Nuevo vector espacial europeo

Europa ya cuenta, desde el 9 de julio, de un nuevo y más potente cohete de carga pesada con el que acceder al espacio sin depender de lanzadores de otras potencias. El flamante Ariane 6, que sustituye al Ariane 5 retirado en 2023, es un cohete de más de 60 metros de altura capaz de poner en órbita cargas de hasta 21 toneladas, según la configuración de sus propulsores (dos o cuatro).

El vuelo inaugural, un test para probar su funcionamiento, concluyó de manera exitosa, tras despegar desde el Puerto Espacial Europeo de Korú en la Guayana francesa, demostrando que estaba listo para empezar a cumplir con las misiones que ya tiene programadas: otro vuelo a final de año, cuatro más en 2025, ocho en 2026 y, a partir de 2027, mantener una cadencia de 9 lanzamientos al año. Ninguna de ellas irá de vacío, pues están contratados ya sus primeros 30 encargos, 18 de los cuales fueron reservados por la compañía de Jeff Bezos, Amazon, para lanzar su propia constelación de satélites de comunicación, denominada  Kuiper.

El Ariane 6 es un lanzador desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA) con la colaboración de un conglomerado industrial de 13 países europeos, liderados por el contratista principal del lanzador, ArianeGroup. Francia, que se encarga de la rampa de lanzamiento, contribuye con el 55 % del proyecto, Alemania el 22 %, Italia con cerca del 8 % y España, cerca de un 5 por ciento. Los servicios que prestará en Ariane 6 se comercializan a través de la empresa Arianespace.

Para el director general de ESA, Josef Aschbacher, este cohete “hará historia”, pues gracias a él “nos preparamos para dejar huella en la historia de Europa, para el futuro de Europa, para generaciones de europeos”. Un entusiasmo que comparte el comisario europeo de Industria y Espacio, Thierry Breton, quien señaló que el nuevo vector espacial supone un “gran éxito para el espacio europeo” y “un hito crucial para nuestra independencia en el espacio”.

Y no es para menos, pues, tras la retirada del Ariane 5 en 2023, tras 117 vuelos, Europa no contaba con lanzadores propios. Además, ante la imposibilidad de utilizar los cohetes rusos Soyuz debido a la guerra de Ucrania, solo quedaba el recuso de contratar los servicios de la estadounidense Space X, de Elon Musk.  Una dependencia que ahora queda solventada con el Ariane 6, un lanzador aun más potente que el anterior y que garantiza un acceso seguro y autónomo al espacio. No es un empeño baladí, ya que en la actualidad la vida cotidiana depende cada vez más del espacio para conectar a las personas a través de dispositivos vinculados a satélites en órbita no solo en el campo de las comunicaciones, la banca, el comercio o la ciencia, sino también en el de la vigilancia medioambiental, la meteorología y, naturalmente, la seguridad y la defensa.

Quedarse atrás en el acceso al espacio sería perder el tren del progreso y la relevancia, cosa que Europa como potencia mundial no se puede permitir.  De ahí la importancia estratégica que representa este nuevo cohete, ya que coloca a Europa al mismo nivel de las potencias espaciales que disponen de lanzadores similares propios, como EE.UU con sus Falcon Heavy, Rusia con los Angará A5, China y sus Larga Marcha o Japón con el H3.

Aparte de probar el lanzador, la primera misión del Ariane 6 sirvió para transportar y poner en órbita ocho minisatélites, dos de los cuales eran españoles: el dispensador de satélites RAMI, de la empresa gallega UARX Space, y un cubesat de la Universidad Politécnica de Cataluña. También debía desarrollar varios experimentos y desplegar dos cápsulas experimentales de reentrada en la atmósfera. Sin embargo, esto último fue lo que falló durante el vuelo de prueba de este complejo lanzador espacial.

Después de colocar en órbita la carga de satélites que transportaba, el Ariane 6 realizó una práctica de encendido y apagado del motor Vinci de su segunda etapa, diseñado para elevar su órbita o dirigirlo hacia la Tierra. Pero durante el segundo encendido se detectó una anomalía en la Unidad Auxiliar de Propulsión que hizo que el sistema, siguiendo la programación establecida, cancelara dicho encendido, cuya finalidad era dirigir el cohete hacia la atmósfera de la Tierra para que se desintegrase y no contribuir a aumentar la basura espacial. Tampoco se pudieron desplegar las dos cápsulas de reentrada experimentales  que debían caer cerca del punto Nemo del Océano Pacífico, el lugar más alejado de cualquier costa.

Desde el principio, el Ariane 6 se concibió, a comienzos de la década de 2010, para reemplazar al Ariane 5, pero hubo de aguardar hasta 2019 para poder planear su primer vuelo orbital, previsto para 2020. La pandemia y la guerra de Ucrania retrasaron esos planes hasta el último trimestre de 2023. Finalmente, no fue hasta julio de este año cuando el Ariane 6 levantaría raudo vuelo rumbo al espacio.        

Y es que se trata de un lanzador complejo que consta de tres secciones: propulsores (dos o cuatro), primera etapa y segunda etapa. Los propulsores, que brindan el empuje principal durante el despegue, están situados en los laterales de la primera etapa. A su vez, la primera etapa está impulsada por un motor Vulcain de combustible líquido, en versión mejorada del que tenía el Ariane 5. Y la segunda etapa está propulsada por un motor Vinci de reignición, alimentado también por oxígeno e hidrógeno líquidos, que ayuda a maniobrar al cohete para poner en distintas órbitas varios satélites en una sola misión.

A pesar de esos fallos menores producidos en la última parte de su vuelo, el Ariane 6 cumplió con las expectativas depositadas en un vector estratégico del proyecto espacial europeo. Ahora resta que escriba esa historia que, según sus promotores, dejará huella en las generaciones venideras de este continente. Ojalá sea así.  

Los espejos exteriores

Si miramos, como país, lo que sucede en el exterior, los espejos sociopolíticos que nos ayudan a  orientar el rumbo nos muestran una imagen que creíamos barrida por el vendaval populista de derechas que azota Europa: el triunfo de las fuerzas del progreso en el Reino Unido y Francia, dos territorios que lindan con nuestro recorrido histórico. Es una señal inequívoca de que, cuando las pintan calvas y la hartura ciudadana no acepta más mentiras y engaños, se puede corregir el destino al que nos quieren conducir los amigos del fascismo y la intolerancia. Esos que siempre andan defendiéndonos, sin que se lo hayamos pedido, para salvarnos de los problemas de la inmigración (¿qué problema?). del campo (¿Europa no les resulta rentable?), de las autonomías (¿el centralismo era más cercano y eficaz?), del trabajo (¿más neoliberalismo favorecería al trabajador?), del feminismo (¿reconocer la igualdad de la mujer nos hace menos hombres?) o de seguridad (¿de verdad necesitamos más soldados y policías?). La imagen que nos muestran los retrovisores es otra. Nos muestran otro rumbo.

Por un lado vemos que el Reino Unido ha dado un volantazo a la izquierda. Un cambio de sentido categórico, radical. Hartos ya de mentiras y caminos falsos que supuestamente los llevarían, por el atajo del Brexit, directamente al paraíso, los británicos han optado por lo seguro y conocido. Giraron hacia una izquierda que promete atender a los más desfavorecidos y no dejar a nadie abandonado en la cuneta, pues todos pueden compartir el vehículo del país, aunque unos viajen en primera y otros en segunda.

Después de las falacias conservadoras que acarrearon, mientras detentaron el poder, el estancamiento de los sueldos, la falta de inversión en infraestructuras básicas y el deterioro insoportable de la sanidad y la educación públicas, el Partido Laborista ha ganado las elecciones generales del pasado 4 de julio, pasando de los 202 escaños que había conseguido en la Cámara de los Comunes en 2019 a los 412 logrados ahora. Se trata de la victoria laborista más amplia desde Tony Blair en 1997.

En contrapartida, el Partido Conservador ha obtenido el peor resultado de su historia, reteniendo sólo 121 escaños de los 365 que tenía. Y es que tras las mentiras ultranacionalistas del Brexit, que provocaron el caos y el empobrecimiento en el país, los ciudadanos dijeron ¡basta!. Esta no es la ruta. Lo curioso de este resultado es que los votantes, con su monumental enfado, han castigado al Partido Conservador, la derecha moderada que hizo suyas e implementó las ideas de la extrema derecha euroescéptica británica, mientras que el líder de ésta, la que propuso el Brexit, el radical Nigel Farage, consigue representación en la Cámara con cinco escaños, tras siete intentos fallidos. Y es que no todo iban a ser rectas diáfanas en el nuevo camino emprendido.  

La tarea que debe  afrontar el nuevo Gobierno es ingente si pretende enderezar el rumbo. En primer lugar, ha de reflotar una economía que dé confianza a los mercados. Y, al parecer, es voluntad de Keir Starmer, el flamante Primer Ministro laborista, de conseguirlo, pues ha nombrado como canciller de Hacienda a Rachel Reves, una prestigiosa economista del Banco de Inglaterra.

Y en segundo lugar, deberá arreglar el estropicio del Brexit. En este sentido, Starmer promete revisar el Acuerdo de Comercio y Cooperación con la Unión Europea (UE) para mejorar sus condiciones, aunque sin precisar si intentará formar parte, otra vez, del mercado único y, más tarde, tal vez  a largo plazo, volver a ingresar en la UE como país miembro.

Pero por lo pronto, y en tercer lugar, ha cancelado el programa de deportaciones a Ruanda de los inmigrantes que arriben ilegalmente en el Reino Unido. Todo un síntoma del nuevo camino emprendido.

Por el otro lado, vemos que en Francia se ha conseguido el hito impensable de parar lo que todos los sondeos pronosticaban como inevitable: la victoria de la extrema derecha, ya prácticamente asegurada tras sus éxitos en los comicios europeos y en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas por el presidente Emmanuel Macron.  Un hito colosal logrado gracias al cordón sanitario de la izquierda y el centro-derecha moderado, que unieron sus fuerzas en el Nuevo Frente Popular, para cerrar el paso al partido de extrema derecha Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen.  

Parecía que el rumbo que anunciaban las encuestas no se podría esquivar, pero los franceses pusieron su empeño en corregirlo. Y demostraron que, unidos y con las ideas claras, podían evitar que los partidarios de las políticas anti-inmigración, xenófobas y euroescépticas no dirigieran sus destinos. Separaron del volante a una extrema derecha que ya prácticamente lo asía con sus sectarias e intolerantes manos y la empujaron al tercer puesto del Parlamento, justamente cuando ya saboreaba su triunfo.

No se debe omitir que, para que el cordón sanitario funcionase, la dirigencia política también contribuyó a cortar por lo sano cualquier intento de pactar con los ultras, como demostraron los republicanos galos al expulsar fulminantemente a su líder por querer llegar a acuerdos antes de las elecciones con el partido de Le Pen, convencidos de que cualquier alianza con la extrema derecha acaba obligando a asumir su ideario retrógrado y excluyente.

Justo lo contrario de lo hecho aquí, donde la derecha supuestamente moderada no hace ascos a coaligarse con Vox, el partido patrio de extrema derecha, si la suma entre ambos le permite gobernar. De hecho, gobierna con los ultras en seis comunidades autónomas y más de un centenar de ayuntamientos, aceptando e implementando sus ideas sobre inmigración, violencia machista, medio ambiente, derechos del colectivo LGTBI, el feminismo, el aborto, la memoria democrática y hasta su sectaria concepción de la cultura, sin contar con la eliminación de ayudas a sindicatos,  a oenegés y a la cooperación.  Es más, incluso se presta de buena gana a conceder medallas a estrafalarios ultras extranjeros por no se sabe qué méritos y apoyar oscuras maniobras judiciales o propagandiísticas de organizaciones ultraderechistas tan ejemplares como Manos Limpias y HazteOir. 

Así pues, los espejos exteriores nos ayudan a enfilar el carril que deberíamos recorrer, para no perder el rumbo que beneficia a la mayoría, evitando que nos desviemos por engañosas indicaciones que solo conducen a destinos de extrema derecha, a esos inexistentes paraísos en los que prometen resolver los graves y complejos problemas que nos agobian con soluciones simples y drásticas. Paraísos en los que vive una sociedad uniformada de pensamiento único, aislada de su entorno, unívocamente tradicional y católica. Y en la que no se tolera la diversidad de la gente ni  la pluralidad cultural, de creencias  y de costumbres, ni por supuesto la libertad y la tolerancia. Tal es el negro horizonte que han vislumbrado y evitado en el Reino Unido y en Francia. Y el que aparece por los retrovisores de nuestro país, ese horizonte hacia el que nos pretenden guiar quienes piensan que España será pronto sometida  por aquellos que creen que el poder les pertenece por derecho propio, sea divino o de cuna, al margen del resultado de las urnas y la voluntad soberana de los españoles.

Y es que no nos creen capaces de que también nosotros podamos corregir el rumbo, confiando en lo que nos muestran los espejos retrovisores y nuestra capacidad crítica. ¡Andan listos si nos consideran inútiles para conducir!.

Lo que queda del caso ERE

El mayor escándalo de corrupción de España -sin contar con el de la Gürtel, claro-, parece que no lo era tanto. Sin embargo, su finalidad política sí que se consiguió con creces: se enjuició y condenó a la cúpula del Gobierno andaluz, haciendo que los ciudadanos dejaran de confiar en el PSOE y se decantaran por el PP. No es un triunfo baladí porque quizás era el buscado, aunque, al final, no suponga ni una victoria judicial ni mucho menos ejemplar. Pero el daño que deja ha sido sumamente injusto e irreparable. Es lo que queda del caso ERE.

La investigación de aquel “complot ideado por la Junta de Andalucía para mantener al PSOE en el poder”, según la instructora del caso que se jactó de pasearlo en trolley ante los medios de comunicación, sirvió realmente para que la derecha ganase las elecciones en Andalucía, región que llevaba décadas resistiéndosele. Tal era su finalidad última, puesto que la judicial, como se está demostrando, se basaba en un artificio judicial difícil de sostener, según las normas básicas del Derecho.

Se va desvelando y desmontando ahora la estrategia técnico-judicial empleada para acusar indebidamente a un gobierno de elaborar, a sabiendas, leyes ilegales, a pesar de que eran aprobadas reiteradamente por el Parlamento de la Comunidad Autónoma. No obstante, algo ilegal y condenable sí que hubo: el uso indebido de una parte de las ayudas sociolaborales desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Un fraude en la concesión de las mismas y una falta de control de esos fondos públicos que constituyen, por sí mismos, hechos delictivos y, por ende, merecedores de castigo penal para los funcionarios implicados. Y también para los políticos que cometieron dejación de funciones y laxitud institucional, hasta los niveles que corresponda.

Pero la decisión política de crear e incluir esas partidas en el proyecto de Ley de Presupuestos y su aprobación definitiva por el Parlamento, tras haber pasado por el examen, enmienda, aprobación y control parlamentario, no constituía delito alguno. Tampoco el sistema de pagos de las ayudas, a través de la Consejería de Empleo que concedía las subvenciones y la Agencia pública IDEA que las abonaba tras recibir transferencias de financiación, era ilegal, si se ceñía al objeto y requisitos exigidos de rescatar empresas en crisis.

Tan legal eran que el Tribunal Constitucional, en una Nota Informativa sobre la sentencia que resuelve un recurso de amparo al respecto -citada en su columna por el catedrático de Derecho Javier Pérez Royo-, recalca que “los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo so pena de infringir el principio de la separación de poderes”.  Es decir, que las leyes del Parlamento no podían ser sometidas a control jurisdiccional, atendiendo al principio de separación de poderes.

De ahí que la exconsejera de Hacienda condenada por el caso ERE, Magdalena Álvarez, haya sido absuelta del delito de prevaricación. Ha sido la primera, porque, después de ella, es probable que los demás dirigentes encarcelados o inhabilitados por el mismo delito o el de malversación puedan quedar igualmente absueltos y en libertad. Ninguno de ellos, en el ejercicio de sus funciones como miembros del Gobierno andaluz, cometió delito alguno al elaborar proyectos presupuestarios, finalmente aprobados por el Parlamento, que incluían una partida que dotaba de financiación a las subvenciones sociolaborales destinadas a socorrer empresas en crisis y agilizar prejubilaciones que afectaron a más de 6.000 trabajadores despedidos de esas empresas con dificultades. Tan legal eran que la Junta de Andalucía sigue, a día de hoy, concediendo tales ayudas. Y eso que eran supuestamente ilegales.

Así que toda la presunta trama, el caso de corrupción más grande de España, se circunscribe, en realidad, a las tropelías de un fraude. Justamente lo que resaltó uno de los máximos encausados, el expresidente José Antonio Griñán, cuando dijo aquello de “no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude”.

No era posible, legalmente, elaborar un plan para delinquir, pensando en que todo un gobierno y un parlamento se confabulan para urdir una trama. Pero sí hubo fraude a la hora de conceder parte de esas ayudas de manera discrecional y manejar sin el debido rigor fondos públicos por parte de responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que se aprovecharon de la situación y de la confianza depositada en ellos.

A estas alturas de la historia, tras trece años del inicio de la macrocausa y de dos sentencias (de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo) que condenaron a la cúpula del Gobierno andaluz de un PSOE que llevaba cerca de cuarenta años en el poder, lo que queda del caso ERE es el daño político, personal  y reputacional ocasionado a los miembros  de aquel Ejecutivo, que se convirtieron en víctimas de la maquinaria judicial puesta en marcha, para regocijo de la derecha que actuó como acusación particular, por la jueza Mercedes Alaya, a la que el dios del lawfare conserve la vista. Y no me digan que no parece lawfare la citación, los fallos y otras actuaciones de esta magistrada en medio, precisamente, de campañas electorales u otras ocasiones de gran repercusión política. Sería, si no fuera así, demasiada casualidad. Que puede ser, no digo yo que no.

La cuestión es que ya se va aclarando la verdadera dimensión del famoso caso de corrupción. Y lo que queda de él es el perjuicio a inocentes por razones espurias, a los que vulneraron  derechos tan fundamentales como el principio de legalidad penal y la presunción de inocencia. Y que la cantidad reamente defraudada de tales ayudas no fue, en ningún caso, esas millonadas que la derecha denunciaba con exagerados aspavientos de alarma y que todavía cuantifica de manera burda cada vez que se refiere al caso.

Se va aclarando lo que, desde un principio, ya comentábamos en Lienzo de Babel, en 2019, cuando se conoció la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Porque se va aclarando la verdad de una legítima iniciativa gubernamental por la que se crea una partida de más de 700 millones de euros durante diez años (2000 a 2009) para subvencionar empresas en crisis, y de los que 80 millones se utilizaron de forma ilegal para beneficiar a menos de cien intrusos entre los más de 6.000 trabajadores prejubilados, pagar sobrecomisiones a agencias de seguros intermediarias y en favorecer a amigos y familiares del entonces Director General de Empleo de la Consejería en cuestión.

Es decir, se va aclarando que, indudablemente, se cometieron desmanes que debieron ser evitados, aprovechando una medida perfectamente legal, por parte de desaprensivos que no fueron detectados, separados de sus puestos y puestos a disposición judicial al menor indicio de irregularidad o delito.

Pero lo que no se reconoce, aunque era conocido, es que la responsabilidad política por tales desmanes, la de los que fallaron “in vigilando” o “in eligiendo”, había sido asumida a su tiempo mediante ceses y dimisiones más o menos inmediatos. Que la culpa política fue asumida por quienes estaban concernidos en cuanto se demostraron los hechos. Y que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán, ex presidentes de la Junta, y los exconsejeros Gaspar Zarrías o Francisco Vallejo, entre los 22 dirigentes socialistas condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos, dejaron sus cargos o escaños antes o en el momento de ser imputados y se dieron de baja del partido, a pesar de no llevarse ni un euro a sus bolsillos ni realizaron actos o comportamientos contrarios a los deberes inherentes a su cargo.

Pero nada de ello fue suficiente para la derecha en la oposición. Ya que esa oposición vio en aquel caso una oportunidad de oro para tumbar al gobierno de Andalucía. Y no cejó en su empeño hasta conseguir que el PSOE perdiera el poder y quedara desacreditado ante los andaluces, hasta hoy. Y es que la hipocresía siempre le ha funcionado muy bien a los practicantes de la caridad como moral y las cuentas en Suiza como signo de patriotismo. Expertos, también, en el manejo de la Justicia, por la puerta de atrás o la de delante, como recurso nada desdeñable de profesionales del “quien pueda hacer que haga”, lo que sea necesario, para contribuir a los intereses de la derecha. Una derecha para la que, en comparación, Nixon sería un simple aprendiz en conspiraciones, mentiras y tejemanejes.

Lo dicho: al final, la verdad emerge y se va conociendo, aunque ya sea tarde y no tenga remedio. Hoy, lo que queda del caso ERE es el daño ocasionado a la Política, pero también a la percepción de una Justicia independiente y, si me lo permiten, justa o imparcial. Lo que queda es el triste consuelo del “ya lo dijimos”, que para nada sirve ni nada repara. Porque no aprendemos. Ni perdonamos.