ideológicamente, lo que es realmente una dictadura que, mira por dónde, la última de las cuales jamás han condenado. Será que la añoran.

No contentos con promover escraches diarios, durante semanas, ante la sede madrileña del PSOE, con convocar a corresponsales de prensa extranjera para pedir auxilio por España, con hacer el ridículo en Europa en su afán por frenar una ley que se tramitará por los procedimientos legales, como cualquier ley orgánica, en un parlamento democrático, y con cuestionar las instituciones del Estado sin importarle la desafección de la sociedad no sólo hacia las instituciones, sino también hacia el propio régimen democrático de nuestro país, las derechas, no contentas como decimos, se valen además de su presencia en las instituciones para boicotear la acción de un gobierno al que pretenden desprestigiar por todas las maneras posibles: con la verdad o con la mentira, con la lealtad o la deslealtad, con honestidad  o desvergüenza, legal o torticeramente.

No tienen empacho en instrumentalizar el Senado y el CGPJ para usarlos como terminales institucionales en su confrontación a muerte con el Gobierno y obstaculizar iniciativas gubernamentales. En cualquier otro país causaría bochorno, por ejemplo, que el mandato del CGPJ lleve cinco años caducado debido a la obstinación del PP por impedir que sus miembros reflejen las mayorías elegidas del Congreso de los Diputados, como establece la Constitución, con tal de no perder la mayoría conservadora que todavía conserva de legislaturas anteriores. ¡Y luego se declaran constitucionalistas!

Ya ni las Cortes ni el rey son dignos de su consideración y confianza. Al segundo lo insultan cada noche en esos escraches, en pancartas y gritos con el apodo de “Felpudo VI”, y las primeras son objeto de desplante y mala educación al negar el aplauso al discurso de la tercera autoridad del Estado en el acto de inicio de la XV Legislatura. Y es que así son las derechas si no comulgas con sus ideas. No les gustó, al parecer, que la presidenta del Congreso subrayara que “la decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio”. ¿Acaso es falso? Tampoco serían de su agrado que enumerara leyes aprobadas en las Cortes que han supuesto nuevos derechos y ampliado libertades para el conjunto de la sociedad. ¿Destacar los frutos legislativos del Parlamento es una provocación para las derechas? Por lo visto, sí.  

Cada vez que la izquierda accede al poder, la derecha reacciona de manera exagerada con amenazas, insultos y descalificaciones por no poder impedirlo ni arrebatárselo. Pero esta vez, además, porque el Ejecutivo de coalición se inaugura impulsando una ley de amnistía que causa un rechazo visceral no sólo en sectores conservadores, sino también en no pocos integrantes de la izquierda y otros estamentos sociales. Para colmo, las negociaciones entre el PSOE y Junts, cuyo acuerdo fue clave para lograr la investidura, se cubre de un velo de opacidad que oculta, dicen que momentáneamente, la identidad de la persona o institución que verificará su cumplimiento*. Es decir: más leña para la desconfianza y munición para la oposición. Y, por si no fuera poco, unas declaraciones de Pedro Sánchez sobre la reacción de defensa de Israel que excede el derecho humanitario causa una grave crisis diplomática, cuyo alcance está por determinar. Crisis que el PP aprovecha, cómo no, para que su nuevo portavoz inaugure el cargo acusando a Sánchez de ponerse “del lado de los terroristas”, en alusión a Hamás, sin que le conmueva al portavoz, tan cristiano y devoto él, los más de 15.000 muertos inocentes de Gaza que nada tuvieron que ver con el ataque terrorista a Israel. Lo que ya decía: ahora Hamás sustituye a ETA en el fangal político en el que gusta chapotear la derecha.

Se barrunta, por tanto, una legislatura polarizada, tensa, bronca  y complicada, sobre la que nadie apuesta por su duración. Y no sólo por la constante labor de zapa de las derechas, sino también por la complejidad y las dificultades que caracterizan las relaciones del Gobierno con unos socios parlamentarios, diversos y con intereses opuestos entre algunos de ellos, con los que tendrá que negociar todas y cada una de sus iniciativas gubernamentales. De ahí que la legislatura no se prevea fácil ni cómoda, hasta el extremo de poder calificarla, sin riesgo a equivocarme, de abrupta, crispada y tensa. A cara de perro, vamos.

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Actualización: 3/12/2023

A última hora de ayer, 2 de diciembre, se dio a conocer el nombre del verificador o coordinador de las negociaciones entre PSOE y Junts: el salvadoreño Francisco Galindo Vélez (1955), abogado, diplomático y vinculado a la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.