España no se rompe, se quema

Las llamas vuelven a ser  las protagonistas del verano en España. Fuegos que arrasan, dejando carbonizado todo donde haya algo que pueda arder con facilidad, montes, descampados, viviendas, matorrales, vehículos  y bosques repartidos a lo largo y ancho del país, desde la húmeda y fría Galicia hasta la seca y asfixiante Andalucía, sin dejar de lado a Murcia, Aragón, Asturias, Extremadura y Valencia. España arde por los cuatro costados, literalmente.

¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso hace más calor que otros años? Es verdad que los episodios de calor extremo, como los que estamos padeciendo denominados olas de calor, son cada vez de mayor magnitud y duración, y están vinculados al cambio climático que algunos, como los antivacunas, se niegan aceptar. Tales negacionistas son, simplemente, ignaros que discuten a la ciencia sus descubrimientos por meros prejuicios ideológicos. No obstante, únicamente el calor, sea extremo o no, no explica por sí solo el número y la virulencia de los incendios forestales que se registran este verano. Aunque vengan favorecidos por el viento y la baja humedad del aire, por esa famosa regla del 30: la coincidencia de temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 km/h y una humedad inferior al 30 por ciento. Ni por esas.

Existen, por tanto, otras causas, diversas y complejas, que facilitan la aparición y el avance de las llamas por nuestra geografía. Algunas de ellas son naturales, las menos. Otras son negligencias, la mayoría. Y las demás, actos deliberados de quemar el monte. Pero  todas ellas debieran ser combatidas si se quiere realmente evitar unos incendios tan graves y letales. A todas luces, el resultado es que se hace poco. Y se hace mal. Por eso, España se quema. Otro eslogan para la ultraderecha, siempre tan catastrofista, a añadir al de España se rompe. Aunque en realidad España no se rompe, se quema, lo que es más preocupante por el peligro que corren las personas.

La actual oleada de incendios ha calcinado ya más de 130.000 hectáreas y ha causado cuatro muertos por quemaduras y un número indeterminado de heridos. Además, hay que sumar las incalculables pérdidas ambientales y materiales, por la masa vegetal y animal (ovejas, perros, liebres, jabalíes, zorros, aves, insectos, etc.) aniquilada y por las viviendas, negocios y propiedades particulares convertidos en cenizas. A todo ello hay que añadir las pérdidas que afectan al patrimonio cultural, como el incendio que ha arrasado las minas romanas de Las Médulas, en León. Según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS), la superficie quemada, en lo que llevamos de año, asciende a cerca de 350.00 hectáreas, un 0,7 por ciento de la superficie total del país. Es el peor año de incendios del siglo XXI. Toda una catástrofe que podría haberse evitado o, cuando menos, controlado. Pero no ha sido así, desgraciadamente. Para el profesor Resco de Dios, profesor de incendios forestales y cambio global de la Universidad de Lérida, “estamos viviendo la crónica de una catástrofe anunciada”.

El incendio de Zamora es el peor de la historia de España, y el de Orense, el mayor de la historia de Galicia. Sus cifras son devastadoras, en las que los perjudicados se van a contar por miles. Ya habrá tiempo de hacer balance de daños y perjuicios. Y de lamentarse por las vidas humanas sacrificadas en esta oleada de incendios descontrolados que, afortunadamente, nos ha pillado con los pantanos más o menos llenos. Porque hubiera sido mucho peor si la situación nos coge en plena sequía y con las reservas en mínimos, como el año pasado.

Y esa es otra: no queremos asumir que España sufre tal carencia hídrica que debiera obligarnos a hacer un uso más racional del agua, cosa que no hacemos. Por el contrario, la malgastamos como si sobrara, lo que agudiza y cronifica el problema de los incendios. Además, enterramos cultivos en hormigón para urbanizar campos y talamos árboles para levantar hoteles, piscinas y campos de golf. Es decir, huimos del mundo rural buscando prosperar en el urbano. Así, dejamos campos secos y bosques abandonados en una España vaciada que arde a la primera chispa. Una variante demográfica y de usos agrícolas y ganaderos que también guarda relación con los incendios que nos asolan. Algo a tener en cuenta en la búsqueda rigurosa de soluciones.

Entre las circunstancias externas que desatan un incendio –sequedad, vientos, calor-, solo un porcentaje muy pequeño es achacable a causas naturales (rayos, combustión espontánea y otros fenómenos). La mayoría de los incendios forestales obedece a involuntarias conductas negligentes (quema de rastrojos, fogatas, colillas, chispas producidas por maquinaria, cortocircuitos eléctricos, cristales rotos, etc.). Y otros son provocados intencionadamente por cuestiones económicas, especulativas o emocionales (desde transformar bosques en terrenos de cultivo, aprovechamiento de recursos forestales como la madera, buscar un empleo que sin fuego no se encontraría y hasta venganzas personales u otros motivos imprevisibles).  

Pero la causa más relevante de los incendios es la desinversión de las administraciones públicas en la prevención y extinción durante la última década. De hecho, la inversión ha caído a la mitad desde 2009, dejando sin recursos a la contratación de agentes y técnicos forestales durante todo el año (solo se contratan en verano), la realización de campañas invernales de limpieza del sotobosque, el control de la quema de rastrojos, la implementación de campañas masivas de concienciación ciudadana  y, en definitiva, el desarrollo de una política forestal coherente y eficaz. La responsabilidad recae en todas las administraciones, aunque las competencias sean de las Comunidades Autónomas. Y he ahí otro obstáculo que impide el abordaje resolutivo del problema de los incendios forestales; la confrontación entre administraciones o, lo que es igual, la confrontación política.

Al parecer, es más rentable electoralmente aprovechar cualquier problema para desprestigiar y culpabilizar al adversario (persona o administración) que contribuir honestamente en su resolución, incluso existiendo peligro para el ser humano y su actividad productiva. Es tal la confrontación que ni las inundaciones por la DANA ni los últimos incendios hacen posible que se pongan de acuerdo las administraciones dirigidas por partidos enfrentados para actuar coordinadamente en evitar el desastre. No es posible cooperar con lealtad institucional. Así, las ayudas, si se libran, llegan tarde o son insuficientes. Pero emergen de inmediato, en cambio, los reproches, los insultos y las descalificaciones. Y las mentiras, los bulos y la desinformación con los que cada parte justifica su irresponsabilidad.

De este modo, se  protagoniza un espectáculo bochornoso, en el que, mientras algunos presidentes de autonomías afectadas por los incendios no interrumpen sus vacaciones para ponerse al frente en la dirección de la crisis,  otros aprovechan para cuestionar un cambio climático con el argumento de que todos los veranos hace calor, tratando, así, de minusvalorar que el incremento de 1,5 grados en la temperatura del planeta es la causa de olas de calor más altas y duraderas y de temporales violentos, como los que han asolado nuestro país. Y en vez de tomarse en serio las advertencias de los científicos y de actuar para prever las consecuencias del cambio climático, estos irresponsables se ufanan en ahorrar inversiones poco rentables electoralmente y utilizar los problemas como munición política y partidaria, echándose la culpa unos a otros.

Unas irresponsabilidad que mueve a aquellos que se autocalifican de “constitucionalistas” sean los primeros de ignorar la Constitución y el diseño autonómico del Estado, en que el sistema de distribución de competencias está contemplado, como recuerda el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, en el “bloque de la constitucionalidad”, integrado por la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía en todos los territorios del Estado.

Ignoran que las comunidades autónomas disponen de unas competencias en la gestión de su territorio  que solo de manera excepcional, debido a una emergencia extraordinaria,  puede hacer que el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales las asuman, declarando los Estados de alarma, excepción y sitio. Pero, para ello, sería necesario que el presidente de la Comunidad Autónoma lo solicite expresamente, cosa que ninguna ha hecho, dedicándose, en cambio, a echar culpas a diestro y siniestro. Y lo que es peor, parecen renegar del Estado Autonómico cuando exigen al Gobierno la asunción de responsabilidades que les corresponden y la centralización de unos recursos e inversiones que son de su exclusiva competencia.

Son las comunidades autónomas, asumiendo honestamente sus competencias, las que deben invertir en prevención de incendios, reforestación, conservación de la biodiversidad, lucha contra plagas, gestión del uso público de los montes e investigación en gestión forestal. Porque son ellas, con la financiación autonómica que reciben del Estado más los impuestos propios, las que han de administrar sus presupuestos para atender las necesidades de su territorio, entre ellas, unas políticas de prevención y extinción de unos incendios cada vez más voraces que han dejado de ser excepcionales, auténticas olas de fuego que se suceden cada vez a intervalos más cortos.

Hay que ser conscientes de que tenemos un tesoro. Nuestro país es la segunda potencia forestal de la UE. Si queremos conservar nuestra masa vegetal en tan digna posición, sería necesario que nuestros políticos se tomasen en serio evitar que las llamas destruyan cada año, por negligencia e incapacidad política, un tesoro natural del que deberíamos sentirnos orgullosos por disfrutar de tal privilegio de la naturaleza. Pero como sigamos así, no será difícil que España acabe siendo un país desértico, desde Tabernas hasta la cornisa cantábrica. Y al paso que vamos, ese chamuscado porvenir, desgraciadamente, no tardará mucho en llegar.    

La memoria de la amistad

Además de la familia, la memoria es capaz de guardar intacta la imagen de ciertos amigos durante toda la vida. Su impronta es imperecedera, a pesar del tiempo transcurrido. Y sin que exista ningún motivo relevante que lo justifique, sino probablemente por la relación de mutua simpatía y sinceridad que caracterizó esa amistad. Y porque se estableció a una edad en que las ilusiones y las ingenuidades permitían aventurar expectativas infinitas en un futuro limpio de nubarrones y lleno de posibilidades, como los sueños. Seguramente, los psicólogos dispongan de alguna explicación más prosaica de lo que acontece con recuerdos tan profundos y arraigados.

Lo cierto es que esa imagen del amigo de mi adolescencia, después de más de cincuenta años sin verlo, se mantiene nítida en mi memoria. Y se conserva así, congelada en el tiempo, porque desde entonces no hemos tenido ningún contacto ni apenas sabido nada el uno del otro. Como si fuera un fotograma no contaminado por los años ni los cambios en la persona. A buen seguro, ni su rostro ni su pensamiento o comportamiento sean los mismos de los que retengo en la memoria. Será algo recíproco porque ni yo mismo soy el mismo. Aunque, tal vez, puedan delatarnos ciertas expresiones, gestos o viejas aficiones atemperadas por la incredulidad que el tiempo acumula sobre ellas, como el óxido en los metales.

Pero, de pronto, se desentierran momentos que ni siquiera sospechábamos recordar, cuando casualmente hallamos rastros materiales que testimonian aquella antigua amistad, como el dibujo que acompaña estas líneas. Fue un regalo de ese amigo que certificaba, en un remoto 1980, además de la amistad temprana que nos unía, el camino que estaba decidido emprender por el mundo del arte y la pintura. Y, al cabo de cinco décadas, en ambas cosas ha sido fiel a sus anhelos y sentimientos. Porque sigue siendo mi amigo y se ha convertido en un gran pintor de enorme prestigio. A pesar de que llevemos más de cincuenta años sin vernos. Y aunque hace poco nos hemos encontrado gracias a internet, yo lo sigo recordando como entonces, como mi amigo de San Jerónimo.   

La excepción del verano

Para una inmensa mayoría de la gente, el verano representa una excepción en la regla rutinaria de sus vidas. Y es que el verano se destina para tomar un descanso y romper con la actividad, remunerada o no, que se desarrolla durante el resto del año. Porque en verano es cuando esa mayoría de gente disfruta de sus merecidas vacaciones. Es cuando se confirma la excepción de la regla. Por eso, regresar de las vacaciones es para muchos dar por finalizada la estación más calurosa, aunque los calores se extiendan mucho más allá del período vacacional: desde mucho antes y hasta mucho después.

La excepcionalidad del verano contiene también la excepción de las vacaciones. Y ambas excepcionalidades, la del verano y la de las vacaciones, terminan con el retorno a la rutina anual, con la vuelta a la normalidad de las obligaciones y los compromisos con los que programamos nuestras agendas vitales. Esa inmensa mayoría de gente recupera la normalidad de sus rutinas con la firme voluntad de volver a disfrutar de otra excepción que rompa la regla de sus vidas el próximo verano.

Son excepciones que nos permiten soportar los engranajes que nos inducen a comportarnos como autómatas en nuestros quehaceres profesionales y sociales, y que determinan nuestro horario desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Excepto durante el período vacacional del verano, en el que nos olvidamos de los relojes y las imposiciones. Tomar vacaciones es, pues, muy importante para la estabilidad física y psicológica con la que debemos afrontar cada año de nuestras vidas, a pesar de que algún cínico neoliberal exprese públicamente que están sobrevaloradas.

El verano es una excepción del año y las vacaciones, la excepción del verano. ¡Benditas excepcionalidades que dan sentido a nuestras rutinarias y mediocres existencias! Quizás por ello esté ahora lamentando el haber vuelto a la normalidad. A mi rutinaria y mediocre normalidad. Y deseando tener otra oportunidad de valorar la excepción del verano. Tal vez, el próximo año.  

Saber leer Don Quijote

He de confesar que, cada vez que lo intentaba, no conseguía terminar la lectura de Don Quijote de la Mancha, la celebérrima novela de Miguel de Cervantes, un clásico de la literatura universal. No podía entender muchas de las palabras del castellano del siglo XII en que está escrita la novela, con su léxico arcaico y complejos usos verbales, ni me apasionaban, salvo algunas, las aventuras que corría tan ingenioso hidalgo, de las que captaba solo la obsesión demencial que empuja al personaje, cual noble caballero, a sus dos salidas para deshacer entuertos y enfrentarse a enemigos imaginarios. No le hallaba la “gracia” a los cuentos del relato. Y se me atragantaba.

Más tarde, conseguí leer la primera parte del Quijote gracias  a la versión actualizada del castellano realizada por el escritor Andrés Trapiello (Ediciones Destino, 2015), con la que pude entender, al fin, en su literalidad la primera frase inicial de la novela: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza, ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor”. Entonces comprendí lo de “lanza en astillero” y ”adarga antigua” (Edición del Instituto Cervantes).

Pero, aun así, seguía sin captar ni el sentido irónico de la novela ni por qué se la considera una obra maestra de Cervantes, ejemplo fundacional del arte novelesco, hasta el extremo de haber influenciado a autores como Melville, Balzac, Joyce, Stendhal, Thomas Mann o Mark Twain, entre otros, quienes, a partir de ella, consolidaron el género literario de la novela como la forma narrativa suprema. Para mí, Don Quijote no era más que una serie de cuentos estrambóticos.

Y no logré aclararme hasta que este verano me sumergí en las luminosas páginas del libro de Antonio Muñoz Molina: “El verano de Cervantes” (Seix Barral, 2025). A él debo que me haya enseñando a leer con ojos nuevos, entrenados a percibir lo esencial, el Don Quijote de Cervantes, impulsándome a retomar, una vez más, la relectura de esa obra universal de nuestra literatura clásica. Y es que soy así de cortito: sin ayuda (sin maestros) soy incapaz de acceder al conocimiento.

De esta forma, como explica Muñoz Molina, he podido considerar la novela de Cervantes como un relato de ficción y una crítica literaria. A valorar la parodia utilizada por su autor para resaltar el contraste entre la realidad y la forma siempre imprecisa de abordarla o apresarla, y percibir cómo satiriza las novelas pastoriles, inventando un género nuevo con el que retrata la sociedad de su tiempo a través de los ojos de un entreverado loco, lleno de lucidos intervalos. No obstante, Don Quijote no adoctrina nunca, pues toda opinión expresada en la novela pertenece a algún personaje y se corresponde con su carácter, su educación y sus peripecias. De ahí que la razón narrativa prevalezca siempre, como afirma Muñoz Molina. O como asegura Fernando Pessoa: todas nuestras opiniones son de otros. 

Además, Antonio Muñoz Molina, con enorme sensibilidad y una prosa cautivadora,  va mezclando su análisis del Quijote con los recuerdos de infancia en el mundo rural de su Úbeda natal y sus primeras lecturas. Descubrimos, así, que leía Don Quijote igual que leía todo lo que cayera en sus manos, hasta los papeles rotos de las calles. Y nos revela que sus lecturas de niño vivificaban la novela que comenzaba a escribir, en la que la propia voz de Cervantes contenía el secreto de lo que iba a estar desde el inicio en el corazón de aquel texto: Después de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido .Es decir, que un libro no se plantea, se engendra, y empieza a hacerlo mucho antes de que el autor lo sepa, en ese espacio de oscuridad y silencio del habla Proust. Y es que, para Muñoz Molina, leer y escribir, además de su afición y oficio, ha sido el refugio literal de supervivencia. Gracias al cual he aprendido a leer Don Quijote de la Mancha. Y se lo agradezco sinceramente.

Descanso

Es costumbre. Hay que descansar, no solo quien escribe sino también los que leen esta bitácora, sean cuantos sean. Porque es conveniente cambiar de aires para poder seguir haciendo lo de siempre, pero con renovado ímpetu. Se trata de cerrar un ciclo para iniciar otro, como hacemos cuando cumplimos años o emprendemos la vuelta al cole, aunque ya ni celebramos cumpleaños ni nos esperan en ningún colegio. Pero así es la vida: una sucesión de ciclos con los que regulamos nuestras rutinas en espacios temporales, imprimiéndoles un sentido progresivo hacia el futuro, la única dirección posible en toda existencia.

Descansar es, pues, coger impulso para seguir adelante. Por esa razón nos tomamos unos días de vacaciones, para que todos –ustedes y yo- descansemos donde podamos o queramos y nos olvidemos momentáneamente de las tribulaciones que nos impone nuestro actual estilo de vida, que consiste en vivir para trabajar. Descansar es, de alguna manera, transformar momentáneamente ese modo de vida por el de vivir –relajado- para disfrutar sin trabajar y en compañía de los seres queridos.

No serán muchos días, solo los suficientes para desconectar y soñar con utopías de mundos felices y pacíficos. Porque de ilusión también se vive, aunque sea fugazmente. Como las vacaciones.  ¡Que tengáis buen descanso!

El thriller de los ovnis

Se ha publicado recientemente un libro que no dejará indiferente a ningún ufólogo, aunque la obra no trate principalmente de ufología, la “ciencia” que estudia los objetos voladores no identificados (ovnis). Unos la leerán con simpatía y agrado; otros, con insatisfacción o rechazo por el retrato con el que describe a esos investigadores de lo desconocido. Pero ninguno, como digo, dejará sin leer el libro, como tampoco hará cualquier lector. El título es bastante explícito: “Ovni 78”, de Wu Ming. Se acaba de publicar -su primera edición es de mayo de este año- por la editorial Anagrama. Pero no es un libro de ovnis. O, mejor dicho, no solo es de ovnis.

Se trata de una novela que mezcla hechos históricos con otros de ficción, acaecidos en la Italia de finales de los 70 del siglo pasado, con los que se elabora una trama en la que el secuestro y asesinato de Aldo Moro, la plaga de la droga que asola a una juventud desencantada con el orden económico y social, el aumento de avistamientos ovnis en aquellos años y un famoso autor de superventas sobre arqueología alienígena o teorías paleocosmonáuticas, entre otros asuntos, sirven para reflejar mediante una narración brillante una época convulsa.

En las páginas del libro aparecen referencias a GIUCAT, un grupo de ufólogos de Turín, la Clipeología, término que designaba el estudio de avistamientos ovnis a lo largo de la historia, Allen J. Rynek, ufólogo norteamericano, la película Encuentros en la tercera fase de Spielberg, el monte Quarzerone y sus misterios, la desaparición de dos excursionistas boy scouts, el terrorismo de las Brigadas Rojas, una antropóloga de la nueva izquierda y hasta un traficante de discos clandestinos. Y todo ello, en algunos capítulos, escrito de manera que recuerda  los informes de los investigadores de ovnis, con ese empeño en clasificar, pormenorizar y exponer unos hechos incomprensibles.

Lo que se consigue, al final, no es una historia disparatada, sino el retrato de una época en la que los ovnis constituyeron uno de sus componentes más representativos y que permitían eludir y evadirse de la vorágine de una realidad asfixiante y, a veces, terrorífica.

Se trata, pues, de una curiosa novela, vasta y coral, que ejemplifica  el modelo narrativo (objetos narrativos no identificados) de Wu Ming, un colectivo boloñés de escritores, que sin duda asombrará, en el buen sentido del término, a los ufólogos, en particular, y a cualquier lector, en general. En mi caso, me distrajo gratamente y no pude evitar sonreír en algunos capítulos que me refrescaron experiencias vividas. Por eso la recomiendo.

Superman: el eterno retorno

De chico yo era adicto a los tebeos de Superman, tal vez por conocer al personaje en las viñetas dominicales del periódico que compraba mi padre y de seguirlo, hipnotizado, en unos episodios televisivos en blanco y negro que hoy a ningún niño engatusarían. Hay que tener en cuenta que el héroe de la capa roja ya venía entreteniendo a los ingenuos desde 1938, cuando el dibujante Joe Shuster y el guionista Jerry Siegel presentaron, en el primer número de la revista Action Comics, al fantástico "hombre de acero", el primer superhéroe de la historia. Y aunque soy un abuelete que peina canas, Superman es aun más viejo. De ahí mis recuerdos imborrables y la curiosidad que siento por las andanzas de un ídolo de mi infancia que volvió a la palestra gracias a la excelente interpretación cinematográfica de Christopher Reeve, el actor que protagonizó el Superman de Richard Donner, en 1978. Desde entonces, no ha dejado periódicamente de revolotear por el imaginario popular, practicando una especie de eterno retorno que actualiza y vulgariza el mito, compitiendo con denodado esfuerzo comercial con la miríada de superhéroes modernos que proceden del universo de Marvel. Pero, de entre todos ellos, sigo prefiriendo a Superman.

Por eso veré la última película, aunque reconozco que sin ningún entusiasmo y más bien por interés arqueológico. Simplemente, por ver cómo se aborda una nueva versión de la historia ficticia de un superviviente de Kripton, un planeta que se desintegró junto al sol que orbitaba, y que había sido enviado por su padre en una nave a la Tierra, siendo un bebé, para salvarlo. La cápsula se estrella en un campo de Kansas, donde los Kent, unos humildes granjeros sin descendencia, lo rescatan y crían como el hijo que nunca tuvieron, inculcándole que utilizara sus poderes para hacer el bien.

Desde antiguo, la mitología nos tiene acostumbrados a dioses parecidos, que encarnan lo bueno, lo bello y lo deseado, capaces de proezas extraordinarias con las que intervienen a menudo, para bien o para mal, en el mundo terrenal y mortal de los humanos. Superman es más sofisticado y, al mismo tiempo, el más simple arquetipo de semidios justiciero que defiende a la humanidad frente al mal que ella misma incuba en su seno, como el pérfido Lex Luthor, cuya inteligencia es tan enorme como su inmoralidad y ambición.

La última versión del mito es la película recién estrenada en los cines del director James Gunn. Al parecer, el film se aleja de los mamporros y los ruidos estruendosos para contarnos  “una historia sobre la amabilidad con la que cualquiera puede sentirse identificado”, según declaró a la revista Variety  Aun no he visto la película, pero temo que vaya a tratar al personaje, para humanizarlo, con las depresiones que contagiaron las últimas apariciones de James Bond o Batman por parte de algunos guionistas con pretensiones .de complejidad psicológica.

Lo que me atrae hoy de la historieta es ese Superman bondadoso, que representa a un inmigrante en un país que actualmente hace batidas para apresar y expulsar cuantos migrantes hayan atravesado ilegalmente sus fronteras. Me divierte pensar cómo se enfrentaría nuestro superhéroe, un inmigrante cósmico, a los desvelos de Trump por detenerlo y repatriarlo bajo amenazas que resultarían hilarantes si no fueran tan arbitrarias, inhumanas, graves e indignas. La realidad es, pues, más distópica que los cómics de Superman. Por eso sirven para desconectar y evadirse, que es lo que haré.  

Corrupción que mata

La corrupción es inaceptable, la cometa quien la cometa, porque es un cáncer que destruye la democracia. Practica corrupción gente avariciosa y sin escrúpulos que no duda en enriquecerse traicionando la confianza que depositaron en ellos, en primer lugar, los votantes y, después, quienes los escogieron para ocupar puestos y desempeñar ocupaciones en la esfera pública. Con su obrar delictivo socaban el principio que hace fuerte a toda democracia: la confianza de los electores en sus representantes elegidos, sin la cual aquellos acaban distanciándose de estos y desinteresándose del mejor sistema posible de configurar la voluntad popular en que se basa todo gobierno democrático.

La corrupción erosiona esa confianza y, a la postre, causa desafección política en los ciudadanos, favoreciendo que unos pocos decidan por todos, lo que abre las puertas a quienes están interesados, precisamente, en destruir desde dentro la propia democracia. Por ello, la corrupción es un cáncer para la democracia al que hay que combatir con determinación y presteza, de manera contundente y sin demora, caiga quien caiga, sean afines o adversarios. Sin miramientos porque el corrupto no tiene amigos ni ideología, sino egoísmo y deslealtad bajo cualquier máscara con la que se disfrace.

Pero no solo hay que evitar la rapiña de esos avariciosos que meten mano en el dinero de todos para su lucro personal o partidario, sino también la mediocridad, estulticia, negligencia e ineptitud de quienes, por su irresponsabilidad, se derivan consecuencias letales para los administrados, para la gente que confió en su solvencia y capacitación. Porque esa deplorable gestión de lo público también alimenta el cáncer que corrompe las instituciones y los gobiernos. Es una corrupción que mata.

Caso paradigmático es el de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad de Valencia, cuya poco aclarada conducta y su total desvergüenza contribuyeron a agravar la tragedia de la DANA, aquellas tormentas e inundaciones que provocaron más de 200 muertos en una población a la que no se le avisó a tiempo del peligro que corría, además de ingentes daños materiales en viviendas e infraestructuras. El president estuvo ilocalizable durante lo peor de la tragedia, cuando los muertos ya se acumulaban en los barrancos, sin asumir personalmente las competencias de su cargo para la gestión de la crisis. Nadie sabe todavía lo que hizo durante ese tiempo ausente. Le llueven los indicios penales que esquiva por su condición de aforado mientras reparte culpas a doquier, aun a costa de desprestigiar la democracia. Si la tuviera, en su conciencia carga con las víctimas evitables de la DANA.

Sin embargo, su proceder cuenta con antecedentes en otro gobierno del mismo partido, también en Valencia. Se trata de la catástrofe producida por el descarrilamiento del Metro de Valencia, en julio de 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos. Enfrascados en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, que se produciría cinco días más tarde, los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento trataron de pasar de puntillas sobre la tragedia, descargando toda la culpa a un error humano, al del maquinista que murió en el accidente. Y, como con la DANA, aquellos responsables políticos no asumieron su responsabilidad ni recibieron a los familiares de las víctimas. Se limitaron a echar las culpas a otros. Catorce años más tarde, cuatro directivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) fueron condenados a 22 meses de cárcel y tres años de inhabilitación. Una sentencia que, por supuesto, llegó demasiado tarde y tras movilizaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, que acudió incluso al Parlamento europeo en busca de respaldo, como han vuelto a hacer los afectados por la DANA. La negligencia de los responsables de que los servicios públicos sean seguros y funcionen correctamente ha causado daños letales entre los usuarios. No es casualidad que Francisco Camps y Rita Barberá estuvieran involucrados, además, en diversos casos de corrupción. Ni ellos ni nadie se han dignado a pedir perdón a la ciudadanía por una tragedia, otra más, evitable.

Un descarrilamiento por falta de seguridad adecuada, unido al despiste de un maquinista, se repetiría en otro accidente, el del tren Alvia, en Galicia, causando 80 muertos y 144 heridos, otro julio fatídico de 2013.  Sólo después de 11 años de investigación judicial, una sentencia hallaba culpables al maquinista del tren y a un exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif (la empresa estatal que administra las infraestructuras ferroviarias), condenados por negligencia y por la ausencia de medidas que mitiguen el riesgo, que -¡mira por dónde!-  figuraban en el proyecto del trazado. Y es que aquellos kilómetros finales de la línea carecían del sistema automático de frenado con el que cuenta el resto del trayecto, lo que dejaba sin protección al tren en caso de que, por cualquier circunstancia, el maquinista no atendiese las obligaciones de velocidad máxima del cuadro de mandos. Y todo por “ahorrar” en una inversión que era prioritario inaugurar cuanto antes. Otra decisión política negligente con resultado de muerte.

Como en Madrid, donde se dejó morir a 7.291 ancianos sin asistencia médica en sus residencias por un Protocolo elaborado por el gobierno de la Comunidad, durante la pasada pandemia, que por razones de edad les negaba el traslado a hospitales públicos. Es así como Madrid tiene el triste honor de contar con el índice más alto de mortalidad por la pandemia de España. Y su presidenta, también del mismo partido que los casos citados anteriormente, culpabiliza de ello a las autoridades nacionales por coartar libertades al imponer medidas de confinamiento sanitario a la población, como hizo el resto de países que siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. La desvergüenza ideológica (los ancianos que tenían seguros privados podían acudir a sus hospitales privados), unida a la mediocridad intelectual, derivó en consecuencias funestas para la gente. Aun así, la irresponsable política permanece en el cargo sin que se le caiga la cara de vergüenza y sin que le moleste el ruido de la corrupción que emite su entorno de allegados.

Negligencias e intereses opacos que acaban desembocando en tragedia, como la sucedida con el avión Yakovlev 42,  fletado a través de una cadena de subcontratas por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo, casualmente del mismo partido que los anteriores, y que se estrelló en la costa norte de Turquía de regreso de Kabul, con 75 personas muertas, 62 de las cuales eran militares españoles. Fue la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas de nuestro país en tiempos de paz, producida un nefasto día de mayo de 2003. Pero lo vomitivo vendría después, cuando se quiso parecer diligente con los familiares de las víctimas y se les entregaron cuerpos sin identificar o confundidos por las prisas. Sólo tres militares fueron condenados en 2009, de los cuales uno se libró de la cárcel por enfermedad y dos acabaron indultados por el Gobierno de Rajoy, ante el estupor de los afectados. Una vez más, una corrupción que mata.

Corrupción que obedece a cuestionables decisiones políticas asumidas a espaldas del interés general por la debilidad moral e intelectual de algunos responsables políticos, como la que nos embarcó, basándose en mentiras, en una guerra ilegal en Irak, en 2003, y que causaría miles de muertos en aquel país. Es una forma de corromper la democracia que condena a muerte a ciudadanos indefensos e inocentes, en este caso iraquíes, pero también del contingente español enviado al país. Y a los que se les ha hurtado toda explicación y disculpas. Peor aun, se les ha tratado de manipular electoralmente con trágicas alusiones y mentiras, como pretendió el mismo político que decidió ir a la guerra  cuando intentó atribuir los atentados yihadistas del 11 M a ETA, lo que beneficiaba electoralmente a su partido en el Gobierno. En aquellos atentados, provocados por terroristas islámicos por nuestra participación en la guerra de Irak, fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas.

Jamás el dirigente que nos involucró en una guerra ilegal se ha dignado a pedir perdón a los españoles, como hicieron otros mandatarios de la tristemente foto de las Azores, a pesar de conocer el resultado del Informe Chilcot –una investigación oficial del Reino Unido- que concluyó que “Blair y Aznar acordaron la necesidad de desarrollar una estrategia de comunicación que mostrara que habían hecho todo lo posible para evitar la guerra”. Es más, Aznar llegó incluso a negar que España mandase soldados a aquella guerra, cuando alrededor de 2.600 soldados españoles fueron desplegados en Irak entre 2003 y 2004, de los que 11 perdieron la vida, junto a dos periodistas (Julio Anguita Parrado y José Couso) de cuyos asesinatos no se ha podido hacer justicia. Otro tipo de corrupción política que manipula la verdad y vuelve a ocasionar muertes.

Ninguna corrupción es tolerable, pero la que atenta contra la vida de las personas es aun más deleznable, aunque aparentemente no afecte al dinero público. Compañeros o colaboradores de los que protagonizaron corrupción letal se han visto envueltos posteriormente en cambalaches de corrupción económica, como Jaume Matas, Eduardo Zaplana. Rodrigo Rato, Luis Bárcenas y otros, pagando incluso penas de cárcel. Otros, sin embargo, han tenido más suerte, como Ana Botella, la mujer de Aznar, que vendió como alcaldesa de Madrid viviendas sociales a un fondo buitre donde trabajaba su hijo, sin sufrir ningún reproche por ello.

Y es que hay corrupción y corrupción, depende del cristal con que se mire. Pero todas son igual de repudiables. Máxime si matan.

¿Cuál es el problema con Irán?

Israel y su aliado protector Estados Unidos han decidido que Irán no puede dotarse de bombas atómicas bajo ningún concepto, ya que ello significaría una amenaza grave para región. Para Israel, que dispone de armamento nuclear, se trata de una cuestión existencial de seguridad, como aduce cada vez que ataca instalaciones o asesina a científicos del programa nuclear iraní. Así, ambos socios llevan años advirtiendo a Teherán de que se abstenga de proseguir los pasos para fabricar la bomba nuclear, advertencias que se sustancian, unas veces, en negociaciones diplomáticas y otras, en el recurso a la fuerza.

Como en estos días. La impaciencia –y las ganas de que apartemos los ojos de Gaza- ha llevado a Israel, en una acción sin duda concertada con el impulsivo presidente norteamericano, a emprender una incursión aérea para aniquilar con bombas el liderazgo militar y científico iraní y destruir, de paso, las defensas antiaéreas del país para que, acto seguido, EE UU lanzase sus bombas antibúnker de 13 toneladas, con precisión quirúrgica, contra objetivos nucleares ocultos o bien protegidos. De esta forma han destruido todas las instalaciones conocidas, incluida la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, construida a unos 800 metros bajo tierra, debajo de una montaña, lo que la hacía invulnerable a las bombas convencionales. En conclusión: Israel ha iniciado una guerra express de 12 días que ha causado más de 600 iraníes y cerca de 30 israelíes muertos, aparte de numerosos daños materiales en Irán, sobre todo..  

Es la manera que tiene EE UU, el único país que ha hecho uso de bombas atómicas contra las ciudades japonesas de  Hiroshima y Nagasaki en 1945, de decidir quién puede tener acceso a armamento nuclear, independientemente de las intenciones ofensivas o defensivas que se alberguen para ello y aunque se suscriba el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), como han hecho EE UU, Rusia, China, Reino Unido y Francia, permitiendo las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. A Irán se le niega ese derecho con el que podría disuadir futuros ataques israelíes. Al parecer, este es en realidad el verdadero peligro que quita el sueño a un Israel amparado por la superpotencia mundial.

No obstante, ese acto ilegal de atacar militarmente al país, sin autorización de la ONU ni del Congreso de EE UU, no disuadirá a Irán de conseguir la bomba nuclear de forma secreta, viéndose obligado a retirarse del Tratado de No Proliferación que para poco le ha servido. Seguirá el ejemplo que le brindan India, Paquistán, Corea del Norte y el propio Israel de disponer armas nucleares y no firmar el TNP, sin que por ello hayan sido castigados ni atacados. Y porque la finalidad del ataque al programa nuclear iraní parece obedecer a otras razones. No hay que olvidar que Irán, que tiene una gran riqueza de recursos energéticos, es una potencia emergente en una región en la que disputa liderazgo religioso y político a Arabia Saudita y Qatar, además de Israel, todos aliados de EE UU. De ahí que impedirle el acceso a armamento nuclear resulte solo la excusa para debilitar a Irán y frenar su influencia en el mundo islámico de Oriente Próximo. Si no, no se explica tanta beligerancia.

Y es que, por si fuera poco, Irán es el único país que confronta con Israel en su conflicto con los palestinos y el que rechazó en su tiempo el plan de partición de Palestina de la ONU. Desde entonces presta ayuda económica y militar a la causa palestina. No perdona que Israel se fundara sobre territorio palestino, provocando la expulsión de cientos de miles de personas en un proceso de limpieza étnica conocido como la Nakba (catástrofe en árabe). Ello explica la ojeriza y el “peligro existencial” que tiene para Israel y sus dirigentes más intolerantes, como Netanyahu.

Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ambos países eran “amigos” e Israel se beneficiaba del petróleo barato iraní. Fue cuando, en plena Guerra fría, EE UU y Reino Unido propiciaron un golpe de Estado que instauró el régimen del shah Reza Palhavi, convirtiendo a Irán en aliado del bloque occidental. Pero la revolución del ayatolá Jomeini de 1979 rompió esa dependencia  de EE UU y estableció una política de confrontación con Israel, armando a las milicias que combaten la ocupación israelí de los territorios palestinos. Ese es el origen de la rivalidad y desconfianza que enfrenta a ambos países.

Si de verdad se pretendiera la no proliferación de armas nucleares, los que poseen más del 95 por cientos de todas ellas, EE UU y Rusia, empezarían por acordar una reducción sustancial de un arsenal que se estima en más de 22.000 ojivas, suficientes para provocar 100.000 hiroshimas. Y luego obligarían, a los países que disponen de armas nucleares y se niegan a firmar el tratado, a suscribirlo y permitir las inspecciones periódicas de sus arsenales para controlarlos y reducirlos.       

Israel se niega a reconocer que posee armas atómicas y a adherirse al TNP. Irán no ha ocultado que desarrolla un programa nuclear desde la década de 1950, bajo el paraguas del programa Átomos para la Paz de la ONU. Cuando surgieron sospechas de que podría aprovechar ese programa para fabricar bombas atómicas, suscribió el TNP y aceptó un acuerdo con Obama sobre un Plan de Acción Integral Conjunto, avalado por Francia, Alemania, Reino Unido y Rusia, a cambio de suavizar las restricciones económicas que se le habían impuesto. Fue precisamente Donald Trump, en su primer mandato, quien abandonó unilateralmente dicho acuerdo para ahora atacar con bombas, en plan justiciero, un país al que acusa de fomentar el terrorismo en la región y al que Israel le gustaría borrar del mapa.

Lo de menos es, pues, que irán desarrolle un programa de energía nuclear, ni siquiera que ambicione dotarse de armamento nuclear para ser temido y respetado por su gran enemigo, Israel. Lo relevante es la obsesión de Israel por impedir que ningún país de su entorno, árabe o no, pueda alcanzar tal grado de poder económico y militar con el que pueda desafiarlo de igual a igual. Si Israel acatara las resoluciones de la ONU, permitiera la coexistencia de un Estado palestino independiente y soberano y se rigiera por el respeto a la legalidad internacional, el polvorín de Oriente Próximo no tendría razón de ser y reinaría la paz y la seguridad. Pero a Israel no le interesa. Y a Netanyahu mucho menos. Ese es el problema.       

Tiempos criminales

Años y décadas intentando construir un mundo en el que las relaciones entre los países estuvieran reguladas por convenciones, tratados, normas y leyes asumidas por todos, a partir del respeto a la soberanía de los Estados en condiciones de igualdad -lo que conocemos por legalidad o Derecho Internacional-, parece no servir de mucho en la actualidad. Antes al contrario, son continuas las violaciones que se comenten hoy en día contra el Derecho Internacional que afectan a la seguridad, independencia y soberanía de algunos países, ante la indiferencia o escasa reacción del resto de naciones y la incapacidad de los organismos que debían garantizar y defender el  cumplimiento de esa legalidad internacional, como son la ONU, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y hasta la OMS, entre otros, sin que nadie se alarme por ello.

Intereses políticos o ambiciones territoriales, económicas o comerciales de Estados muy poderosos son, por lo común, los motivos por los que aquel orden internacional laboriosamente trabajado está siendo sustituido por la ley del más fuerte, tanto a nivel nacional como en el plano internacional. El matonismo más descarado y las actuaciones decididamente ilegales o arbitrarias definen los actuales como tiempos criminales, en los que ni las Constituciones ni los Derechos Humanos son capaces de frenar los ánimos violentos de los agresores.

Es lo que explica, por ejemplo, que Israel entienda como “derecho de defensa” el genocidio que está practicando en la Franja de Gaza, bombardeando inmisericordemente a una población acorralada entre edificios en ruinas y sin posibilidad de escapar a ningún lugar seguro.  De hecho bombardea hospitales, escuelas y campos de refugiados con el pretexto de que entre los civiles podía esconderse algún elemento considerado terrorista por el agresor. Tras arrasar completamente el enclave, la acción en “defensa propia” de Israel, que aun continúa, ha causado cerca de 60.000 ciudadanos gazatíes muertos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, una cifra –superior a los 8.000 bosnios asesinados por las milicias serbias en Srebrenica- que delata la crueldad de lo que no es más que una venganza criminal por los 1.200 israelíes asesinados en el atentado perpetrado por la organización terrorista de Hamás de hace dos años.

El ánimo que impulsa semejante masacre no es defensivo sino genocida, de aniquilar completamente a la población palestina de un territorio que ya reconoce abiertamente querer anexionar a un Israel habitado exclusivamente por judíos, contraviniendo la resolución de la ONU que propugna la solución de los dos Estados; es decir, un Estado palestino separado del Estado de Israel.

Y es ese mismo ánimo el que mueve al Ejército hebreo a  disparar, incluso, contra la multitud que se agolpa ante los puntos de ayuda humanitaria en busca de comida. Según la Fundación Humanitaria para Gaza, han muerto ya cerca de 400 personas por disparos del Ejército israelí y más de 3.000 los heridos entre civiles hambrientos, desesperados y, sobre todo, inocentes. Y se hace con total impunidad ante los ojos del mundo entero y violando cuantas leyes y convenciones lo impiden y debieran sancionarlo.

Se trata de la idéntica actitud de menosprecio al orden internacional que exhibe el mandatario del Kremlin, Vladimir Putin, cuando decide invadir militarmente un país soberano y vecino, como es Ucrania, para resolver manu militari las diferencias y desacuerdos que les enfrentan, en vez de hacer uso de las vías pacíficas y diplomáticas convenientes para ello. Prefiere desatar, mejor, una guerra sin sentido por el mero hecho de creer poder hacer lo que la fuerza le permite y que nadie es capaz de impedir, sin importarle tratados, acuerdos, normas y leyes que amparan la independencia y soberanía de los Estados. Se anexiona, así, por la fuerza territorios (la península de Crimea y las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) y bombardea ciudades e instalaciones civiles que no constituyen objetivo militar alguno, cometiendo multitud de crímenes de guerra en los territorios ucranianos ocupados.

Ni el Derecho Internacional Humanitario, ni la Carta de Naciones Unidas, ni el Estatuto de Roma ni la Convención de Ginebra permiten el ataque o invasión de un Estado por parte de las fuerzas armadas de otro Estado, ni que se produzcan ataques deliberados contra objetivos civiles, como hospitales y comercios, o contra infraestructuras energéticas y zonas ampliamente pobladas. Las leyes también prohíben el secuestro, la tortura y el asesinato de civiles, las deportaciones forzadas, incluidas las de niños, y el asesinato y tortura de prisioneros de guerra. Sin embargo, se hace tabla rasa de esa legalidad en la ilegal invasión rusa de Ucrania sin que la presión internacional, las insuficientes ayudas al atacado o las sanciones económicas hayan servido para que Rusia acate la legalidad y se atenga al Derecho Internacional en la resolución de sus discrepancias con su vecina Ucrania, antigua república soviética de la URSS. Aquel orden racional que preservaba las relaciones pacíficas y el diálogo entre las naciones está siendo dinamitado por los que prefieren aplicar la ley del más fuerte, tal como evidencia Rusia en Ucrania. Y no se trata de una excepción, sino que es la norma de los tiempos que nos han tocado vivir.

No es de extrañar, por tanto, que se quiera obligar a cualquier país a amoldarse a las exigencias e intereses de los Estados poderosos, aquellos que deciden unilateralmente los límites del desarrollo económico y defensivo de los que consideran peligrosos, ya sea económica o estratégicamente. Es lo que persigue Israel, otra vez, cuando lanza un ataque aéreo contra Irán con el objetivo, asegura, de destruir enclaves nucleares de la República Islámica. El Gobierno israelí afirma haber eliminado a “nueve científicos y expertos de alto nivel” en lo que califica, en vez de asesinato, como “un duro golpe a la capacidad del régimen iraní para adquirir armas de destrucción masiva”. ¿Y quién es Israel para condenar a muerte a civiles extranjeros y obstaculizar el desarrollo nuclear de otro país?

No quiere que nadie sea tan fuerte como él en la región. Israel posee la bomba atómica desde finales de la década de 1970, aunque mantiene una política de ambigüedad –ni confirma ni desmiente- sobre su existencia. Pero no han atacado solo a la capacidad iraní para desarrollar su programa nuclear, sino también a la sede de la Policía, la dirección de espionaje de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria y la cadena estatal de televisión. Es decir, no ha sido un mero ataque preventivo, como ya hiciera hace años contra una central nuclear de Irak, sino una agresión directa que vulnera el consenso internacional y el derecho que rige las relaciones entre países. Y sin que Irán hubiera emprendido ninguna acción militar previa contra Israel y se hallaba en plenas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

Son tiempos canallas en que los matones se ayudan entre sí. Donald Trump, el impresentable presidente del país que suministra el armamento que utiliza Israel, ha amenazado con matar a Alí Jamenei, líder supremo de la teocracia iraní, con estas palabras: “Sabemos dónde se esconde y se nos agota la paciencia”. Y subrayó la amenaza aclarando que lo busca es la “rendición total” por parte de Irán. Es decir, obligar a un país a claudicar de su autonomía soberana a diseñar su propio futuro, algo que es percibido como una amenaza por parte de otros Estados sumamente poderosos.

Por eso se hacen guerras sin declarar, se derriban regímenes de manera violenta y se violan leyes y cuantas normas sean necesarias por turbios intereses de quienes se creen capacitados para imponer su voluntad por la fuerza y no gracias a la fuerza de la razón y la legalidad.

Comportamientos de países que vienen precedidos por las actitudes de sus gobernantes. De ahí que el autoritarismo, primer síntoma de un fascismo latente, sea una característica de esos comportamientos imperialistas y del autoritarismo que engalana a algunos personajes que se creen por encima de leyes y usos convenidos, como Netanyahu en Israel, Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos y otros de su calaña.

Algo grave está sucediendo con la destrucción del antiguo Orden Internacional cuando lo que emerge son líderes autoritarios y cínicos que no dudan en reprimir cualquier discrepancia y en normalizar la violencia. Y más grave aun cuando eso sucede en Estados Unidos, una democracia forjada con la intención de impedir el poder absoluto de los reyes, que está siendo corroída por mandatarios como Donald Trump, quien amenaza a todo el que ose contradecirle.

Ya no solo persigue a migrantes para expulsarlos del país sin que ningún juez medie en el proceso, sino también a periodistas, estudiantes, universidades, manifestantes y todos aquellos que no secunden y aplaudan sus decisiones; es decir, a los que no piensan como los MAGA, su doctrina. Y como Jefe de la violencia ejercida desde el poder,  ordena a agentes federales a detener a un representante público en un edificio oficial por pedir la orden de arresto y cuestionar sus políticas. Es lo que hizo anteriormente con un senador por california que también había sido apresado y tratado brutalmente por querer intervenir en una rueda de prensa para denunciar la militarización de Los Ángeles a causa de las redadas masivas contra inmigrantes.

Tal ambiente de autoritarismo y de violencia verbal y policial desencadena actitudes letales entre fanáticos que creen que todo está permitido. No es de extrañar, pues, que hayan sido asesinados en Minnesota una congresista demócrata y su marido, al tiempo que han resultado heridos un senador local y su esposa. Es indudable que tales actos los cometen desequilibrados que piensan que están luchando en favor de quien tolera una violencia justificada, como la que ejercieron los que asaltaron el Capitolio y fueron finalmente indultados por Trump nada más llegar a la Casa Blanca.

Estas actitudes de matonismo y de patente desprecio de la legalidad es lo que convierte estos tiempos actuales en criminales. Y algo habrá que hacer por corregirlo.

¡Por fin, un caso de corrupción!

Han hallado, por fin, un caso de corrupción que afecta al Gobierno que había prometido acabar, precisamente, con la corrupción y que accedió al poder tras la condena por corrupción, a título lucrativo, del partido que sustentaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desde aquella moción de censura que la apeó del machito de forma inesperada -la primera vez en democracia que eso sucedía-, la derecha no ha cejado en buscar o inventar motivos con los  que acusar al Gobierno socialista de toda clase de males y desgracias inimaginables. Así, desde el primer día, hasta hoy.

En un principio se aludió a que los socialistas no habían ganado las elecciones porque no fueron el partido más votado. Luego, que ese Gobierno había traicionado a la patria por aliarse con formaciones nacionalistas y soberanistas, de izquierdas y de derechas,  representadas legalmente en el Parlamento. Posteriormente, se acusó al Gobierno progresista de haber comprado tales apoyos parlamentarios mediante una amnistía a los condenados por el procés catalán. Incluso sostuvieron que era el Gobierno el que mantenía secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, impidiendo su renovación tras más de un lustro con el mandato caducado. Y que, en fin, después de varias elecciones generales, el Gobierno seguía siendo ilegítimo, indigno, dictatorial e inmoral por “okupar” un poder que la derecha considera suyo. Y descarga la culpa de ello a la ambición patológica del presidente, Pedro Sánchez, por su afán de permanecer en el Gobierno a cualquier precio. De ahí que califique peyorativamente de sanchismo a los sucesivos gobiernos que el Partido Socialista Obrero Español ha formado en coalición con Podemos y Sumar. Y esa es la razón de que, a  dos por año, la derecha haya convocado multitudinarias manifestaciones y concentraciones callejeras para exigir ruidosamente la dimisión del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.

También, al principio, se esgrimió que el líder conservador no gobernaba porque no quería, aunque no consiguiera, como intentó en el debate de investidura, el refrendo mayoritario de la Cámara. Y que no estaba dispuesto a gobernar como sea, a pesar de contar con el apoyo insuficiente de la extrema derecha, con la que ya había pactado gobiernos en muchas comunidades autónomas. Al mismo tiempo, se empeñó en denunciar que la economía y el país iban de mal en peor, aunque los datos macroeconómicos, las cifras del paro y otras magnitudes socioeconómicas reflejasen cosa distinta. Su catastrofismo no se correspondía con la realidad. Y cuando ni los más negros augurios sirvieron para desbancar al inquilino de La Moncloa, la derecha comenzó a  hacer uso de la imaginería de las insinuaciones, las acusaciones sin pruebas, las informaciones incompletas, las mentiras ramplonas y los bulos para poder armar una opinión pública contraria al Gobierno y convencerla  de la necesidad de nuevas elecciones. Se acostumbró, desde entonces, a utilizar como munición política las acusaciones falsas o sin demostrar.  

La cosa empezó pronto. Nada más ser elegido secretario general del PSOE, la derecha inicia una campaña de acoso y derribo contra Pedro Sánchez, en la que atacaba incluso a su entorno personal. Fue cuando un excomisario, famoso por sus grabaciones de extorsión, afirmó que un negocio de sauna del padre de su mujer había sido utilizado en operaciones policiales. Los medios afines recogieron las insinuaciones del comisario con el siguiente titular: “El suegro de Pedro Sánchez y la prostitución gay”.

Esa campaña de desprestigio aumentó de intensidad cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Los tiros apuntaron entonces a su esposa, Begoña Gómez, una mujer que ha seguido ejerciendo su actividad profesional, sin limitarse a ser simplemente la esposa del presidente del Gobierno, con una trayectoria de años al frente del África Center del Instituto de Empresa, una universidad privada. El pseudosindicato Manos Limpias la acusó de presuntos delitos de influencias y corrupción privada por haber firmado una serie de cartas de recomendación a favor del empresario y codirector de la cátedra que ella dirigía. A los dos días se personaron en el caso, como acusación personal, la organización Hazte Oír y el partido Vox, ambos de extrema derecha.  También la vincularon con el rescate de la compañía Air Europa. Todo está por ver.  

Paralelamente, las acusaciones de la derecha enfilaron al hermano del presidente, David Sánchez, también conocido en el ámbito musical como David Azagra. Denunciaron que su contrato con la Diputación de Badajoz para ocupar la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, plaza posteriormente denominada como Jefe de la Oficina de Artesa Escénicas, era ilegal. La denuncia partió, otra vez, de Manos Limpias por supuestamente incumplir los requisitos legales para el acceso a empleos públicos. También se personaron en el caso Vox y el Partido Popular, representantes de la extrema derecha y la derecha extrema, respectivamente. Con semejante presión mediática, política y judicial, el acusado decidió presentar su dimisión, lo que no evita que el asunto siga dando vueltas por los juzgados.

Y es que, por debilitar al Gobierno, se ha denunciado, incluso, al Fiscal General del Estado de haber filtrado a la prensa datos secretos sobre un investigado por Hacienda a causa de un fraude admitido por el propio defraudador, quien resulta ser, casualmente, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la líder conservadora que con mayor ahínco confronta con el Gobierno. Un caso más para esa derecha que siempre ha considerado que el Gobierno surgido por una mayoría parlamentaria no era legítimo.

Sin embargo, nada de lo anterior ha sido eficaz para los objetivos de la derecha, hasta que, por fin, se ha descubierto un verdadero caso gravísimo de corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno, y podría definitivamente tumbar al Gobierno.

Una corrupción que, como todas, se vale de adjudicaciones públicas para favorecer a determinadas empresas que, en contrapartida, reparten sustanciosas comisiones, llamadas vulgarmente “mordidas”, a sus benefactores políticos. Todas las tramas de corrupción conocidas en este país se basan en el mismo método de detraer fondos públicos para enriquecer bolsillos o intereses privados, llámense Gürtel, Púnica, los Eres, Zaplana, Bárcenas, Ábalos o Koldo, etc. Antes de la democracia, la corrupción era la norma. Con la democracia es la excepción, pero continúa existiendo, aparte de las avaricias individuales, porque es una forma de financiación ilegal de partidos políticos que confunden la Administración pública con su chiringuito particular.

Desgraciadamente, es lo que ha vuelto a suceder bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y lo que podría malograr su continuidad al frente del partido y del Gobierno. Porque es la guinda que le faltaba a sus opositores para abatirlo y conseguir el adelanto de las elecciones, esta vez sin mentiras, bulos o denuncias falsas. Si así fuera, el Gobierno caerá por deméritos propios y no por méritos de sus adversarios. Pero también por ignorar la ilusión, la confianza y las convicciones de cuantos creyeron en su ejemplaridad y votaron sus siglas. Votantes y simpatizantes que hoy sienten vergüenza por ver al Gobierno que iba acabar con la corrupción cometiendo el mismo pecado que decía combatir. Una vergüenza que ruboriza el rostro de quien escucha las grabaciones entre el secretario de organización del PSOE (Cerdán) , un exministro (Ábalos) y su chófer (Koldo)  para repartirse “mordidas” y “colocar” amigas y amantes en empresas públicas. Provocan náuseas.

Lo triste del caso es que esas “prácticas corruptas siguieran creciendo al amparo de la defensa incondicional de los gobernantes y los dirigentes del PSOE hecha por sus seguidores y electores”, como escribió en 1994 Javier Pradera y cita Jordi Amat en su columna de El País. Porque es triste y preocupante esa frustración y desengaño que la corrupción provoca en quienes confiaron en un Gobierno que quiso simbolizar la honradez y la transparencia en su gestión y que ha aprobado leyes tan relevantes como la del aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, la de protección a la infancia, la reforma laboral que incentiva el contrato indefinido, la del cambio climático, contra la violencia machista, la de libertad sexual, la reforma de la educación y la formación profesional, la actualización de las pensiones y un largo etcétera de materias progresistas de izquierdas que corregían desigualdades y ampliaban derechos en nuestra sociedad.

Todas esas ilusiones y esperanzas han sido barridas de las expectativas de los ciudadanos que confiaron en un Gobierno que ha sufrido una cacería salvaje para derribarlo desde el primer minuto y que él solo se ha puesto en la diana para ser abatido por corrupción.  A menos que adopte medidas drásticas y ejemplarizantes contra los corruptos y los corruptores. Y que  acometa de verdad esa prometida regeneración democrática de nuestro sistema político y dirima responsabilidades sin importar quien caiga. Y ello es posible porque la ausencia de menciones a Pedro Sánchez en esas grabaciones brinda la posibilidad de enarbolar su inocencia y resarcirse del golpe a su credibilidad y honestidad. Todavía, que se sepa, su nombre no ha aparecido como antes sí lo hacía un tal M.Rajoy. Y por eso cayó. ¿Caerá también Sánchez?     

Las izquierdas en España (y VI)

De la dictadura de Franco a la Transición

Este generoso –por extenso- resumen del libro Historia de las izquierdas en España acaba (el resumen, no el libro que continúa hasta la aparición de Podemos en 2014) en la Transición, no sin antes contemplar cómo la Guerra Civil (1936-1039) -que hizo del asesinato del adversario la solución política- y la Dictadura consiguiente del general Francisco Franco -con la represión como cimiento del régimen- destruyeron no solo el proceso reformista de la República, sino que silenció (prohibió, encarceló, fusiló y forzó al exilio) cualquier voz que viniera de las izquierdas, las cuales sufrieron el mayor desastre institucional y organizativo, también personal, con un coste terrible en vidas.

Hay que señalar que el golpe de Estado no triunfó en las más importantes ciudades, pues había fracasado (no fue seguido) a la semana de producirse. Su éxito fue posible por la ayuda en bombarderos, cazas y aviones de transporte que Hitler envió a Marruecos el 26 de julio y los cazabombarderos que Mussolini facilitó el día 30 del mismo mes. Franco pudo así organizar un puente aéreo para desembarcar en la Península tropas de vanguardia, los legionarios y los regulares (decenas de miles de marroquíes alistados forzosamente). Esta intervención militar de las potencias fascistas, que marcó un punto de no retorno en la guerra, no se correspondió con ayudas a la República, a la que abandonaron sin apoyos internacionales ni resortes para lograrlos las potencias democráticas que decidieron no intervenir. Esta falta de apoyos a la República benefició sin duda a los sublevados para sobrevivir militar y políticamente.

En la zona dominada por los rebeldes se implantó de modo sangriento la contrarrevolución y la restauración del orden social de los propietarios, se fusiló y persiguió con un plan de limpieza de cuantos fueran considerados agentes o cómplices del régimen republicano. Semejante brutalidad conseguía, además, inculcar el miedo al resto de la población para que no tuviera la tentación de oponerse. Por su parte, la Iglesia bendijo a los sublevados en una guerra que catalogaron como “cruzada”. Nunca en la historia de España se había producido una ruptura tan sangrienta de la convivencia social

Comenzó así una etapa impensable para las izquierdas, pues fueron borradas del mapa político de la España franquista. Tras la Guerra Civil, se implantó una dictadura que hizo enmudecer a la sociedad española: la represión, el miedo a la muerte y a la cárcel marcaron la vida en toda España. Si desde el primer día se inició la cacería y asesinato de cuantos pudiesen ser partidarios de la República, sin piedad ni para los compañeros de armas que dudaron, tampoco la hubo al terminar la guerra.

Se suprimieron todas las conquistas alcanzadas con la República, se impuso un sindicalismo vertical controlado por los falangistas, se abolieron todas las libertades y toda la población quedó sometida a un régimen cuartelero. Terminó la guerra con “vencedores entregados a la venganza”. La Falange de José Antonio Primo de Rivera fue el partido escogido para gobernar un régimen de partido único. Ese nuevo régimen se autodenominó como “democracia orgánica”, un sistema que basaba su representatividad en la familia, el municipio y el sindicato, pero sin permitir la libertad de asociación. Consideraba que los partidos políticos eran “construcciones artificiales que solo sirven para dividir y enfrentar a la sociedad”.

Ante tan negro panorama, los vencidos que lograron traspasar las fronteras, más de medio millón de personas, comenzaron en el exilio a tejer fórmulas para combatir y derrocar la dictadura, siempre entre disputas y desavenencias entre las principales fuerzas políticas. Un exilio de unas izquierdas que, plurales en sus ideologías, no quebró sus esperanzas en una sociedad más justa, como se manifestó en la diversidad de prácticas culturales que desplegaron en cada país, desde la Unión Soviética hasta Argentina, pasando por México y Francia, incluida Argelia, entonces bajo domino francés.

Nunca se derrocó la dictadura, que duró cuarenta años. Se dice pronto. Solo se pudo superar tras el fallecimiento, por muerte natural, del dictador el 20 de noviembre de 1975, quien en 1969 había designado a Juan Carlos de Borbón sucesor de su régimen como rey. Con el advenimiento de la monarquía de Juan Carlos I comienza la denominada Transición a la democracia.  La muerte del dictador condicionó la vida política, pero los cambios ocurridos en las izquierdas se gestaron desde dos décadas antes: la hegemonía del PCE y PSUC (comunistas catalanes) en la oposición a la dictadura; la decadencia de los partidos republicanos en el exilio, salvo Esquerra Republicana de Cataluña; el eclipse del anarquismo; el nacimiento de un nuevo sindicalismo, representado por Comisiones Obreras; el ascenso del PSOE por mandato electoral; y el terror de ETA.

Y es que las experiencias concretas de lucha contra la dictadura fueron cruciales para unas izquierdas que sufrieron escisiones e, incluso, algunas desaparecieron, como sucedió con los tradicionales partidos democrático-republicanos que, desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda República, habían enarbolado libertades, derechos y reformas modernizadoras que ahora se convirtieron en el programa tanto del PCE-PSUC como del PSOE. Por eso, fueron los comunistas y socialistas los que enfatizaron la necesidad de incluir tales principios en el texto constitucional de 1978.

La realidad de España también había cambiado, pues se enganchó al extraordinario proceso de expansión capitalista que vivían las democracias de la Europa occidental. En las décadas de 1950 y 1969 se produjo el movimiento migratorio más trascendente de la historia de una España que pasó de ser agraria a convertirse en irreversiblemente urbana, gracias a la industrialización y los servicios. De Europa llegó el turismo y los capitales. Todo ese despegue se frenó en 1973, cuando, tras la guerra de Yom Kipur, emergió la crisis del petróleo que golpeó muy directamente a España. El estancamiento y la inflación aminoraron el nivel de vida de las clases trabajadoras. Regresaron cientos de miles de españoles que habían emigrado a Europa para trabajar. Aumentó el desempleo y el déficit del Estado.

Así estaba la economía cuando, en julio de 1976, Adolfo Suárez, un joven político que era secretario general del Movimiento (régimen franquista), asumió la presidencia del Gobierno. Los partidos políticos que, en el exilio, habían constituido la Junta Democrática, impulsada por el PCE, y la Plataforma Democrática, con el PSOE como principal actor, se unieron en lo que se llamó la “Platajunta”, que exigía amnistía y libertades en una España democrática. Tras aprobar Suárez en referéndum la Ley de Reforma Política, se reunión con la “comisión de los nueve” que representaba a esa Platajunta: Felipe González, Sánchez Montero (PCE), Tierno Galván, Jordi Pujol, Julio Jáuregui (PNV), Valentín Paz Andrade (galleguistas) y, por el centro derecha, Francisco Fernández Ordoñez, Joaquín Satústregui y Antón Canyellas. Se comprometieron a convocar Cortes con libertades  de asociación y reunión. Suárez creó el partido de centro derecha UCD (Unión de Centro Democrático) y, previamente, había legalizado al PCE. Se convocaron elecciones generales en junio de 1977, en las que había papeletas de 82 partidos o coaliciones, aunque solo 22 se presentaban en todas las circunscripciones. La UCD ganó con 165 diputados; el PSOE, más Socialistas de Catalunya, dieron la sorpresa con 118 diputados; mientras PCE-PSUC, cuyo protagonismo contra la dictadura fue indiscutible, sacó solo 20 diputados. Los grupos catalanistas sumaron 11 escaños; el PNV, 8 escaños; y la Alianza Popular de Fraga, 16 diputados, 13 de ellos antiguos ministros de la dictadura.

En octubre de 1977, la Ley de Amnistía fue parte del proyecto de organización constitucional, cuyo texto se cerraba en esas fechas. Ese texto de 1978 se vinculó con la Constitución de 1931 y con las elaboradas tras la Segunda Guerra Mundial. Recogió, sin duda, el ideario de los demócratas-republicanos españoles desde el siglo XIX: la construcción de un Estado democrático y social de derecho especificando derechos y libertades, con el rango de norma jurídica suprema vinculante para todos los poderes públicos. Las izquierdas también impulsaron la nueva organización territorial de un Estado que se denominó como autonómico en el título VIII de la Constitución. Pero aparcaron aspectos importantes de su ideario. El PCE-PSUC aceptó la monarquía, y el PSOE defendió la república en una votación que perdió en la Comisión constitucional. También renunciaron al concepto de escuela única y laica y, en el debate sobre la relación del Estado con la Iglesia, se pactó la aconfesionalidad del Estado.

Mientras tanto, entre 1977 y 1978 se celebraron las primeras elecciones sindicales con plenas libertades. CC.OO ganó con el 37,8%, y la UGT, un inesperado 31%. Entre ambas, asumían casi el 70% de representatividad laboral, lo que obligaba al pacto con ambos sindicatos para gestionar la hegemonía en el mundo laboral.

1978 terminó con el referéndum que aprobó la Constitución, el Gobierno convocó nuevas elecciones generales y las primeras elecciones municipales en democracia (las últimas habían sido en 1931). Así, en la primavera de 1979 se celebraron ambas elecciones con resultados contrapuestos: UCD volvió a ganar en las generales, pero las izquierdas políticamente ganaron las municipales. En definitiva, las primeras elecciones municipales y las segundas legislativas revelaron que, en tan solo dos años de libertades democráticas, había surgido un nuevo mapa político, distinto al de las vísperas electorales de 1977. Todos los grupos situados a la izquierda  del PCE se diluyeron en la práctica, o sus militantes se integraron en el PSOE, en el PCE o, posteriormente, desde 1986, en la fórmula de Izquierda Unida. En cualquier caso, el poder municipal se convirtió en baluarte de la democracia y reflejo del pluralismo que albergaban los distintos espacios de la convivencia ciudadana.

Esos años de libertades recién estrenadas produjeron una auténtica eclosión de creatividad cultural, incluyendo fórmulas contraculturales en los que la transgresión se hizo consigna. Además, se legalizaron los contraceptivos, se aprobó la Ley del Divorcio, los ayuntamientos comenzaron a construir bibliotecas, centros deportivos, parques públicos, escuelas dignas, etc. Gran parte de los líderes de los movimientos vecinales pasaron a ser gestores en los ayuntamientos, como por su parte, los líderes sindicales y políticos adquirieron la condición de “liberados”.

El PSOE celebró un  Congreso Extraordinario en 1979 para despojarse de la doctrina marxista. El PCE, en el IX Congreso celebrado antes, en 1978, cambió su definición como partido “marxista-leninista” y pasó a considerarse “marxista, revolucionario y democrático”, lo que se conocía como “eurocomunismo”, el acceso al poder sin violencia y por vías democráticas.

En definitiva, la democracia había abierto desde 1977 las compuertas a un universo político tan dinámico como inédito para las izquierdas, que tuvieron que amoldarse a nuevas realidades, abandonando dogmas y catecismos de todo tipo para abordar las exigencias concretas y cambiantes que emergían de la ciudadanía. La Transición, sin que nunca tuviera escrito el resultado final pues nadie lo sabía, abrió una etapa en la que, precisamente por ser democrática, se vive desde entonces en continua construcción de soluciones políticas. Y las izquierdas, desde los liberales del siglo XVIII hasta las de hoy, han sido los puntales que han sostenido la modernización y democratización de España. 

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Bibliografía:

*Historia de las izquierdas en España, de Juan Sisinio Pérez Garzón. Ed. Catarata. Madrid, 2022.

*La construcción del Estado en España, de Juan Pro. Alianza editorial. Madrid, 2019.

*Breve historia de España, de Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga. Alianza editorial. Madrid, 1993.

*Los partidos políticos en el pensamiento español (1783-1855), de Ignacio Fernández Sarasola. Tesis doctoral.

*Evolución del Sistema de Partidos en España desde la Transición, de Daniel García Ruiz. Trabajo Fin de Grado en Economía.