Culpable de ser quien es

El juez Peinado culmina su estrambótica y arbitraria investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, con el auto de apertura de juicio oral, acusándola, dicho a las claras, del “delito” de ser la mujer del presidente. Es lo que se deduce de un sumario de 67 páginas que firmó seis días antes de su jubilación, en el que el magistrado, tras más de dos años de instruir el caso a partir de una denuncia presentada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias, concluye que Begoña Gómez “se aprovechó de su condición de esposa del presidente para extender una red de influencias y proyectar su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid”, por lo que inevitablemente cometió los delitos de tráfico de influencia y malversación.

El juez Peinado ha llevado a cabo una instrucción sobre las actividades académicas de la mujer del presidente, buscando prospectivamente indicios delictivos de hechos de la denuncia que han quedado fuera de la causa (adjudicación de contratos al empresario Barrabés), para acabar enviándola a juicio oral por otros ilícitos distintos que no se concretan, atribuyéndole un aprovechamiento de su condición de mujer del presidente. Un aprovechamiento inútil porque el juez ha sido incapaz de especificar el beneficio económico que obtuvo la acusada por ese presunto tráfico de influencias.

Además, en un auto tan errabundo como arbitrario, el juez Peinado considera que la acusada utilizó el apoyo de su asistente en La Moncloa para ejercer su actividad profesional y académica, a pesar de tratarse de actuaciones completamente ajenas a las "funciones institucionales” que el magistrado imagina le corresponden como cónyuge del presidente. En razón a ello, la acusa, junto a la asistente, de malversación en la contratación de su ayudante.

Por este presunto e inverosímil delito, el juez quiso imputar también al ministro Félix Bolaños porque el nombramiento de la asistente se realizó cuando este era director general de Presidencia. Pero el Tribunal Supremo rechazó la propuesta del juez. No obstante, también llegó a imputar durante un tiempo a los sucesores del ministro en el cargo por el mismo motivo, aunque finalmente retiró las imputaciones. No pudo escarbar más.   

Y aunque no se vislumbra ni un atisbo de conductas criminales en base a los hechos investigados, el ínclito juez Peinado ha querido darse un homenaje por su jubilación enviando al banquillo a Begoña Gómez, acusada, por lo que se deduce de su auto, de ser la esposa del presidente del Gobierno. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!

Puede parecer una broma (de mal gusto) o una debilidad senil (peor gusto aun) elaborar una causa sin sustento jurídico sólido y que asemeje una utilización de la justicia con fines políticos, pero la condena del anterior fiscal general del Estado, en noviembre de 2025, sin que la sentencia demuestre su culpabilidad, por el delito de revelación de supuestos datos reservados que conocían más de un centenar de personas, en relación con la publicación de una nota aclaratoria sobre la investigación de un presunto fraude a Hacienda -reconocido por el propio defraudador- que afectaba a la pareja de una conocida política madrileña, demuestra que un sector importante de la justicia actúa con fines espurios y ajenos a su función. Evidencia que hay una confrontación judicial contra el Gobierno.

Y lo que es más grave: que a sus autores no les importa el descrédito reputacional que le hacen con sus actuaciones a la justicia, como poder independiente que garantiza el cumplimiento de la ley en un Estado de derecho y como sustento de la democracia.

Aquella sentencia, escribía el exjuez Garzón, que condenó al exfiscal general ha marcado un antes y un después en la concepción y la credibilidad que se tiene de la justicia. Y la instrucción rocambolesca del juez Peinado participa de lleno en vaciar de contenido a la justicia, que debería estar caracterizada por la virtud como institución social, del mismo modo que la verdad en los sistemas de pensamiento, como afirmaba el filósofo John Rawls.

Ese “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, es lo que se conoce como lawfare (anglicismo que proviene de law (derecho) y warfare (guerra), según la definición de Vollenweider y Romano citada en el libro de Garzón (La democracia amenazada, Planeta, 2026).

Un lawfare al que el juez Peinado se ha sumado poniéndole la guinda de una instrucción que pasará a los anales de la injusticia.