El damero de la investidura (II)

En una entrega anterior hacíamos la comparación del resultado de las elecciones generales de julio pasado con un damero por el número de palabras (siglas) con las que debía jugar la partida política quien desease ser investido por el Congreso de los Diputados presidente del Gobierno. En aquella ocasión expusimos las dificultades a las que se enfrentó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para completar un resultado del damero que le fuera favorable, fracasando en el intento. A pesar de considerarse vencedor de las elecciones, gracias al número de votos cosechados en las urnas, no pudo reunir las palabras (siglas) suficientes para conseguir ser investido, y salió derrotado. Tenía más votos, pero no más apoyos para su investidura. Y, como estaba anunciado, resultó fallida.

A los pocos días, otro contrincante con posibilidades lo intentaría, convencido de que, aunque con un millón menos de votos, obtendría mayores apoyos parlamentarios para conseguir la investidura. Y desde entonces, Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente en funciones del Gobierno, está negociando los favores de las siglas que podrían permitirle mantenerse en el poder, reeditando un gobierno de coalición con Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, su actual vicepresidenta en funciones y con quien acaba de acordar un programa para toda la legislatura.

Sin embargo, el asunto más controvertido para lograr la investidura es la exigencia,  por parte de los partidos independentistas catalanes, de una amnistía para los encausados –políticos y funcionarios- en el caso del procés, el “conflicto” judicial catalán derivado de la consulta no autorizada, y por tanto ilegal, realizada a los ciudadanos de aquella comunidad y, a tenor de sus discutibles resultados (pues carecían de las debidas garantías), declarar, para dejarla acto seguido en suspenso, una República catalana, contraviniendo en fondo y forma la Constitución española, que no contempla más nación que España.

Se  trata, para contextualizar, de un histórico problema (no conflicto) territorial que afecta a las nacionalidades vascas y catalanas, las cuales, por sus aspiraciones soberanistas, no acaban de encontrar acomodo en la construcción del Estado en España. La última solución, el Estado autonómico -prácticamente federal- diseñado por la Constitución de 1978, con comunidades autónomas de ocho provincias, cuatro uniprovinciales, unas con fueros especiales y otras sin fueros pero con distinta intensidad por razones lingüísticas, no termina de cuajar definitivamente. De ahí los “conflictos” que todavía surgen en el mapa autonómico español a causa de aquellas regiones a las que la autonomía no les parece suficiente porque no garantiza su singularidad lingüística o identitaria (hecho diferencial) que pretenden distinguir y preservar.

Un problema que, en el caso de Cataluña, la amnistía que se debate en las negociaciones intenta devolver al ámbito de la política y canalizarlo a través de los cauces pacíficos y legales que contempla la Constitución. Tal es el nudo de las negociaciones que está desarrollando el candidato socialista para su investidura y sobre las que impera un atronador y sospechoso silencio. Un mutismo que se acompaña, además, de la parálisis casi absoluta del funcionamiento de un Congreso formalmente constituido que debería ejercer el pertinente control del Gobierno cuando, precisamente, España ostenta la presidencia rotatoria de la UE y se enfrenta, para si fuera poco, al estallido de otro conflicto bélico entre Israel y la milicia armada palestina de Hamás en la Franja de Gaza. Además, a ello  habría que añadir los compromisos políticos, económicos y militares que el Gobierno mantiene con Ucrania en la guerra que libra dicho país contra la invasión rusa. Y las medidas que implementa para garantizar los suministros energéticos y comerciales afectados por el boicot impuesto por la UE a Rusia. ¿Qué iniciativas está tomando el Gobierno en relación con estos y otros asuntos? Y es que, por muy en funciones que esté el Gobierno, el poder legislativo no puede quedar al margen de la acción del Gobierno. Y menos aun, precisamente, cuando el Poder Ejecutivo se halla en funciones y con sus prerrogativas limitadas.

En este interregno entre una investidura y otra, el candidato conservador, derrotado en la primera investidura, ha continuado tratando de impedir o, al menos, desprestigiar no sólo esas negociaciones que con él no fructificaron, sino la probabilidad de que el candidato socialista pudiera coronar con éxito la suya. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Esta ofensiva contra Pedro Sánchez  y sus negociaciones con los independentistas comenzó incluso antes de que se celebrase la sesión de investidura de Núñez Feijóo, congregando en Madrid a más de cuarenta mil personas para protestar contra quien todavía ni siquiera era candidato al segundo proceso de investidura.

Previamente habían ensayado con otro mitin en Santiago de Compostela, que también contó con el protagonismo del candidato conservador en la tribuna de oradores, desde donde profirió su habitual retahíla de amenazas y admoniciones contra el socialista y sus pretensiones gubernamentales. Esta campaña callejera de rechazo tuvo su momento álgido durante la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, convocada por la Societat Civil Catalana, que congregó a la flor y nata del conservadurismo patrio que no acepta su derrota electoral. Hasta la Ciudad Condal se desplazaron sus más egregias figuras, como Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal y el mismo Núñez Feijóo, entre otras.

Pero no se resignan. Continúan organizando actos y manifestaciones en contra de un probable Gobierno progresista. Es por ello que el mitin que no pudieron celebrar en Málaga, por estar ocupado con antelación el espacio previsto, lo trasladaran a Toledo, donde Feijóo, acompañado de la plana mayor de su partido, ya dio por superada la investidura de Sánchez, advirtiendo de que tal Gobierno nacería muerto, puesto que “los españoles no están dispuestos a perder la dignidad”. Los demás oradores abundaron en la misma sintonía catastrofista. Pero, por si alguien no se había enterado, el mismo cartel que arropa al derrotado candidato conservador no descarta retomar la organización del mitin de Málaga y, a primeros de noviembre, celebrar otro en Valencia.

Con todo, el acto más contundente contra de la amnistía y un probable Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por nacionalistas e independentistas, tuvo por escenario institucional el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta. Los conservadores convocaron la comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, a la que todos los presidentes autonómicos están invitados por sistema. Como era patente que se trataba de una sesión forzada por el PP para hacer oposición al Gobierno en funciones a cuenta de la amnistía, los presidentes autonómicos socialistas evitaron la encerrona y no asistieron, como también hizo el lehendakari vasco, Urkullu. No obstante, el que menos esperaban, el presidente de la Generalitat de Catalunya, se presentó.

 Pere Aragonés acudió a la comisión senatorial e intervino, hablando en catalán, para defender la Catalunya de todos. Y también advirtió que la amnistía y un referéndum  de autodeterminación serían las metas que culminarían el conflicto que enfrenta aquella comunidad con el Estado. Acabada su intervención, el presidente catalán abandonó la Cámara sin escuchar al resto de intervinientes. Y ese resto de presidentes se despachó a gusto contra la posible amnistía y en denostar al futuro Gobierno aun no constituido.

Llama la atención que tal uso partidista e instrumental del Senado fuera posible porque su presidente es un hombre fiel al Partido Popular, es decir, un disciplinado militante fiel a su líder, por lo que participa, como un engranaje más, de la estrategia conservadora para torpedear la investidura de Pedro Sánchez o complicarle la legislatura, si resulta investido. De hecho, este altísimo senador ha reconocido que el Senado será, en manos de los `populares´, una trinchera idónea contra un Gobierno al que consideran inmoral, indigno e ilegítimo, y al que procuran obstaculizar de tal modo que se vea obligado a convocar nuevas elecciones, como desearía Núñez Feijóo, el líder que designó a tan obediente afiliado para ocupar la presidencia de la Cámara Alta. Y así se porta.

Claro que también el Congreso de los Diputados no está exento de los manejos de los partidos que hacen prevalecer sus mayorías. Tanto es así que, si al candidato conservador se le concedió el plazo de poco más de un mes para reunir apoyos a su investidura, al candidato socialista no se le limita plazo alguno para articular las negociaciones que podrían facilitarle la suya. De hecho, sólo está concernido por la norma que regula que, tras una primera investidura fallida, al cabo de dos meses se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones. Esto es, el 27 de noviembre. El  tiempo, por tanto, transcurre sin que nadie sepa cuándo se convocará  el pleno para el debate de investidura  de Pedro Sánchez ni el contenido de las silentes negociaciones que mantiene para conseguir dicha investidura. Tal mutismo, reconocido por los propios negociadores, es sepulcral, aunque prometen transparencia con sus  resultados. ¿Cuándo será eso?

Hay que reconocer que quien disfrutó de una mayor interinidad en el Gobierno fue Mariano Rajoy. Este se mantuvo durante 314 días en funciones (más de 10 meses), desde los comicios de diciembre de 2015 hasta su investidura en octubre de 2016. Y causó una parálisis parlamentaria semejante, hasta el extremo de que el Tribunal Constitucional dictaminó, en una resolución de 2018, que “el hecho de que el Gobierno –el del PP en aquel entonces- estuviera en funciones no impedía la función de control de las Cámaras”.

Como se ve, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo ese inesperado elogio de Núñez Feijóo a la sinceridad de Puigdemont (aquel “fugado” catalán, ¿se acuerdan?), a quien dice ahora respetar. ¡Qué misterios aparecen en este damero de la investidura!