Una brizna de cordura

Si anteriormente lamentaba la semanita que habíamos tenido que soportar por culpa de una extrema derecha que actuaba a su antojo a escala mundial, desde Corea del Norte (reunión de Putin y Kim Jong-un), Madrid (condecoración de Milei por Díaz Ayuso) y Ucrania (acto de fuerza de un invasor al construir una línea férrea en el país invadido para unir Rusia y Crimea), hoy, en cambio, podemos celebrar, a pesar del enrarecido ambiente reinante desde hace años en nuestro país, que una brizna de sensatez se ha levantado y ha ayudado a diluir, aunque sea un poco, la atmósfera de molicie sectaria que nos estaba asfixiando.

Ha sido un fugaz soplo que ni los más optimistas esperaban, pero un soplo, al fin y al cabo, de sensatez y sentido común. Una brizna de cordura. Y es que, después de años de confrontación y enfrentamiento, los dos grandes partidos que estaban obligados a ello, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han conseguido llegar a un acuerdo para renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que llevaba caducado desde hace más de cinco años. Ponen fin, así, a un período de excepcionalidad institucional, provocado por un obstinado obstruccionismo del PP, ofuscado en incumplir un mandato constitucional, que no solo corroía la calidad de nuestra democracia, sino que perjudicaba gravemente el normal funcionamiento de la Justicia.

Se resuelve, por tanto, la increíble anomalía, impropia de una democracia consolidada como la española, de dejar un órgano del Estado en situación de interinidad durante algo más de un lustro por intereses partidistas. Como era de esperar, a ninguno de los firmantes les satisface totalmente el acuerdo alcanzado, pero esa brizna de cordura les ha hecho entrar en razón y anteponer el interés del Estado al cálculo partidista. Aunque sea después de que el Gobierno amenazara con modificar el sistema de elección del CGPJ y sus competencias si antes de fin de mes no se conseguía la renovación, como exige la Constitución. O, tal vez, por el bochornoso espectáculo de Díaz Ayuso y Milei, que concedió al ultra argentino la Medalla Internacional de Madrid, dejando al PP en una posición comprometida para seguir presentando excusas para no respetar la Constitución y desacreditándolo ante Europa a la hora de exigir su mediación. Por lo que fuere, aunque tarde y finalmente avalado por la Comisión Europea, se ha conseguido el acuerdo. El CGPJ se va a renovar. Parece un milagro.

Y esa misma brizna de cordura parece que también ha propiciado el nombramiento de los encargados de dirigir las principales instituciones de la UE tras las últimas elecciones. Habida cuenta del avance obtenido por las fuerzas de ultraderecha en el continente, existía el temor de que consiguieran forzar su acceso a los órganos de poder europeos, para proceder así a su demolición o, al menos, debilitamiento desde dentro.

Pero no. También allá, en Bruselas, sopló esa brizna de sentido común que posibilitó que los conservadores, socialdemócratas y liberales llegasen a un acuerdo, como siempre habían hecho, para repartirse equitativamente los cargos titulares de la Comisión, el Consejo y del Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad, dejando de lado a los ultras, que se sintieron ignorados en las negociaciones.

Afortunadamente, la cordura había prevalecido para amortiguar el peligro real de que la ultraderecha infectase mortalmente esos órganos de gobierno de la UE y determinase la política comunitaria, como era su objetivo.  Es decir, políticas de igualdad, respeto y protección del Medio Ambiente y de solidaridad que aborrecen y combaten los ultras. Afortunadamente, se ha conjurado ese peligro, a pesar de los denodados esfuerzos de los líderes ultras de Italia y Hungría, los primeros ministros Meloni y Orbán, por aglutinar un grupo radical de extrema derecha que fuera determinante en esas y futuras negociaciones. Pero, de nuevo, un soplo de cordura también había corrido en el seno de las instituciones europeas y había producido el milagro. Otro milagro inesperado.

Y por último, ahora en Londres donde estaba recluido, acaba de ser liberado el preso que abochornaba a la Europa de las libertades y los derechos, tras pasar más de 14 años encerrado en una embajada y una cárcel: Julian Assange, el fundador y editor de Wikileaks. Su delito, publicar información relevante sobre corrupción en Islandia, escándalos bancarios en Suiza, escuchas ilegales a mandatarios y dirigentes de diversos países y hasta ejecuciones extrajudiciales en Kenia o delitos medioambientales en Costa de Marfil.  Eran noticias veraces, pero ocultadas a la opinión pública.

Sin embargo, por nada de lo anterior era perseguido. Sino por publicar una información que desvelaba abusos cometidos por el Ejército de EE.UU y, especialmente, un vídeo de 2007 en el que un helicóptero norteamericano disparaba y mataba a once civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. Eran documentos fidedignos que comprometían el buen nombre de EE. UU. en sus actuaciones militares por el mundo. Y por eso, EE.UU. constituyó un Jurado secreto para perseguir al creador de Wikileaks, al que acusó de espionaje. Sería la primera vez que condenarían con la ley de espionaje, tras más de 100 años de historia de esa ley, las actividades básicas del periodismo: informar. Pero no resultaría extraño porque, ya antes, el Departamento de Justicia norteamericano había acusado a la fuente de Wikileaks en el Ejército de Estados Unidos, el analista Chelsea Mnning, por filtrar los documentos a Assange, condenándolo a 35 años de prisión, de los que cumplió solo unos pocos, gracias al indulto que le concedió el presidente Obama en 2017.

Si los crímenes de guerra, la corrupción o las acciones ilegales cometidas por gobiernos de toda índole contra enemigos o adversarios pero también contra socios y amigos, incluso contra sus propios ciudadanos, quedan protegidos y declarados secretos por leyes supuestamente de seguridad, ¿para qué sirve el periodismo?  La persecución de Julian Assange significaba una persecución a la libertad de prensa, amenazada por razones de seguridad nacional.

En el aspecto personal, Assange ha recobrado, al fin, su libertad después de sufrir un calvario de 14 años en cautividad. EE.UU. ha retirado las órdenes de extradición y demás cargos penales, al conseguir que Assange se declarase culpable de un delito tipificado, precisamente,  por la Ley de Espionaje, Los fiscales lo condenaron a cinco años de cárcel, tiempo que ha cumplido de sobra en la prisión británica. De ahí que recobrara la libertad tras la sentencia. El precio pagado ha sido muy alto. Y solo una brizna de cordura ha impedido que continuara con sus huesos en la cárcel de por vida. Ha sido un milagro verlo regresar a su país natal.

Pero para la libertad de prensa y el derecho a la información la amenaza se mantiene. En este sentido, habrá que seguir esperando vientos más vigorosos que traigan cordura y sensatez a quienes desean e intentan despojarnos de nuestras libertades. Contra ellos no bastará con una brizna de cordura. Nos exigirá estar en permanente alerta para defender nuestros derechos, sin confiar en briznas milagrosas.

¡Vaya semanita, Che!

A veces, los hechos consuetudinarios que acontecen en la rúa se condensan en pocas fechas, haciendo que los días no den abasto para desgranarlos y asumirlos como se debe. Son jornadas en las que pasa de todo, y todo al mismo tiempo.

Lo mismo un dictador de un país cerrado al mundo recibe a otro partidario de liquidar libertades y fronteras para darse un paseo, juntitos y sonrientes, en un cochazo que le regala el uno al otro por una carretera que simboliza a ambos: sin nadie que entorpezca ni al que respetar.

O un ultra de motosierra, carajo, que vomita odio cada vez que habla, es agasajado y condecorado por una admiradora ultra que comparte idioma, ideas y enemigos: los desfavorecidos, la justicia social y los impuestos. Y también defectos: no ven la viga en sus ojos, pero sí la paja en los ajenos cuando aluden al despilfarro del Estado, a las manos rotas de políticos y sus familiares o parejas y la falta de libertad que suponen los gobiernos no presididos por ellos. Parecen almas gemelas. ¿Serán imaginaciones mías? Ya soy incapaz de distinguir un suceso de otro.

Porque, en esos días apretados, también aparece, incluso,  una fantasmagórica fundación -dedicada a la memoria de un fratricida guerracivilista- que se pretende hacer desaparecer después de medio siglo de una democracia que tuvo que esperar cerca de otro medio siglo para que la dictadura implantada por el fratricida muriera de muerte natural en su cama palaciega. Ningún país de nuestro entorno con pretéritas vergüenzas parecidas consiente que sigan al descubierto  Mucha prisa no nos hemos dado. ¿Qué se estaba esperando?

Todo esto y mucho más en una misma semanita. Ya que si miras afuera, allende las vallas que intentan saltar los inmigrantes, la vista se te nubla de lo apretado del paisaje o paisanaje. Hechos que se atropellan unos a otros.

Un genocida, por ejemplo, no deja de masacrar a una población atrapada bajo los escombros de su mísero confinamiento sin que nadie sea capaz de detener tales asesinatos en masa ni la justicia, más ciega que nunca, lo condene eficazmente por lo que hace: cometer flagrante y descarado delito de lesa humanidad.

O que un agresor, casualmente el mismo autoritario partidario de liquidar libertades y fronteras citado más arriba, se permita construir una línea ferroviaria para enlazar su país con una península anexionada a la fuerza y a través del territorio ocupado militarmente de otro país, el invadido. Y todo por la cara de las bayonetas y la ineficacia del derecho internacional.

No sé si les parecerán pocos. Pero lo cierto es que todos estos hechos, al mogollón, sincronizados para disputarse titulares en los periódicos, suceden justamente cuando más dificultades tengo para leer y discernir con claridad por culpa de unas cataratas oculares y, me temo,¡ ay! mentales. Es lo que me hace exclamar: ¡Vaya semanita, Che!

A la caza de Begoña

A ciertos partidos no les basta el sistema electoral democrático como vía de acceso al poder.  Se sienten injustamente castigados cuando los votos no les permiten gobernar. Máxime si resultan fallidas las enormes expectativas generadas de conseguirlo.  En tales casos, algunos de esos partidos no se resignan al papel de oposición a la espera de otra oportunidad electoral cuando se agote la legislatura. Desde que conocen la derrota no solo ponen en cuestión la validez del sistema, sino que, incluso, socavan la legitimidad de las instituciones democráticas y hasta la integridad y honradez del investido para presidir el gobierno y detentar el poder. Y desde ese primer día piensan que todo les está permitido, que todo vale para conquistar el poder, es decir, para derribar al adversario que ocupa un poder que consideran les ha sido arrebatado.

En una democracia parlamentaria, no presidencialista, al presidente encargado de formar gobierno lo elige el parlamento si el candidato consigue la confianza mayoritaria de la cámara. Solo coincide ser investido el candidato del partido más votado si tal formación cuenta también con la mayoría absoluta del parlamento. La elección viene determinada por la mayoría de votos parlamentarios que avalan toda investidura. Y esta regla es válida aunque el partido al que pertenezca un candidato no haya sido el más votado en las elecciones legislativas. Se trata de una alternativa democrática que permite que, cuando ninguna formación alcanza la mayoría absoluta, minorías agrupadas logren convertirse en mayoría parlamentaria, posibilitando de esta forma gobiernos de un partido o de varios que, no siendo mayoritarios, obtienen el apoyo de otros grupos parlamentarios. En tal caso, se constituyen gobiernos en minoría con apoyos parlamentarios. O gobiernos de coalición, si acuerdan integrar en el Ejecutivo a miembros de todos o de algunos de los partidos que sellan el pacto para prestar apoyo al candidato que concurre a la investidura.  Es la forma habitual de gobierno en democracias de nuestro entorno, aunque en España constituya una novedad descubierta y ensayada con los gobiernos de coalición del PSOE liderado por Pedro Sánchez. Pero al partido que creía merecer gobernar por ser el más votado, aunque de manera insuficiente para gobernar, estos acuerdos de coalición le resultan indignos, inmorales y hasta antidemocráticos. Y se dedica, desde el primer minuto, a explorar en cuerpo y alma cualquier subterfugio que le permita ocupar un poder que las urnas le han negado.

En España, antes incluso de que su candidato no consiguiera la investidura, el Partido Popular (PP) ya trataba de deslegitimar la del presidente socialista. Hasta se permitió afirmar que no gobernaría por supuestos principios morales, es decir, que no gobernaba porque no quería (sic). No se trataba de una equivocación, sino de una mentira. Ocultó reconocer que no gobernaría porque no podía, ya que sus acuerdos municipales y autonómicos con Vox, un partido de ultraderecha, le impedían atraer y sumar votos de las restantes fuerzas parlamentarias.

Las mentiras, pues, han sido recurrentes en la estrategia de la derecha contra el gobierno de coalición de izquierdas, y se han utilizado desde antes, incluso, de las elecciones y durante los debates electorales. Pero las más despiadadas y duras han sido, en línea con esa estrategia, las empleadas para descalificar, calumniar y cuestionar a personas, instituciones e iniciativas pertenecientes al gobierno y al Partido Socialista en el poder. Nada de lo que hicieran –o no hicieran- les parecía bien. Ese “todo vale” (que Aznar verbalizó con “el que pueda hacer que haga”) ha sido empleado desde entonces, a pesar del deterioro que causase en la ciudadanía o a la democracia, con tal de obstaculizar o derribar a un gobierno legítimo, apoyado por una mayoría social como la representada en el Congreso de los Diputados. El volumen de artimañas, bulos y falsedades a los que ha recurrido -y recurre- la derecha y ultraderecha española es ingente, continuo e inaudito. No solo es impropio de un partido de gobierno, como el PP, sino que además es peligrosamente desestabilizador.

Desde esa perspectiva hay que contextualizar la última, pero no única ni definitiva, campaña de intoxicación que las derechas han emprendido con todas sus armas (políticas, judiciales y mediáticas) contra una víctima vicaria: la mujer del presidente de Gobierno. Tan feroz y virulento es el ataque al aspecto emocional y personal del presidente que éste ha estado a punto de tirar la toalla y dimitir. Tardó cinco días en reconsiderar su impulso inicial antes de decidir continuar al frente de las responsabilidades que le confiaron los ciudadanos en las urnas.

Las acusaciones de corrupción vertidas contra su gobierno nunca han prosperado por no responder a la realidad: Pero ahora se dirigen contra su esposa, a la que denuncian por un supuesto tráfico de influencias y corrupción privada desprovisto de indicios sólidos. Ello ha bastado para desatar una auténtica cacería de Begoña Gómez, una profesional en mercadotecnia y dirección de empresas que ha querido continuar ejerciendo su profesión aunque fuera la esposa del presidente del Gobierno. Y, al parecer, esa independencia y autonomía profesional y laboral resultan sumamente sospechosas cuando no son relegadas por las funciones “decorativas” que corresponden a la pareja de un dignatario, como marcan los cánones.

La campaña la inicia el pseudosindicato ultraconservador Manos Limpias al presentar una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, basándose únicamente en recortes de prensa y bulos. Y continúa cuando un juez la admite a trámite en contra del criterio de la Fiscalía y pese a que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil informase de no haber detectado indicios delictivos en sus actuaciones. Además, en medio de las campañas electorales catalanas y europeas, el citado juez comienza citar a testigos y a la investigada, sin tener en cuenta los defectos formales y la inconsistencia de la querella, sabiendo, como era notorio, que el caso podría tener repercusión en dichos procesos electorales, por tratarse de la esposa del presidente del Gobierno. No quiso evitar, como suele hacerse en casos semejantes, que una causa judicial repercutiera en procesos electorales.

Abierto de este modo el frente judicial, toda la derecha y sus medios afines lo han instrumentalizado con profusión para repetir machaconamente que la corrupción del gobierno anida, incluso, en el seno familiar de Pedro Sánchez, como si la investigada estuviera ya condenada en sentencia firme. Y es que, cuando la intención es hacer daño reputacional con finalidad política, no hay que aguardar al fallo, sino expandir la sospecha constante y reiteradamente, sin importar que, al final, se demuestre la inexistencia de delito alguno, como sucedió con la causa abierta al marido de la exdirectora general de la Guardia Civil o la de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, entre otras.

En cualquier caso, es conveniente  subrayar que ningún político o sus allegados y colaboradores, ni siquiera el rey, están por encima de la ley. Y que cualquier denuncia, cuando está debidamente justificada por indicios razonables, ha de ser investigada e instruida de acuerdo con los procedimientos legales y respetando escrupulosamente la presunción de inocencia. Ello es así, naturalmente, en el caso que afecta a Begoña Gómez, a pesar de que los delitos por los que se le acusa carezcan de soportes indiciales consistentes.

Sin embargo, resulta deleznable la instrumentalización política de la justicia por espurios intereses partidistas, sin que importe la dignidad de las personas a las que se les somete a escarnio público. Más reprochable aun es la conducta de quienes actúan en función de la premisa de que “todo vale” por lograr sus objetivos y ambiciones, demostrando, así, la catadura moral, la incapacidad política y la mediocridad intelectual que los animan. Y lo que es más grave, su total desprecio a la democracia, a las instituciones y a la confianza de los ciudadanos. Ello es , justamente, lo que se colige de la cacería a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno y, por tanto, suponer una pieza idónea para conseguir lo que las urnas no han facilitado. ¿Es esta forma de hacer política?.

Porque, analizando la denuncia contra Begoña Gómez, la investigación del juez instructor no acaba de arrojar indicios claros de delito alguno, a pesar de explorar varios frentes de su conducta profesional desde que es esposa del presidente del Gobierno. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid delimitó sus pesquisas al señalar que se debían a “meras conjeturas” de Manos Limpias a partir de recortes de prensa. Y aunque la denuncia afecta a la actuación de la imputada desde que su marido es presidente del Gobierno (si no, no se concibe ningún tráfico de influencias), tal y como se explica en la providencia del instructor que señala que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España...", el juez quiso tomar declaración como testigo a este en la sede de la Presidencia del Gobierno en su calidad de marido particular, cosa que acató el declarante acogiéndose a la dispensa que establece la ley para no declarar en una causa en la que se investiga a un cónyuge, para no perjudicarlo.

Y es que la denuncia, interpuesta por el pseudosindicato Manos Limpias, presidido por Manuel Bernad, excandidato del franquista Frente Nacional, y en la que ejerce como acusación particular Vox, el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, considera que Begoiña Gómez  cometió tráfico de influencias y corrupción cuando firmó cartas de recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés, quien habría obtenido 10 millones de euros en licitaciones. Parte de esta rama de la causa ha sido reclamada por la Fiscalía europea por afectar, presuntamente, a fondos otorgados por la UE. En la investigación, dos periodistas que elaboraron las informaciones utilizadas como base para la denuncia  testificaron reconocer que no hallaron pruebas de que la esposa del presidente del Gobierno hubiera presionado para favorecer al citado empresario. También la UCO de la Guardia Civil informó de las cartas de recomendación que Gómez y otras instituciones firmaron a favor de Barrabés no constituyen un “elemento diferenciador” que le favoreciera. Al parecer, poco delito hay por ahí.  

Pero la denuncia acusa además  a Begoña Gómez de haber intervenido en el rescate de Air Europa, que fue llevado a cabo por el Gobierno en 2020 junto a otras compañías como Volotea, Ais Nostrum y Plus Ultra. Tampoco se encuentran indicios sólidos para sostener esta rama de la denuncia, hasta el punto de que la Audiencia de Madrid propuso que se descartase por basarse en “meras conjeturas”.

Una tercera ramificación –y, por ahora, la última- de la denuncia  afecta a la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde dirigía un máster de Transformación Social Competitiva, inquiriendo en si la esposa del presidente de Gobierno recibió algún trato de favor para ello y si gestionó de forma irregular un software creado en el seno de su cátedra.  Al efecto, el rector de la universidad, Joaquín Goyache, ya ha comparecido dos veces ante el juez, la primera como testigo y la segunda como imputado, declarando en ambas ocasiones no haber dado trato de favor a la denunciada y desvinculándose de la creación de la cátedra, aunque reconoció haber acudido a la Moncloa a hablar con ella. La propia universidad ha dirigido varias cartas al juez para reconocer que no ha encontrado pruebas de irregularidades, pero solicitando que sea el magistrado quien investigue si Gómez cometió alguna ilegalidad. Vamos, que no hay indicios, pero que siga escarbando a ver qué halla. De ahí que el juez haya convertido esta pieza en la principal de la causa, después que las dos anteriores no hayan dado resultado, solicitando a la UCM que entregue los datos de otras cátedras extraordinarias para comparar el currículum de sus responsables con el de la esposa del presidente del Gobierno.

Si lo descrito anteriormente no es una cacería de Begoña Gómez desde el frente judicial con la intención de abatir la pieza que reside en el Palacio de la Moncloa, entonces es una actuación arbitraria y rocambolesca de la justicia cuando pierde su sentido y se deja instrumentalizar por intereses políticos. Lo que me hace volver a repetir la pregunta: ¿Es esto  forma de hacer política? Si es así, yo la repudio.

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Actualizado el 5 de agosto de 2024.

La Europa por la que voto

Nunca he votado en unas elecciones europeas con tanta preocupación e interés, como si me afectara personalmente, como en esta ocasión. Esta vez me siento obligado a participar por defender con mi voto la Europa con la que sueño, que deseo y, en definitiva, por la que acudiré a las urnas. La Europa por la que voto. Esa Europa que busca su espacio político entre el neoliberalismo imperialista de EE.UU. y el imperialismo postcomunista neocapitalista de Rusia, dos gigantes que desearían que el sueño europeísta acabe en pesadilla para que ellos sigan dominando el mundo, incluida Europa, a su antojo y conveniencia.

Voto por esa Europa libre, tolerante e ilustrada que desde antiguo ha inquietado a los más excelsos hijos de este espacio continental, como Erasmo de Rotterdam, iluminados por un bagaje cultural común que, más allá de lenguas y países, se remonta a la antigüedad greco-romana, el cristianismo, el Renacimiento o el Siglo de las Luces. Lo que tantos años, guerras y enfrentamientos ha tardado en construirse hasta llegar a ser esta comunidad supranacional de valores e intereses compartidos, este espacio de democracia, progreso, paz y libertad, puede ser destruido por quienes desearían que Europa vuelva a ser un mosaico de países egoístas y autoritarios, animados por un renovado espíritu totalitario, que sólo velan por su interés particular.

La actual configuración democrática de Europa, nacida de las cenizas de la Segunda Guerra mundial y que pivota sobre un Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos de los países miembros para hacer un control político de las demás instituciones de la Unión , puede verse radicalmente afectada o, lo que es peor, infectada por el virus ultraderechista del fascismo. Una enfermedad que no deseo para la Europa que quiero y por la que voto.

Mi voto es, pues, una vacuna contra el mal que se cierne sobre Europa y que puede llegar a destruirla. Puede destrozar ese sueño compartido que anhela no estar supeditado a la economía, sino que aspira a materializarse en políticas que antepongan los Derechos Humanos de todos los ciudadanos, protejan el Medio Ambiente, combatan el cambio climático, erradiquen o minimicen los riesgos de la naturaleza, la enfermedad o la desigualdad y la pobreza, y eviten que ninguna guerra o enfrentamiento bélico estalle entre nosotros, en Europa.

La Europa por la que voto es para evitar que tengamos que recordar, parafraseando la obra de Stefan Sweig, `la Europa de ayer´ y lamentemos dejar crecer, otra vez, si me abstengo, el ocaso de la libertad por entregar este sueño al ultranacionalismo insolidario y excluyente de la extrema derecha que pugna por ser, gracias a las facciones ultras de Abascal, Meloni, Le Pen y otros, la primera fuerza del Parlamento Europeo. Un peligro bastante probable porque, como advertía Sweig, es “el momento de estar alerta”, ya que “las fuerzas que empujan hacia el odio (son), por su misma naturaleza vil, más vehementes y agresivas que las conciliadoras”. (El mundo de ayer).

Si perdemos el sentido de que los intereses comunes y valores compartidos deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual, que es el mensaje embaucador de la extrema derecha, permitiremos que nos conviertan en simples consumidores, no sólo en nuestra vida económica, sino también en la política. Tal es la estrategia ultra que quiero combatir con mi voto, pues lo que busca la extrema derecha es amortiguar nuestra confianza en el proyecto europeo, instalándonos en la incertidumbre elevada al paroxismo del miedo colectivo, como preconizaba Tony Judt en “Algo va mal”. Porque, cuanto más ingenuo sea un pueblo, tanto más fácil resulta embaucarlo con histerias colectivas, como las de que los inmigrantes son todos delincuentes, los agricultores soportan una “burocracia” (controles) europea desmedida o los gobiernos son todos corruptos y traidores.

Contra todo ello es por lo que voto porque, en definitiva, somos hijos de la democracia de Grecia. Esta es la Europa con la que sueño y por la que voto.

¡España se rompe!

Al expresidente de Estados Unidos de América (EE .UU), Donald Trump, lo acaban de declarar, por unanimidad de un jurado de Manhattan, culpable de 34 delitos por sobornar a una prostituta (`actriz porno´ en aquellos lares) para que guardara silencio y falsificar esos pagos como “gastos legales” de la campaña electoral del entonces candidato. Es decir, no lo castigan por irse de putas, sino por falsificar apuntes contables. Eso lo convierte en el primer expresidente de EE.UU. que es condenado en un juicio penal. Lo que no le impide ser de nuevo candidato republicano a la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales, cosa probable si los ciudadanos vuelven a otorgar su confianza en un delincuente para tan alto puesto.

Será la primera vez que condenan a un expresidente pero no la única, puesto que Donald Trump, declarado delincuente por la Justicia, tiene pendiente otros juicios por sustraer papeles secretos de la Casa Blanca, por incitar el asalto al Capitolio y por intentar revertir el resultado electoral en el Estado de Georgia, en 2020. Todas estas actuaciones al margen de ley y un comportamiento personal e institucional basado en mentiras, manipulaciones, descalificaciones, insultos y engaños, hacen del exmandatario un personaje repudiable y peligroso, ya que se ha demostrado que es capaz de cualquier arbitrariedad y cualquier delito por conseguir sus propósitos, tanto en la esfera de los negocios como en la de sus ambiciones políticas.

Peligroso para su país, pero también para otros del planeta, en tanto en cuanto su modelo de desprecio a la legalidad, las instituciones y la democracia está siendo imitado por las derechas extremistas –y las no tan extremas- del mundo entero. La desfachatez, soberbia y agresividad con las que actúan esas derechas es notoria cuando no alcanzan sus objetivos o no detentan el poder. Tal como demostró el propio Trump al conocer la sentencia del tribunal neoyorkino y manifestar, para cuestionar el veredicto unánime del jurado, que vivía “en un Estado fascista y corrupto”. Y es que, cuando la justicia, los votos, las leyes, las instituciones o la democracia les son adversos, las derechas suelen reaccionar emprendiendo campañas de desprestigio, deslegitimación y desconfianzas, por aparentar ser víctimas de un complot monumental, contra  tales instituciones y órganos del Estado, a los que acusan, sin pruebas, de corrupción o estar al servicio de un tirano o un traidor. Es lo que sucede en España cuando las derechas patrias anuncian, por no alcanzar el poder, que España se rompe. Lo llevan haciendo hace mucho tiempo, curiosamente desde que la izquierda gobierna. Y cada vez que ésta gobierna.

Nos referimos a las derechas que ahora adoran al ultraderechista argentino y actual presidente de su país, Javier Milei, al que invitan a sus cónclaves de enfebrecida amonestación al Gobierno de España, sin importarles la calaña del personaje. Esas derechas ultras, tan patrióticas ellas, lo trajeron aquí para que insultara al país anfitrión y al presidente que lo gobierna con legitimidad democrática, lanzando bulos, mentiras e insultos sin recato alguno. El invitado ultra argentino se exhibió con idéntico desprecio a las normas y prácticas diplomáticas de las que hacía gala el delincuente norteamericano cuando gobernaba su país.

Parece que nuestras derechas toman de modelo a un Milei que defiende que el Estado se abstenga de evitar muertes por hambre y que prohíbe el reparto de alimentos a los comedores escolares. Esto es sólo un botón de muestra de las políticas que aplica el mandatario argentino en un país que soporta una profunda crisis económica y en el que la pobreza alcanza al 57,4 por ciento de la población. ¿Es, acaso, este el programa “ultraliberal” que las derechas españolas van a aplicar a nuestra economía? No se sabe porque de ello nada dicen, salvo que España se rompe.

Pero, con la experiencia de gobierno de la derecha “moderada” de Rajoy, que aprobó una reforma laboral lesiva para los asalariados, recortó ayudas y prestaciones públicas, que impulsó un impuesto al sol, congeló técnicamente las pensiones y pidió un préstamo para socorrer a los bancos, no a las personas, durante la última crisis financiera, además de otras medidas de igual corte “austericida”, es fácil imaginar por dónde irían los hachazos de la “motosierra” de cualquier gobierno apoyado, desde dentro o desde fuera, por la ultraderecha en nuestro país.

Y eso sin mencionar otras iniciativas del gusto de los ultras, como la censura cultural, las restricciones de derechos como el aborto, la criminalización de la diversidad social, política y moral que existe en la sociedad, su alergia patológica a la migración (“más muros y menos moros” dixit), su rechazo a la Unión Europea, a las Autonomías y al feminismo, su negativa a aceptar y combatir la violencia machista o condenar la Guerra Civil y la Dictadura, así como su rechazo a la Memoria Democrática y un largo etcétera  del resto de medidas retrógradas que componen su ideario. Tal vez sea por ello que la derecha extremista no ha podido acceder, todavía, al Gobierno de España, a pesar de que en municipios y autonomías haya podido asentar sus posaderas en las poltronas del poder, gracias precisamente a la mal llamada derecha moderada que asume y aplica el ideario ultra. De ahí que no haya día en que todas ellas, moderadas y ultras bien coordinadas, adviertan que el país se rompe. Un peligro tan inminente que llevan años anunciándolo.

La última vez, y con gran alboroto, fue con ocasión de la aprobación definitiva, por parte del Congreso de los Diputados, de la Ley de Amnistía, con 177 votos a favor y 172 en contra, después de un proceso controvertido que incluyó el uso filibusterista del Senado por la mayoría de derechas en dicha Cámara. Y una vez más una ley, elaborada de acuerdo con los procedimientos y trámites legislativos de un Estado de Derecho, ha vuelto a desatar la reacción airada, despreciativa y maleducada de las derechas durante la sesión de votación. Como con sus argumentos no convencieron ni con sus votos no pudieron, esas derechas trataron por todos los medios de interrumpir el pleno mediante una algarabía orquestada de gritos e insultos contra miembros del Gobierno y los parlamentarios partidarios de la ley. Así, calificativos como “traidores”, “corruptos”, “vendidos”, “Sánchez a prisión”, “cómplices de Hamás” y otros jalonaron una sesión que provocaba vergüenza ajena, pues parecía una bronca de un patio de vecinos. La bronca de los que no aceptan, cuando les es adversa, la democracia.

Entonces se dedican a emprender campañas de desinformación para engañar y confundir a los ciudadanos, presentando la Ley de amnistía para los condenados del procés como si se tratara de un atentado a la democracia, un acto inconstitucional  y una quiebra del principio de igualdad de todos los españoles. Vamos, que se rompía España, otra vez. Pero ocultando que todos esos exabruptos provenían de una derecha que ha promovido o ha estado conforme con otras amnistías que, mira por dónde, no han roto España porque habían sido de su agrado o conveniencia.

Callaron que, durante los primeros pasos de nuestra democracia, allá por 1977, el centroderecha de UCD (aquello sí que era una derecha moderada) aprobó una ley de amnistía para los represaliados por la dictadura franquista, a la que la Alianza Popular del exministro franquista  Manuel Fraga, antecesora del actual Partido Popular del que Fraga es presidente de honor y referencia carismática, se abstuvo, pero no votó en contra. No la rechazó porque amparaba, además de a los “rojos” que sufrieron persecución y castigos, a numerosos personajes que habían sido altos cargos de la criminal dictadura de Franco. Y no se rompió España.

Y que más adelante, la derecha gobernante del citado M. Rajoy (¿quién será?) aprobó mediante decreto-ley otra amnistía que perdonó a los evasores fiscales sus delitos contra Hacienda si pagaban el 3 por ciento (era el 10%, pero se lo rebajaron) de los capitales así blanqueados y retornados, sin multas ni intereses.  No fue casualidad que este “perdón” de 2012, que sí quebraba la justicia contributiva, en función de su capacidad, de los españoles, fuera declarada inconstitucional posteriormente por el Tribunal Constitucional. Pero nadie dijo que con ella se rompiera España.

Sólo la promovida por un Gobierno de izquierdas, tras un pacto entre PSOE, Junts y ERC, es un disparate, un acto de deslealtad histórica y una traición a la Nación, aunque posibilite la normalización política y convivencial de Cataluña y sirva para superar, de alguna manera, el trauma del procés. A tenor de esta derecha, de las tres amnistías promovidas en democracia, sólo esta última rompe España, aunque para su disgusto España no acabe de romperse.

Habrá que aguardar a otra ocasión para ver si nuestro país salta por los aires, como teme y espera la derecha. ¡Y mira que lo procuran con todas sus ganas! No hacen más que preconizarlo a través de sus sucursales políticas, judiciales y mediáticas con catastrofismo y exageración desmedidos. Habrá que esperar al resultado de las elecciones europeas del próximo día 9 a ver si entonces se rompe de una vez, como desean, para que las derechas tengan que venir a salvar España, como dijo una vez el ministro Montoro (¿se acuerdan?). Desde entonces no sueñan más que con eso: que España se rompe.   

Calor ineluctable

Ayer finalizó el mes de mayo, pórtico del calor que ya está aquí y que desde junio, que hoy empieza, nos acompañará hasta bien entrado septiembre. Con el final del mes en que florece la rosa se puede considerar que la estación más sudorosa y asfixiante del año inicia su andadura, para suplicio de muchos, alegría de otros y negocio de unos cuantos. El calor es ya ineluctable y lo soportaremos con el estoicismo al que nos tiene acostumbrados la costumbre por estas latitudes. No es que prefiramos el frío y la lluvia, pero al menos son más fáciles de combatir que la inclemencia de un sol capaz de derretir el asfalto y hacer el aire irrespirable. Las playas, las piscinas y el aire acondicionado aligeran momentáneamente las ardientes llamas de una canícula que cada año dura más, pero no evitan que acabemos vencidos por el calor excesivo la mayor parte del día y hasta bien entrada la noche. Ni siquiera las vacaciones y los días de asueto logran compensar el ensañamiento de unos rayos de sol inmisericordes. De ahí que no quede más que aceptar que el calor ya está aquí, esperanzados en que apure su ciclo con la misma celeridad con la que vemos caer las hojas del calendario. Y, así, año tras año.