Oportunidad perdida

Como años anteriores, en la madrugada del 30 de marzo se vuelve a perder una oportunidad para dejar las cosas del reloj como están. Es decir, no tocar las manecillas para adelantar una hora en todos los relojes de España y perpetrar el enésimo cambio oficial de horario en nuestro país. ¿El motivo? Suena a chiste, pero todavía se esgrime el ahorro de energía eléctrica como justificación. Y se añade que sirve para aprovechar mejor la luz natural. Serían argumentos válidos si viviéramos en latitudes del norte de Europa. Pero, ¿con el calor, qué hacemos? De eso no dicen ni pío. Tampoco de que se gasta más electricidad con el aire acondicionado que con una bombilla. ¿Dónde está, entonces, el supuesto ahorro eléctrico? No sabe, no contesta.

Lo cierto es que se cambia la hora por inercia desde la crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, pero sin que ningún estudio serio avale económica y científicamente la medida. Ni siquiera las recomendaciones de la Sociedad Española del Sueño. Además, el cambio continuará vigente en España al menos hasta 2026, según Orden del PCM/186/2022, a pesar de que la Comisión Europea planteara suprimir este sistema definitivamente en 2018 y permitiera a cada estado elegir un solo horario entre el de verano o el de invierno. El único gremio que apuesta decididamente por mantener el cambio de hora y hacer que el sol nos alumbre hasta cerca de las 10 de la noche en verano es el hotelero y hostelero. Su interés particular prevalece, de este modo, al interés general de la población. Y las autoridades, tan panchas e indecisas, lo consienten.

Así pues, por mucho que protestemos, no hay marcha atrás. De hecho, desde la noche del sábado 30 de marzo al domingo 31, los relojes españoles adelantan una hora, por lo que las 2:00 se convierten en las 3:00 de la madrugada. Se adopta, así, lo que se conoce como horario de verano. Es un cambio que se produce dos veces al año, coincidiendo con el último domingo de marzo (verano) y de octubre (invierno). Este sistema se comenzó a utilizar por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y se extendió a más países debido a la crisis energética de finales de 1973, cuando la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) redujo la producción y elevó el precio del petróleo, lo que llevó a Europa a establecer, ya con regularidad, el cambio horario en 1981.

Sin embargo, tales cambios vinieron a complicar nuestro desbarajuste horario, puesto que ya, en 1940, durante la dictadura de Franco se estableció que España adoptase el horario de Alemania, país aliado, diferencia adicional que aun se mantiene. Es decir, aunque por nuestra posición geográfica nos correspondería regirnos con el huso horario UTC+0 (Tiempo Coordinado Universal), desde aquella decisión franquista nuestro horario se regula por el huso UTC+1. Pero ahora, con el cambio de verano, adoptamos el horario correspondiente al huso UTC+2. Es lo que explica que, cuando recuperamos el horario de invierno, sigamos manteniendo una hora de diferencia con el horario de Portugal, país que comparte nuestra posición geográfica, y no Alemania. Y en verano, dos, porque nuestros vecinos no cambian la hora. Es decir, dos horas de diferencia respecto al sol, a partir de marzo, en un país meridional de Europa, el más cercano al ecuador, lindante con África, que hace que la intensa radiación solar que recibimos no disminuya hasta bien entrada la noche. ¿Supone eso, en verdad, algún ahorro en la factura energética del país? Nadie presenta datos objetivos al respecto.

Hace tiempo que se debate sobre la conveniencia de mantener un horario fijo durante todo el año, particularmente el del invierno.  Por varias razones. Por un lado, porque los beneficios energéticos no son tales o son irrisorios. Y por otro lado, porque esos cambios periódicos afectan al ritmo circadiano de muchas personas, las más vulnerables a causa de la edad, como niños y ancianos, que sufren alteraciones en sus pautas de sueño/vigilia, de alimentación y hasta hormonales. Sin embargo, esos problemas de salud en un sector nada desdeñable de la población parecen menos importantes que los beneficios económicos del sector turístico de nuestro país.

Dada su posición geográfica, España disfruta de horas de sol suficientes, incluso en invierno. De ahí la conveniencia de mantener fijo el horario de invierno. Además, atrasar el amanecer y el crepúsculo no aporta ventajas significativas más allá de prolongar la luz diurna hasta cerca de las 10 de la noche, cosa que repercute en trastornos del sueño y en desajustes de todo tipo no deseados.  

Por ello, en 2018, el Gobierno acordó la creación de una Comisión de expertos para estudiar la reforma del horario oficial, elaborar un informe al respecto y evaluar la conveniencia de mantener en España un horario fijo. Sus propuestas, tras tanto tiempo, siguen guardadas en un cajón.

Mientras tanto, continuamos jugando con las agujas del reloj para que amanezca y anochezca en función de meras conveniencias crematísticas que sólo benefician a un sector de la economía del  país, el cual, por otra parte, tampoco saldría perjudicado si se consolidara un horario oficial fijo durante todo el año. Es más, todos saldríamos ganando. Unos, en el bolsillo; otros, en salud. Seguro. 

MAR bravío

El mar no siempre está en calma. En ocasiones se vuelve bravío y sus aguas se agitan inclementes, zarandeando embarcaciones y generando olas que golpean con furia la costa hasta arrebatar su arena o erosionan espigones y acantilados hasta romperlos. Pero el mar al que me refiero no es ningún  océano de los que cubren el globo, sino una persona concreta. Él mismo prefiere ser conocido por el acrónimo de su nombre, MAR. Será porque se siente identificado con lo bravío del mar. Ahora está en el candelero por esa cualidad de su carácter, ser un bravío bocazas. Y muy peligroso dadas sus relaciones políticas con las que consigue arrimarse al poder, como hizo en su Valladolid natal, donde comenzó a ganarse la vida como periodista, y como hace ahora en el Madrid de las cañas de Isabel Díaz Ayuso, por quien vuelve a desatar su bravía lengua viperina.

Estamos hablando de Miguel Ángel Rodríguez, un curioso personaje capaz de proferir amenazas e insultos cada vez que quiere intentar amedrentar a un tertuliano, un adversario o un enemigo. En cuanto se calienta, empieza a responder con improperios y descalificaciones personales como mejor arma dialéctica. No lo puede reprimir porque es lo mejor que sabe hacer de siempre. Es bravío por naturaleza.

Miguel Ángel Rodríguez Bajón, alias MAR, es actualmente jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ia `popular´ Isabel Díaz Ayuso. Ella lo fichó como jefe de campaña en 2019 y en las elecciones de 2021. Durante la pandemia lo asciende a director de su gabinete, donde se encarga de construir la imagen de líder de la presidenta, consiguiendo que se convierta en la cara visible de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. No en balde, MAR tiene experiencia como periodista, publicista, asesor de Comunicación y político, por lo que domina el arte de la persuasión y la lógica del populismo, sin rehusar al lenguaje agresivo, faltón y, si se tercia, vulgar.

A raíz del escándalo generado al descubrirse que la pareja sentimental de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda por el cobro de comisiones millonarias, obtenidas con la venta de mascarillas durante la pandemia a la Comunidad de Madrid, el ideólogo y mano derecha de la presidenta mandó varios mensajes intimidatorios de whatsapp a la periodista del digital elDiario.es que publicó la noticia. En la investigación periodística se informaba sobre una trama de facturas falsas y empresas pantallas que permitieron al novio de la presidenta madrileña  embolsarse dos millones de euros en contratos de mascarillas. En sus mensajes MAR amenazaba con “triturar” al periódico y avisaba de que “vais a tener que cerrar”. Y lo remataba con “idiotas. Que os den”. La periodista pregunto a continuación: “¿Es una amenaza?”. “Es un anuncio”, contestó el ínclito MAR en una conversación iniciada y finalizada por él.

Como es natural, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y novia del defraudador, comenzó a reaccionar, negando los hechos y acusando de conspiraciones al Gobierno, a Hacienda, a la Fiscalía y a los medios de comunicación, mientras cambiaba sus explicaciones conforme afloraban nuevos datos. Entre otros, que el defraudador intentó vender vacunas contra la covid a Costa  del Marfil cinco veces más caras de lo que costaban, a 17 euros en vez de los tres euros que realmente valían, a fin de obtener una comisión del 7,5 % que le proporcionaría más de dos millones de euros de beneficio. Aquel país de África, pobre pero no tonto, no aceptó.

Otro dato que también ha salido a la luz es que el piso de 208 metros cuadrados, valorado en un millón de euros, en el que vive la Presidenta de Madrid con su pareja desde 2021, había sido adquirido en exclusiva por este espabilado comisionista gracias, presuntamente, al dinero defraudado. En realidad no es un piso, sino dos: uno encima del otro. Juntos suman más de 300 metros cuadrados. El inferior está a nombre de él. Y el de arriba, un ático con terraza, a nombre de la empresa Babia Capital, SL, cuyo administrador único es el abogado del novio.

En honor a la verdad, hay que reconocer que el propio defraudador había reconocido los delitos de los que se le acusa puesto que intentaba alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Madrid  para rebajar la condena y su cuantía al aceptar los cargos. Lo que evidencia que un novio que sale “rana” le puede pasar a cualquiera. O un hermano que también aprovecha la pandemia para forrarse con las comisiones de mascarillas. O colaboradores imputados y condenados de otra expresidenta madrileña que fue maestra de la actual. E, incluso, otra expresidenta de la misma Autonomía -y del mismo partido-, que fue pillada “in fraganti” birlando perfumes…. En fin.

Pero, en esta ocasión, la cosa comienza a enredarse aun más cuando interviene, en defensa de Ayuso (que algo sabrá -o no- de los negocios con quien comparte catre y afanes), su fiel escudero bravío. Y MAR lo hace a su estilo: esparciendo amenazas, calumnias e infundios a diestro y siniestro. Primero filtra los correos entre el abogado del defraudador y la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, para luego poner en duda la probidad de la Fiscalía. Inicia, así, una campaña de desinformación con la que alimenta la especie del complot que todos los poderes del Estado promueven contra Isabel  Díaz Ayuso. Después amenaza a periodistas y medios de comunicación por investigar el asunto. Y, no contento con eso, se inventa bulos que envía a la prensa afín para señalar a periodistas “encapuchados” que supuestamente acosan a vecinos y que intentan entrar a la vivienda de la presidenta madrileña, facilitando la identificación y fotos de reporteros de los medios que cubren el caso y contrastan la información. Cuando la patraña ha sido difundida por esa prensa afín, admite finalmente ser el autor de los bulos. Pero, lo grave, no es que se dedique a fabricar fakenews desde un despacho oficial, sino que elabore una forma nada sutil de lista negra de periodistas de medios que le molestan. Algo de lo que tiene experiencia desde sus inicios.

En 1987 andaba cubriendo la campaña electoral de José María Aznar a la Presidencia de Castilla y León. Y acabaron siendo tan amigos que, tras la victoria electoral, Aznar lo nombra Portavoz de la Junta de aquella  Comunidad Autónoma durante el bienio de 1987-89. Ya en ese tiempo fue acusado de ser el inspirador de una lista negra de periodistas sospechosos por cuestionar al Gobierno regional. ¿Qué castigo sufrió? Le nombran, en 1990, director de la Oficina de Información del Partido Popular. Y se relaciona tan bien que aparece como pagador de dinero negro, en 1992, a una presentadora de televisión en los famosos papeles de Bárcenas –extesorero nacional del PP-, hechos que tuvo que reconocer. Lo de la listas negras le es, por tanto, familiar como un consumado experto.

También en amenazas. Véase si no. Aznar se lo trajo a Madrid y en el primer Consejo de Ministros  lo nombró secretario de Estado de Comunicación y, de hecho, Portavoz del Gobierno, en 1996. Desde ese puesto amenazó al entonces dueño de Antena 3, Antonio Asensio, gritándole por teléfono al periodista José Oneto, delante de testigos: “Dile a tu jefe que va a ir a la cárcel”. “No voy a parar hasta que Asensio acabe en la cárcel”. “Te avisaré un minuto antes”. ¿Qué había hecho Asensio, por Dios? Pues, simplemente, no plegarse a las presiones del Gobierno para vender los derechos de varios clubes de fútbol al holding audiovisual  que estaba levantando la Telefónica del compañero de pupitre de Aznar, Juan Villalonga, y vendérselos a Sogecable, la empresa de televisión por satélite de Prisa, editora de El País, periódico, por supuesto, “sospechoso”. Sus amenazas y chantajes quedaron al descubierto en una Comisión Constitucional del Congreso en 1997. Y dimitió por motivos personales en 1998.

Pero continúa erre que erre. Porque como tertuliano no tiene parangón para el espectáculo tabernario. Abre la boca y escupe sapos y culebras. Ni siquiera Eduardo Inda es tan capaz para la bronca, tal vez  Federico Jiménez Losantos se le acerca. En el programa de 13Tv “El cascabel al gato”, profirió sin rubor insultos al Gran Wyoming, presentador de “El Intermedio” en la Sexta televisión, que le rebatió unas afirmaciones suyas sobre los funcionarios: “Se me ha puesto a parir, cocainómanos incluidos”. E insistió: “El cocainómano Monzón (apellido real de Wyoming) diciendo barbaridades. El cocainómano ese sigue ahí, a saber a quién le pasa cocaína, lo estoy investigando”.

Tan bravío es que por culpa de esa boca ha sido, en ocasiones, condenado, a pesar de sus “padrinos” en el poder. Es lo que sucedió en 2011 cuando lo condenaron por tildar reiteradamente de nazi, en dos programas de televisión, al doctor Luis Montes, anestesista y coordinador de Urgencias del hospital Severo Ochoa,  por supuestas sedaciones irregulares realizadas en ese centro médico, aunque ya la Audiencia de Madrid había archivado el caso. Y cuando fue condenado por provocar un accidente de tráfico en Madrid, en 2013, por conducir borracho. Sufrió un año de retirada del carnet de conducir.

Ahora se ha pasado. No sorprende a nadie. Pero se ha extralimitado, quizás creyéndose más fuerte que nunca, porque en cualquier democracia su comportamiento como jefe de gabinete de la presidenta madrileña es incompatible con un cargo público. Y porque ha atacado la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos.

Así de bravío es Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, el goebbel propagandístico de la presidenta de Madrid, cuyo novio ha resultado ser un defraudador fiscal y un comisionista sin escrúpulos.  Al parecer, en tales ámbitos hay que ser así, carentes de escrúpulos y ser bravíos. De Ayuso ya hablaremos en otra ocasión.

Sí es no y no es sí

Cuando se planta en no, se aviene luego a volver a negociar, y cuando parece que está a punto de llegar a un acuerdo, dice que no lo firma. No es sí y sí es no. Tal es la táctica que sigue el Partido Popular (PP) a la hora de negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde diciembre de 2018, para impedir la elección de los nuevos vocales, por mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras, como exige la Constitución y regula una Ley Orgánica. Una táctica obstruccionista de manual, la del no es sí y sí es no, que figurará en el Libro del Filibusterismo Político en España.

 ¿El motivo? ¿La defensa de la independencia de los jueces para decidir su propio órgano de gobierno? ¡Quiá! Asegurarse la mayoría de vocales que desde 2013, cuando el PP consiguió mayoría absoluta, hace predominante el voto conservador en el tercer poder del Estado, a pesar de que desde diciembre de 2018 la composición del tribunal debería ser progresista, en función del resultado de aquellas elecciones, como marca la Constitución.  En la actualidad, tras las bajas por jubilación, una dimisión y un fallecimiento, el CGPJ está constituido por 16 miembros de los veinte que debería tener: 10 de tendencia conservadora, incluido el presidente suplente, y 6 progresistas. Y ese equilibrio de fuerzas favorable a la derecha es lo que no está dispuesto el PP a perder. Como sea.

La importancia del CGPJ radica en que es el órgano de gobierno del Poder Judicial, según establece el artículo 122.2 de la Constitución, que se encarga, entre otros asuntos, de ”los nombramientos, ascensos y traslados de los jueces, la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y de la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial”. Está compuesto por 20 vocales, los cuales eligen a un presidente que ostenta, a su vez, la presidencia del Tribunal Supremo.  El mandato es por un período de cinco años. Todos los vocales, seleccionados de candidaturas de las asociaciones judiciales, son propuestos por una mayoría de tres quintos de las Cámaras y nombrados por el rey.

Repasar la historia de las zancadillas del PP a la negociación es sumamente ilustrativo del proceder obstruccionista de un partido que, en teoría, se declara democrático, dice defender la Constitución y aspira gobernar respetando el Estado Social y democrático de Derecho en el que se cimenta el sistema político español vigente. Pero incumpliendo sus normas, como se deduce de su proceder, al menos, en este asunto de la renovación del CGPJ.

La cosa comenzó antes de que finalizara el mandato del CGPJ, en diciembre de 2018. En aquella fecha se rompió el acuerdo entre el PP de Pablo Casado y el Gobierno de Pedro Sánchez a causa de la filtración de un whatsapp de Ignacio Coisidó, portavoz entonces del PP en el Senado, en el que se jactaba del control “desde detrás” que ejercería su partido desde el Tribunal Supremo, cuyo presidente ya habían acordado que fuera  Manuel Marchena, y que ostentaría el mismo cargo en el CGPJ. “Y además controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás y presidiendo la Sala 61”, escribía el senador en su mensaje sobre la elección del magistrado. Marchena dimitió al hacerse pública la jugada.

 Posteriormente, en 2020, Pablo Casado alegaría no poder alcanzar ningún acuerdo “con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos”, con la intención de impedir que Podemos, partido coaligado con el PSOE en el Gobierno, participara en las negociaciones. Preferían, como reconocería Teodoro García Egea, que “todo siga como está a que entren miembros de Podemos” en el CGPJ.

Con el tiempo, las excusas fueron otras. Tras las elecciones de Madrid y los indultos concedidos por el Gobierno a líderes independentistas catalanes, el PP comenzó a pedir, como condición previa, que se modifique el sistema de elección de los jueces para “despolitizar la Justicia”. Era la zancadilla número 14, tras varias anteriores, que ponía Casado para impedir la renovación del órgano de los jueces con el pretexto de que fueran “los jueces quienes elijan a los jueces” y no las Cortes Generales. Es decir, que los 12 vocales judiciales, de los 20 que componen el CGPJ, sean elegidos únicamente por la carrera judicial, sin que intervenga el Parlamento, como recoge la Constitución y regula la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una propuesta contraria a la reforma acometida por el propio PP y un PSOE en la oposición.

Y por qué se eligen así? Porque, al encomendar la Constitución el nombramiento de las vocalías del CGPJ a las Cortes, estas vocalías se eligen por un sistema de extracción entre 36 candidatos propuestos por las distintas asociaciones judiciales o jueces no asociados con avales. De este modo, la representación de la soberanía popular puede escoger entre distintas sensibilidades que responden a las representadas en las Cortes en cada mandato. Ello asegura una conformación plural del CGPJ que se corresponde con una sociedad y una judicatura también plural. Se trata de un sistema democrático para elegir un órgano de gobierno del único poder del Estado que no está refrendado democráticamente en las urnas.

Precisamente por eso, por tener que corresponder con las mayorías representadas en las Cortes, es por lo que el PP pretende ahora modificar la forma de elección de los miembros del CGPJ. Las fuerzas conservadoras son minoría en el Parlamento. Pero es algo que no hicieron cuando Rajoy gobernaba y a lo que el PSOE no se había opuesto. Sin embargo, desde que es mayoritaria la izquierda en el Congreso ha usado esta excusa, desde Casado hasta Feijóo, para continuar bloqueando la renovación de dicho órgano.

Incluso ha llegado a condicionar la renovación a la de otros órganos, en un acuerdo global, que incluyera también al Tribunal Constitucional. Pero alcanzado un pacto, en el último momento también Feijóo se echó para atrás. Sí pero no. Esta vez la excusa fue la reforma del delito de sedición, a pesar de que Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso, desvinculara una cosa de la otra.

Y así, zancadilla tras zancadilla, se han sucedido las excusas hasta hoy, cuando el PP exigió para entablar la enésima negociación la mediación del comisario de justicia de la Unión Europea, el conservador Reynders, quien propuso que se abordara la modificación de la norma para la elección del CGPJ una vez este se haya renovado. Para chasco del PP, la Comisión Europea recomendó que se renueve primero el CGPJ con la normativa actual y después se proceda a reformar la norma.

En vista de lo anterior, hubo que buscarse una nueva excusa para obstaculizar las negociaciones que mantenían  el ministro de Justicia Félix Bolaños y el europarlamentario del PP Esteban González Pons. Y la encontraron en la Ley de Amnistía, iniciativa en trámite que ya conocían cuando pidieron la mediación europea. Con esta última suman, pues, más de 20 excusas para seguir incumpliendo la Constitución y continuar bloqueando la urgente renovación de un Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros llevan más de un lustro en funciones con el mandato caducado.     

Lo grave es que, seguramente, el PP continuará con esta táctica a la espera de unas próximas elecciones en las que aspira acceder al Gobierno para elegir la mayoría de las vocalías que corresponda a su representación en las Cortes Generales. Y no depondrá su actitud bloqueadora a pesar del descrédito que está causando a la institución y el daño que ocasiona a la imagen de la justicia española en los ámbitos nacional y europeo. Así se comporta un partido que se declara constitrucionalista

Ser mujer

Voy a intentar ponerme en la piel de una mujer. Es la forma con la que quiero adherirme a las reivindicaciones que se expresan cada año el 8 de marzo, Día internacional de la Mujer. Aunque sé que no conseguiré comprender ni su punto de vista ni toda la problemática  que conlleva la condición femenina, no rehuiré meterme en ese jardín tan complejo.  Porque ser mujer, peor antes pero también ahora, considero que es difícil y harto sufrido. Todos los seres humanos tenemos que luchar para vivir y convivir en este mundo, pero las mujeres aún más por el mero hecho de ser mujer y tener que subordinarse a un contexto social, cultural, económico, laboral y hasta religioso machista discriminante.

Sinceramente, no sé cómo lo soportan sin organizar una revolución para su emancipación y liberación. Por mucho menos, como una simple linde fronteriza o la avaricia, los hombres han emprendido confrontaciones bélicas de una crueldad inimaginable. Sin embargo, el sometimiento de la mujer al hombre no ha generado ninguna batalla sangrienta de idéntica magnitud y crueldad. Más bien, se han limitado a exigir poco a poco, paso a paso, sus derechos y la igualdad de condiciones que los hombres. Hay que reconocer que, desde los tiempos de nuestras madres y abuelas, se ha avanzado hacia esa meta, pero de manera muy lenta e insuficiente.

Aun faltan muchas barreras por derribar. Porque queda  mucho, por ejemplo, para lograr la conciliación de la maternidad con el desarrollo personal y profesional de la mujer. La brecha salarial que todavía las penaliza se mantiene intacta en innumerables ámbitos laborales, en los que su presencia es percibida como un desafío al predominio masculino. Que una mujer conduzca un autobús o pilote un avión todavía despierta recelos a esos machistas que se sienten agredidos por que la mujer se incorpore, como un igual, en tales espacios ocupacionales tradicionalmente ejercidos por los hombres. Y no lo asumen como lo que es: normal.

Porque ser mujer es luchar cada día por exigir el reconocimiento y el respeto de todos, tanto de hombres como, también, de mujeres. Y porque no se trata de ser un instrumento útil para determinadas tareas, curiosamente las que los varones no prefieren y rechazan, sino ser tratada como una persona poseedora de los mismos derechos y obligaciones que los hombres, en igualdad de condiciones. Se trata, pues, de una lucha infatigable y abrumadora, porque cansa exigir lo obvio, lo natural, lo justo cada día y en todas partes. Y encontrar en la mayoría de esos sitios incomprensión y hasta el insulto, cuando no la agresión física o el desamparo legal, como sucedía hasta ayer mismo en casos de violación.

Ser mujer es tan duro y extenuante que muchas mujeres renuncian a mantener esa lucha diaria por su dignidad ante su pareja, su padre, su jefe o sus amigos y desconocidos en cualquier circunstancia donde haya que librarla para no sentirse humilladas o minusvaloradas, sea en el ascensor, en la cama, en la oficina, en el bar o en la calle. El campo de batalla es inmenso y ocupa todo el espacio que comparten hombres y mujeres, es decir, el espacio de la vida, desde que se nace hasta que se muere. E incluye hasta la vestimenta y la apariencia física. Desde mi posición como hombre, es una lucha insoportable.

Y aun más intolerable cuando se es víctima de abusos y de una violencia machista que cada año asesina a decenas de mujeres. Cuando se es percibida como un objeto destinado a satisfacer los impulsos animales del hombre embrutecido, acostumbrado a  creer que la mujer es una posesión de su propiedad, explotada a su antojo. No me imagino ser mujer en esas condiciones de esclavitud física y psíquica, solo explicable por toda una estructura social que lo fomenta y consiente. No podría soportarlo. Por eso me adhiero a la conmemoración del Día de la Mujer. Su lucha sería menos dificultosa con la colaboración de los hombres que hacen suya su causa. Porque la comprenden. Y para ello sólo hay que ponerse en su lugar.

¿Aprendimos algo del 11-M?

Se han cumplido exactamente dos décadas del mayor atentado terrorista cometido en España y en Europa por fanáticos islamistas abanderados por Al Qaeda. Aquel 11 de marzo de hace 20 años las bombas segaron las vidas de 193 personas y causaron heridas de diversa consideración a otras 1.900 que aun recuerdan con dolor y cierta sensación de abandono tan espeluznante experiencia. También es la fecha en que un Gobierno temeroso de perder el poder fabricó deliberadamente la mayor mentira jamás construida para ocultar la autoría yihadista del atentado y culpar sin pruebas a ETA, al menos hasta la celebración de unas elecciones generales, previstas para cuatro días después de la masacre que dejara en estado de shock a la sociedad española. Transcurridos estos años, parece que esa tentación de valerse de la falsedad y la manipulación con fines políticos sigue siendo una socorrida herramienta habitual que no causa reservas éticas o morales a los protagonistas actuales de la confrontación partidista. ¿Se ha aprendido algo de aquellos hechos del 11-M para que la política reniegue de recurrir a la desinformación como método para elaborar “hechos alternativos” que favorezcan sus intereses? Cualquier lector medianamente informado está en condiciones de responder tan retórica pregunta.

Pero yo añadiría que, en tanto en cuanto los responsables de aquellas mentiras jamás se han arrepentido de su conducta y nunca han pedido perdón por ello, nada ha cambiado en el comportamiento de los políticos en la actualidad. Antes al contrario, la mentira, el engaño y la manipulación se han convertido en usos convencionales del debate político, hasta el extremo de minusvalorar conscientemente el daño que ello ocasiona a la legitimidad de los procedimientos democráticos de nuestro sistema político y a la credibilidad y confianza en las instituciones. Todo aquel engranaje para inventar conspiraciones continúa aplicándose con la finalidad de derrotar al adversario político, pero ahora con más fuerza, con mejores y más potentes instrumentos para difundir bulos y más eficiencia a la hora de confundir y engañar a amplios sectores de la población con patrañas, medias verdades y mentiras.

Nada, por tanto, se ha aprendido de aquellos brutales atentados, cuando 11 artefactos hicieron explosión en cuatro trenes de Cercanías en las estaciones de Atocha, el Pozo y Santa Eugenia de Madrid, a primeras horas de la mañana del jueves 11 de marzo de 2004. Es más, quienes por pudor corporativo entonces se mantuvieron al margen de la diatriba política y mediática, ahora participan sin complejos y sin quitarse la toga en campañas políticas que legalmente no les está permitido, dada la separación de poderes en que se basa toda democracia. Tanto es así que algunos jueces y magistrados no tienen empacho, a día de hoy, en adoptar decisiones judiciales e instruir causas que parecen destinadas a contrarrestar iniciativas del poder legislativo o del ejecutivo. De ahí que, si la primera lección del 11-M fue la necesidad de un poder político que no mienta a los ciudadanos, la prevalencia de la mentira como arma rutinaria hoy día en la confrontación política demuestra el nulo aprendizaje que se ha conseguido, a pesar  de haber sido testigos del peligroso daño que produce una mentira de Estado para la convivencia de cualquier comunidad. Desgraciadamente, nada se ha aprendido del 11-M.     

Y es que la política, ejercida desde el poder o la oposición, continúa intentando dirigir la respuesta de la sociedad y la formación de la opinión pública para determinar su sentido y controlar sus efectos y consecuencias. Y ello, a pesar de que la reacción ciudadana al 11-M demostró, con el resultado de las elecciones del 14-M, que cuando el cuerpo social toma consciencia de la manipulación de la que es objeto, no se deja engañar fácilmente y exige que se le cuente la verdad. La gente tolera hasta cierto punto las artimañas políticas, pero no consiente la burda mentira, la tergiversación grosera y la manipulación constante como forma de ejercer la política o como método de derrotar al adversario para acceder al poder o mantenerse en él. Reclama honestidad, transparencia y dignidad. Y una información veraz y hasta donde sea posible exhaustiva, dado que el fortalecimiento de la democracia descansa en el apoyo social a la misma, en la confianza que despierta en la población y en el conocimiento real, sin ocultamientos ni mentiras, de las amenazas a las que se enfrenta, como el terrorismo. Porque es, desde la lealtad con los ciudadanos y sobre una fundada opinión pública, como puede hacerse frente a todo intento de manipulación o destrucción que provenga de cualquier ámbito de poder, ya sea político, económico, militar o religioso.

Por eso fracasaron las mentiras elaboradas por el Gobierno sobre la autoría del 11-M. Porque solo por desconocimiento se podía sostener que el atentado era obra de la banda terrorista de ETA. Ni la policía que lo investigó, ni los jueces que juzgaron a los culpables ni la población que asistió conmocionada al espanto se tragaron aquella trola, mantenida obsesivamente solo por evitar que la gente relacionada el atentado con el terrorismo yihadista y la implicación de España en la ilegal guerra de Irak. Por eso Aznar, presidente del Gobierno, prohibió la emisión de una entrevista en exclusiva al presidente norteamericano George W. Bush, con quien aparecía en la famosa foto de las Azores junto a Blair y Barroso, del corresponsal de Televisión Española en Estados Unidos, Lorenzo Milá. Y por eso también evitó a toda costa mostrar unidad de acción con el resto de partidos en apoyo del Gobierno, como pidió el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Todos tenían dudas de la versión de Aznar. Máxime cuando ya en octubre de 2003 Osama bin Laden había señalado a España como país al que castigar por ser “uno de los pilares de los Cruzados y sus aliados” en esa guerra de Irak. Eran evidentes, a las pocas horas de producirse los atentados, los indicios que apuntaban al yihadismo islámico.

Pero parece que todavía no lo hemos comprendido, aunque hayan pasado veinte años. No hemos comprendido que con mentiras no se gana la confianza de la población ni se consigue su apoyo en los momentos difíciles. Que no hay que negar los hechos, sino informar rápidamente  desde el primer momento. Y que, también, hay que reconocer los errores. No se puede, como hizo el entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, dar seis ruedas de prensa para ofrecer solo valoraciones y suposiciones políticas, intentando escamotear la cruda realidad, que el atentado era obra de terroristas islamistas. Y lo que es más indigno: se mintió a sabiendas de que se falseaban los hechos a conveniencia del partido en el poder. Por eso, hoy, con ocasión del XX Aniversario del 11-M, ni siquiera se van a celebran actos oficiales para honrar a las víctimas y no olvidar un hecho tan deleznable. No parecen dignas de reconocimiento para unas autoridades incapaces de aprender ninguna lección.

De ahí que no se haya aprendido a no utilizar el dolor de las víctimas, como se hizo electoralmente con las del 11-M, sino confortarlas y acompañarlas en su inmerecido e injusto sufrimiento. No se ha aprendido que faltar a la verdad provoca traumas que, ni en el transcurrir del tiempo, dejan de ensanchar la brecha social que aun caracteriza a la sociedad española en forma de crispación, intolerancia y división. Se continúa ignorando la lección y alimentando con mentiras tal despropósito, sin querer darnos cuenta de que la agitación y los enfrentamientos que en la actualidad padecemos son consecuencia del indigno comportamiento mostrado ante aquellos –y otros- hechos. De la impunidad con que se fabricó una mentira sobre el peor atentado sufrido en nuestro país. Y los responsables, tan tranquilos, sin rendir cuentas. Nada, pues, hemos aprendido. Y así nos va.

La corrupción que no cesa

En España tenemos un serio problema con la corrupción. Así, en general. Pero, en particular, con la que germina en el ámbito de la política. No conozco ningún partido gobernante, desde que tengo uso de razón, que haya estado exento de corrupción por culpa de algún listillo de forma individual o como mecanismo estructural y fraudulento de financiación o de  remuneración adicional a la dirigencia. Insisto: salvo la UCD -que yo sepa, porque no lo he investigado- todos los partidos que han gobernado en este país desde la restauración democrática han protagonizado escándalos de corrupción. Eso incluye a formaciones nacionales y a las de ámbito autonómico  y municipal.

Es en esos ámbitos donde mejor puede enraizarse la corrupción entendida  como el “abuso del poder público para beneficio privado”, como la define el Banco Mundial. Y es allí donde se manifiesta en forma de malversación de fondos, uso del cargo público para el enriquecimiento personal, adjudicaciones fraudulentas a cambio de sobornos, nepotismo y mil maneras más.

En todos los partidos que han gobernado en todas las Administraciones del Estado ha aflorado la semilla de la corrupción. Unos de manera recurrente y otros de forma esporádica. Los hay que la cultivan de forma intencionada y los que son víctimas de la falta de control y transparencia o del exceso de confianza en personas de todo pelaje. Por lo que sea, ninguno se ha librado de unas prácticas que todos, paradójicamente, siempre denuncian y rechazan con rotunda pero ineficaz contundencia, sin que nunca se haya puesto freno al problema.

Y es que, al parecer, la corrupción es una tara que arrastra un buen número de españoles y con la que contaminan las organizaciones a las que pertenecen. Por eso se trata de un asunto grave. El segundo, después del paro, entre los problemas que más inquietan a los ciudadanos, según las encuestas. Es tan frecuente que parece consustancial con nuestra naturaleza o manera de ser. Y no es de extrañar porque, en cuanto podemos, tendemos a pasarnos de listos, como si los demás no cayeran en ella por tontos. No en balde, España es el país de la picaresca. Y por algo será, no sólo por el ingenio literario. Quizás por eso percibimos la corrupción como una forma moderna del pícaro que tanto contribuyó al prestigio de nuestra novela del Siglo de Oro.

Repasar la lista de casos de corrupción en nuestro país es desmoralizador. Además, ocuparía mucho espacio para un simple artículo periodístico. Es preferible recordar solo sus últimos episodios como muestra de la tesis que defiende este comentario. Y es para echarse a llorar. Porque, ni en las peores circunstancias vividas para la totalidad de la población en las últimas décadas, como fue la pandemia, la corrupción no ha dejado de aparecer entre las acciones adoptadas para combatirla. Acciones urgentes, de primera necesidad, para limitar la mortalidad de una pandemia atroz. Adquirir mascarillas en aquellos momentos angustiosos supuso para algunos desaprensivos una posibilidad de oro para enriquecerse con comisiones, por la intermediación, exorbitadas. Y de manera fácil, sin requerir grandes esfuerzos. Solo era necesario poseer pocos escrúpulos y ninguna decencia.  Y conocer a alguien.

Es lo que sucedió en el ayuntamiento de Madrid por parte de un hermano de la presidenta de la Comunidad. Y lo que ahora aflora en el Gobierno por parte de un asesor de un exministro de Transportes. Ambos casos se aprovechan de la urgencia por comprar mascarillas para vendérselas a la Administración a precios abusivos, gracias a la rebaja de controles en los procedimientos administrativos durante el Estado de Alarma. Que se muriera muchísima gente por Covid era lo de menos. Lo de más era que representaba una oportunidad providencial para un negocio redondo. Como dirían los implicados, parafraseando a Clinton: se trata del libre comercio, estúpidos.

Actualizando los mecanismos de la picaresca, la corrupción actúa como forma tradicional de agilizar trámites para solventar cualquier contratiempo a la hora de adquirir un bien o satisfacer una necesidad, máxime si es perentoria. Pero no en beneficio del interés general, sino el particular del corrupto. Como en esos casos a los que nos referimos.

El tal Koldo, émulo del Lazarillo de Tormes, es ejemplo de ello y representa un fenómeno que no cesa en nuestro país. Algo que practican quienes están dispuestos a aprovechar las oportunidades de enriquecimiento ilegítimo que se presenten en sus vidas. Justamente, lo que suele hacer el listillo a la menor ocasión. Es la conducta que explica que, cuando podemos, no respetemos una cola ni para coger el autobús, que eludamos  algún dato a Hacienda que pueda aminorar nuestros pagos de impuestos, que recurramos a amigos, familiares o conocidos para conseguir cualquier cosa, que busquemos “enchufes” a la hora de buscar empleos o para colocar a familiares en puestos sin respetar la igualdad de oportunidades, que prefiramos las facturas sin IVA o hasta que intentemos copiar en los exámenes. Es algo tan extendido que ni el rey emérito ha podido evitar la tentación. Porque somos así, proclives a los chanchullos. Es más, hasta nos parece lo más natural del mundo. Incluso nos vanagloriamos de ella como si fuera una demostración de inteligencia para afrontar los obstáculos que hallamos al vivir en una sociedad tan competitiva, compleja y exigente.

Si así nos conducimos para el trapicheo, no es de extrañar que, cuando accedemos a puestos en los que se administran caudales públicos, sea altamente probable que la corrupción salga a relucir con cualquiera de sus caras en esos manejos turbios que, si surgen a la luz, alimentan grandes titulares y enormes pero inútiles alarmas. Hoy nos quedamos boquiabiertos con lo que empieza a conocerse del caso Koldo y su padrino Ábalo. Ayer, con lo del hermano de la presidenta Ayuso. Y, más atrás, con lo que depararon Rato, la Gürtel, los Eres, Undargarín, Púnica, Roldán, Banca Catalana, etc. Tantos que, según un estudio publicado por el institut de Recerca en Economía Aplicada Regional i Pública de la Universidad de Barcelona, recogido por Infobae, sobre la corrupción que ha sufrido España entre los años 2000 y 2020, se produjo un caso cada dos días. Y es el Partido Popular el que más causas de corrupción acumula (40,5%) en esas dos décadas, seguido por el PSOE, implicado en el 38,3% de los casos. El motivo: ambos son los que más tiempo y más administraciones han gobernado.

Es evidente, por tanto, que albergamos un serio problema con la corrupción en España, aunque afortunadamente no sea de manera generalizada, como pudiera parecer. De hecho, la corrupción entre los funcionarios es la más baja de Europa. Pero existe corrupción, sobre todo cuando surgen períodos explosivos, de boom en las demandas, ya sea en el mercado inmobiliario o el sanitario, como sucedió con las mascarillas. Y, ante la posibilidad de negocio, aparece la picaresca. Buena parte de ella obedece a esa conducta que pretende burlar la igualdad de condiciones que se atiene al mérito y al imperio de la ley. Y que contribuye a que se perciba la democracia como sistema imperfecto o poco eficaz a la hora de regular nuestras complicadas relaciones de convivencia de forma que satisfaga a todos. Y al no sentirnos satisfechos, buscamos atajos que se benefician de los defectos institucionales importantes y las áreas de riesgo poco controladas, permitiendo la arbitrariedad y los abusos.

Todo ello nos ofrece una imagen social que resalta la falta de desarrollo que padecemos en nuestra formación cívica y en el respeto por el funcionamiento de nuestras instituciones. Y algo peor: evidencia la desconfianza que mostramos por nuestro sistema político y legal, lo que alimenta la incredulidad hacia la democracia. Es, sin duda, la consecuencia más peligrosa de la corrupción: debilita una democracia que tanto esfuerzo ha costado y socaba la legitimidad de las instituciones que la sostienen.

No hay que ser, por tanto, indulgentes con la corrupción, sea poca o mucha. Aunque la percepción que tengamos de ella sea cada vez mayor por tomar conciencia de su extensión y magnitud, no podemos dejar de denunciarla ni confundirla con aquellas prácticas tradicionales de los tiempos de la picaresca. Porque la corrupción es, simplemente, un delito que perjudica a todos. Y, como tal, merece el castigo penal, se dé donde se dé y caiga quien caiga. Tiene que cesar de una vez por todas.