El Gobierno pierde la senda, pero conserva la voluntad

El Gobierno de España vuelve a tropezar con la misma piedra que algunos de sus socios le ponen para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sería la tercera vez que esto sucede. Es lo que preconiza la no aprobación, con los votos en contra de Junts, Podemos y Compromís -socios de investidura del Gobierno-, unidos a los de la oposición (PP, Vox y UPN), de la senda de déficit y techo de gasto con que se fijan lo objetivos de gasto y crecimiento de las cuentas macroeconómicas del país, paso previo para la elaboración de los Presupuestos.

La senda de déficit es una norma obligatoria, como establece la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre la que se asienta el proyecto de presupuestos. En ese documento, que lo presenta el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, se fijan los objetivos de saldo presupuestario (déficit o superávit) y de deuda pública para los próximos años.

Y el techo de gasto es la previsión de cuánto pueden gastar el Gobierno y las distintas Administraciones durante el próximo ejercicio; es decir, un mecanismo que establece cuánto pueden subir los desembolsos del Estado a partir de las previsiones de crecimiento de los ingresos. Ambos documentos han de ser aprobados cada año por el Congreso. Y en función de ellos se elaboran y cuadran los Presupuestos del Estado.  

Este año, esas cuentas se basaban en una previsión del crecimiento económico que pasaba del 2,7 al 2,9 por ciento, lo que permitía que el techo de gasto también se incrementase en un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior. Estamos hablando de 212.026 millones de euros, 16.673 millones más.

La no aprobación de estos límites de déficit y gasto supone que las Comunidades Autónomas perderían unos 5.400 millones de euros de capacidad de gasto en los próximos años. Y que tampoco podrían aprobarse los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La no convalidación de esas leyes evidencia la incapacidad del Gobierno para diseñar las sendas de déficit y, por ende, la imposibilidad de actualizar las cuentas del Estado, lo que conllevaría la prórroga automática de los presupuestos vigentes.

Sin embargo, desde el Gobierno se presume de optimismo y voluntad para agotar la legislatura, aunque sea la tercera vez que se enfrenta a un ejercicio con unas cuentas diseñadas originalmente en 2022 y para una realidad muy distinta de la actual. Encarar una tercera prórroga es algo que nunca ha sucedido en democracia y, de confirmarse, supondrá que la legislatura se completaría con las cuentas de solo un ejercicio, porque es inimaginable que las de 2027, en caso de llegar, tampoco serían aprobadas con la actual correlación de fuerzas parlamentarias y por ser año electoral.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura sentirse con fuerzas para completar su mandato, incluso aunque no hubiera presupuestos, dado que los datos del crecimiento económico y el fructífero balance legislativo conseguido hasta la fecha, con 24 leyes aprobadas en esta legislatura, dan pie para el optimismo. Según Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, el Gobierno seguirá gobernando hasta 2027 como hasta ahora, votación a votación. Reconoce que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, cada vez que presenta una iniciativa, tendrá que hablarla, debatirla y negociarla. Hay voluntad, pues, de continuar hasta 2027, máxime si no se avista en el horizonte una moción de censura exitosa que logre sacar a Sánchez de la Moncloa.

Con todo, aunque el Gobierno conserve esa voluntad optimista de permanencia, resulta paradójico que, con las mismas cuentas de 2023, prorrogadas durante tres ejercicios consecutivos, puedan afrontarse los retos económicos del presente, como son, por ejemplo, subidas salariales de los funcionarios, actualización de las pensiones conforme al IPC o los gastos en servicios y prestaciones públicas que conllevan los inevitables incrementos por la inflación.

Sin presupuestos actualizados, también las comunidades autónomas y ayuntamientos se verán obligadas a ajustar sus cuentas en equilibrio, con iguales ingresos y gastos, sin contar con las previsiones de incremento en estas partidas que contemplaba el proyecto de Presupuestos.

El Gobierno admite que ha perdido la senda, pero no la voluntad de continuar, De hecho, tras el rechazo de ambos documentos, el Consejo de Ministros está decidido presentar, como recoge la normativa, otro proyecto de senda y lo hará con con la misma senda de estabilidad rechazada, con la intención de votarla en el último Pleno del año. No cabe duda de que conserva una sorprendente voluntad de agotar la legislatura que desespera a la oposición. La duda es: ¿lo conseguirá?

Un juicio muy, muy raro

He de reconocer, antes de nada, que soy profano en Derecho, pero eso no es óbice para que, hasta un lego como yo, perciba que el juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos haya resultado ser raro, muy raro. Y el fallo de culpabilidad hecho público antes de que se publique la sentencia, sea más extraño aún, por su contenido y la celeridad inaudita con que se ha darlo a conocer. Así que, por mucho que indague en expertos y columnistas supuestamente entendidos en la materia, no alcanzo a comprender cómo un acusado de defraudar a Hacienda puede llevar a juicio -y ganarlo- a todo un fiscal general del Estado por presuntamente revelar el secreto de sus delitos y las negociaciones que llevaba a cabo para lograr un pacto de conformidad que suavizara la multa. Ningún contribuyente hasta ahora, que yo sepa, ha podido denunciar al fiscal que investiga sus delitos, salvo este defraudador confeso que, al parecer, cuenta con apoyos y recursos sumamente poderosos.

Solo así se explica que un alto cargo público, como es el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se prestase a colaborar con el demandante y desde su despacho oficial difundiese el bulo de que era el fiscal quien había propuesto el citado pacto al defraudador, pero que había sido boicoteado “desde arriba”, insinuando con ese “desde arriba” al fiscal general o a instrucciones del presidente del Gobierno. Y que ese alto cargo se permita reconocer, cuando testificó en el juicio, que se inventó y propagó esa falsa noticia porque le parecía la evolución lógica de las actuaciones, sin disponer de ninguna prueba para ello. Es decir, que divulgó una mentira de la que no necesitaba ninguna “compulsa”, como los notarios.

Para aclarar tal falsedad que desprestigiaba al ministerio público, el fiscal general del Estado promueve y se responsabiliza de la nota informativa que hizo pública la fiscal jefe de Madrid para desmentir un bulo que ya había sido reproducido por el diario El Mundo y tres medios digitales.

Es entonces cuando el defraudador, junto a la desinteresada adhesión a su causa del decano del Colegio de Abogados de Madrid, se querella contra la fiscal jefe de Madrid ante la Audiencia Provincial por revelación de secretos. Pero ante la participación del fiscal general del Estado avalando la nota informativa, el caso se eleva al Tribunal Supremo que, en principio, concluye que no pudo existir delito de revelación de secretos, puesto que el secreto ya no existía cuando se hizo pública la referida la nota informativa, pues había sido revelado antes por la prensa.

No obstante, la causa no se archiva. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo decide, por iniciativa propia, que se puede plantear la posibilidad de acusar de revelar secretos al fiscal general del Estado por haber dado a conocer el correo electrónico, remitido el 2 de febrero de 2024 por el abogado del defraudador, en el que se reconocían los delitos fiscales y se proponía el pacto de conformidad.

Hay que señalar que dicho correo electrónico se envió a un buzón colectivo de la Fiscalía de Madrid, puesto que no se sabía quién llevaría el caso, y proporcionaba un número de teléfono para que se pusiera en contacto con el abogado aquel en quien recayera la investigación. 

Curiosamente, a pesar de tan endebles indicios, un juez admite el caso e inicia una investigación rocambolesca, en la que ordena a la OCU, la unidad de la Guardia Civil famosa por sus informes policiales, efectuar un registro en el despacho del fiscal general del Estado que, por su duración y el material requisado -se volcó el contenido de todos los dispositivos electrónicos que había en esa sede sin limitación temporal-, podría considerarse lesiva de los derechos fundamentales del investigado.

Esa actuación de la OCU fue calificada de arbitraria por las defensas por cuanto sólo se centró en el fiscal general del Estado, apuntalando la tesis de su culpabilidad, a pesar de que centenares de personas funcionarias de la Fiscalía tenían acceso al correo electrónico objeto de la denuncia. Es decir, obviando la presunción de inocencia la investigación policial se decantó desde el principio por la autoría, basada en sospechas, conjeturas e hipótesis subjetivas, del fiscal general del Estado. Curioso.

Otra rareza del juicio es que, desbaratando los “indicios” sobre los que se basaba el caso, testificaron diversos periodistas que aseguraron haber tenido acceso al correo electrónico antes incluso de que lo tuviera el fiscal general. Es más, uno de ellos declaró albergar un dilema moral puesto que sabía quién realizó la filtración del correo, pero no podía revelar su identidad debido al secreto profesional. Y que su fuente no era el fiscal general del Estado. Con todo, ya había quedado demostrado en la vista oral que quien reveló primero el contenido secreto del correo, alterándolo a su conveniencia, había sido el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, sin que fuera objeto de reproche penal alguno.

Por ello, ante la inexistencia de pruebas irrefutables de cargo que confirmen los indicios más allá de toda duda -salvo para la parte acusatoria que estima que el vaciamiento o borrado de los teléfonos móviles del acusado, a pesar de que esté reglamentado como medida de seguridad, como testificó el responsable de ello, y la declaración de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, quien declaró sentir “sospechas” desde el primer momento en el fiscal general, contra el que era conocida su animadversión, son pruebas sobradas de ello-, nadie esperaba una sentencia condenatoria.                 

Pues bien, para completar la extrema rareza de este proceso, desde la instrucción hasta el juicio, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha adelantado el fallo por el que considera probado, con dos votos particulares en contra, que el fiscal general del Estado cometió un delito de revelación de secretos de datos reservados, y lo condena a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, más una indemnización de 10.000 euros al denunciante, el defraudador confeso, por daños morales.

Tanta celeridad en comunicar el fallo de una sentencia que está pendiente de escribir es inusual, pues apenas había transcurrido una semana desde que el juicio quedó visto para sentencia. Pero más inaudito es que el fallo se haga coincidir con una fecha simbólica, la del 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. ¿Casualidad?

En cualquier caso, es evidente la dimensión política del proceso, puesto que el denunciante no es un simple ciudadano particular, sino la pareja sentimental de una persona, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ejerce uno de los liderazgos más influyentes de la derecha política de España y la que mayor confrontación practica contra el Gobierno. De ahí que su Jefe de Gabinete se haya involucrado activamente en “desinformar” sobre la causa que afecta a una persona -el denunciante: novio de la presidenta- que se enriqueció obscenamente con la venta de mascarillas durante la pandemia, obteniendo una comisión de dos millones de euros, e intentó, según la Agencia Tributaria, defraudar a Hacienda 350.000 por impuestos no declarados mediante facturas falsificadas, como reconoció su abogado en el correo electrónico cuyo secreto ha sido objeto de este juicio rarísimo.      

No ha sido, pues, un juicio ordinario, sino que puede considerarse un juicio político, ya que condenar al fiscal general del Estado con tan pocas pruebas es inducir la interpretación de que el Tribunal Supremo ha sido favorable a los intereses de la derecha política en su afán por derribar al Gobierno progresista. Máxime cuando el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado recientemente a favor de la ley de Amnistía que precisamente esos mismos jueces no quieren aplicar.    

De hecho, destacados magistrados y fiscales de Alemania, Portugal, Italia y Francia, junto a juristas de prestigio españoles, ya lo habían advertido, cuando manifestaron su temor de que se puedan estar cruzando intereses particulares en procesos “oportunistas” disciplinarios, tendentes a “judicializar el enfrentamiento político y partidista”. Y que en tales procesos se niegue credibilidad a periodistas que se amparan en el secreto profesional para no citar sus fuentes, como ha sucedido en este caso, en el que falta por conocer, hasta que no se haga pública la sentencia, los argumentos jurídicos que han permitido invalidar el testimonio de testigos de descargo directos. Cosa rarísima.

En definitiva, con este juicio se ha pretendido, al parecer, golpear al Gobierno, condenando al fiscal general del Estado sin pruebas de que haya cometido delito alguno. A vista de este precedente, no es descartable una escalada judicial, que continuaría con el hermano del presidente del Gobierno y su esposa, ambos imputados por diversos delitos, hasta obligarle abandonar el Palacio de la Moncloa. Lo que no resultaría tan raro, tal y como se las gastan la derecha política, judicial y mediática de este país. “Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”.

Aquel 20 de noviembre

Nunca he olvidado dónde estaba y lo que hacía aquel 20 de noviembre de hace cincuenta años. Fue una fecha que se quedó grabada en mi memoria de forma indeleble. Por varios motivos. Uno fue porque me hallaba en casa de un amigo donde había pasado la noche en vela. Él era el único casado de un grupo jóvenes que nos reuníamos en su casa cada vez que apurábamos la noche para preparar algún examen de la carrera que cursábamos. También recuerdo quiénes estábamos allí estudiando, no más de cuatro personas. Todavía, cuando paso por allí, levanto la vista para mirar las ventanas de la vivienda que en aquel tiempo pertenecía a quien sigue siendo mi amigo.

La segunda razón es que, cuando bajé, al amanecer, a tomar café antes de irme a mi casa, escuché por la radio de un bar cercano que Franco había muerto. Aquella noche, mientras estudiaba, se dio por fin muerto a Franco, después de una larga agonía. Debo reconocer que, en cualquier caso, estos son motivos circunstanciales.

Otras razones han contribuido a que jamás haya olvidado esa fecha. Son políticas, de compromiso, que han servido para configurar mis convicciones. Yo no era “apolítico”, como se definen los que se resignan con lo establecido, sino que me gustaba estar “enterado” de la política del país. Tenía mis inquietudes. Será porque, por emular a mi padre, leía la prensa asiduamente y todo cuanto caía en mis manos. Siendo bachiller, devoraba el ABC que entraba en mi casa o adquiría de vez en cuando el sabanero diario Pueblo. Luego, en la universidad, me acostumbré al efímero Informaciones y, desde su nacimiento, a El País. También compraba en los quioscos la revista Cambio16 o Triunfo. Y la humorística Por favor. Más tarde, cuando empecé a trabajar me suscribí a Cuadernos para el Diálogo. Había tomado, por tanto, consciencia de lo que existía en España, de lo que era este país. Y aquel 20 de noviembre yo estaba del lado de la democracia, desde hacía tiempo.

Quizás por eso no entiendo a los que, hoy en día, ignoran, no recuerdan o no se creen que en España hubo, desgraciadamente, una dilatada dictadura (de 1939 a 1975) hasta que el dictador Francisco Franco, un militar golpista que promovió una guerra civil (1936/1939), murió, sin que nada ni nadie lo apeara del poder, un 20 de noviembre de 1975, a los 82 años de edad. Su fallecimiento en una cama hospitalaria, sin remordimientos y librándose de la justicia, con el cuerpo cubierto de sondas, catéteres y electrodos que intentaban retrasar lo biológicamente inevitable, llenó a muchos de alegría y a unos cuantos de rabia y preocupación. Los primeros llevaban mucho tiempo expectantes por descubrir la democracia y vivir en libertad, y los segundos temían perder sus privilegios y fortunas conseguidos al amparo de la dictadura.

Tras su muerte, al dictador lo enterraron en el mausoleo que se mandó construir en el Valle de los Caídos, donde sus restos serían exhumados en 2019, después de 44 años de exaltación de su figura y apología de la dictadura, con misas, concentraciones y saludos brazo en alto, incluso en plena democracia.

Por aquellos años soplaban aires esperanzadores en España. La otra dictadura de la Península Ibérica hacía poco que había sido barrida pacíficamente de Portugal por la Revolución de los Claveles, dando fin a los 48 años de la de Oliveira Zalazar y Marcelo Caetano, su sucesor. Y también había desaparecido, prácticamente al mismo tiempo, la dictadura de los coroneles de Grecia, tras ocho años de tiranía impuesta por un golpe militar. Como todas.

España era, pues, hace cincuenta años, una anomalía política en Europa que, salvo a los inquebrantables del “movimiento nacional”, nadie deseaba que continuara. Pero no fuimos capaces de quitárnosla de encima, sino que hubo de esperar a que la dictadura desapareciera de muerte natural. Los que estábamos a favor de la democracia llevábamos mucho tiempo aguardando el fin de la dictadura, tras lo cual emprendimos una historia, la de la Transición a la democracia, que aun hoy presenta sombras que nadie ha querido iluminar ni explicar. Tal vez sea porque no todos se atreven a especificar de qué lado estaban y cómo asumieron aquel 20 de noviembre.

Porque es difícil explicar por qué se prefería un régimen fascista caracterizado por la opresión y la represión de los disidentes, aislado y repudiado internacionalmente, a cuyo frente figuraba una persona autoritaria, reaccionaria y sectaria, jefe del único partido autorizado, que accedió al poder mediante un golpe de estado contra una República democrática legalmente elegida y constituida, y después de iniciar con su rebelión una guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y un país destruido, dividido, atrasado y paralizado por miedo a las purgas, las torturas, las represalias y los fusilamientos de los vencidos, de cualquier sospechoso que no mostrara la obligada adhesión a la “cruzada” del Caudillo o pensara distinto.

Era un régimen que suprimió todas las libertades democráticas individuales y colectivas, que no reconocía derechos ni a las mayorías (votar) ni a las minorías (la homosexualidad era delito), que derogó la Constitución republicana de 1931, decretó la abolición de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco, impuso el nacionalcatolicismo como religión oficial, la cual correspondió paseando bajo palio al dictador, que no permitió la prensa libre y adoctrinó a los ciudadanos mediante un informativo cinematográfico de proyección obligatoria en todos los cines, conocido como el NO-DO, cuyo contenido exhibía, sin ningún disimulo, la ortodoxia ideológica del régimen. E impuso (1939/1977) la obligación de un servicio social a todas las mujeres solteras, de entre 17 y 35 años, que debían prestar a través de la Sección Femenina, imprescindible para acceder a un trabajo remunerado, obtener un título académico u obtener el carnet de conducir o el pasaporte, y que, en realidad, suponía un instrumento de control y adoctrinamiento de la mujer en el ideario del régimen.

Es difícil justificar -y menos hoy día- haber sido partidario de una dictadura cuando no has querido saber ni reconocer sus crímenes y abusos. Tan difícil como comprender a quienes en la actualidad, desconociendo cómo era vivir bajo un régimen semejante, muestran sus simpatías y apoyos a formaciones nostálgicas de aquella dictadura y el período nefasto que supuso para nuestra historia, y que reivindican el legado franquista mientras aborrecen la Memoria Democrática que pretende fomentar el conocimiento de la democracia y honrar a todas las víctimas, no solo las de un bando, de la Guerra Civil y la dictadura.

Por eso es oportuno recordar y hacer memoria. Por los olvidadizos y por los ignorantes. Es conveniente conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco y la restauración de la democracia en España. No para celebrar la muerte de un dictador, sino para difundir, analizar y, desde el conocimiento histórico del pasado, rememorar con espíritu crítico la profunda y dolorosa huella que dejó la dictadura en nuestro país y, así, poder apreciar y valorar la democracia que se conquistó cuando aquella pesadilla desapareció. Sin conocer sus vínculos con el pasado, no se puede comprender ni defender con criterio fundado el presente. Porque desconocer el pasado resta importancia a lo alcanzado: la recuperación de derechos y libertades que creemos asegurados, pero que nos pueden volver arrebatar.

De hecho, desconocer el pasado significa ignorar que nuestra democracia no pudo nacer hasta que el dictador falleció. Y que nació en las calles y por voluntad expresa del pueblo. Porque los aires que soplaban desde mucho antes de aquel 20 de noviembre inflaron las velas de nuestro país hacia horizontes de libertad y democracia, ilusionando a la gran mayoría de la población. Y aunque contradiga el relato establecido, esa democracia, la que disfrutamos hoy, no fue una concesión de seres providenciales y mentes esclarecidas, sino fruto de la presión de las masas, de las movilizaciones de los estudiantes, los trabajadores, las asociaciones de vecinos, las mujeres, los partidos y sindicatos semiclandestinos, de una prensa combativa, de colectivos profesionales, de determinados sectores minoritarios de la judicatura y el ejército, y de un largo etcétera.

Es verdad que no era la democracia “perfecta” que se anhelaba, pues venía lastrada por una monarquía no sometida a elección y por mantener en las instituciones a los que no creían en ella, pero al menos fue la democracia que devolvió las libertades que la dictadura había eliminado y que nos han permitido elegir a nuestros gobernantes, divorciarnos cuando el desamor rompía matrimonios, abortar si la mujer lo decidía, negociar convenios colectivos, conquistar nuevos derechos sociales, económicos y de protección frente a la discriminación y las desigualdades, así como poder expresar lo que se opina o profesar cualquier creencia sin miedo a la policía ni a la excomunión.

Considero pedagógico celebrar el medio siglo de nuestra democracia. Y más, ahora, cuando precisamente resurge el peligro real de involucionismo y de un neofascismo disfrazado de populismo que seduce a ignorantes y desmemoriados. Y cuando, encima, aquellos que continúan en las instituciones o sus herederos, sin renunciar del pasado, reaparecen para revertir el resultado que les desagrada de las urnas con operaciones torticeras desde el ámbito político, judicial y mediático, incluido el ámbito social a través de las redes digitales, desde donde propagan bulos y mentiras.

En definitiva, es terapéutico celebrar y recordar dónde estábamos aquel 20 de noviembre y de qué lado estamos hoy. Yo siempre lo he tenido muy claro. Por eso no me importa recordar y conmemorar el 50º aniversario de la muerte de un dictador que comparte con Hitler, Mussolini, Pinochet, Lenin, Stalin, Mao y tantos otros las páginas más negras de la historia. Porque recordar sirve para evitar caer en los mismos errores. Y ni así estamos seguros.                 

Trajano, el césar español

Un ciudadano nacido en Itálica (cerca de Sevilla) se convirtió en el primer césar español de la primera potencia mundial de la época, el Imperio Romano del siglo I d.C.  Y lo hizo tan bien que acabó siendo nombrado por sus coetáneos como Optimus Princeps, el “mejor emperador”. No acabó asesinado, como algunos de sus predecesores, sino que murió por causas naturales, dejando al frente del imperio a otro hispano, su ahijado Adriano, al que había ido preparando durante toda su vida, sin ponérselo fácil, para tan alta responsabilidad. Las éxitos políticos y militares del emperador Trajano, quien se encargó de consolidar el imperio en sus fronteras con Dacia (Europa Central hasta Ucrania), a la que conquistó tras dos guerras terribles, y con Oriente Medio, donde intentó hacer frente al Imperio Parto en Mesopotamia para asegurarse el control de la ruta terrestre y marítima de la Seda y las Especies con Asia, lo convierten en un gobernante sólido, capaz e inteligente que dedicó toda su vida a proporcionar al Imperio Romano uno de los períodos más estables y prósperos de su existencia. La biografía* de Marco Ulpio Trajano es, pues, el delicioso e interesante relato de un hombre que estuvo a punto de cambiar la historia de la humanidad, tal como la conocemos hoy en día.

Pero, antes, he de aclarar algunas licencias que me he permitido en este comentario, porque Trajano no era español, ya que entonces no existía España como país, sino un ciudadano de la Bética, una fértil región del Ulterior de la Hispania conquistada por Roma a los cartagineses y celtíberos tras las guerras Púnicas. Tales licencias son una argucia literaria para captar la atención del lector mediante referencias de actualidad. Así, puede recrear en su imaginación el lugar de nacimiento de Trajano en Itálica, la colonia fundada a orillas del río Betis (llamado después Guadalquivir) en lo que hoy es el municipio de Santiponce (Sevilla), en el año 53 de nuestra era.

Aquella ciudad, poblada inicialmente con veteranos romanos y auxiliares itálicos, pasó a ser una urbe imprescindible en la consolidación del poder romano en la región y centro del desarrollo agrícola, comercial y cultural de la zona. Tal pujanza económica atrajo a élites romanizadas que continuaron y ampliaron la explotación de latifundios, predios, minas y factorías. Y esa fortuna en dinero, tierras y negocios, tan lucrativos como el comercio de aceite de oliva, catapultaron a las grandes estirpes de origen o afincadas en Hispania entre la élite de la aristocracia imperial, ya sólidamente integrada en el Senado romano.

Trajano pertenecía a una de esas estirpes hispánicas, en la que su padre, de nombre homónimo, había conseguido ascender hasta el orden senatorial (la alta aristocracia de Roma). Y su madre, Ulpia Marciana, había aportado al matrimonio los bienes económicos y de parentesco pertinentes para facilitar ese ascenso senatorial y demás oportunidades a la familia. Trajano, por tanto, nació en el seno de una clase media-alta de la época y pertenecía a unas élites nativas romanizadas o colonos romanos de la región, integradas entre la aristocracia romana de la misma.

La trayectoria político-militar de su padre influyó de forma determinante en la carrera de Trajano, quien adquirió una sólida formación militar que marcaría su carácter y su futuro. Aunque no era un gran estudiante, dispuso de una notable elocuencia y de una inteligencia intuitiva natural, dominando un latín claro y preciso, escrito con gran perfección, cuya prosa recuerda el estilo de César, autor que ejerció gran influencia sobre él.

Con 20 años acompañó a su padre a Siria como tribuno de una de las legiones, donde pudo ser testigo de las particularidades de la geopolítica y estrategias de Roma en Oriente, bajo el cetro de los Flavios, para buscar la supremacía en la región. Pocos años más tarde, sería destinado como tribuno a otra legión, en el Rin, lo que constituye una excepción porque rara vez se desempeñaba un tribunado en dos legiones distintas. Después regresaría a Roma para ejercer labores financieras como secretario de uno de los cónsules y, probablemente, ser candidato a patricio por recomendación expresa del emperador. Su carrera, que ya había echado firmes raíces en tiempos de Vespasiano, se consolidaría aun más con Domiciano, al que los círculos de poder hispano respaldaron incluso en los momentos de mayor tribulación. El magnicidio de Domiciano obligó a una pacífica y razonablemente tranquila transición que, a través de Nerva, terminaría sentando en el trono a Marco Ulpio Trajano.              

Previamente, Domiciano había entregado a Trajano el mando de una legión acantonada el Legio (León), en la Hispania Citerior Tarraconense. Y al tener noticias de una rebelón en la Germania Superior durante la guerra que libraba Domiciano en aquellas tierras, Trajano marcha desde Hispania con su legión al Rin, donde lidera junto a otros generales las operaciones contra cuados, marcomanos y yácigos, en el curso de la cuales obtiene una victoria decisiva.

Mientras tanto, Nerva, que asciende al poder tras el asesinato de Domiciano, nombra a Trajano como sucesor y Caesar, al albur de sus éxitos cosechados en el campo de batalla, el cual ejerce el impeium maius desde Germania Superior, supervisando las operaciones en los límites del Rin y el Danubio, y preparando la contienda contra el Estado dacio y sus aliados.

Regresa a Roma tras el fallecimiento de Nerva, donde es proclamado Augusto (dies imperii) y recibe el título de pater patriae. Se convierte así en el primer emperador hispano del Imperio Romano. Entre tanto, la entente dácica invade Mesia Inferior y, con Trajano asumiendo personalmente las operaciones contraofensivas de la Primera Guerra Dácica, los romanos no solo derrotan a las fuerzas agresoras, sino que invaden el Estado dacio, obligando a su rey a capìtular ante Roma y firmar una paz que dura apenas tres años. Al cabo de ese tiempo, Dacia invade territorio de los aliados de Roma en la región, por lo que el Senado declara la Segunda Guerra Dácica, en la que cae derrotada buena parte de la guarnición romana de Dacia. Ante tales hechos, Trajano vuelve a ponerse al frente de las operaciones e invade por segunda vez el Estado dacio, cuyo rey, derrotado y perseguido, acaba suicidándose para evitar ser capturado. Tras el fin de la guerra, Roma convierte Dacia en provincia romana.

Trajano regresa a Roma aclamado por sus victorias sobre Dacia y sus aliados. Sus triunfos militares decoran, mediante escenas narrativas de las Guerras Dácicas, la Columna Trajana, levantada pocos años más tarde. Por ese tiempo, en conmemoración del décimo aniversario de su ascenso al trono, se inauguran también las Termas y el Acueducto de Trajano en Roma, así como la Naumaquia que lleva su nombre.

Sin embargo, otros frentes vienen a perturbar la placidez de estos reconocimientos, obligando al emperador Trajano a abandonar nuevamente la ciudad de Roma, camino de Siria, para iniciar las operaciones contra el Imperio parto. Pero en esta ocasión la suerte no le es del todo favorable. Invade Armenia, cuyo rey había sido depuesto por el shahanshah parto, y la Alta Mesopotamia. Mientras sus ejércitos cruzan el Trigis y descienden el Éufrates para conquistar Babilonia antes de marchar sobre la capital del Imperio parto, se producen disturbios en Alejandría y estalla la Guerra Judía en Cirene y Chipre. Ese alzamiento generalizado es aprovechado por los partos para el contraataque. La mayor parte de Egipto cae en manos de los rebeldes judíos, que se preparan para marchar sobre Judea. Ello obliga a los ejércitos romanos a replegarse de Armenia y Mesopotamia para marchar sobre Judea, Egipto y Chipre.

Sintiéndose enfermo y agotado, el italicense concede a Adriano el mando del ejército de la Guerra Pártica y la provincia de Siria, y zarpa rumbo a Italia para preparar la sucesión al trono. Pero no le da tiempo. Agravada seriamente su salud, el emperador Marco Ulpio Trajano, de casi 64 años de edad y achacado por múltiples patologías, fallece en Selinunte (Cicilia), en 117, después de asegurar, con la conquista de Dacia, el papel de Roma como superpotencia hegemónica del continente europeo y facilitar que pudiera poner sus ojos sobre Oriente, el gran objetivo estratégico desde la caída de Cartago, independientemente del resultado final.

La importancia del primer emperador hispano fue tal que, en lo sucesivo, el Senado recibiría a los nuevos emperadores con la exhortación Sis felicior Augusto, melior Traiano, que significa: ”Que seas más feliz que Augusto y mejor que Trajano”.  Fue el único entre todos los césares romanos en tener el honor de ser sepultado en el interior de la ciudad de Rómulo, donde, en el pedestal de su Columna, descansan los restos mortales del primer césar “español” y fundador de la dinastía Ulpio-Elia, oriundos de Itálica, aquí al lado.

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Notas: *Trajano, el mejor emperador, de David Soria Molina. Desperta Ferro Ediciones, Madrid, 2025.