A la caza de Begoña

A ciertos partidos no les basta el sistema electoral democrático como vía de acceso al poder.  Se sienten injustamente castigados cuando los votos no les permiten gobernar. Máxime si resultan fallidas las enormes expectativas generadas de conseguirlo.  En tales casos, algunos de esos partidos no se resignan al papel de oposición a la espera de otra oportunidad electoral cuando se agote la legislatura. Desde que conocen la derrota no solo ponen en cuestión la validez del sistema, sino que, incluso, socavan la legitimidad de las instituciones democráticas y hasta la integridad y honradez del investido para presidir el gobierno y detentar el poder. Y desde ese primer día piensan que todo les está permitido, que todo vale para conquistar el poder, es decir, para derribar al adversario que ocupa un poder que consideran les ha sido arrebatado.

En una democracia parlamentaria, no presidencialista, al presidente encargado de formar gobierno lo elige el parlamento si el candidato consigue la confianza mayoritaria de la cámara. Solo coincide ser investido el candidato del partido más votado si tal formación cuenta también con la mayoría absoluta del parlamento. La elección viene determinada por la mayoría de votos parlamentarios que avalan toda investidura. Y esta regla es válida aunque el partido al que pertenezca un candidato no haya sido el más votado en las elecciones legislativas. Se trata de una alternativa democrática que permite que, cuando ninguna formación alcanza la mayoría absoluta, minorías agrupadas logren convertirse en mayoría parlamentaria, posibilitando de esta forma gobiernos de un partido o de varios que, no siendo mayoritarios, obtienen el apoyo de otros grupos parlamentarios. En tal caso, se constituyen gobiernos en minoría con apoyos parlamentarios. O gobiernos de coalición, si acuerdan integrar en el Ejecutivo a miembros de todos o de algunos de los partidos que sellan el pacto para prestar apoyo al candidato que concurre a la investidura.  Es la forma habitual de gobierno en democracias de nuestro entorno, aunque en España constituya una novedad descubierta y ensayada con los gobiernos de coalición del PSOE liderado por Pedro Sánchez. Pero al partido que creía merecer gobernar por ser el más votado, aunque de manera insuficiente para gobernar, estos acuerdos de coalición le resultan indignos, inmorales y hasta antidemocráticos. Y se dedica, desde el primer minuto, a explorar en cuerpo y alma cualquier subterfugio que le permita ocupar un poder que las urnas le han negado.

En España, antes incluso de que su candidato no consiguiera la investidura, el Partido Popular (PP) ya trataba de deslegitimar la del presidente socialista. Hasta se permitió afirmar que no gobernaría por supuestos principios morales, es decir, que no gobernaba porque no quería (sic). No se trataba de una equivocación, sino de una mentira. Ocultó reconocer que no gobernaría porque no podía, ya que sus acuerdos municipales y autonómicos con Vox, un partido de ultraderecha, le impedían atraer y sumar votos de las restantes fuerzas parlamentarias.

Las mentiras, pues, han sido recurrentes en la estrategia de la derecha contra el gobierno de coalición de izquierdas, y se han utilizado desde antes, incluso, de las elecciones y durante los debates electorales. Pero las más despiadadas y duras han sido, en línea con esa estrategia, las empleadas para descalificar, calumniar y cuestionar a personas, instituciones e iniciativas pertenecientes al gobierno y al Partido Socialista en el poder. Nada de lo que hicieran –o no hicieran- les parecía bien. Ese “todo vale” (que Aznar verbalizó con “el que pueda hacer que haga”) ha sido empleado desde entonces, a pesar del deterioro que causase en la ciudadanía o a la democracia, con tal de obstaculizar o derribar a un gobierno legítimo, apoyado por una mayoría social como la representada en el Congreso de los Diputados. El volumen de artimañas, bulos y falsedades a los que ha recurrido -y recurre- la derecha y ultraderecha española es ingente, continuo e inaudito. No solo es impropio de un partido de gobierno, como el PP, sino que además es peligrosamente desestabilizador.

Desde esa perspectiva hay que contextualizar la última, pero no única ni definitiva, campaña de intoxicación que las derechas han emprendido con todas sus armas (políticas, judiciales y mediáticas) contra una víctima vicaria: la mujer del presidente de Gobierno. Tan feroz y virulento es el ataque al aspecto emocional y personal del presidente que éste ha estado a punto de tirar la toalla y dimitir. Tardó cinco días en reconsiderar su impulso inicial antes de decidir continuar al frente de las responsabilidades que le confiaron los ciudadanos en las urnas.

Las acusaciones de corrupción vertidas contra su gobierno nunca han prosperado por no responder a la realidad: Pero ahora se dirigen contra su esposa, a la que denuncian por un supuesto tráfico de influencias y corrupción privada desprovisto de indicios sólidos. Ello ha bastado para desatar una auténtica cacería de Begoña Gómez, una profesional en mercadotecnia y dirección de empresas que ha querido continuar ejerciendo su profesión aunque fuera la esposa del presidente del Gobierno. Y, al parecer, esa independencia y autonomía profesional y laboral resultan sumamente sospechosas cuando no son relegadas por las funciones “decorativas” que corresponden a la pareja de un dignatario, como marcan los cánones.

La campaña la inicia el pseudosindicato ultraconservador Manos Limpias al presentar una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, basándose únicamente en recortes de prensa y bulos. Y continúa cuando un juez la admite a trámite en contra del criterio de la Fiscalía y pese a que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil informase de no haber detectado indicios delictivos en sus actuaciones. Además, en medio de las campañas electorales catalanas y europeas, el citado juez comienza citar a testigos y a la investigada, sin tener en cuenta los defectos formales y la inconsistencia de la querella, sabiendo, como era notorio, que el caso podría tener repercusión en dichos procesos electorales, por tratarse de la esposa del presidente del Gobierno. No quiso evitar, como suele hacerse en casos semejantes, que una causa judicial repercutiera en procesos electorales.

Abierto de este modo el frente judicial, toda la derecha y sus medios afines lo han instrumentalizado con profusión para repetir machaconamente que la corrupción del gobierno anida, incluso, en el seno familiar de Pedro Sánchez, como si la investigada estuviera ya condenada en sentencia firme. Y es que, cuando la intención es hacer daño reputacional con finalidad política, no hay que aguardar al fallo, sino expandir la sospecha constante y reiteradamente, sin importar que, al final, se demuestre la inexistencia de delito alguno, como sucedió con la causa abierta al marido de la exdirectora general de la Guardia Civil o la de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, entre otras.

En cualquier caso, es conveniente  subrayar que ningún político o sus allegados y colaboradores, ni siquiera el rey, están por encima de la ley. Y que cualquier denuncia, cuando está debidamente justificada por indicios razonables, ha de ser investigada e instruida de acuerdo con los procedimientos legales y respetando escrupulosamente la presunción de inocencia. Ello es así, naturalmente, en el caso que afecta a Begoña Gómez, a pesar de que los delitos por los que se le acusa carezcan de soportes indiciales consistentes.

Sin embargo, resulta deleznable la instrumentalización política de la justicia por espurios intereses partidistas, sin que importe la dignidad de las personas a las que se les somete a escarnio público. Más reprochable aun es la conducta de quienes actúan en función de la premisa de que “todo vale” por lograr sus objetivos y ambiciones, demostrando, así, la catadura moral, la incapacidad política y la mediocridad intelectual que los animan. Y lo que es más grave, su total desprecio a la democracia, a las instituciones y a la confianza de los ciudadanos. Ello es , justamente, lo que se colige de la cacería a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno y, por tanto, suponer una pieza idónea para conseguir lo que las urnas no han facilitado. ¿Es esta forma de hacer política?.

Porque, analizando la denuncia contra Begoña Gómez, la investigación del juez instructor no acaba de arrojar indicios claros de delito alguno, a pesar de explorar varios frentes de su conducta profesional desde que es esposa del presidente del Gobierno. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid delimitó sus pesquisas al señalar que se debían a “meras conjeturas” de Manos Limpias a partir de recortes de prensa. Y aunque la denuncia afecta a la actuación de la imputada desde que su marido es presidente del Gobierno (si no, no se concibe ningún tráfico de influencias), tal y como se explica en la providencia del instructor que señala que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España...", el juez quiso tomar declaración como testigo a este en la sede de la Presidencia del Gobierno en su calidad de marido particular, cosa que acató el declarante acogiéndose a la dispensa que establece la ley para no declarar en una causa en la que se investiga a un cónyuge, para no perjudicarlo.

Y es que la denuncia, interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias, presidido por Manuel Bernad, excandidato del franquista Frente Nacional, y en la que ejerce como acusación particular Vox, el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, considera que Begoiña Gómez  cometió tráfico de influencias y corrupción cuando firmó cartas de recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés, quien habría obtenido 10 millones de euros en licitaciones. Parte de esta rama de la causa ha sido reclamada por la Fiscalía europea por afectar, presuntamente, a fondos otorgados por la UE. En la investigación, dos periodistas que elaboraron las informaciones utilizadas como base para la denuncia  testificaron reconocer que no hallaron pruebas de que la esposa del presidente del Gobierno hubiera presionado para favorecer al citado empresario. También la UCO de la Guardia Civil informó de las cartas de recomendación que Gómez y otras instituciones firmaron a favor de Barrabés no constituyen un “elemento diferenciador” que le favoreciera. Al parecer, poco delito hay por ahí.  

Pero la denuncia acusa además  a Begoña Gómez de haber intervenido en el rescate de Air Europa, que fue llevado a cabo por el Gobierno en 2020 junto a otras compañías como Volotea, Ais Nostrum y Plus Ultra. Tampoco se encuentran indicios sólidos para sostener esta rama de la denuncia, hasta el punto de que la Audiencia de Madrid propuso que se descartase por basarse en “meras conjeturas”.

Una tercera ramificación –y, por ahora, la última- de la denuncia  afecta a la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde dirigía un máster de Transformación Social Competitiva, inquiriendo en si la esposa del presidente de Gobierno recibió algún trato de favor para ello y si gestionó de forma irregular un software creado en el seno de su cátedra.  Al efecto, el rector de la universidad, Joaquín Goyache, ya ha comparecido dos veces ante el juez, la primera como testigo y la segunda como imputado, declarando en ambas ocasiones no haber dado trato de favor a la denunciada y desvinculándose de la creación de la cátedra, aunque reconoció haber acudido a la Moncloa a hablar con ella. La propia universidad ha dirigido varias cartas al juez para reconocer que no ha encontrado pruebas de irregularidades, pero solicitando que sea el magistrado quien investigue si Gómez cometió alguna ilegalidad. Vamos, que no hay indicios, pero que siga escarbando a ver qué halla. De ahí que el juez haya convertido esta pieza en la principal de la causa, después que las dos anteriores no hayan dado resultado, solicitando a la UCM que entregue los datos de otras cátedras extraordinarias para comparar el currículum de sus responsables con el de la esposa del presidente del Gobierno.

Si lo descrito anteriormente no es una cacería de Begoña Gómez desde el frente judicial con la intención de abatir la pieza que reside en el Palacio de la Moncloa, entonces es una actuación arbitraria y rocambolesca de la justicia cuando pierde su sentido y se deja instrumentalizar por intereses políticos. Lo que me hace volver a repetir la pregunta: ¿Es esto  forma de hacer política? Si es así, yo la repudio.

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Actualizado el 5 de agosto de 2024.