¿Es la vivienda un derecho?

No es una pregunta capciosa, sino pertinente ante la expulsión violenta y forzosa, con gran despliegue policial, de su vivienda en el barrio madrileño de El Retiro de una inquilina de 87 años, sumamente vulnerable (por edad, recursos y contexto familiar), que llevaba 70 años pagando su alquiler puntualmente. Su padre había alquilado el piso en 1956, que se subrogó a su madre y, finalmente, la hija continuó arrendándolo bajo un contrato de renta antigua (modalidad que se prorroga automáticamente y de precio congelado), por 500 euros mensuales, sin ningún impago.

Con los años, el piso ha cambiado dos veces de propietario hasta acabar en manos de un fondo de inversión. Estos nuevos propietarios le exigieron actualizar el alquiler y los 2.650 euros de mensualidad, para su pensión de 1.350 euros, eran inasumibles, por lo que se activaron los mecanismos legales para echarla de la vivienda. Su caso, no obstante, solo es uno de los muchos que sufren diariamente los inquilinos de viviendas en nuestro país. Y lo que nos incita a reiterar la pregunta: ¿es la vivienda un derecho?

El desahucio de esta inquilina nos mueve a pensar que el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47 reconociendo a todas las personas el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, es más formal que material. Es decir, constitucionalmente se reconoce un derecho como norma (formal), pero sus efectos y contenido no acaban de regularse, por muchas leyes de la vivienda que se hayan elaborado, para que sea efectivo (material), como otros derechos.

Porque el de la vivienda no parece un derecho tan protegido como el de la salud (Art. 43) o el de educación (Art. 27). Y no lo es porque ni los legisladores que lo redactaron ni los gobiernos que podían desarrollarlo han querido hacerlo, aunque tuvieran instrumentos para ello. Todo “arreglo” introducido en su desarrollo ha sido obligado por las circunstancias -como las acampadas en la actualidad-, entre otras razones, porque el derecho a la vivienda colisiona frontalmente con otro derecho: el derecho a la propiedad. Cualquier mejora en uno va en detrimento del otro. Y por esta razón asistimos hoy, perplejos, a desahucios forzosos y violentos de personas indefensas por mor de la voracidad del mercado.

Inmersos en el capitalismo, hemos naturalizado la existencia de un mercado inmobiliario. Asumimos como “normal” que la vivienda sea tratada como una mercancía más, sujeta a la dinámica de la oferta y la demanda, que es la que determina los precios. Este negocio inmobiliario es uno de los más activos de la economía, hasta el punto de crecer y fortalecerse cada vez más con medidas legales que lo protegen y amparan. Y ello hace que la ley priorice el derecho del casero al del inquilino a tener una vivienda.

Y es que, mientras actuamos como propietarios y podemos esperar plusvalías de nuestros inmuebles, nos parece fantástico este sistema. Pero si somos inquilinos o poseedores de una deuda hipotecaria, que incrementa sin parar su mensualidad, el mercado nos resulta sumamente injusto. ¡Dónde queda, entonces, ese supuesto derecho a la vivienda?

Es un problema que no siempre ha sido así, aunque el pobre siempre ha estado destinado a tener una vivienda precaria. En el mundo rural, el campesino se construía su propia vivienda o accedía a la casa adscrita a la tierra del señor feudal o cacique para el que trabajaba de sol a sol. Y en las urbes, las masas trabajadoras podían aspirar a viviendas protegidas patrocinadas por administraciones públicas, gremios industriales (telefónica, tabacalera, etc.) o patronazgos de cualquier tipo (sociales, religiosos, militares, sindicales, etc.). O, simplemente, arrendar una vivienda de renta congelada, como la de la que ha sido desahuciada la inquilina madrileña.

Es relativamente reciente la necesidad de que el mercado sea la vía exclusiva para acceder a una vivienda y que el precio sea el filtro que discrimina a quien aspira a disfrutar de ese derecho, en función del poder adquisitivo. Se trata de una consecuencia inevitable del capitalismo, que ha conseguido que todas las necesidades o aspectos de la sociedad sean satisfechos por el mercado. Una lógica que pocos discuten y todos acatamos, porque hemos interiorizado la búsqueda obsesionada del beneficio o la riqueza por encima de cualquier otra consideración. El beneficio como único objetivo en la vida. Tanto como decir que ya solo pensamos y actuamos economísticamente, como diría Tony Judt.

De este modo, la vivienda ha devenido producto mercantil sumamente goloso para particulares, empresas, entidades financieras e instituciones públicas. Todos esperan obtener pingues beneficios de ella. En especial, la privilegiada iniciativa privada, que llena las ciudades de grúas que acaparan los espacios disponibles en los que levantar barrios enteros de viviendas, inasequibles para los jóvenes o no tan jóvenes con salarios insuficientes para el ahorro. Los ayuntamientos, que gestionan la política de vivienda al tener transferidas tales competencias, son los primeros que transaccionan con el sector privado para recaudar suculentos ingresos que engordan las arcas públicas. Así, en vez de proporcionar un servicio público, cual es facilitar el derecho a la vivienda, favorecen que este sea provisto por el sector privado, devaluando el interés común frente al interés particular o el beneficio individual del sector privado.

¿Cómo corregir esta anomalía? Pues, sin inventar nada ni troceando decretos, recuperando la oferta de vivienda pública, sin ánimo de lucro y fuera del mercado, que equilibre el peso que actualmente monopoliza la oferta privada. De igual manera que coexisten la medicina pública con la privada y la enseñanza pública y la privada, el derecho a la vivienda también puede garantizarse con la construcción de viviendas de titularidad pública, en paralelo con las de promoción privada.

Porque lo que impide disfrutar del derecho a la vivienda es que el porcentaje de vivienda pública o social, de titularidad autonómica o municipal, es solo del 3,4 por ciento, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 9 por ciento. El resto del parque inmobiliario corresponde a la iniciativa privada. Ello ocasiona un desequilibrio escandaloso y sangrante, por cuanto la escasez de vivienda social perjudica gravemente a una gran parte de la población, a los más necesitados y vulnerables, que no pueden costearse el acceso a una vivienda a través de la iniciativa privada.

Además, para favorecer la equidad en la adquisición de una vivienda, sería perentorio que las administraciones autonómicas y municipales solo pudieran adjudicar el suelo público a la construcción de viviendas sociales y no a ofertas del sector privado. Porque elevar sustancialmente el porcentaje de vivienda pública hasta el 15 o 20 por ciento permitiría que la vivienda fuese en verdad un derecho material y no un negocio solo para pudientes y fondos buitres. Todas estas medidas posibilitarían, en última instancia, que los alquileres contuvieran su espiral demencial de crecimiento, al contar con un parque inmobiliario regulado y con precios tasados ajenos a la especulación.

Si esta compatibilidad de lo público con lo privado ya funciona con el derecho a la salud y a la educación, a pesar de todas sus deficiencias e insatisfacciones (nada es perfecto), ¿por qué no se efectúa con la misma intensidad con la vivienda? ¿Es que acaso la vivienda no es igualmente un derecho?

Es función de un Estado social y de derecho procurar el bienestar de los ciudadanos, proporcionando ciertos bienes y servicios por el simple hecho de que son de interés público. Y porque constituyen derechos irrenunciables. Pero, sobre todo, porque todos necesitamos servicios o bienes (como la vivienda) cuyos costes compartimos entre todos mediante una fiscalidad progresiva, como también señaló el citado Judt en Algo va mal. Podemos, por tanto, exigirlos mediante manifestaciones, concentraciones, acampadas, pero, fundamentalmente, votando. Somos nosotros los que elegimos a quienes nos gobiernan y sus políticas socioeconómicas. Que no se nos olvide.