jueves, 7 de mayo de 2026

Lo que nos jugamos el 17 de mayo

Nada a lo que nos expongamos el próximo 17, con las elecciones en Andalucía, será nuevo. Los proyectos o programas de las formaciones en lisa son de sobra conocidos, tanto por su literalidad como por su materialización no solo en el pasado, sino por lo acordado e impulsado en el presente. Sabemos, por tanto, lo que nos aguarda tras los resultados de estos comicios en los que nos jugamos la Andalucía en la que nos gustaría vivir.

Porque la disyuntiva es clara: o un gobierno conservador de derechas, en solitario o en coalición, liderado por el Partido Popular (PP), o uno progresista de izquierdas en coalición, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No hay más opciones, sin que ninguna de ellas represente el “lío” del que nos advierte ladinamente el candidato popular y actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el fin de aglutinar el voto en sus siglas para conseguir la mayoría absoluta.

Y es que, con él como favorito en los sondeos, es fácil predecir las iniciativas que impulsaría un Gobierno andaluz bajo su batuta, tanto si lo hace en solitario como en compañía de la ultraderecha, representada por Vox. Ya dio muestras en su primer mandato de su capacidad para sumar los votos de todas las derechas que permitieron el refrendo parlamentario a su investidura.

Aunque ahora haga ascos a firmar acuerdos con Vox, ya lo hizo cuando ganó las elecciones de 2018 y formó coalición de gobierno con Ciudadanos. Pero sin el apoyo parlamentario suscrito con Vox, no hubiera sumado los votos necesarios para ser presidente de la Junta de Andalucía. Posibilitaba así que, por primera vez, se produjera la alternancia política en Andalucía, gobernada durante 36 años por el PSOE, pero también el acceso de la ultraderecha a las instituciones y que pudiera ejercer su influencia en los ejecutivos que precisan de su apoyo.

Fue la primera vez, en efecto, que, en España, la extrema derecha conseguía influir en las políticas de los gobiernos del Partido Popular. Una “novedad” que se inició en Andalucía de la mano de Moreno Bonilla. Y lo hizo sin despeinarse y con la sonrisa con la que desde entonces intenta aparentar ser amable, moderado, simpático y fiable.

Y si ya entonces no tuvo reparos en firmar un pacto por escrito con Ciudadanos y Vox, hoy también lo suscribiría desde el primer minuto en que se conozca el resultado electoral, si fuera necesario y salieran las cuentas. Además, por si hubiera dudas, es justamente lo que está haciendo su formación en todos los lugares en que ha necesitado el apoyo de la ultraderecha para formar gobierno.

En Andalucía no será, pues, diferente la estrategia de pactos del PP del que forma parte Moreno Bonilla. Y asumirá, llegado el caso, todas las políticas que le imponga su socio de extrema derecha, como han hecho los gobiernos del PP en Extremadura, Aragón, Castilla y león, Valencia y Murcia. Es decir, criminalizar al inmigrante, cuestionar la violencia machista, negar el cambio climático, aumentar la desigualdad social con el nuevo reclamo de “prioridad nacional”, adelgazar y deteriorar los servicios públicos (sanidad y educación, fundamentalmente) en beneficio de la iniciativa privada y, en definitiva, imponer progresivamente un modelo neoliberal de sociedad que abandona a los más desfavorecidos o necesitados a su suerte.

Aunque lo temamos, es lo que sabemos que hará si, como en aquellas comunidades, necesitara a Vox para gobernar. Pero lo que calla es que lo haría de cualquier forma porque su ideario es coincidente con el de la extrema derecha y solo se diferencian en la gradación a la hora de aplicarlo.

De ahí que un gobierno en solitario del PP en Andalucía no ofrezca ninguna posibilidad de políticas distintas a las que implementaría en coalición con la extrema derecha, salvo en su inmediata contundencia y sin la máscara de la hipocresía.

El de Moreno Bnilla sería semejante, en su ejecutoria y objetivos, al gobierno de Ayuso en Madrid, donde se aplican recortes a la sanidad pública mientras se aprueba la creación de nuevos hospitales privados y se concierta con ellos la prestación de los servicios más rentables. Y donde se ahoga a universidades y colegios al reducirles la financiación, aparte de otras medidas de igual talante.

O al del gobierno de Valencia, que inauguró el modelo fracasado de la privatización de hospitales, con el de Alzira en 1999, como sistema de colaboración público-privada, que aumentó la deuda y empeoró la asistencia sanitaria.

Y es que el programa que comparten todos ellos es el mismo: el del Partido Popular, cuyo objetivo ideológico es la implantación de una sociedad regida por el neoliberalismo económico, el libre mercado y la libertad individual (para sufragarse sus propias necesidades), sin que el estado regule o intervenga en nada, ni siquiera en defensa de los más débiles, los que carecen de oportunidades.

Su mantra es la reducción de impuestos, que beneficia fundamentalmente a los más pudientes, y la eliminación de “gastos” de la Administración, que perjudica a los que no pueden costearse ni la salud, ni la educación, ni la vivienda, ni la dependencia, ni el desempleo, ni la seguridad, ni la cultura, aparte de otras muchas carencias. Y la defensa a ultranza de los valores tradicionales de España, como la familia, el matrimonio heterosexual, la religión católica, la lengua castellana y la unidad homogénea de España, lo que lo enfrenta a la diversidad cultural y social del país, a las lenguas que se hablan en determinadas comunidades autónomas (euskera, gallego y catalán), a la libertad sexual y religiosa y, en definitiva, a la pluralidad de la sociedad española y el respeto al diferente.

Unas políticas que tienen consecuencias para los ciudadanos, a veces letales. No es casual que haya sido en Madrid donde se registró la mayor mortalidad en las residencias de ancianos por la pandemia de la Covid-19 en 2020. 7.291 ancianos murieron sin asistencia médica porque el protocolo que estableció la Comunidad impedía trasladarlos a los hospitales, excepto los que tuvieran un seguro médico con clínicas privadas. Al parecer, los viejos pobres podrían colapsar unos hospitales públicos, ya de por sí desbordados, no solo por la pandemia, sino por los recortes que sufrieron con las políticas que desmantelan la sanidad pública.     

Con idénticas medidas restrictivas, junto a la incapacidad para gestionar una crisis, en la Valencia gobernada por el PP murieron 238 personas a causa de una dana que provocó las peores riadas de la historia de este país. Se priorizó confrontar con el Gobierno a procurar la actuación coordinada entre las distintas administraciones para hacer frente a la catástrofe. Por eso, no es casualidad que estos desastres golpeen con mayor intensidad en territorios que regatean recursos a los servicios públicos.  

Es lo que sucedió en Castilla y León y Galicia, en el verano de 2025, donde la falta de recursos y de inversiones en la prevención de incendios forestales facilitó que se registran en esas comunidades una oleada de incendios histórica en Europa, con más de 403.000 hectáreas quemadas. La alta temporalidad con que se contratan los agentes forestales, con un modelo laboral precario, la externalización del servicio y el abandono de las zonas rurales, a causa de políticas de reducción del gasto, hicieron posible la voracidad inaudita de esos incendios.

Y es lo explica que en Andalucía más de 2.317 mujeres (4.000 según otros cálculos) estén afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama y el consiguiente retraso en los diagnósticos. El servicio de radiodiagnóstico del mayor hospital de la comunidad no daba para más -a pesar de haberlo denunciado a la consejería de Salud en repetidas ocasiones-, dado la reducción de personal al que se vio sometido por unas políticas que recortan recursos a la sanidad pública. Según la asociación AMAMA, al menos cuatro mujeres han muerto y decenas de ellas han desarrollado tumores debido a tales retrasos en el diagnóstico y falta de tratamiento.   

No hay que ser, pues, ningún adivino para saber a lo que nos exponemos a partir del próximo 17 de mayo. Y la única manera de afrontarlo es con nuestro voto, si votamos con la cabeza en vez de con las emociones, a las que tanto apelan los partidos en lisa. Nunca antes había sido tan decisivo. Nos jugamos la Andalucía que anhelamos, ni más ni menos.  

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