¿Cuántos `relatos´ admite un hecho?

Los relatos a los que se refiere el título de este comentario no son, naturalmente, los cuentos o ficciones literarias a los que tan aficionado soy, sino aquellos que se construyen como narrativas para ·”explicar” los hechos y que cuentan con potencial para convertirse en realidad ante la opinión pública, a la que seduce o influye por el valor que aporta más que por la verdad que se cuenta.

Es decir,  el denominado relato es, simplemente, una estrategia de comunicación política que tiene por objetivo transmitir una determinada visión de los hechos en función de las conveniencias, valores  o perspectivas de los gobiernos, los partidos o figuras políticas que los elaboran y difunden. Bien construidos, los relatos son eficientes porque actúan sobre los sentimientos y las emociones, facilitando, de este modo, la comprensión de una realidad compleja. En tal sentido, tratan de orientar la interpretación por parte de la ciudadanía y conformar una opinión pública a partir, precisamente, no de los hechos en sí, sino del relato que los recrea. Tanto es así que, finalmente, el mensaje del relato se convierte en un objetivo en sí mismo, aislado de los hechos.

Esto es  algo fácil de comprobar, actualmente, en relación al hecho, confesado por el propio autor, de un delito fiscal por defraudación de más de 350.000 euros a la Hacienda pública, y que, en virtud del relato elaborado por el entorno político del afectado, éste aparece más como víctima que como defraudador. Bien es verdad que no todos los declarantes de Hacienda tienen el privilegio de ser defendidos mediante un oportuno relato, salvo que se sea pareja conviviente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Tal circunstancia explica la necesidad de un relato que exonere  de responsabilidad a un dirigente político y al partido en que milita. Pero la cantidad de relatos derivados del simple hecho de un delito fiscal justifica el interrogante que encabeza este artículo, pues cada día aparece una nueva ramificación del mismo, hasta el extremo de que ya no se sabe exactamente quién es el delincuente y quién el estafado.

Los hechos del caso que aludimos afectan a un comisionista que facturó, en plena pandemia, entre los ejercicios de 2020 y 2021, 3,7 millones de euros, de los que casi dos millones provenían de una única comisión por intermediar en un contrato de compraventas de mascarillas. Tales ganancias no son, sin embargo, ilícitas. Lo ilegal fue que, al hacer la Declaración de Hacienda, el declarante presentó facturas falsas a nombre de diversas empresas pantallas y otros pagos inexistentes con la finalidad de deducirse gastos y evitar tener que pagar 350.000 euros en impuestos. Es decir, cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento público, que fueron fácilmente detectados por la Agencia Tributaria durante la revisión de la declaración. Por tal motivo, la Fiscalía Provincial de Madrid denunció el pasado marzo al declarante, quien era novio de la presidenta de Madrid, por defraudar más de 350.000 euros, según resulta de la inspección de Hacienda de esos dos ejercicios.

Estos hechos acaban siendo de dominio público al publicarse la noticia en los medios de comunicación, los cuales hacen hincapié en la relación sentimental existente entre el declarante y la presidente de la Comunidad de Madrid. Y es entonces cuando se elabora un relato para intentar explicar los hechos a la ciudadanía de manera beneficiosa al defraudador fiscal. En un primer momento, Isabel Díaz Ayuso se presenta como víctima de una operación de desestabilización política por parte del Gobierno e, incluso, asegura que es Hacienda quien tiene que devolver esos 350.000 euros a su novio.

Acto seguido, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, filtra al periódico El Mundo y luego a otros medios, un correo electrónico del fiscal al abogado del declarante en el que ofrecía alcanzar un pacto si se admiten los delitos fiscales y se paga una multa para ver así reducida la pena y evitar ingresar a prisión. Se trata de una manipulación propagandística de MAR porque dicha propuesta de pacto pertenecía, en realidad, a otro correo electrónico,  enviado un mes antes, por el abogado del declarante a la Fiscalía, solicitando un acuerdo de conformidad penal, reconociendo los hechos y comprometiéndose a pagar una multa. Para engordar aún más el bulo, MAR tuiteó que tal acuerdo de la Fiscalía había sido retirado por “órdenes de arriba”. El relato va cobrando cuerpo.

Ante tamaña falsedad en lo publicado, la Fiscalía emite una “nota informativa” que desmiente la información de El Mundo y de la Comunidad de Madrid, en la que resume los principales hechos del caso, entre ellos la conformidad del declarante para evitar la cárcel.  Pero, ante este paso dado por la Fiscalía, la defensa del declarante interpone una querella porque considera que el comunicado comete una revelación de secretos delictiva, que atribuye al fiscal del caso y a su superior, el fiscal jefe de Madrid. Por su parte, el Consejo de Abogados de Madrid interpone denuncia por el mismo delito contra el fiscal general del Estado. Y como cabía esperar, el Tribunal Supremo ve en esa acción un posible delito que causa indefensión al declarante y decide encausar, por primera vez en democracia, a un fiscal general del Estado, ordenando el registro en su despacho e incautar sus dispositivos electrónicos, incluidos los móviles. El relato, a estas alturas, crece ya como una bola de nieve.

De este modo, pasamos de hechos comprobados sobre un defraudador -afortunadamente bien ayudado por el aparato político de una comunidad autónoma, con cuya presidenta es pareja convivencial-  a una sospecha generalizada de actuación delictiva por parte de instituciones del Estado contra un particular. Y para reforzar el relato, el diario ABC publica que, presuntamente, La Moncloa había filtrado la denuncia contra el novio de Ayuso al portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, a quien, a las pocas horas, el Supremo cita como testigo en un alarde de celeridad desconocido en la Justicia española.

Es así como el relato abarca ya al propio Gobierno en su explicación de una realidad, más allá de los hechos, favorable al defraudador y al interés político de su pareja, pues cumple con la función de polarizar el debate, desviar la atención y trasladar la culpabilidad del victimario a la víctima. Tal era –y es- su intención planificada; la de influir en las opiniones, actitudes o comportamientos de los ciudadanos. Y tal cosa es posible porque, como decía Antonio Machado, “después de la verdad, nada hay tan bello como la ficción”.

La danza de `Sketches of Spain´

Llevar la música jazzística del trompetista Miles Davis al teatro mediante la danza es complicado, porque complicados son los arreglos e improvisaciones de Davis interpretando música española, como el flamenco o el Concierto de Aranjuez, recogidos en un disco único e mitológico: Sketches of Spain, que vio la luz en la década de los años 60 del siglo pasado. Pero se ha conseguido. Y, además, se ha hecho a través de la danza, gracias al bailarín y bailador Pablo Egea, que transforma la música del icónico álbum en un bello y sobrio espectáculo de baile y sombras, desde la danza estilizada hasta la flamenca, para expresar con ellas esos “bocetos” de España que Miles Davis plasmó con su trompeta.

Y el resultado no ha podido ser más sugerente y atractivo, lleno de contenido y forma contemporáneos, a la hora de representar con la danza aquellos sketches o escenas de la cultura española que Miles Davis y Gil Evans reflejaron con música de jazz. Un maridaje perfecto que, siguiendo fielmente los acordes de trompeta de Miles, elabora un lenguaje dancístico  que remite a aquellos bocetos del mundo taurino, la Semana Santa sevillana, la figura del afilador de cuchillos gallego, el tablao flamenco y hasta el segundo movimiento del Concierto de Aranjuez recogidos en el álbum de jazz de los músicos norteamericanos. Unos bocetos de España transfigurados en música y vueltos a transfigurar en danza con la fascinación y elocuencia de un virtuoso del baile como Pablo Egea. Todo un espectáculo de los sueños.

Pero, ¿cómo surgió ese disco de Miles Davis sobre España? Para un músico no hay música extraña, y menos para un intérprete con una formación académica que nada tiene que envidiar a la de sus colegas de música clásica. Por eso, cuando un amigo le hizo escuchar, a principios de 1959, una grabación del Concierto de Aranjuez, Davis quiso recrear aquella melodía, pero hacerlo bien y no necesariamente bajo la perspectiva del jazz. Aparte de documentarse profundamente sobre música española para no limitarse a tocar una serie de notas sin entender todo el contexto que la ambienta, Davis contó con la colaboración para los arreglos de Gil Evans, un pianista y director de orquesta, conocedor  de la música folklórica europea, africana y latinoamericana, quien, por aquel entonces, estaba precisamente investigando el flamenco por encargo del director musical de la discográfica CBS. Con tales mimbres, Davis y Evans tejieron un disco “redondo” sobre costumbres o escenas españolas de los años sesenta del siglo pasado, en el que captaron en toda su profundidad una música con tanta historia como la española, reinterpretándola de manera magistral. Un disco excepcional y único, como ya hemos señalado

Y, ahora, recreados en una danza que añade emoción visual al encantamiento acústico de la música, gracias a Pablo Egea, bailarín y coreógrafo murciano, maestro de danza española y flamenco. Con la trompeta de Miles Davis dirigiendo todos sus movimientos, Egea transporta al espectador hacia los diferentes lugares, recuerdos y sensaciones que la música recrea, embarcándonos en un viaje emocional donde la danza española y el baile flamenco son el instrumento y el jazz la inspiración. Y el baile, la materialización de un sueño del que no queremos despertar.

Reales privilegios

Que la monarquía, ese régimen arcaico por el que un linaje familiar se convierte en la representación política de un país, disfruta de privilegios exclusivos que se niegan al resto de los ciudadanos, es cosa sabida. Pero  hasta dónde alcanzan esos privilegios, ya no es tan conocido por los súbditos de cualquier monarquía, aunque se disfrace de parlamentaria, como la española. Y ha sido, desgraciadamente, durante la devastación producida por la DANA en Valencia cuando algunos de tales privilegios han salido a la luz, sin que los poderes públicos, los elegidos democráticamente para representarnos y gobernarnos, hayan podido hacer nada por impedirlo o, cuando menos, regularlos para que el interés general, y más en caso de catástrofe, prevalezca sobre el interés particular… de una marquesa, por ejemplo.

Porque, aunque cueste creerlo, ha sido una marquesa precisamente, una prima del rey Juan Carlos I -el emérito autoexiliado en un país árabe por sus fechorías morales, económicas y fiscales-, la que ha hecho valer sus reales privilegios frente a las actuaciones humanitarias por los damnificados de la DANA de una aldea cercana a su cortijo de caza. Tan alto representante de la nobleza ha exigido, de manera burocrática, que los socorristas que pretendían acceder a una aldea aislada por la DANA no cruzasen por el único camino viable, el que atraviesa su coto de caza. Y lo ha prohibido mediante un escrito formal enviado a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Consellería de Agricultura, Aguas, Ganadería y Pesca de la Generalitat valenciana, en el que se queja de que los vecinos, al no poder acceder a su aldea por el paso habitual de un puente, lo hicieran invadiendo un camino perteneciente a su propiedad.

A la señora marquesa no le importaba que los aldeanos, afectados por la riada que destruyó parcialmente ese único puente, quedaran aislados en una zona de difícil acceso por la orografía montañosa del lugar. Ni que, en realidad, fueran unos cuantos vecinos de una pedanía de pocas decenas de casas los que se vieran obligados a atravesar por su coto privado para adquirir víveres y otros suministros con los que combatir los daños ocasionados por la catastrófica DANA. Ni que los socorristas, tan aplaudidos en otras localidades de Valencia, no pudieran prestar su ayuda a esos escasos vecinos de Reatillo, una pedanía prácticamente deshabitada situada al noroeste del municipio valenciano de Siete Aguas, del que depende administrativamente, y cuyas tierras pertenecen casi en su totalidad al Marquesado de Villaverde. Como en los tiempos feudales.

Nada de eso importaba a la señora marquesa. Lo único que le importaba a tan noble dama era su coto privado de caza y el privilegio de hacer con él lo que quisiera a su real antojo. Estos es: cualquier cosa, menos permitir que un camino de su propiedad pudiera facilitar la comunicación con la aldea y servir de ayuda a esos pobres vecinos desgraciados. Tal es la distancia moral que separa la nobleza –una clase que aun existe- del populacho, meros súbditos en cualquier monarquía. El caso es que ni la Guardia Civil podía doblegar la voluntad de la señora marquesa ni esgrimiendo causas de fuerza mayor. Porque la mayor causa para la marquesa era la defensa de sus privilegios indiscutibles e inquebrantables.

Tal oprobio lo consiguen los que defienden, aunque lo desconozcan, una institución como la monarquía, que crea a su alrededor una casta social -la Nobleza- con la que mantiene una relación simbiótica de mutuo apoyo a cambio de privilegios, como el Marquesado de la señora marquesa y su intocable coto privado de caza.

Una casta de barones, condes, marqueses, duques, infantes, príncipes y reyes, junto a una aristocracia del poder económico, religioso y militar, siempre  dispuesta a arrimarse al sol que más calienta, conforman un estrato social que se caracteriza por su amor a la patria, su patria, la que ellos identifican con sus pertenencias y privilegios. Y cuyos herederos  más tiernos, aunque carezcan de oficio o prestigio, ya son capaces de exhibir sin recato una adhesión fervorosa a esa élite. Y que, creyéndose invulnerables por los privilegios que disfrutan, incluso se atreven a mostrar públicamente, sin hipocresías, la tendencia ideológica que asumen, aquella que coincide, casualmente, con la que defiende su estatus social y protege sus privilegios.

Por eso no es de extrañar que una sobrina del rey de España publicara, en una story de instagram, una defensa de su tío, en la que descubre sus simpatías políticas: “El rey, que no tiene poder ejecutivo, se queda a dar la cara, y Pedro Sánchez, que sí lo tiene, huye. Así es cómo se resume todo. Un rey que sufre por su pueblo y un presidente que lo desprecia”.  La ingenua sobrina piensa que así apoya al régimen monárquico que encarna su tío, sin caer en la cuenta –o siendo consciente de ello- que con su opinión está amplificando los bulos y la desinformación que sectores radicales de ultraderecha propagan, aprovechando la catástrofe valenciana y el descontento de la población afectada, para atacar al Gobierno.

Cree este cachorro de la nobleza, igual que la señora marquesa, que sus privilegios le permiten, no solo primar su interés particular sobre el general, sino expresar opiniones no completamente veraces y tendenciosas que causan división y odio en la sociedad. Porque ni Pedro Sánchez huyó de la zona, sino que fue evacuado tras ser atacado con un palo y en un coche con los lunas traseras rotas. Ni desprecia a un pueblo sobre el que se vuelca en propiciar el reconocimiento de nuevos derechos y libertades, a fin de combatir cualquier tipo de desigualdad, sea económica, religiosa, sexual, racial, cultural o social. Justo lo contrario de lo que contempla una monarquía, en la que una familia cree tener el derecho exclusivo y hereditario, sin que la elija el pueblo, de representar a un país. Y puestos a hablar de fugas, el único poderoso que ha huido de este país, en la actualidad, es el abuelo de la niña de noble cuna.  Flaco favor le ha hecho a la monarquía esta joven al manifestar, con insinuaciones y datos subjetivos, que le parecía más digno la actitud del no elegido que la del elegido, sin apreciar todas las circunstancias. Cuando, por si fuera poco, la propia alcaldesa de la localidad repudió aquellas algaradas, achacándolas a infiltrados violentos con deseos de provocar enfrentamientos y altercados durante la visita de las autoridades.  

Y es que, la pobre ingenua, a pesar de sus privilegios, no da para más, por lo que no merece la pena exigirle mejor y más fundado juicio. Pero sí, al menos, dada la exquisita educación que se le supone, podía esperarse que se condujera con más prudencia y respeto a la hora de opinar sobre el Gobierno de su país, máxime en momentos tan graves y dramáticos como los que se han vivido en Valencia por culpa de una DANA. Entre otras cosas, porque para difundidores de bulos y patrañas ya tenemos a Iker Jiménez con sus discursos demagógicos y mensajes engañosos que nada ayudan a los afectados por las inundaciones en Valencia y otras zonas de España.

Difícil empeño, ya que estos miembros de la realeza o la nobleza, independientemente de su edad, gozan de tantos privilegios que se creen con derecho a hacer o decir lo que quieran, pues se consideran impunes e invulnerables frente al resto de los mortales súbditos

Pedro Sánchez y los elementos

Cuando Pedro Sánchez, líder del partido socialista, presentó y ganó aquella moción de censura al Gobierno conservador de Mariano Rajoy, en 2018, que lo convertiría en el séptimo presidente del Gobierno de España de la democracia, jamás se imaginó que su mandato tuviera que afrontar no solo el rechazo visceral, por las buenas o por las malas, de la derecha política, mediática y judicial, sino también las adversidades de la  geopolítica internacional y hasta los embates de las fuerzas de la naturaleza. Han sido tantos los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente en estos seis años en la Moncloa que, si no conociéramos su capacidad de resiliencia, podría pensarse que, al contrario de lo que se atribuye a Felipe II cuando supo la derrota de la Armada Invencible, Sánchez sí está dispuesto a luchar, incluso, contra los elementos.

La oposición parlamentaria al Gobierno de izquierdas, durante estas legislaturas, siempre ha estado encarnada por los partidos de la derecha, tanto por el Partido Popular como por Vox. Y ese frente de las derechas nunca ha aceptado que el líder socialista accediera al gobierno gracias a la primera moción de censura que ha tenido éxito en nuestra democracia, pero tampoco que consiguiera mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020 y 2023, conformando, por primera vez en la historia reciente, gobiernos de coalición, primero con Podemos y, después, con Sumar, a pesar de que el PSOE no fuera el partido más votado, pero sí el que reuniera la mayoría parlamentaria necesaria para investir a su candidato.

Desde el primer día como gobernante, Sánchez ha sido objeto de la virulencia verbal de esa oposición de derechas que aprovecha un día sí y otro también para descalificar y desprestigiar su Gobierno. Pablo Casado, en aquel entonces líder del PP, inauguró durante el pleno de investidura de 2020 la andanada de descalificaciones, tildando a Sánchez de “sociópata” y “presidente fake”. Pero ya antes, en un acto de partido en 2019,  se había explayado contra el socialista, acusándolo de “traidor”, “felón”, “mentiroso compulsivo”, “okupa”, “ilegítimo” y otras lindezas por el estilo. Unos ataques que continuaron durante todo su mandato, tanto en el Congreso como en la calle y en los medios afines.

En 2023, Pedro Sánchez volvería a ser investido presidente, frustrando todas las apuestas que daban por vencedor de esas elecciones al PP liderado ahora por Alberto Núñez Feijóo. Acabaría  consiguiendo 179 votos a favor, 12 más que en 2020, gracias a los acuerdos de investidura que lograría cerrar con Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, es decir, con todos los partidos del arco parlamentario, excepto las formaciones de la derecha, que arreciaron su campaña de acoso y derribo contra el nuevo Ejecutivo socialista, ahora coaligado con Sumar.

Las protestas en la calle se multiplicaron y se volvieron más violentas, organizando concentraciones diarias frente a la sede madrileña del PSOE, que duraron varias semanas, y celebrando rezos públicos del rosario por la unidad nacional de España. Allí estaban grupos ultras, como Falange, Democracia Nacional, Bastión Frontal o Desokupa, entre otros, en un intento común por desatar el caos con los enfrentamientos con la Policía en esas protestas a las que también asistían representantes del PP y Vox. Estos últimos, por su parte, convocaban mítines periódicos por todo el país para denunciar que España vivía un “cambio de régimen” que transita hacia una “dictadura” por culpa de un presidente de Gobierno “ilegítimo”.

Paralelamente, esa derecha incapaz de asumir el resultado de las urnas también ha recurrido a deslegitimar al Gobierno mediante acusaciones sin pruebas de presuntos delitos de corrupción que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno. Y otra vez, son grupos o asociaciones de extrema derecha los que presentan denuncias en los juzgados, basadas en declaraciones anónimas o recortes de prensa, para que jueces de conocida tendencia ideológica acepten abrir investigaciones que se alargan y amplían prospectivamente de manera injustificada. El objetivo declarado es abrir tantos frentes como sean posible contra un Gobierno que la derecha en su conjunto considera ilegítimo y quiere derribar.

Todas estas maniobras son, no obstante, batallas políticas que el presidente Sánchez esperaba por parte de la oposición y que ha sabido o podido capear con más o menos fortuna y habilidad. Sólo en un momento de debilidad tuvo dudas de qué hacer,  y fue cuando acusaron a su esposa de ilícitos penales de los que ni la propia Guardia Civil hallaba indicios. Tal golpe lo llevaría a tomarse cinco días para reflexionar sobre si valdría la pena someter a su familia a tal acoso por continuar con su deber como presidente de Gobierno. Y a punto estuvo de tirar la toalla.

Sin embargo, lo que no se esperaba ni por asomo era esa concatenación de elementos naturales y de acciones  geopolíticas internacionales que le han obligado a adoptar decisiones sin precedentes e imprevisibles. Y es que hasta las fuerzas de la naturaleza parecieron ponerse de acuerdo para no facilitarle la tarea de gobernar un país de intereses tan enfrentados como España. Ya que, cuando no es una pandemia como nunca vista que motivó el confinamiento temporal de la población, es una borrasca, bautizada Filomena, que cubría  de nieve medio país y bloqueaba carreteras, o la erupción violenta y activa durante meses de un volcán que escupió cenizas sobre gran parte de una isla en Canarias. Y, ahora, una DANA que provoca lluvias torrenciales que inundan el Levante valenciano, causando enormes daños materiales y centenares de muertos. En suma, una catástrofe natural cada dos años que ha obligado al Gobierno adoptar medidas extraordinarias que, en ocasiones, rozaban la legalidad en función del marco jurídico en que se encuadraban.

Pero es que, por si fuera poco todo lo anterior, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha tenido que sortear, además, las consecuencias económicas y políticas de la guerra de Rusia en Ucrania, una agresión intolerable contra la soberanía e independencia de un Estado que aspira ser miembro de la Unión Europea. Los problemas energéticos y comerciales derivados de las sanciones impuestas a Rusia por  parte de EE UU y Europa han hecho tambalear las cifras macroeconómicas del Gobierno, incrementando en exceso la inflación y los precios de carburantes y alimentos hasta cotas intolerables. Tanto subieron que se habilitaron subvenciones a la gasolina y se rebajaron, y en algunos productos se anularon, los impuestos (IVA) a los alimentos de primera necesidad y al consumo de electricidad  en los hogares.  

Además, el Ejecutivo, en coherencia con las resoluciones de la ONU, ha confirmado la posición de España sobre el conflicto palestino-israelí, precisamente cuando Israel comete, a la vista de todo el mundo, la mayor masacre jamás perpetrada, un auténtico genocidio, contra los habitantes de la Franja de Gaza, donde han muertos más de 43.00 palestinos, niños y mujeres en su mayor parte. Una guerra que Israel extiende a Cisjordania y hasta al sur de Líbano e Irán, en respuesta al ataque terrorista de las milicias palestinas de Hamás de octubre de 2023, que causaron 1.200 israelíes asesinados y otros 250 secuestrados. Pero esa defensa de la legalidad internacional enarbolada por el Gobierno de Sánchez le ha acarreado la ojeriza del primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, que entiende que tal posicionamiento favorece a los terroristas de Hamás y afecta negativamente al derecho a la legítima defensa del país sionista. Claro que, por el mismo motivo, Israel también acusa a la propia ONU de ponerse del lado de los terroristas y, en consecuencia, expulsa de aquel territorio a la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos a sobrevivir a las restricciones y las bombas.

Por lo que sea, en el Este de Europa y el Próximo Oriente se desatan dos guerras demasiado cercanas que enturbian las relaciones diplomáticas, económicas, culturales y comerciales entre estados, como Ucrania e Israel pero también Rusia y la comunidad árabe que engloba a Palestina, con los que España mantiene vínculos insoslayables. Y que trastocan el delicado equilibrio de la Globalización y el Derecho Internacional sobre el que descansa la interdependencia, la confianza y la integridad de los estados soberanos del mundo.

Si todo esto no es luchar contra los elementos, se le parece bastante, por lo que no me extrañaría que Pedro Sánchez sueñe con la utopía de una legislatura en la que se limite a propiciar medidas que favorezcan el avance social, cultural y económico del país, sin confrontación, sin polarización y sin más sustos de las fuerzas de la naturaleza. Pero, desgraciadamente, me temo que ello no será posible, porque la derecha seguirá buscando por cualquier medio obstaculizar o, mejor aún, hacer caer al Gobierno, la naturaleza es impredecible y, para colmo, Trump vuelve con más bríos a las andadas. Vivimos tiempos difíciles. Sin duda.       

La basura de Puerto Rico

La relación de Puerto Rico con los Estados Unidos de América (EE UU), de la que es colonia desde que España se la “cedió” en 1898 tras la guerra hispano-norteamericana, siempre ha estado marcada por los prejuicios racistas de la potencia. Pero nunca como hasta ahora ha alcanzado tal cota de desprecio y desconsideración como la que exhibe el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump cuando se refiere a la isla y a sus habitantes. Su actuación pasada desde la Casa Blanca y las soflamas que hoy pronuncia como candidato reflejan no solo el escaso nivel intelectual de un personaje que agrede innecesariamente a una parte relevante de la población norteamericana (los puertorriqueños tienen nacionalidad norteamericana), sino, además, la catadura moral de quien se vale del insulto gratuito para descalificar lo que no se acomoda a sus particulares intereses electorales y, llegado el caso, sus objetivos políticos una vez acceda, si Kamala Harris no lo impide, otra vez al poder.

La demagogia y las mentiras han sido y son los habituales recursos dialécticos del neofascista Trump en sus intervenciones hasta el punto de que ya nadie se molesta en contabilizarlos, como hizo durante un tiempo en su anterior mandato el diario The Washington Post, que le descubrió más de 20.000 declaraciones falsas o engañosas, a un ritmo de 50 mentiras diarias. Pero cuando pretende ser sutil, invita como teloneros en sus discursos a seguidores entusiastas de sus ideas y modales para que verbalicen lo que él debe callar para no perder votantes. Es lo que sucedió  hace poco en un mitin en el Madison Square Garden de Nueva York, en el que el cómico Tony Hinchcliffe se permitió la gracieta de calificar a Puerto Rico de “isla flotante de basura en medio del océano”. El que lo contrató se ha tronchado de risa en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Y tan satisfecho quedó con la actuación de su palmero que aquellos exabruptos le parecieron un “festival de amor absoluto, y fue un honor para mí participar”.

Me imagino que a los puertorriqueños  no les halagará que los tilden de basura y que, encima, deban aceptar tal calificativo como una muestra de amor de Donald Trump. Ni a los puertorriqueños que habitan en la isla ni a los seis millones que viven en EE UU. La zafiedad de los insultos descalifica a quien los pronuncia y los consiente, sea payaso o un ricachón populista e inmoral. Y me imagino, también, que pocos serán, entre los nacidos en esa isla del Caribe, que aplaudirán los cánticos de odio y sectarismo que denotan tales declaraciones de “amor” del republicano hacia el ciudadano de origen hispano, concretamente puertorriqueño, de EE UU. Y puestos a imaginar, pienso que no serán muchos los votos que consiga el ínclito candidato bocazas en Puerto Rico y en aquellos estados con importante población hispana. Hay que tener en cuenta que los latinos representan el 15 por ciento del electorado total del país.  Pero, claro, todo son imaginaciones mías.

Lo que no es imaginación es que las ofensas de Trump hacia Puerto Rico no son nuevas. Ya en 2017, cuando el huracán María devastó la isla provocando grandes destrozos, el fallo del sistema eléctrico en toda la isla, muchos lugares sin acceso a agua potable y más de 2.900 muertos, el entonces presidente norteamericano, no solo retrasó o limitó las ayudas federales a la recuperación del Estado Libre Asociado, sino que se permitió la mofa de repartir  rollos de papel de cocina, durante una visita relámpago de cinco horas a la isla, como si fuera lo único que necesitasen los damnificados de Puerto Rico.

Mayor muestra de insensibilidad con los afectados por parte del presidente de EE UU no se ha visto nunca, hasta ahora, cuando  permitió que en un mitin se volviera a exhibir ese odio racial hacia los puertorriqueños, como si fueran ciudadanos norteamericanos de segunda clase. Tan de acuerdo estuvo el candidato Trump con la bazofia vomitada por un cómico que, no solo no le recriminó tales mensajes racistas, sino que ni siquiera se ha disculpado por ello, como le pidió el arzobispo de Puerto Rico en un comunicado.         

A horas de las elecciones, Ignoro si Donald Trump volverá a ser presidente de EE UU, pero sé que si llegara a la Casa Blanca los hispanos en general, y los puertorriqueños en particular, verán otra vez restringidos  o cercenados muchos de sus derechos y libertades. El muro que continuará levantado el populista republicado entre los supremacistas blancos y el resto de etnias y razas que conforman la sociedad estadounidense será miserablemente enorme, como el que se empeña en completar a todo lo largo de la frontera con México.

No sé si Trump vencerá en estas elecciones, pero si sé que, si pudiera votar, mi voto hispano no lo conseguiría.  El modelo de democracia iliberal que propugna, en la que puede ignorar o eludir su responsabilidad y los límites constitucionales (como se deduce de las causas judiciales que tiene abiertas), un modelo que rechaza la pluralidad y la protección de las minorías, que criminaliza la inmigración y que es negacionista de la violencia machista, del cambio climático y de la lucha por la igualdad de la mujer, no es la democracia en la que todos los ciudadanos, sin importar condición, se puedan sentir representados, amparados y protegidos.

No lo votaría porque ya sabemos cómo actuará Trump, aquel misógino que extendió los ataques al feminismo y eligió jueces ultraconservadores que limitaron el derecho al aborto, el que eliminó el castellano de la página web de la Casa Blanca, el que ordenó separar a niños de sus padres inmigrantes en la frontera, el que no condenaba los actos de violencia contra los negros, el que pretendía repatriar a los hijos nacidos en EE UU de inmigrantes indocumentados, el que dejaría que Rusia invadiera totalmente Ucrania y permitiría a Israel acabar con los palestinos para infestar sus territorios con colonias judías, el que, en definitiva, representaría el mayor peligro para la democracia no solo en EE UU, sino en todo el planeta, pues la legalidad internacional es para él papel mojado..  

Donald Trump, como los Orbán, Putin, Milei. Bolsonaro, Wilders, Le Pen, Meloni  y tantos otros, sin olvidar al Abascal español, defiende una democracia  en la que el sectarismo y la desigualdad ahondarían sus nefastos efectos, causando división y odio en la sociedad. Un odio racial hacia minorías desfavorecidas, que se consideran basura. Un energúmeno así no puede llegar a ser presidente de todos los norteamericanos, incluidos los puertorriqueños. Por eso, si por mí fuera, lo despediría como él solía hacer en un programa televisivo: ¡You´re fired, Mr. Trump!