Miura

El titular de esta entrada no se refiere a una ganadería de indómitos toros bravos de lidia ni a un licor anisado, con o sin guindas silvestres, fabricado en un entrañable pueblo serrano de Sevilla, sino a un cohete espacial. Pero es tan español como todos los ejemplos citados con los que comparte nombre tan icónico. Y a mucha honra, porque, al parecer, ambiciona la misma solera de prestigio, excelencia y rentabilidad.

Se trata  del cohete Miura 1, que fue lanzado el pasado 7 de octubre desde las instalaciones del INTA en El Arenosillo (Huelva), convirtiéndose, así, en el primer lanzamiento que se realiza en España de un cohete suborbital privado y el primero que utiliza combustible líquido. Toda una proeza para una industria que es incipiente, aunque prometedora. La empresa que lo construyó y ha conseguirlo lanzarlo es la española PLD Space, nacida de la iniciativa de dos jóvenes ingenieros, Raúl Torres y Raúl Verdú, dispuestos a posicionar España entre los países que cuentan con un lanzador con sistema de propulsión propio. Y el primer paso para ello ha sido este Miura 1 que ha despegado desde la costa onubense en su primer vuelo de prueba. Tal hazaña no ha sido fácil ni barata, pues ha necesitado doce años, desde 2011, y 65 millones de euros para llegar a ser realidad. En la actualidad, no obstante, la empresa cuenta con 150 empleados y un futuro brillante.

Miura 1 es un cohete suborbital de poco más doce metros de longitud y unos 2600 kilogramos de peso, capaz de transportar 100 kg de carga útil hasta una altitud de unos 100 kilómetros, aproximadamente. Parecen -y lo son- cifras modestas, pero que permiten a nuestro país adelantarse a otras iniciativas europeas que actualmente desarrollan microlanzadores espaciales. De hecho, este lanzamiento ha posicionado a PLD Space como la primera compañía en efectuar un lanzamiento, desde territorio continental, de un cohete de combustible líquido.

Y lo ha conseguido al tercer intento, todo un éxito, puesto que los anteriores intentos fallidos no fueron achacables a problemas del prototipo, sino a circunstancias adversas. El primero de ellos, el 31 de mayo pasado, se suspendió por culpa de las rachas de viento en la zona; y el segundo, el 17 de junio, se abortó de manera automática a pocos segundos antes del despegue por detectarse una medida imprecisa en un sensor de inclinación del mástil de la plataforma.

Pero al tercer intento, retransmitido en directo, el cohete se elevó desde el suelo hasta una altura cercana a 50 kilómetros, no consiguiendo llegar al apogeo de 80 kilómetros, como se pretendía. Realizó un vuelo de 306 segundos de duración, de los que 103 fueron con el motor encendido, describiendo una trayectoria balística más “plana” de lo esperado, de manera que a partir de los 32 segundos el vehículo ya estaba sobrevolando el Atlántico. Con todo, según PLD Space, se cumplieron todos los objetivos primarios de este lanzamiento del Miura 1, demostrando que, con mejoras y medios adecuados, alcanzar la órbita no supondrá mayores quebraderos de cabeza.

Y es que el siguiente paso será el Miura 5, sobre el que ya trabajan, que se prevé despegue hasta ponerse en órbita desde la Guayana Francesa, en 2025. Los datos obtenidos con el Miura 1 están siendo utilizados para diseñar y construir el Miura 5, un lanzador orbital con el que se podrá colocar una carga de una tonelada de peso en una órbita baja ecuatorial u otra de 500 kg en órbita polar.

Todos estos esfuerzos convierten a España en el décimo país del mundo con acceso directo al espacio, objetivo que, según la empresa PLD Space, está al alcance de la mano. La compañía estima que el Miura 5 presenta oportunidades comerciales por más de 320 millones de euros, lo que garantiza una clientela para las primeras diez o doce misiones del lanzador español.

No deja de ser curioso que esta faceta de la marca Miura, ahora como cohete, parezca destinada a conseguir idéntica relevancia que las precedentes de la ganadería y la alimentación. Un prestigio del que debemos sentirnos orgullosos. Enhorabuena, pues, a la innovación astronáutica española.

Mi posición en el conflicto israelí-palestino

Me duele y me solidarizo con el pueblo palestino, lo que no significa que apoye y no rechace las acciones armadas y asesinas de Hamás, quien se arroga indebidamente una representación que no le corresponde ni social, ni política, ni moral ni legalmente. También, porque cuestione y rechace absolutamente la reacción vengativa del Ejército hebreo, promovida y autorizada por el Gobierno ultraconservador de Netanhayu, culpo al pueblo de Israel de lo que sucede en la Franja de Gaza ni pongo en cuestión su derecho a vivir en paz en un Estado reconocido por todos, idéntico al derecho que merece Palestina para disponer del suyo.

La guerra abierta entre Israel y Hamás en Gaza es una atrocidad que no tiene disculpa ni excusa. La criminal matanza que Hamás causó en tierras de Israel tampoco tiene disculpas ni excusas. Pero ambas acciones deplorables y sangrientas tendrán que ser juzgadas y sus culpables condenados por la Justicia a la luz del Derecho y las Leyes. Porque ningún ciudadano inocente, sea israelí o palestino, debería ser víctima del fanatismo de unos y la venganza ciega de otros. El derecho Internacional y las normas y tratados internacionales o humanitarios existen precisamente para evitar todo tipo de excesos arbitrarios de violencia como los que se están produciendo actualmente en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

Que apoye a Palestina no significa que no apoye igualmente a Israel. Y que repudie el bombardeo indiscriminado de Israel a la población palestina de Gaza no significa que no rechace con idéntica repugnancia los atentados de Hamás y Hezbolá contra la población hebrea. Estoy en contra de toda violencia para resolver ningún conflicto. Sólo desde el diálogo y la negociación, con respeto a la ley y la justicia, se conquistan la paz, el entendimiento y la convivencia pacífica, aunque los ejemplos de Gaza y Ucrania, como tantos otros en el mundo, disuadan de lo contrario. Pero precisamente por eso es por lo que, en estos duros momentos, hay que insistir, y posicionarse sin falsa equidistancia y disimulo, por la concordia y la paz en la política y las relaciones entre países.    

El damero de la investidura (II)

En una entrega anterior hacíamos la comparación del resultado de las elecciones generales de julio pasado con un damero por el número de palabras (siglas) con las que debía jugar la partida política quien desease ser investido por el Congreso de los Diputados presidente del Gobierno. En aquella ocasión expusimos las dificultades a las que se enfrentó el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para completar un resultado del damero que le fuera favorable, fracasando en el intento. A pesar de considerarse vencedor de las elecciones, gracias al número de votos cosechados en las urnas, no pudo reunir las palabras (siglas) suficientes para conseguir ser investido, y salió derrotado. Tenía más votos, pero no más apoyos para su investidura. Y, como estaba anunciado, resultó fallida.

A los pocos días, otro contrincante con posibilidades lo intentaría, convencido de que, aunque con un millón menos de votos, obtendría mayores apoyos parlamentarios para conseguir la investidura. Y desde entonces, Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente en funciones del Gobierno, está negociando los favores de las siglas que podrían permitirle mantenerse en el poder, reeditando un gobierno de coalición con Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, su actual vicepresidenta en funciones y con quien acaba de acordar un programa para toda la legislatura.

Sin embargo, el asunto más controvertido para lograr la investidura es la exigencia,  por parte de los partidos independentistas catalanes, de una amnistía para los encausados –políticos y funcionarios- en el caso del procés, el “conflicto” judicial catalán derivado de la consulta no autorizada, y por tanto ilegal, realizada a los ciudadanos de aquella comunidad y, a tenor de sus discutibles resultados (pues carecían de las debidas garantías), declarar, para dejarla acto seguido en suspenso, una República catalana, contraviniendo en fondo y forma la Constitución española, que no contempla más nación que España.

Se  trata, para contextualizar, de un histórico problema (no conflicto) territorial que afecta a las nacionalidades vascas y catalanas, las cuales, por sus aspiraciones soberanistas, no acaban de encontrar acomodo en la construcción del Estado en España. La última solución, el Estado autonómico -prácticamente federal- diseñado por la Constitución de 1978, con comunidades autónomas de ocho provincias, cuatro uniprovinciales, unas con fueros especiales y otras sin fueros pero con distinta intensidad por razones lingüísticas, no termina de cuajar definitivamente. De ahí los “conflictos” que todavía surgen en el mapa autonómico español a causa de aquellas regiones a las que la autonomía no les parece suficiente porque no garantiza su singularidad lingüística o identitaria (hecho diferencial) que pretenden distinguir y preservar.

Un problema que, en el caso de Cataluña, la amnistía que se debate en las negociaciones intenta devolver al ámbito de la política y canalizarlo a través de los cauces pacíficos y legales que contempla la Constitución. Tal es el nudo de las negociaciones que está desarrollando el candidato socialista para su investidura y sobre las que impera un atronador y sospechoso silencio. Un mutismo que se acompaña, además, de la parálisis casi absoluta del funcionamiento de un Congreso formalmente constituido que debería ejercer el pertinente control del Gobierno cuando, precisamente, España ostenta la presidencia rotatoria de la UE y se enfrenta, para si fuera poco, al estallido de otro conflicto bélico entre Israel y la milicia armada palestina de Hamás en la Franja de Gaza. Además, a ello  habría que añadir los compromisos políticos, económicos y militares que el Gobierno mantiene con Ucrania en la guerra que libra dicho país contra la invasión rusa. Y las medidas que implementa para garantizar los suministros energéticos y comerciales afectados por el boicot impuesto por la UE a Rusia. ¿Qué iniciativas está tomando el Gobierno en relación con estos y otros asuntos? Y es que, por muy en funciones que esté el Gobierno, el poder legislativo no puede quedar al margen de la acción del Gobierno. Y menos aun, precisamente, cuando el Poder Ejecutivo se halla en funciones y con sus prerrogativas limitadas.

En este interregno entre una investidura y otra, el candidato conservador, derrotado en la primera investidura, ha continuado tratando de impedir o, al menos, desprestigiar no sólo esas negociaciones que con él no fructificaron, sino la probabilidad de que el candidato socialista pudiera coronar con éxito la suya. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Esta ofensiva contra Pedro Sánchez  y sus negociaciones con los independentistas comenzó incluso antes de que se celebrase la sesión de investidura de Núñez Feijóo, congregando en Madrid a más de cuarenta mil personas para protestar contra quien todavía ni siquiera era candidato al segundo proceso de investidura.

Previamente habían ensayado con otro mitin en Santiago de Compostela, que también contó con el protagonismo del candidato conservador en la tribuna de oradores, desde donde profirió su habitual retahíla de amenazas y admoniciones contra el socialista y sus pretensiones gubernamentales. Esta campaña callejera de rechazo tuvo su momento álgido durante la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, convocada por la Societat Civil Catalana, que congregó a la flor y nata del conservadurismo patrio que no acepta su derrota electoral. Hasta la Ciudad Condal se desplazaron sus más egregias figuras, como Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal y el mismo Núñez Feijóo, entre otras.

Pero no se resignan. Continúan organizando actos y manifestaciones en contra de un probable Gobierno progresista. Es por ello que el mitin que no pudieron celebrar en Málaga, por estar ocupado con antelación el espacio previsto, lo trasladaran a Toledo, donde Feijóo, acompañado de la plana mayor de su partido, ya dio por superada la investidura de Sánchez, advirtiendo de que tal Gobierno nacería muerto, puesto que “los españoles no están dispuestos a perder la dignidad”. Los demás oradores abundaron en la misma sintonía catastrofista. Pero, por si alguien no se había enterado, el mismo cartel que arropa al derrotado candidato conservador no descarta retomar la organización del mitin de Málaga y, a primeros de noviembre, celebrar otro en Valencia.

Con todo, el acto más contundente contra de la amnistía y un probable Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por nacionalistas e independentistas, tuvo por escenario institucional el Senado, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta. Los conservadores convocaron la comisión de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta, a la que todos los presidentes autonómicos están invitados por sistema. Como era patente que se trataba de una sesión forzada por el PP para hacer oposición al Gobierno en funciones a cuenta de la amnistía, los presidentes autonómicos socialistas evitaron la encerrona y no asistieron, como también hizo el lehendakari vasco, Urkullu. No obstante, el que menos esperaban, el presidente de la Generalitat de Catalunya, se presentó.

 Pere Aragonés acudió a la comisión senatorial e intervino, hablando en catalán, para defender la Catalunya de todos. Y también advirtió que la amnistía y un referéndum  de autodeterminación serían las metas que culminarían el conflicto que enfrenta aquella comunidad con el Estado. Acabada su intervención, el presidente catalán abandonó la Cámara sin escuchar al resto de intervinientes. Y ese resto de presidentes se despachó a gusto contra la posible amnistía y en denostar al futuro Gobierno aun no constituido.

Llama la atención que tal uso partidista e instrumental del Senado fuera posible porque su presidente es un hombre fiel al Partido Popular, es decir, un disciplinado militante fiel a su líder, por lo que participa, como un engranaje más, de la estrategia conservadora para torpedear la investidura de Pedro Sánchez o complicarle la legislatura, si resulta investido. De hecho, este altísimo senador ha reconocido que el Senado será, en manos de los `populares´, una trinchera idónea contra un Gobierno al que consideran inmoral, indigno e ilegítimo, y al que procuran obstaculizar de tal modo que se vea obligado a convocar nuevas elecciones, como desearía Núñez Feijóo, el líder que designó a tan obediente afiliado para ocupar la presidencia de la Cámara Alta. Y así se porta.

Claro que también el Congreso de los Diputados no está exento de los manejos de los partidos que hacen prevalecer sus mayorías. Tanto es así que, si al candidato conservador se le concedió el plazo de poco más de un mes para reunir apoyos a su investidura, al candidato socialista no se le limita plazo alguno para articular las negociaciones que podrían facilitarle la suya. De hecho, sólo está concernido por la norma que regula que, tras una primera investidura fallida, al cabo de dos meses se disolverán las Cortes y se convocarán nuevas elecciones. Esto es, el 27 de noviembre. El  tiempo, por tanto, transcurre sin que nadie sepa cuándo se convocará  el pleno para el debate de investidura  de Pedro Sánchez ni el contenido de las silentes negociaciones que mantiene para conseguir dicha investidura. Tal mutismo, reconocido por los propios negociadores, es sepulcral, aunque prometen transparencia con sus  resultados. ¿Cuándo será eso?

Hay que reconocer que quien disfrutó de una mayor interinidad en el Gobierno fue Mariano Rajoy. Este se mantuvo durante 314 días en funciones (más de 10 meses), desde los comicios de diciembre de 2015 hasta su investidura en octubre de 2016. Y causó una parálisis parlamentaria semejante, hasta el extremo de que el Tribunal Constitucional dictaminó, en una resolución de 2018, que “el hecho de que el Gobierno –el del PP en aquel entonces- estuviera en funciones no impedía la función de control de las Cámaras”.

Como se ve, no hay nada nuevo bajo el sol, salvo ese inesperado elogio de Núñez Feijóo a la sinceridad de Puigdemont (aquel “fugado” catalán, ¿se acuerdan?), a quien dice ahora respetar. ¡Qué misterios aparecen en este damero de la investidura!  

¿Existe la libertad de información?

Los lectores ávidos de información y la prensa ávida de lectores con frecuencia esgrimen la sacrosanta libertad de información (que intencionadamente mezclo con la de expresión y opinión) para defenderse de toda crítica o ataque que cuestione, no sólo su inquebrantable adhesión a la misma, sino el ejercicio que hacen de ella. Todo pronunciamiento público, individual o colectivo, se ampara en el derecho a la información y la libertad de expresión, aunque se trate de propalar una auténtica boutade. Al parecer, vivimos en la era de la información abundante y asequible. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que, cuando mayor protección legal ampara en los regímenes democráticos la libertad de expresión e información, más expuestos estamos a la desinformación, los abusos, los bulos, la tendenciosidad, las mentiras o la tergiversación en la información que recibimos a través de los medios de comunicación, los que, en última instancia, hacen de la información su responsabilidad profesional y el objeto de su existencia. Las redes sociales son otra cosa: potentes multiplicadores a escala mundial del cotilleo comunitario sin apenas control. La realidad es que, como afirma Jean-François Rével en uno de sus libros*, en medio centenar de países la libertad de información no existe, y en los que existe o se tolera, son pocos los medios que se preocupan por informar con diligencia y rigor.

Es importante aclarar que la ley reconoce y protege esa libertad enunciada en las constituciones de los países libres, pero no garantiza la infalibilidad, la probidad y la veracidad de la información o, lo que es lo mismo, la certeza de los hechos.  Suelen, tanto los periodistas como los consumidores de información, ser exigentes y  mostrar más respeto por la libertad de expresión que por la información exacta y la opinión fundada. Y solemos, fundamentalmente los periodistas, concebir el periodismo como un `contrapoder´ imprescindible en toda democracia que se precie, pues nos enseñaron en las facultades que su papel consiste en buscar y decir la verdad, aquello que el poder procura ocultar porque le perjudica o desfavorece.  Y, visto así, es sin duda un argumento válido, aunque incompleto.

Es cierto que la libertad de información es indispensable en las sociedades democráticas, puesto que, de no contar con información veraz y suficiente para todos, los ciudadanos no podrían elegir con criterio a sus gobernantes ni valorar su gestión. Los medios son los que ponen a disposición de la ciudadanía toda la información pertinente. Pero cuando esa información es parcial o falsa, el mismo proceso de decisión y control resulta poco democrático o falseado. Y es que los medios no están (solo) para controlar al poder (y a la oposición, la industria, la economía, la religión, la cultura, el deporte, etc.), sino para ofrecer información y conocimientos relevantes y exactos, oportunos para conformar una opinión pública con conocimiento de causa. Sirven, por tanto, para buscar y decir la verdad. Entre otras razones, porque la mentira es absolutamente incompatible con la democracia, pues la abocaría a situaciones no deseadas por unos ciudadanos influidos por informaciones falsas o engañosas. Justamente, lo que vuelve peligroso al populismo de cualquier signo, pues se aprovecha de las bondades del sistema democrático para alcanzar el poder mediante la tergiversación, las exageraciones y las mentiras.

De ahí que, a pesar de los abusos, el derecho a la información esté especialmente protegido y que la libertad de información y expresión sea sagrada. Pero, retomando la pregunta inicial, ¿disfrutamos realmente de libertad de información o la información que recibimos se acomoda a la opinión de los medios y no a la inversa? Es generalmente aceptado que cada medio ofrece “su” versión de los hechos; es decir, presenta su particular punto de vista sobre lo que acontece, en vez de presentar objetivamente la información de lo que acontece. De hecho, nos han acostumbrado a preferir, de entre la “plural” oferta, la que coincide con nuestra visión de la realidad o la confirma.

Para ello, los medios se excusan en que la aspiración a la objetividad es imposible, ya que no es posible ofrecer ninguna información totalmente exhaustiva. Por ende, la pluralidad de versiones es, a su entender, la mejor manera de aproximarse a la verdad, como si esa capitulación ante la parcialidad conceda el derecho a cada medio de presentar la información como le plazca, en consonancia, curiosamente, con su línea editorial. Además, enarbolan la independencia (sólo empresarial) como garantía de una elaboración de la información no mediatizada por intereses espurios o ajenos, cuando tal independencia, si es que existe, solo es exigible en nombre de una objetividad que, de entrada, consideran imposible, pero que supone competencia y probidad. Son conscientes, aunque no lo reconozcan claramente, que la información, por su propia naturaleza, sólo puede ser verdadera o falsa, y lo único que puede ser plural son las opiniones que emanan o se basan en ella y que sirven para el debate y la confrontación de ideas. En cambio, se cuidan mucho en admitir que la dificultad para la objetividad suele obedecer a la pereza, la ignorancia, la arrogancia  o… al propósito de engañar, no a la imposibilidad de alcanzarla o del esfuerzo por llegar a ella. En definitiva, podemos responder que efectivamente existe, en una democracia como la nuestra, libertad de información, pero que esta no garantiza la infalibilidad como tampoco la independencia garantiza la imparcialidad. Del mismo modo, la pluralidad no es garantía de exactitud de la información ni de la credibilidad que debería caracterizar a los medios de comunicación de masas. Desgraciadamente, muy a menudo - más de la cuenta- nos “venden” otra cosa.

Porque, en realidad, lo que nos venden es opinión disfrazada de información. Es habitual que los medios ofrezcan una información no interpretada por sí misma, por su veracidad o falsedad, sino como precursora o indicadora de una opinión, la que se adecua a las interpretaciones preferidas por el público al que van dirigidas, o como forma de medir y cuantificar el efecto que puede producir en ese público. Y es que la misma selección de la información publicada, la agenda mediática, ya señala el sesgo interpretativo del medio o del periodista, ya que la opinión de estos, en la mayoría de los casos, determina la información, no al contrario, como sería lo deseable. No se trata de que los medios no expresen ninguna opinión, sino que esta resulte del análisis de las informaciones, con datos sólidos y demostraciones irrefutables, de tal manera que la opinión se convierta en una forma de información. En este sentido, la distinción entre opinión e información es un tópico periodístico, útil para el debate académico, en tanto en cuanto la información verdadera, la que se extrae con el criterio de la exactitud, no constituye el objetivo esencial de los medios, sino un recurso torticero para imponer puntos de vista políticos, ideológicos, religiosos, comerciales o proselitistas, que de todo hay en la viña del Señor.

No es pecar de pesimismo, sino de realismo, reconocer que son escasos los medios que se preocupan seriamente de proporcionar una información exacta y unos comentarios rigurosos. Porque solo los buenos medios, los más responsables (no tienen que ser los más poderosos o de mayor éxito), ponen por delante la exactitud y, con ella, la verdad. Y no es extraño que en ellos la libertad de información esté sustentada en la competencia y los escrúpulos deontológicos de profesionales y medios que muestran un escrupuloso respeto por esa libertad. Pero también, con igual importancia, en unos lectores y consumidores de información que saben discernir correctamente entre información y opinión.

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*: El conocimiento inútil, Jean-Francois Rével. Editorial Página Indómita, Barcelona, 2022.

Sarpullido palestino-israelí

Como si de la recaída de una enfermedad incurable se tratase, otro brote de inusitada virulencia vuelve a surgir en el interminable conflicto que sufren, sobre todo, el pueblo palestino y también el israelí. Un enésimo sarpullido que, como las reacciones alérgicas, es cada vez  más grave y dañino, máxime si no se administran vacunas y antihistamínicos para prevenirlo y contrarrestarlo. De igual manera se comporta el larvado y nunca resuelto enfrentamiento letal que mantienen Israel y Palestina, y que condena a esa región del Oriente Próximo a un sufrimiento y una violencia inextinguibles.

Otra vez, una más, otra guerra declarada, por si no tenían bastante con todas las anteriores, desde que se proclamó el Estado de Israel, en 1948, en lo que era, desde los tiempos de los romanos, la tierra de Palestina. Pero, en esta ocasión, sin que nada aparentemente la “justificara”  o provocase, como suele ser habitual en un conflicto que se alimenta históricamente de provocaciones y respuestas, de acciones y reacciones por ambas partes.

Nunca se han podido o querido encontrar soluciones a unas hostilidades que llevan décadas enconándose, engendrando odio, ira y víctimas entre los contendientes. Pero esta vez parecía distinto, a pesar de que, según la ONU, el año en curso ya registraba la cifra de 200 palestinos y casi 30 israelíes muertos, hasta agosto pasado, por escaramuzas mutuas. Esta vez, cosa rara, había tibias esperanzas, al menos en el bando israelí, de que se estaban dando pasos hacia una anhelada pacificación de la convivencia, fruto del reconocimiento árabe (algunos de ellos) al Estado hebreo. No así en el bando palestino, para el que la promesa y los acuerdos de un Estado propio, con idénticos derechos, independencia y soberanía que el hebreo, sólo son sueños incumplidos. En cualquier caso, eran incipientes pasos para la paz en una región que la desconoce. Pero no ha sido así. Al final, el año va a convertirse en el más mortífero desde 2005. Los cohetes y las bombas ya se encargan de ello.

Porque, el día después del 50º aniversario del comienzo de la última gran guerra árabe-israelí de 1973, conocida como la del Yom Kippur, las milicias de Ezedim Al Qasam, brazo armado del movimiento islámico Hamás –considerado terrorista por EE UU y Europa- han lanzado desde la Franja de Gaza, el pasado 7 de octubre,  una de las más sanguinarias, atrevidas e inesperadas ofensivas, denominada Operación Inundación de Al Agsa, contra poblaciones limítrofes del sur de Israel.  Previo lanzamiento de más de 7.000 cohetes desde la Franja, unos 1.500 “soldados” de esta milicia, junto a otros de la Yhihad Islámica, han atravesado la verja fronteriza o la han saltado con parapentes motorizados para invadir y ocupar durante tres días algunas localidades sureñas de Israel, causando una matanza inaudita que ha llenado de estupor al mundo entero. Más de mil muertos, la mayoría de ellos civiles israelíes, es el resultado inicial de esta masacre, de los que cerca de 300 corresponden a unos jóvenes que se divertían en un festival del kibutz Reim, asesinados fría y arbitrariamente. A este balance hay que sumar más de un centenar de rehenes, entre civiles y militares, que fueron capturados por las milicias de Hamás y llevados a Gaza.

Se trata, como decimos, del enésimo capítulo, sumamente sangriento, de un conflicto que ninguna de las partes parece estar dispuesta a resolver y que perjudica, fundamental y desgraciadamente, a la causa palestina. Entre otras razones, porque es una batalla más del prolongado enfrentamiento que libran ambos contendientes, y que ni es nuevo ni se limita a ese enclave, pero que escamotea con su salvajismo e irracionalidad las auténticas raíces del problema: el expolio que sufre el pueblo palestino. Desde ese punto de vista, a pesar de que no tiene justificación alguna, se podría interpretar el criminal ataque a Israel como una reacción desesperada, precisamente en un momento en que el conflicto parecía quedar relegado u olvidado de la atención mundial.

No hay que obviar que los palestinos están pagando, desde 1948, el sentimiento de culpabilidad del antisemitismo europeo y el Holocausto nazi que determinó la fundación del Estado de Israel. Desde entonces se ven expulsados de sus tierras y humillados y arrinconados en un territorio que no para de menguar. Tras años de estéril lucha, al final los palestinos aceptaron la existencia del Estado de Israel en las fronteras anteriores a 1967, establecidas por resoluciones de la ONU, con la esperanza de poder construir su propio Estado con el resto de lo que había sido suyo: Jerusalén oriental, Cisjordania y Gaza. Esta era la famosa solución de los “dos estados”, alcanzada en los Acuerdos de Oslo, en 1993, y con la que Yasir Arafat, líder de la OLP y presidente de la Autoridad Nacional Palestina, e Isaac Rabin, primer ministro de Israel, estuvieron de acuerdo y se estrecharon la mano. 

Sin embargo, aquellos acuerdos se convirtieron en papel mojado y sus pacifistas autores fueron laminados por la historia. La nueva política que los sustituyó, con Ariel Sharon primero y Benjamin Netanyahu después, se basó en sabotear aquellas negociaciones, incumplir los acuerdos, extender la ocupación israelí en territorio palestino y enterrar el objetivo de los dos estados. Para los nuevos dirigentes hebreos, Israel no debía renunciar a sus conquistas militares ni a la expansión de sus fronteras, a costa de tierras palestinas. De hecho, se ha anexionado Jerusalén Este (la ciudad santa prevista como capital de los dos estados), declarándola única capital de Israel, y ha retenido los altos del Golán (conquistados a Siria), aparte de trufar de colonias judías (ilegales) Cisjordania, en un intento descarado por poblarlo de israelíes y expulsar a los árabes. En 2005 se retiró de Gaza, aunque la mantiene férreamente enjaulada y en la que limita los desplazamientos de los gazatíes (rigurosos controles de entrada y salida) , convirtiendo la Franja en prácticamente una cárcel donde la población vive confinada. Allí ganó Hamás las elecciones en 2006 y ejerce el poder sin reconocer el Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, en manos en manos de la OLP, en Cisjordania. Hay que recordar también que Hamás no apareció hasta 1998, a raíz del estallido de una Intifada que denunciaba la brutal ocupación que soportaba el pueblo palestino.

En ese contexto de un pueblo apaleado, expulsado de sus tierras, saqueadas sus pertenencias, tiroteado si se acerca a las vallas o muros, ajusticiado con sentencias extrajudiciales o arbitrarias y enclaustrado en guetos, como sucede en Gaza, donde se apiñan más de dos millones de personas, la mitad de ellos niños, privado de recursos y bombardeado cada vez que Israel se siente atacado, es en el que hay que circunscribir el actual enfrentamiento de innecesaria violencia y atrocidad. 

Lo que queda es la venganza, que no la justicia. Ya asistimos a la respuesta de Israel al ataque, cuando reclama su derecho a defenderse a cualquier precio. Y veremos responder con brutalidad desproporcionada a esa brutalidad asesina de los terroristas de Hamás, alimentando una espiral sin límites. Gaza está siendo arrasada por las bombas de la aviación hebrea  (Operación Espadas de Hierro) y, mientras se escriben estas líneas, está a la espera de ser invadida, como se hizo en 2014, por tierra con los tanques de la maquinaria militar israelí, lo que ha dejado ya un balance provisional de 1.500 gazatíes muertos, entre ellos 500 niños, y cerca de 7.000 heridos.

A la ilegalidad y la brutalidad de una parte se le responde diabólicamente con la brutalidad y la ilegalidad de la otra parte. Sin embargo, la legítima defensa no ampara una reacción brutal y despiadada, y menos contra inocentes, puesto que hasta para la guerra –incluida la que se libra contra el terrorismo- existen leyes que hay que respetar. El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente los atentados a la población civil, personas civiles o bienes civiles, como establece el Protocolo primero. Además, está prohibido atacar, destruir y sustraer o invalidar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil (Protocolo 7). Y eso es, justamente, lo que pretende hacer Israel con Gaza, a la que ya ha bloqueado la luz, el agua, los combustibles y el abastecimiento, instando a sus habitantes a que abandonen el norte del enclave, cuando la población no tiene dónde huir ni por dónde escapar –todo está destruido o lleno de escombros- o refugiarse, puesto que hasta las locales o escuelas de la ONU son bombardeados.

Israel le ha declarado la guerra y se dispone a aplastarla con toda la fuerza de que es capaz, en una venganza sin precedentes, que en realidad constituye un flagrante crimen de guerra. Esta desproporción en la violencia, los destrozos y las víctimas es lo que evidencia la desigualdad de este conflicto y la distinta responsabilidad que asume cada bando. Hamás acabará pagando, bien merecido lo tiene, su criminal ataque, pero el pueblo palestino, que maldita culpa tiene, terminará masacrado, expulsado de las pocas tierras que conserva y continuará siendo  exterminado de manera impune. Todas las violencias son injustificables, pero sólo una de ellas cargará con las peores consecuencias. De ahí que los palestinos soporten un doble castigo: el que ejerce Israel para controlarlos y arrinconarlos y el que aplican las milicias que dicen combatir en su nombre, mientras no dudan en reprimir cualquier oposición y conducirlos a las dianas de las balas, los misiles y los morteros.

Sólo un exjefe del espionaje israelí, el almirante Ami Ayalon, ha sabido entender el conflicto: “tendremos seguridad cuando ellos tengan esperanza”.  Todo lo contrario de lo que piensa Netanhayu, que lamentablemente no es ningún estadista que busque la paz y la convivencia entre israelíes y palestinos, sino un populista ultraconservador que se aprovecha de cualquier circunstancia, como este ataque que le viene al pelo, para afianzarse en el poder y esquivar la acción de la justicia por sus corruptelas. Triste sino el de ser israelí en medio de este conflicto, pero mucho peor si se es palestino, que nace predestinado a ser carne de cañón.

Polvo de Bennu

En marzo pasado, con ocasión del regreso de la sonda japonesa Hayabusa 2 portando muestras de un asteroide, no pude evitar acordarme de la frase de Carl Sagan, que rezaba: “somos polvo de estrellas”. Pues bien, ahora que la NASA ha conseguido una hazaña similar, traer muestras de otro asteroide llamado Bennu, vuelvo de describir el resultado de esta proeza como “polvo de Bennu”, parafraseando la bellísima cita de Sagan.

Porque, en efecto, después de un periplo de siete años por el cosmos, la sonda Osiris-Rex (Origins, Spectral Interpretation, Resource Indentification, Security Regolith Explorer) ha conseguido regresar a la Tierra, trayendo un cargamento de 250 gramos de muestras del asteroide Bennu, un cuerpo lleno de escombros de unos 500 metros de diámetro que orbita entre Marte y la Tierra, aunque en un plano orbital distinto. Es la tercera vez, tras las sondas japonesas Hayabusa (2010) y Hayabusa 2 (2020), que el ingenio humano ha sido capaz de enviar un artefacto a recoger piedrecitas de un cuerpo sideral y traerlas a nuestro planeta para su investigación y estudio. Porque esa y no otra es la finalidad de estas misiones científicas de extraordinaria precisión tecnológica: determinar la edad y los componentes del regolito procedente de un cuerpo espacial distinto de la Tierra y comprobar si la formación de nuestro mundo guarda relación con los demás objetos de la galaxia de la que formamos parte. Es decir, averiguar si, como afirma poéticamente Sagan, "somos polvo de estrellas". 

La hazaña para lograrlo ha sido increíble. Hay que recordar que la nave Osiris-Rex partió de la Tierra en septiembre de 2016 y hasta diciembre de 2018 no alcanzó las cercanías del asteroide Bennu, su destino. Todavía tardaría aun un tiempo en maniobrar para colocarse en órbita alrededor del mismo e inspeccionarlo con detalle, hasta que, finalmente, en octubre de 2020, pudo posarse brevemente sobre él, en una zona denominada Nightingale, y obtener mediante un brazo extensible un “pequeño” volumen de regolito del asteroide -la mayor muestra espacial recogida desde las misiones Apolo-, que guardó en una cápsula de muestras. La operación duraría apenas unos segundos por la poca consistencia hallada en la superficie del asteroide, que motivó que la sonda se hundiera en el regolito más de lo esperado. Inmediatamente, por tanto, ésta activó sus propulsores para alejarse del asteroide y emprender vuelo de regreso a la Tierra, donde dejó caer la cápsula, que aterrizó el 24 de septiembre pasado, en las cercanías del Gran Lago Salado, en Utah (EE UU). La última vez que la NASA había obtenido muestras “extraterrestres” para analizarlas en la Tierra fue en 1972, cuando la misión del Apolo 17 transportó la última tanda de muestras de rocas lunares.

Las obtenidas en Bennu se trasladaron, una vez comprobado que no se habían expuesto a contaminación con material de la Tierra, al Johnson Space Center de la NASA, en Houston, un laboratorio que se construyó específicamente para almacenar y preservar las muestras en perfectas condiciones. Este centro será el encargado de supervisar la distribución de porciones de muestras que soliciten científicos de todo el mundo, y de conservar una gran parte de las mismas para el futuro, cuando la ciencia y la tecnología permitan estudios y líneas de investigación que hoy no están a nuestro alcance.

Y es que estas muestras de asteroides pueden arrojar luz sobre el Sistema Solar, aportando datos acerca de lo que ocurrió en períodos tempranos del Universo y cómo llegaron ciertos componentes imprescindibles para la vida en la Tierra. Tal es la hipótesis de Yasmina Martos, científica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, cuando afirma que "cada asteroide contiene una parte de la historia de la formación del Sistema Solar". Y en el caso de Bennu, "nos va a contar un poco de esa historia" que hasta ahora no se sabe. Máxime, tratándose de un asteroide rico en carbono y otros componentes fundamentales para la vida. Algo que, para la geofísica Sara Russell, del Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido), es un asunto del mayor interés, ya que esas muestras podrían contener pistas moleculares sobre la historia del Sistema Solar y el origen de la vida en la Tierra.

Pero la misión no acaba aquí. Después de que la sonda Osiris Rex dejase caer la cápsula de muestras a la superficie de la Tierra, ha continuado viaje hacia otro asteroide completamente diferente, llamado Apophis, muy denso y rico en metales, con objeto de estudiarlo con sus sensores, pero sin poder extraer muestras de él, como hizo en Bennu. Por tal motivo, la misión cambiará de nombre y adoptará el de Osiris-Apex (Osiris-Apophis Explorer). Este nuevo destino de la sonda es un asteroide de unos 370 metros de diámetro, que se acercará a 32.000 kilómetros de la Tierra en 2029. El objetivo de la misión es acercarse al asteroide para estudiar los cambios que se producen en él cuando pase cerca de la Tierra.

Al contrario de Bennu -un asteroide "carbonáceo"-, Apophis es de los primeros en poder estudiarse entre los del tipo "pedregoso", de estructura masiva y dura resistencia. Aunque, cuando se descubrió en 2004, generó cierta preocupación de que pudiera chocar contra la Tierra, nuevos cálculos descartaron tal posibilidad en un inmediato futuro. Sin embargo, representa un tipo de asteroides potencialmente peligrosos, por lo que el conocimiento de sus propiedades podrá contribuir a orientar estrategias de mitigación y defensa planetaria. De ahí que la sonda Osiris-Apex, durante los más de 15 meses que estará orbitando alrededor del asteroide, aparte de su finalidad científica, se oriente a monitorizar a Apophis durante y después de su aproximación a la Tierra, al objeto de detectar cambios en su superficie y en su órbita que podrían influir en la probabilidad de chocar contra nuestro planeta y convertirnos, fatalmente, en "polvo de estrellas". Lo que no es ningún objetivo baladí para una sonda espacial.