Un año funesto (y II)

El año 2025 también ha sido funesto en España, país en que la crispación política y la polarización, alimentadas por el bombardeo de desinformación y la proliferación de mentiras y bulos, condenan a la ciudadanía al enfrentamiento y a la desafección. No hubo semana en este año que agoniza en la que los partidos con posibilidad de gobernar no se tirasen a la cara exabruptos y acusaciones a cuál más grave: que si esto es una dictadura, que el gobierno es ilegítimo y su presidente, un jefe mafioso con toda su familia corrompida, que aquel otro es amigo de narcotraficantes y su partido está condenado por corrupción y dispuesto a gobernar con la extrema derecha. Y así, un día tras otro.

Claro que también existían motivos para la alarma y el arrugar de nariz. Porque después de siete años de impulsar con éxito una moción de censura contra un Ejecutivo conservador cuyo partido acabó siendo condenado por corrupción, al ético presidente que prometió acabar con esa lacra le han aflorado presuntos casos de corrupción alrededor de su entorno político y personal. Muchos casos para un Gobierno que pretendía ser limpio y ajeno a unas prácticas que ha empañado el ejercicio de la función pública, bajo cualquier administración de este país, desde que la democracia permite investigar y hablar de ello. Y antes también, por supuesto.

En el ámbito personal, con motivos fundados o no, a la esposa del presidente del Gobierno y su hermano se les investiga por tráfico de influencia y prevaricación. Y en el político, dos secretarios de Organización del partido gobernante, personas de su máxima confianza, han sido imputados por estar implicados en el “caso Koldo”, acusados de malversación, cohecho y tráfico de influencias. Además, una exmilitante del PSOE es detenida y puesta en libertad por supuestos contratos irregulares y buscar información sensible de quienes investigan las tramas corruptas.

Pero la actuación judicial con mayor repercusión política del año ha sido la imputación y condena del fiscal general del Estado, un hecho inédito. Es la primera vez en democracia que se condena a un fiscal general en ejercicio, con pena de dos años de inhabilitación, por revelación de secretos relacionados con la investigación de un defraudador confeso que es pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El año también nos deparó otro hecho inédito: un apagón sin precedentes que dejó a toda España a oscuras durante horas. Fue una jornada en la que recuperamos las radios a pilas, nos alumbramos con linternas y velas, no funcionaron ni trenes ni metros, los semáforos estaban apagados y volvimos a casa a pie, los bares tuvieron que echar las persianas y almorzamos sándwiches fríos o latas de atún. El Gobierno echa la culpa a las empresas energéticas y éstas al regulador del sistema. Todavía no se conoce la causa concreta de un fallo que paralizó a todo el país e, incluso, afecto al vecino Portugal.

Los efectos del cambio climático también se sintieron en España, provocando un verano en llamas por los incendios. Fue la peor temporada en décadas y con la mayor superficie carbonizada que se recuerda. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, más de 400.000 hectáreas se quemaron ese año, casi diez veces más que en 2024. Pero ahora, como llueve, ya ni nos acordamos.

Aunque tarde, fue el año en que el presidente de la Comunidad de Valencia presentó su dimisión, doce meses después de las inundaciones que afectaron a su región, mientras el perdía el tiempo en una comida durante horas, en las que murieron ahogadas más de 200 personas. Esperó un año acumulando sospechas, versiones contradictorias y silencios para responsabilizarse de una ineptitud que no tenía justificación posible, y menos por estar de comilona.

Por su parte, al Gobierno de la nación, que al parecer tendrá que prorrogar por tercera vez los Presupuestos, se le agota la capacidad de maniobra. El partido conservador independentista, Junts per Catalunya, esencial para sumar mayoría en el Parlamento, ha decidido dejar de apoyar al Ejecutivo. Rompía así el pacto de investidura que posibilitó el actual Gobierno de coalición, por lo que cualquier iniciativa legislativa parece difícil, por no decir imposible. La gobernanza no está asegurada y un ruido de urnas se oye en el ambiente.  

Y por si fuera poco, España fue el único país que rechazó el incremento de gastos de la OTAN acordado en la Cumbre de La Haya y mantuvo su posición de limitarlo al 2,1% del PIB. Ello ha despertado la ojeriza del presidente norteamericano, que acusa a nuestro país de “no jugar limpio” y ha amenazado con represalias. No doblegarse ante Trump es peligroso, por más que EE. UU. conserve estratégicas bases navales y aéreas en suelo español. Una ojeriza que agrava el enfado del norteamericano por el reconocimiento de Palestina por parte de nuestro país.

No hay que olvidar que la moda ultra ya está aquí. Y se contagia. Sus siglas en España son las únicas que crecen en cada elección, como ha demostrado Extremadura, condicionando cualquier política que se quiera aplicar. Y contagia a la derecha moderada, como en Badalona, donde el alcalde de la localidad tiene el indigno honor de ser el primero en dictar un desalojo masivo de inmigrantes de un colegio abandonado en plenas fiestas de Navidad. Más de doscientas personas fueron echadas a la calle cuando las lluvias y el frío azotaban a la población, con la manida excusa -es un clásico- de acabar con un foco de delincuencia. Si no es racismo, se le parece; y si no es aporofobia, también. En cualquier caso, es el proceder maniqueo de esos ultras que dicen salvaguardar la civilización occidental y la cultura cristiana, justamente aquella que se dotó de derechos y libertades para combatir las desigualdades, las injusticias y los abusos de los poderosos por cuestión de raza, lengua, creencia o sexo. El alcalde en cuestión lo que defiende es la barbarie y la discriminación, como buen cristiano que celebra estas fiestas a su manera. Lo malo es que le votan y no lo botan.

No obstante, hay imágenes positivas en ese 2025 que nos deja. Y sorprendentemente son económicas. La marcha de la economía va bien, digan lo que digan los agoreros, con unas de las tasas de crecimiento más altas de los países de la zona euro. Según la Comisión Europea, será casi del 3% del PIB. Y la tasa de paro quedará por debajo del 11%, gracias a la creación de empleo cercano al 2% y una inflación que se reduce algo por encima del 3%.  Son datos macroeconómicos que nada nos dicen, pero de alguna manera reflejan la salud económica de nuestro país. No todo iba a ser funesto, impidiendo que albergáramos una tenue esperanza de cara al próximo año. ¡Suerte y salud!