El pin parental

Si la derecha siempre ha supuesto un freno para el progreso y las libertades en nuestro país (estuvo en contra del divorcio, lo está del aborto, el matrimonio igualitario, el feminismo, la educación laica, la eutanasia, etc.), la ultraderecha es, sin disimulo, un claro retroceso hacia actitudes sectarias que implican la pérdida o amputación de derechos trabajosamente conquistados que garantizan la igualdad, la pluralidad y la tolerancia en una sociedad moderna, civilizada y democrática, posibilitando la convivencia pacífica y sin exclusiones.

Lo malo es que esa ultraderecha, cuya presencia era minoritaria en nuestra democracia, ya no es tan testimonial, sino que ha accedido a un gobierno regional en España con la firme intención de implantar lo que denomina “pin parental”. Hasta ahora, la ultraderecha sólo se había limitado a favorecer desde el Parlamento, con su voto, la formación de Ejecutivos conservadores, encabezados por el Partido Popular en solitario, o en coalición con Ciudadanos, como sucede en Andalucía, Castilla y León y Murcia. Y es, precisamente, en ésta última región -y, probablemente, también lo sea en Madrid, si no fallan las encuestas de las próximas elecciones de mayo- donde la extrema derecha ha entrado a formar parte del gobierno autonómico murciano con la determinación de desarrollar su ideario retrógrado. Es decir, ya no es posibilidad sino una realidad la irrupción de la ultraderecha en el poder en España.  

¿Pero qué es el pin parental? Es un eufemismo que disimula su significado real: un veto a la libertad de cátedra y a la educación pública. Se trata de dar potestad a los padres para vetar determinadas materias o contenidos impartidos como actividades extraescolares o complementarias en la enseñanza reglada. Su objetivo no es otro que impedir que en la escuela se inculque a los niños el respeto a la diversidad, la igualdad entre hombres y mujeres (lo que desprecian como ideología feminista), la supremacía de la razón -y la ciencia- sobre las creencias o la existencia de diversas identidades de género y orientación sexual distintas de la heterosexual, y tan respetables como esta.

La ultraderecha persigue que los padres determinen el temario formativo del profesorado en la enseñanza pública. De la concertada y privada no tiene objeciones, puesto que casi en su totalidad es de titularidad religiosa, es decir, católica y, por definición, conservadora, tradicionalista y contraria a los avances de la ciencia, las costumbres y la sociedad. El pin parental puede parecer un asunto baladí de asignaturas complementarias, pero el peligro de arrebatar al Estado la exclusividad de diseñar, en beneficio de todos, el modelo de enseñanza que hace posible, no sólo satisfacer el derecho a la educación, sino actuar contra las desigualdades y carencias de oportunidades derivadas de las condiciones de origen de los alumnos, es que, por vía del previo consentimiento de los padres, podría llegarse a vetar el evolucionismo en favor del creacionismo, el calentamiento global, la investigación genética, la solidaridad y el respeto al otro y diferente, incluso las vacunas y otros avances terapéuticos, si nada de ello coincide con la mentalidad y las creencias de padres o tutores. Retornaríamos, así, a una educación sectaria, inmovilista y prácticamente estamental, tutelada por cada gremio ideológico social, sin ambición universalista y comprensiva de una realidad dinámica.

Eso es lo que persigue la ultraderecha en Murcia y en todas partes, si la dejan:  tener capacidad de regular, desde el poder donde gobierne, la cartera de educación para inocular su sectarismo dogmático desde las escuelas. Se comporta con la misma intolerancia que muestra la derecha en su conjunto, al querer imponer sus ideales y valores a toda la sociedad, como si fueran verdades reveladas o absolutas. Por eso representa un freno, cuando no un retroceso, para el progreso y las libertades. La izquierda, en cambio, no obliga que sus conquistas sean aceptadas y asumidas por todos los ciudadanos. Aborta quien quiere, se divorcia quien lo pretende y contrae matrimonio igualitario el que lo desea, sin imposición y sin prohibir lo contrario.

Permitir la implementación del pin parental sería hurtar a la educación pública obligatoria la posibilidad de actuar como “ascensor social” y de emancipación para aquellos alumnos sin recursos que no pueden financiar su formación y están condenados por el estrato social del que proceden. Y la ultraderecha pretende implantarlo porque es consciente de que la educación es el mejor instrumento en manos del Estado para luchar contra las desigualdades, los grilletes de la ignorancia, los privilegios de unos pocos y los abusos contra una mayoría que sufre opresión y falta de oportunidades. Desea unas enseñanzas que consoliden un modelo social y económico injusto, que sean reflejo de las costumbres, ideas y poderes establecidos en cada momento y lugar, pero opacas a los avances de la ciencia, la ética, los derechos y las libertades.

Si los padres que aspiran a que sus hijos sean mejores y con más posibilidades que las que ellos tuvieron, si la comunidad educativa lo consiente sin revelarse y si la población en general lo permite con su voto, el veto parental será pronto una realidad extendida, una vuelta al Antiguo Régimen, en el que imperaba una educación estamental, sectaria y anquilosante, que condenaba a la gente a conformarse con las condiciones en las que había nacido. No es, pues, asunto del que podamos reírnos como si fuera una ocurrencia intrascendente, sino algo muy serio que compromete nuestro futuro y, lo que es peor, el de nuestros hijos.