Esta primera legislatura conservadora en Andalucía no ha desatado
la oleada de cambios de signo contrario que se presagiaban, al menos de la
magnitud que anunciaba el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Su “cambio”
ha sido discreto y moderado, como la imagen que se esfuerza transmitir su líder,
el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Ni las auditorías han sido de
infarto, ni el adelgazamiento de la Administración, si es que se ha acometido, ha
sido tan draconiano, ni las rebajas de impuestos se han notado en el bolsillo de
los contribuyentes, excepto en los que manejan o heredan más de un millón de
euros. Los cambios más notables ejecutados por el Ejecutivo conservador se han
limitado a cuestiones nominales y estéticas, como la estilización del logo de
la Junta de Andalucía hasta casi hacerlo confundir con el de un refresco energético,
o la modificación del nombre de algunas consejerías para satisfacer a unos
socios intransigentes que se conforman con nuevos rótulos que hagan olvidar los
heredados de la etapa socialista.
Por lo demás, el PP de “Juanma” Moreno no ha querido o no ha
podido emprender la “revolución” conservadora que se temía, salvo en lo superficial
y anecdótico, limitándose a implementar políticas que intencionadamente han procurado
no alarmar ni hacer perder la confianza de la ciudadanía que lo ha votado. Ha
evitado, por lo tanto, emprender la privatización del sector público de forma
masiva y desmantelar aquella administración “paralela”, plagada de funcionarios
enchufados, que tanto denunciaba cuando hacía oposición. Pero ha hecho “cosas” indiciarias
del ideario neoliberal que abraza.
Y aunque el cambio operado en Andalucía ha sido posible, antes
que las maneras suaves y tranquilas del líder regional del PP, por el hartazgo
con unos sempiternos gobiernos socialistas que agotaron su entusiasmo
transformador de la sociedad para enredarse en turbios escándalos de corrupción
y clientelismo, la verdad es que se materializa en la aceptación sin recelos de
gobiernos de derechas. Tanto es así que se prevé un resultado espectacular del
PP en estas elecciones, sin temor a que gobierne en coalición con la
ultraderecha envalentonada de Vox.
En Educación aparece idéntico problema de falta de medios
materiales y humanos. Se ha preferido fomentar la educación privada en
detrimento de la pública, detrayendo recursos de esta última para
incrementarlos en conciertos con la privada, lo que ha provocado ya una huelga
en el sector. Las iniciativas legislativas con las que se persigue aplicar el
concepto de “libertad de elección” de centro implican más inversiones para conciertos.
En cambio, se cierran unidades de la escuela pública y centros rurales, además
de suprimirse servicios de comedor escolar.
Y es que con “suavidad” y discreción, poco a poco, se
adoptan medidas que deterioran servicios esenciales públicos que inmediatamente
son sustituidos por los ofertados por el sector privado. Sin revoluciones y con
moderación, se proclama que se garantiza una educación de “calidad y desideologizada”,
cuando lo que se persigue es todo lo contrario. Al menos, no se implanta el
“pin parental” como en Murcia, hasta la fecha.
Las elecciones este domingo supondrán, por tanto, si no se produce un
terremoto, un triunfo indiscutible para la derecha en Andalucía y, lo que es
peor, un ensayo sociológico sobre cómo no alarmar a la población con políticas “duras”
para lograr el relevo del Gobierno de la nación, al que están decididos desbancar
tanto el Partido Popular como su réplica ultra, Vox, gracias al “cambio
tranquilo” con el que actúan Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo. Es por ello
que no es poco lo que se dilucida en Andalucía.
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