Cuando Pedro Sánchez, líder del partido socialista, presentó
y ganó aquella moción de censura al Gobierno conservador de Mariano Rajoy, en
2018, que lo convertiría en el séptimo presidente del Gobierno de España de la
democracia, jamás se imaginó que su mandato tuviera que afrontar no solo el
rechazo visceral, por las buenas o por las malas, de la derecha política,
mediática y judicial, sino también las adversidades de la geopolítica internacional y hasta los embates de
las fuerzas de la naturaleza. Han sido tantos los obstáculos a los que ha
tenido que hacer frente en estos seis años en la Moncloa que, si no
conociéramos su capacidad de resiliencia, podría pensarse que, al contrario de
lo que se atribuye a Felipe II cuando supo la derrota de la Armada Invencible,
Sánchez sí está dispuesto a luchar, incluso, contra los elementos.
La oposición parlamentaria al Gobierno de izquierdas,
durante estas legislaturas, siempre ha estado encarnada por los partidos de la derecha,
tanto por el Partido Popular como por Vox. Y ese frente de las derechas nunca
ha aceptado que el líder socialista accediera al gobierno gracias a la primera
moción de censura que ha tenido éxito en nuestra democracia, pero tampoco que
consiguiera mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020 y 2023,
conformando, por primera vez en la historia reciente, gobiernos de coalición,
primero con Podemos y, después, con Sumar, a pesar de que el PSOE no fuera el
partido más votado, pero sí el que reuniera la mayoría parlamentaria necesaria para
investir a su candidato.
Desde el primer día como gobernante, Sánchez ha sido objeto
de la virulencia verbal de esa oposición de derechas que aprovecha un día sí y
otro también para descalificar y desprestigiar su Gobierno. Pablo Casado, en
aquel entonces líder del PP, inauguró durante el pleno de investidura de 2020
la andanada de descalificaciones, tildando a Sánchez de “sociópata” y
“presidente fake”. Pero ya antes, en un acto de partido en 2019, se había explayado contra el socialista,
acusándolo de “traidor”, “felón”, “mentiroso compulsivo”, “okupa”, “ilegítimo”
y otras lindezas por el estilo. Unos ataques que continuaron durante todo su
mandato, tanto en el Congreso como en la calle y en los medios afines.
En 2023, Pedro Sánchez volvería a ser investido presidente,
frustrando todas las apuestas que daban por vencedor de esas elecciones al PP
liderado ahora por Alberto Núñez Feijóo. Acabaría consiguiendo 179 votos a favor, 12 más que en
2020, gracias a los acuerdos de investidura que lograría cerrar con Sumar, ERC,
Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, es decir, con todos los partidos
del arco parlamentario, excepto las formaciones de la derecha, que arreciaron
su campaña de acoso y derribo contra el nuevo Ejecutivo socialista, ahora
coaligado con Sumar.
Las protestas en la calle se multiplicaron y se volvieron
más violentas, organizando concentraciones diarias frente a la sede madrileña
del PSOE, que duraron varias semanas, y celebrando rezos públicos del rosario
por la unidad nacional de España. Allí estaban grupos ultras, como Falange,
Democracia Nacional, Bastión Frontal o Desokupa, entre otros, en un intento
común por desatar el caos con los enfrentamientos con la Policía en esas
protestas a las que también asistían representantes del PP y Vox. Estos últimos,
por su parte, convocaban mítines periódicos por todo el país para denunciar que
España vivía un “cambio de régimen” que transita hacia una “dictadura” por
culpa de un presidente de Gobierno “ilegítimo”.
Paralelamente, esa derecha incapaz de asumir el resultado de
las urnas también ha recurrido a deslegitimar al Gobierno mediante acusaciones
sin pruebas de presuntos delitos de corrupción que afectan a la mujer y al
hermano del presidente del Gobierno. Y otra vez, son grupos o asociaciones de
extrema derecha los que presentan denuncias en los juzgados, basadas en
declaraciones anónimas o recortes de prensa, para que jueces de conocida
tendencia ideológica acepten abrir investigaciones que se alargan y amplían
prospectivamente de manera injustificada. El objetivo declarado es abrir tantos
frentes como sean posible contra un Gobierno que la derecha en su conjunto considera
ilegítimo y quiere derribar.
Todas estas maniobras son, no obstante, batallas políticas
que el presidente Sánchez esperaba por parte de la oposición y que ha sabido o podido
capear con más o menos fortuna y habilidad. Sólo en un momento de debilidad tuvo
dudas de qué hacer, y fue cuando
acusaron a su esposa de ilícitos penales de los que ni la propia Guardia Civil
hallaba indicios. Tal golpe lo llevaría a tomarse cinco días para reflexionar sobre
si valdría la pena someter a su familia a tal acoso por continuar con su deber
como presidente de Gobierno. Y a punto estuvo de tirar la toalla.
Sin embargo, lo que no se esperaba ni por asomo era esa
concatenación de elementos naturales y de acciones
geopolíticas internacionales que le han
obligado a adoptar decisiones sin precedentes e imprevisibles. Y es que hasta las
fuerzas de la naturaleza parecieron ponerse de acuerdo para no facilitarle la
tarea de gobernar un país de intereses tan enfrentados como España. Ya que,
cuando no es una pandemia como nunca vista que motivó el confinamiento temporal
de la población, es una borrasca, bautizada Filomena, que cubría
de nieve medio país y bloqueaba carreteras, o la
erupción violenta y activa durante meses de un volcán que escupió cenizas sobre
gran parte de una isla en Canarias. Y, ahora, una DANA que provoca lluvias
torrenciales que inundan el Levante valenciano, causando enormes daños
materiales y centenares de muertos. En suma, una catástrofe natural cada dos
años que ha obligado al Gobierno adoptar medidas extraordinarias que, en
ocasiones, rozaban la legalidad en función del marco jurídico en que se
encuadraban.
Pero es que, por si fuera poco todo lo anterior, el gobierno
de coalición de Pedro Sánchez ha tenido que sortear, además, las consecuencias
económicas y políticas de la guerra de Rusia en Ucrania, una agresión
intolerable contra la soberanía e independencia de un Estado que aspira ser
miembro de la Unión Europea. Los problemas energéticos y comerciales derivados
de las sanciones impuestas a Rusia por
parte de EE UU y Europa han hecho tambalear las cifras macroeconómicas
del Gobierno, incrementando en exceso la inflación y los precios de carburantes
y alimentos hasta cotas intolerables. Tanto subieron que se habilitaron
subvenciones a la gasolina y se rebajaron, y en algunos productos se anularon,
los impuestos (IVA) a los alimentos de primera necesidad y al consumo de
electricidad en los hogares.
Además, el Ejecutivo, en coherencia con las resoluciones de
la ONU, ha confirmado la posición de España sobre el conflicto palestino-israelí,
precisamente cuando Israel comete, a la vista de todo el mundo, la mayor
masacre jamás perpetrada, un auténtico genocidio, contra los habitantes de la
Franja de Gaza, donde han muertos más de 43.00 palestinos, niños y mujeres en
su mayor parte. Una guerra que Israel extiende a Cisjordania y hasta al sur de Líbano
e Irán, en respuesta al ataque terrorista de las milicias palestinas de Hamás
de octubre de 2023, que causaron 1.200 israelíes asesinados y otros 250
secuestrados. Pero esa defensa de la legalidad internacional enarbolada por el
Gobierno de Sánchez le ha acarreado la ojeriza del primer ministro hebreo,
Benjamin Netanyahu, que entiende que tal posicionamiento favorece a los
terroristas de Hamás y afecta negativamente al derecho a la legítima defensa
del país sionista. Claro que, por el mismo motivo, Israel también acusa a la
propia ONU de ponerse del lado de los terroristas y, en consecuencia, expulsa
de aquel territorio a la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos a
sobrevivir a las restricciones y las bombas.
Por lo que sea, en el Este de Europa y el Próximo Oriente se
desatan dos guerras demasiado cercanas que enturbian las relaciones
diplomáticas, económicas, culturales y comerciales entre estados, como Ucrania
e Israel pero también Rusia y la comunidad árabe que engloba a Palestina, con
los que España mantiene vínculos insoslayables. Y que trastocan el delicado
equilibrio de la Globalización y el Derecho Internacional sobre el que descansa
la interdependencia, la confianza y la integridad de los estados soberanos del
mundo.
Si todo esto no es luchar contra los elementos, se le parece
bastante, por lo que no me extrañaría que Pedro Sánchez sueñe con la utopía de
una legislatura en la que se limite a propiciar medidas que favorezcan el
avance social, cultural y económico del país, sin confrontación, sin polarización
y sin más sustos de las fuerzas de la naturaleza. Pero, desgraciadamente, me
temo que ello no será posible, porque la derecha seguirá buscando por cualquier
medio obstaculizar o, mejor aún, hacer caer al Gobierno, la naturaleza es
impredecible y, para colmo, Trump vuelve con más bríos a las andadas. Vivimos
tiempos difíciles. Sin duda.